La vulneración de los derechos de la niñez en Chile ha sido una problemática recurrente, con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) ocupando un papel central en la atención de esta situación. La trágica muerte de la niña Lissette Villa en abril de 2016 conmocionó al país y desencadenó una investigación exhaustiva, revelando un sistema con fallas profundas que no solo afectaban a los niños durante su permanencia, sino que también los dejaban en una situación de extrema vulnerabilidad al egresar.
Contexto de una Crisis Institucional: Las Fallas del SENAME
Hallazgos de Investigaciones Clave
Diversos informes han puesto en evidencia la crítica situación de los centros del SENAME. Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) en 2017 examinó 240 hogares de menores, constatando en el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares un total de 2.071 casos de abusos, de los cuales 310 presentaban connotación sexual. Este lapidario informe, que calificó la situación como una "violación sistemática" de derechos, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 pero no se hizo público en su momento.
El mismo documento de la PDI indicó que en el 100% de los centros que dependen directamente del SENAME se habían cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, lo que el informe policial calificó como acciones de vulneración “instaladas dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Previamente, el Informe Jeldres de 2013, una investigación del Poder Judicial y Unicef, ya había revelado que el 88% de las residencias registraba vulneraciones graves y el 100% de los centros públicos incurría en prácticas sistemáticas que lesionaban derechos.
Deficiencias Operacionales y Protocolos Inexistentes
El informe de la PDI también estableció que el 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME. Los resultados eran aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no contaba con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carecía de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Además, la gran mayoría de los hogares tampoco disponía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibía fiscalización periódica por parte del SENAME, estas supervisiones eran en su mayoría coordinadas de manera previa, lo que comprometía su efectividad. La precariedad de las condiciones de vida en que permanecían los niños también era una problemática extendida en toda la red, con centros que presentaban problemas de higiene, falta de profesionales y hacinamiento.
Sobremedicación y Salud Mental en las Residencias
La cifra de menores a cargo del SENAME que padecían alguna enfermedad psiquiátrica era alarmantemente alta, alcanzando el 37,3% de los residentes. Un 14,2% presentaba alguna patología médica, un 13,9% sufría una enfermedad crónica, y un 0,4% se encontraba en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presentaba algún tipo de discapacidad. Sin embargo, 42 centros no tenían un encargado de salud, y en muchos de los que sí lo tenían, la función era ejercida por funcionarios sin la formación profesional o técnica necesaria para suministrar medicamentos, como educadores de trato directo a quienes solo se les exige cuarto medio rendido.
La investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministraban sin ningún control a los niños y adolescentes del SENAME, muchas veces como paliativo para contenerlos. Impresiones clínicas sobre casos como el de Lissette Villa sugerían sobremedicación con benzodiazepinas en dosis elevadas y antidepresivos, que pueden aumentar la agresividad en menores. La falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil y la escasez de psiquiatras especializados en el sector público agravaban esta situación.
La Problemática de las Adopciones y la Convivencia con Infractores
El 68% de los niños bajo protección del SENAME tenía más de ocho años, lo que dificultaba enormemente su adopción. A mayor edad, menor es la posibilidad de encontrar padres interesados, y los procesos judiciales para declarar a un menor adoptable podían tardar hasta 16 meses en promedio debido a la lentitud en los informes de los hogares del SENAME. Esto dejaba a muchos menores institucionalizados de por vida.
Aún más preocupante era la convivencia de niños vulnerados con menores que cometían delitos, especialmente en centros de la Región Metropolitana. Los informes de fiscalización del SENAME en 2014 y 2015 señalaron la carencia de mapas de procesos y la falta de registro sistemático de los niños, lo que contribuía a esta mezcla de poblaciones vulnerables e infractoras, donde se documentó que menores portaban armas y formaban jerarquías violentas, con los más vulnerables sufriendo abusos, incluso sexuales.
El Egreso del Sistema: Un "Salto al Vacío" Hacia la Indefensión
Cuando un joven cumple 18 años, su permanencia en las residencias del sistema de protección pasa de ser obligatoria a voluntaria. Este momento, lejos de ser una transición preparada, es descrito por muchos como un "salto al vacío". La falta de preparación para la vida independiente y la ausencia de redes de apoyo dejan a estos jóvenes a la deriva, a pesar de que muchos tienen problemas de aprendizaje, psiquiátricos graves o traumas profundos.
Catalina, quien pasó gran parte de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado, relata que al cumplir 18 años fue egresada del sistema sin apoyo, sin ser informada de su derecho a protección hasta los 24 años si estaba estudiando. Fue dejada en una casa de acogida sin acompañamiento post-egreso, ni ayuda para sus estudios o manutención.
