La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en Chile, especialmente en el contexto de las residencias del antiguo Sename y el actual Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), es una problemática alarmante que ha puesto en evidencia profundas deficiencias en el sistema de protección estatal. Este grave panorama ha sido objeto de análisis y debate en diversas instancias, incluyendo el Senado, donde se busca abordar el tema de manera integral a través de la armonización de leyes y el fortalecimiento de las políticas públicas.
Análisis Legislativo y Preocupación del Senado
Una instancia especializada del Senado se encuentra analizando un proyecto que busca armonizar tres leyes fundamentales de protección y resguardo a menores. En este contexto, se han recopilado antecedentes que apuntan a la necesidad de abordar la ESCNNA de forma integral, enmarcado incluso en el Presupuesto 2025.
Los integrantes de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia han manifestado su preocupación por las cifras entregadas por expertos en materia de niñez y adolescencia durante el estudio de esta iniciativa. El proyecto en cuestión, calificado con urgencia de “suma”, busca armonizar la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, la que regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados y la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Todas estas normativas están siendo analizadas en particular en dicha comisión.
Para profundizar en el tema, la comisión recibió en sesiones consecutivas al director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo; al gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez Ahumada; y a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos.
El Proyecto de Armonización y sus Objetivos
El proyecto busca modificar las leyes que regulan el sistema de protección a la niñez y adolescencia, así como enmendar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Su propósito es resolver los problemas detectados durante el primer año de funcionamiento del servicio y, según el senador Matías Walker, "buscar la protección real de los derechos de los niños que han sido vulnerados, por ejemplo, a través de la revinculación familiar. Hoy hay 4 mil niños que están en una residencia y unos 9 mil en familias de acogida”.
Se aspira a que existan menos niños en residencias, un objetivo ligado a la nueva ley de adopción ya aprobada en la comisión y a la ley de presupuestos 2025. Esto es crucial, ya que en muchas regiones, como Coquimbo, la labor se realiza con organismos colaboradores que requieren certificaciones y apoyo estatal. La senadora Loreto Carvajal enfatizó que, aunque el presupuesto es un tema constante, se requiere una decisión política rápida, dada la magnitud de la situación. A pesar de los esfuerzos, la senadora Carmen Gloria Aravena expresó una "frustración" por no llegar a tiempo, aunque considera que se avanza en la dirección correcta con la armonización de las leyes.
Alarmantes Estadísticas y Testimonios de Expertos
La presidenta de la Comisión, senadora Carmen Gloria Aravena, declaró que, según la información proporcionada por expertos, "se estima que 6.000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. Una cifra horrorosa y que de alguna manera nos indica que no hemos hecho las cosas bien”. Marcelo Sánchez Ahumada complementó este dato, mencionando que "aumentó en un 100% las estadísticas de explotación sexual comercial de NNA en 3 regiones del país”.
Durante las sesiones, se señaló la falta de cifras actualizadas sobre NNA que sufren explotación sexual comercial y la inoperatividad del Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores, además de un preocupante aumento de niños que ingresan al sistema de protección.
La Situación en Residencias: Un Problema en Escalada
El panorama en las residencias de protección se ha vuelto más complejo. Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, destacó que "en el 2007 uno de cada diez niños estaba en residencias. Hoy son cuatro de cada diez”. Este incremento se traduce en largas listas de espera: para inicios de 2023, alrededor de 30 mil niños y adolescentes aguardaban ser atendidos en alguna de las líneas de acción del Servicio Mejor Niñez, según informó la Contraloría General de la República.
Desafíos en el Funcionamiento del Sistema de Protección
El sistema de protección a la niñez enfrenta múltiples desafíos, desde la operatividad de sus órganos hasta la idoneidad del personal y la infraestructura. El objetivo del nuevo servicio de Mejor Niñez era reemplazar al Sename para asegurar una mayor protección, pero la transición no ha estado exenta de problemas.
