La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) dio a conocer los resultados de su novena versión del catastro de capacidades municipales para la gestión de riesgos de desastres y emergencias. Este estudio busca analizar de manera integral las capacidades actuales de los municipios en áreas como estructura orgánica, capacidades institucionales, planificación estratégica y articulación con otras entidades gubernamentales.
El informe revela profundas brechas en aspectos materiales, económicos, institucionales, de planificación y recursos humanos entre los municipios del país. Superar estas desigualdades exige un esfuerzo conjunto entre los gobiernos locales, regionales y centrales, además de la participación activa del sector privado y la comunidad. Solo a través de una colaboración efectiva será posible fortalecer las prácticas municipales, reducir las brechas y diseñar estrategias que permitan una gestión del riesgo más equitativa y eficiente.
Resultados críticos del informe
El 54,8% de las comunas (189) enfrentan un nivel de riesgo moderado, mientras que un 34,5% están clasificadas en la categoría de riesgo alto. En total, más del 89% de las comunas presentan riesgos significativos de manera constante.
Población afectada: 11,7 millones de personas viven en comunas con riesgo moderado, representando más de la mitad de la población total del país. Por otro lado, 3,1 millones habitan comunas con riesgo alto, las cuales en su mayoría corresponden a zonas rurales, lo que evidencia la urgencia de priorizar estas áreas.
Solo el 30,5% de los municipios cuenta con una Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) formalmente integrada y financiada en su organigrama. Apenas el 20,6% dispone de un presupuesto específico para acciones de reducción del riesgo de desastres (RRD). Un preocupante 8,2% de los municipios carece completamente de institucionalidad exclusiva para abordar la GRD.
Respecto al cambio climático, a nivel nacional, el 60% de los municipios no cuenta con un plan de acción frente al cambio climático. Solo el 8% dispone de uno vigente, mientras que el 23% está en proceso de creación o actualización.
- “Es fundamental aumentar la inversión”.
- “Estas cifras revelan una preocupante disparidad en la estructura organizacional y los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres, especialmente en comunas rurales y de menor desarrollo. Es fundamental fortalecer la institucionalidad, aumentar la inversión y promover la colaboración entre todos los actores involucrados para reducir las vulnerabilidades y proteger a nuestras comunidades”, señaló William Arévalo, director del Centro de Gestión de Riesgos Locales de la AMUCH.
William Arévalo, director del Centro de Gestión de Riesgos Locales de la AMUCH. Desde 2017, la asociación lidera este centro, un espacio destinado a apoyar a los municipios en esta materia.
Contexto y mecanismos de apoyo
La jornada de este martes la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades y la alcaldía de Lo Prado, dio a conocer el ranking de comunas del Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Un nuevo mecanismo que entrega recursos a cada municipio, con el fin de fortalecer las capacidades locales y avanzar en equidad territorial en materia de seguridad pública.
En la práctica, el ranking enlista las 345 comunas en base al Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual, el cual se calcula ponderando distintas variables como los delitos de gravedad, los indicadores socioeconómicos, la población comunal, los infractores de ley NNA y los ingresos municipales, entre otros. Con ello se formaron cinco grupos, los que estipulan los montos de financiamiento.
Para las 40 comunas del Primer Grupo se entregan $65.000.000 a cada una; para las 40 comunas del Segundo Grupo se disponen $55.000.000; para las 40 comunas del Tercer Grupo el monto es de $45.000.000; y para las 133 que forman el Cuarto Grupo se envían $45.000.000. En tanto, las 92 restantes que componen el Quinto Grupo no recibirán financiamiento durante el año 2023, sino el próximo año.
La lista de comunas se acompaña de datos regionales y puntajes que permiten identificar áreas de mayor vulnerabilidad y concentraciones de riesgo, destacando la situación de comunas rurales frente a las urbanas.
Dimensiones del índice y casos clave
El análisis se basó en tres dimensiones: control del delito, prevención del delito y vulnerabilidad social. Cada una está formada por indicadores que van desde delitos de mayor connotación, porcentajes de victimización y números de casos policiales, entre otros. Esto permitió construir un índice de “control de delito” y otro de “factores vulnerabilidad social” (que considera aspectos como la conflictividad social), que en conjunto forman el índice “socio-delictivo”.
Entre las comunas con mayor puntaje en vulnerabilidad socio-delictual se encuentran Santiago, Puente Alto y Ercilla, esta última afectada por el conflicto mapuche. En contraste, Ollagüe, Primavera y Torres del Paine figuran como casos de menor vulnerabilidad, debido a su baja población y presencia rural.
Alcaldes y alcaldesas criticaron la metodología y los resultados. La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, declaró que los indicadores se elaboran “con poca precisión” y que comparan índices delictivos con la población, lo que genera distorsiones, especialmente en una gran urbe. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló sesgos políticos y clasistas que estigmatizan a las comunas de siempre. El alcalde de Ercilla, José Vilugrón, afirmó que el índice refleja una realidad compleja y que podría requerir políticas públicas diferentes y mayores recursos.
Vulner- habilidad: La Habilidad de ser vulnerable | Brenda Veronica | TEDxUPAEP
Implicaciones para políticas públicas
El informe subraya la necesidad de fortalecer institucionalidad y ampliar inversiones para cerrar brechas entre comunas urbanas y rurales. Asimismo, destaca la importancia de una articulación más estrecha entre actores locales, regionales y nacionales, y la participación del sector privado y la comunidad para diseñar estrategias de gestión del riesgo más equitativas y eficientes.
El análisis también sugiere que las zonas con menor desarrollo requieren mayor apoyo estatal y redes de seguridad para mitigar la vulnerabilidad sociodelictiva, al tiempo que se promueven políticas de desarrollo territorial que reduzcan las desigualdades.
Perspectivas y herramientas institucionales
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó una nueva herramienta para fortalecer el enfoque en el diseño, asignación, monitoreo y evaluación de programas sociales. El SIVUST y el IGVUST permiten clasificar territorios por dimensiones como ingresos, trabajo, salud, educación, vivienda, accesibilidad y seguridad, favoreciendo una intervención más territorial y multidimensional.
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