Obstáculos para la Operación del Consejo de Acreditación
Verónica Silva Villalobos, Subsecretaria de la Niñez, informó que el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores, encargado de coordinar el proceso de acreditación de las instituciones solicitantes, no ha podido operar desde junio debido a tres renuncias en su comité de expertos. Destacó que "se hicieron dos procesos de concurso para el cargo de psiquiatra o especialista infantojuvenil, (...) no hubo postulantes que pudieran estar, lo que se constituye en un desastre”. Como medida remedial, la Subsecretaría solicitó a la Alta Dirección Pública (Servicio Civil) que concursara nuevamente los tres cargos restantes de manera simultánea.
Críticas y Necesidad de Personal Especializado
Expertos y autoridades han sido críticos con la situación actual. La jueza del Tercer Juzgado de Familia, María Pilar Villarroel, enfatiza que el Estado tiene el deber de contratar personal especializado, no de limitarse a capacitar al personal antiguo. Una académica expone que es inaceptable que las residencias de protección se conviertan en nuevos espacios de riesgo y revictimización, argumentando que estos centros deben ofrecer seguridad, contención emocional y condiciones dignas, especialmente para niños que ya han sufrido violencia, abandono, maltrato o abuso. La directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Los Andes señaló un caso de abuso sexual y presencia de drogas como "una negligencia institucional e inaceptable", insistiendo en que no solo deben investigarse las responsabilidades, sino también revisar a fondo el funcionamiento, protocolos y supervisión de todas las residencias a nivel nacional, además de contratar personal más idóneo y especializado.
En este sentido, se observa que "el personal que trabaja dentro de la residencia, en el caso que se comprueben los hechos, no es el personal que debiera estar". La docente universitaria insiste en que el Estado está fallando en su rol de garante de derechos. María José Castro, directora de Mejor Niñez, asegura que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales que trabajan con NNA, a través de "capacitaciones permanentes y capacitación en terreno, que es lo que nosotros llamamos la asistencia técnica". Sin embargo, se ha denunciado que, a pesar de la reducción del tamaño de las residencias, estas presentan "la misma problemática que tenían los CREAD masivos, pero ahora en escala reducida", con funcionarios sobrepasados, problemas de maltrato y denuncias de abuso sexual y violación.
Casos Emblemáticos y Respuestas Judiciales
La historia reciente de la protección a la niñez en Chile está marcada por numerosos casos de explotación sexual, muchos de los cuales han derivado en acciones legales y condenas, pero también han puesto de manifiesto las limitaciones del sistema.
Denuncia de Sename Atacama (2015) y Condenas
En 2015, tras el descubrimiento de una red de explotación sexual, Sename Atacama se querelló contra los responsables. Las adolescentes afectadas fueron reubicadas de inmediato en otras residencias de la región y del país, por disposición del Tribunal de Familia, para cortar todo contacto con los explotadores. Gracias a esta denuncia, se dictaron condenas contra Yerko Robles Cepeda (4 años de presidio) y Jorge Vega Madariaga (5 años de presidio) por violación impropia y almacenamiento de pornografía infantil, además de Erick Gallardo Gallardo (541 días de presidio) por favorecimiento de la explotación sexual infantil.
El Programa "Mi Abogado" y las Querellas por ESCNNA
El Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ha interpuesto 98 querellas por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) bajo tutela del Estado, ya sea en hogares del ex Sename o en residencias de la actual entidad Mejor Niñez. En estas acciones judiciales figuran 115 menores como víctimas.
Estos casos revelan que "más de un centenar de menores de edad que debían estar bajo tutela del Estado, en centros del Sename y ahora en residencias de Mejor Niñez, aparecen como víctimas de explotación sexual comercial". Las cifras de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, entre 2012 y 2021, contabilizan 77 víctimas de ESCNNA bajo el cuidado del Estado, número que se dispara a 545 al incluir delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil. Además, CIPER accedió a siete querellas presentadas por la Defensoría de la Niñez por explotación sexual comercial de NNA bajo tutela estatal.
Nuevos Casos y la Transición Sename-Mejor Niñez
El problema volvió a cobrar notoriedad cuando el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció un nuevo caso en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, reabriendo el debate sobre si este nuevo servicio es la solución a los graves abusos sufridos por menores bajo el sistema anterior. CIPER comparó el personal del Sename en su último mes de funcionamiento (septiembre de 2021) con el de Mejor Niñez en sus primeros meses, buscando entender la eficacia de la transición.
Pedro Adrians, director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Los Lagos, destacó la preocupación por los casos de explotación sexual de NNA en residencias. La articulación interinstitucional con tribunales, policías, Ministerio Público y municipios es clave para la prevención, protección, investigación y persecución de estos delitos. Adrians resalta que "históricamente las residencias de niños, niñas y adolescentes han estado en la mira de los explotadores sexuales", quienes incluso "siguen a las niñas que son cambiadas de residencia", exponiendo a los trabajadores a ataques y represalias.
El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, junto al Concejo Municipal, ha expresado reiteradamente a las instituciones públicas su preocupación, advirtiendo que "no se está logrando proteger a quienes más lo necesitan: niños y jóvenes que ya han sido vulnerados". Gárate ha sido tajante al señalar que "no están dadas las condiciones para abrir nuevas residencias en nuestra comuna mientras existan redes activas de explotación sexual infantil que el Estado no ha logrado desarticular".
Informe Especial: SOS residencias de protección en emergencia | 24 Horas TVN Chile
Factores de Vulnerabilidad y Desafíos en la Atención
La vulnerabilidad de los NNA en el sistema de protección es multifactorial, exacerbada por su historial de vida y las deficiencias en la respuesta estatal.
El Abandono de Residencias y Casos Intra-Residenciales
Si bien el abandono de las residencias es una de las causas más comunes de ESCNNA bajo el cuidado del Estado, también existen casos intra-residenciales. Un ejemplo es lo ocurrido en 2020, cuando se detectó que ocho adolescentes abandonaban con frecuencia una residencia del Sename en Antofagasta y eran forzadas a actos sexuales a cambio de dinero y drogas por terceros que rondaban el hogar. En 2021, una situación similar se repitió para dos jóvenes en el sur del país. Entre 2014 y 2019, dos menores fueron víctimas de abuso sexual, producción de material pornográfico y explotación sexual comercial en una Residencia para Lactantes y Preescolares (RLP) de Hualpén (Bío Bío); el hecho se repitió con otros dos niños en otra RLP de la misma comuna entre 2018 y 2020.
Verónica Pincheira, coordinadora nacional del Programa Mi Abogado (PMA), considera que la capacitación de los funcionarios es clave para prevenir los abandonos y la consecuente vulneración de derechos. Para abordar estos y otros delitos, el Sename implementó en 2019 las circulares N°5 (para Organismos Colaboradores) y N°6 (para Organismos de Administración Directa).
Salud Mental, Consumo de Drogas y Revictimización
La magistrada Jeldres critica la inexistente oferta en salud mental para estos niños, a pesar de que el acuerdo nacional por la infancia comprometió la creación de Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI) que aún no existen. Denisse Araya, directora de ONG Raíces y con 20 años de experiencia, explica que el trabajo en salud mental es crucial, ya que las menores a menudo han normalizado estas situaciones, viviendo vulneraciones desde la primera infancia, incluyendo abuso sexual o ser hijas de prostitutas. Cuando se les empieza a pagar, "no ven la diferencia". Araya relató un caso donde, al tomar conciencia de la explotación, una joven colapsó y reaccionó violentamente, un reflejo de la profundidad del trauma: "Muchas veces he visto que cuando las niñas toman conciencia de lo que han vivido, vomitan".
Patricia Muñoz es tajante al afirmar que "el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud. Muchas veces los abandonos están asociados directamente a temas relacionados con el consumo de drogas o por situaciones que afectan a su salud mental". La directora de Mejor Niñez explicó que la instalación de Residencias de Vida Familiar, con un tope de 15 menores y 27 profesionales, busca reducir el volumen de NNA en los hogares y ofrecer una atención más personalizada.
Las Cortes de Apelaciones también han intervenido. La unidad de Asuntos de Familia de la Corte de Puerto Montt acordó cambios en los protocolos de actuación tras una visita extraordinaria a una residencia de Puerto Varas, donde se detectó riesgo inminente para las adolescentes. El protocolo hace hincapié en el derecho de los NNA a ser oídos. Sin embargo, en opinión de Valenzuela, "es tremendamente alarmante y quiere decir que el nuevo servicio tampoco está cumpliendo con los mínimos estándares de protección y de evitar la revictimización de estos niños, jóvenes, adolescentes que están en situación de vulnerabilidad".
Dificultades en la Persecución Penal y la Legislación
A pesar de la gravedad de los hechos, la persecución penal de la ESCNNA enfrenta serias barreras, desde la investigación hasta la tipificación legal.
Limitaciones en la Investigación y la Testimonial de la Víctima
De las 98 querellas presentadas por el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados. Patricia Muñoz atribuye esta deficiencia al trabajo de la Fiscalía y las policías. La magistrada María Pilar Villarroel también señala la necesidad de capacitación para estos cuerpos. Otro factor crucial es que el relato de la víctima suele ser insuficiente para que la Fiscalía formalice. El comisario Castro explica que los NNA a menudo "no quieren cooperar porque no se sienten víctimas", prefiriendo no denunciar ni participar en los procesos investigativos.
Denisse Araya ha observado que una niña en esta situación "jamás te va a decir ‘estoy en explotación sexual’ o ‘me estoy prostituyendo’. Lo va a esconder porque tiene vergüenza y siente que es su culpa". Las víctimas no suelen culpar a los explotadores, sino que se sienten las únicas responsables, influenciadas por quienes les han hecho creer que fue su decisión.
La No Tipificación Específica de la ESCNNA
Una de las mayores dificultades es que el delito de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no está contemplado como tal en el Código Penal. Lo que se tipifica es la promoción o facilitación de prostitución infantil, un delito que, según la jueza Villarroel, "tiene una pena más baja y es mucho más difícil de probar". El Ministerio Público, por su parte, no cuenta con cifras que permitan dimensionar el problema, lo que constituye "un desafío para el Ministerio Público de indagar la explotación sexual comercial con mucha mayor profundidad", y un "desafío país" en la prevención.
El Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, organismo especializado de la OEA, ha clarificado conceptos desde 2012, optando por usar el término explotación sexual y eliminando "prostitución infantil", "pornografía infantil" y "turismo sexual infantil", ya que los niños son víctimas y no existe consentimiento. La explotación sexual infantil se define como abuso sexual por parte de adultos, constituyendo coerción, violencia y una forma de esclavitud contemporánea.
Reflexiones y Propuestas para un Abordaje Integral
La complejidad de la ESCNNA exige un enfoque holístico, donde la intersectorialidad y la voluntad política son fundamentales.
La Intersectorialidad como Clave y el Rol del Estado
Alejandra di Pierro explica que existen "varios escenarios y contextos en donde se producen formas de explotación sexual". Dada que la mayor causal de ingreso de niñas a residencias es el abuso sexual o la violación, esto las hace aún más vulnerables. La intersectorialidad es fundamental en este tema tan complejo, en sociedades "machistas y adultocéntricas" que "ponen a los niños, niñas y adolescentes por debajo de los adultos como si fueran objetos de posesión".
El libro “Del dicho al derecho: Ser niña en una residencia de protección”, lanzado por Hogar de Cristo, denuncia aspectos que contribuyen a que el problema no sea debidamente abordado, señalando que "la mayoría de las causas están archivadas y no existe una legislación moderna para perseguir delitos tan graves como estos". En un proceso piloto de un nuevo modelo de residencia, Alejandra di Pierro constató que, a pesar de contar con un buen equipo, "las niñas estaban siendo contactadas por personas pertenecientes a algún tipo de red de explotación sexual".
La Urgencia de Decisiones Políticas y Recursos
El senador Matías Walker destacó la necesidad de buscar "la protección real de los derechos de los niños que han sido vulnerados". Esta labor requiere "decisiones políticas más rápidas" y un presupuesto adecuado para asegurar que los organismos colaboradores cuenten con las certificaciones y el apoyo del Estado, garantizando un sistema de protección que cumpla con los estándares mínimos para evitar la revictimización y asegurar la dignidad de los NNA.