Historias de Vida: Testimonios de una Realidad Cruda
- Andrés, quien cumplió 18 años en plena pandemia, vivió en hogares del SENAME desde muy pequeño. Al egresar, se encontró en situación de calle en Ancud. Nunca pasó más allá de primero básico, le cuesta leer y escribir, y siente que "no sirve para nada". Su relato de desaliento total y la sensación de abandono por parte de su familia y del SENAME es estremecedor: “Cuando cumplí 18, me cantaron ‘feliz cumpleaños’, comimos torta y listo, chao. Por eso yo no quiero celebrar más mis cumpleaños”. A pesar de recibir una pensión por discapacidad (que él mismo cuestiona), reconoce que “me salvo” con ella. Anhelaba ser bombero o entrar a la Armada, pero sus limitaciones educativas y la falta de apoyo le impiden alcanzar esos sueños.
- La psicóloga Claudine Litvak, del Hogar de Cristo, analiza el caso de Andrés como una "vida entera de derechos denegados", con una discapacidad cognitiva cuya causa (falta de estímulo o condición genética) es incierta. Destaca la falla institucional total al no haberlo puesto en adopción o con una familia de acogida siendo niño, y subraya que su situación de calle es la "consecuencia lógica de todo lo que se le negó".
- En Valdivia, J.A. relató que el mismo día de su mayoría de edad, una "tía de la residencia se acerca y le dice que tenía que irse del hogar, que fuera a buscar su ropa y la metiera en una bolsa de basura de esas negras, que ya no podía seguir en el hogar, que ya era grande”. Varios días estuvo en situación de calle hasta ubicar a familiares.
- Similar fue la experiencia de S.N., quien en julio de 2017 egresó con 18 años recién cumplidos y en pleno invierno, sin redes de contención ni preparación, terminando literalmente en situación de calle con solo una bolsa negra de basura con sus pertenencias y una adicción a la pasta base.
- El caso de "J", quien desde los 11 años vivió en las calles y consumía drogas desde los 12, es un reflejo del abandono estatal. Durante 286 días en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de Antofagasta, sufrió golpizas, vejámenes sexuales, sobremedicación psiquiátrica, ideación suicida y autolesiones, a pesar de advertencias internas que no fueron tomadas en serio.
Falta de Preparación para la Vida Independiente
El Programa de Preparación para la Vida Independiente, que comienza a los 15 años en las residencias, es criticado por su superficialidad. La psicóloga Lorena Bustamante explica que a mayor tiempo institucionalizado, mayor es el daño y la dificultad para generar vínculos familiares, siendo el daño directamente proporcional al tiempo que los menores permanecen en el sistema de protección. La cultura de maltrato y violencia, sumada a la falta de herramientas básicas para la autonomía, convierte el egreso en un momento de gran riesgo.
El Segundo Catastro de Personas en Situación de Calle realizado en 2011 reveló que el 46% de los jóvenes entre 18 y 28 años en esta situación habían estado previamente en el Servicio Nacional de Menores. Daniela Moreno, jefa de la hospedería de Hogar de Cristo en Valparaíso, advierte sobre el alarmante aumento de mujeres jóvenes en situación de calle post-SENAME, quienes sufren violencia extrema y abuso por su condición.
Explotación Sexual Comercial: Un Riesgo Persistente Post-Egreso
El 5º Informe de Política Pública del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez evidencia una alta tasa de victimización, especialmente en centros residenciales. En 2023, se identificaron 619 víctimas de explotación sexual infantil, con la región de Magallanes presentando una tasa significativamente alta. La falta de un catastro consolidado de casos de explotación sexual comercial y la dificultad para probar este delito son obstáculos importantes. Las niñas y adolescentes no están encerradas en las residencias y pueden salir a socializar, siendo en esas salidas donde se cometen estos delitos, lo que se agrava al egresar sin una red de protección adecuada.
Hacia un Nuevo Modelo de Protección: Mejor Niñez y Desafíos Pendientes
La Ley 21.302 y el Servicio Mejor Niñez
La Ley 21.302, publicada en 2021 y con fecha de promulgación de 23 de diciembre de 2020, creó el "Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia" (Mejor Niñez), reemplazando al SENAME. Este hito busca mitigar las numerosas negligencias y fallas estructurales del antiguo organismo.
El nuevo servicio ha eliminado el requisito de contar con un certificado de alumno regular del Ministerio de Educación para la permanencia de jóvenes hasta los 24 años bajo protección, aceptando ahora certificados de instituciones acreditadas, lo que representa un avance para quienes no estaban en el sistema formal.
Propuestas para un Acompañamiento Integral Post-Egreso
Carlos Vöhringer, director técnico de Hogar de Cristo, subraya que ya en 2018, un estudio señalaba la necesidad de asegurar servicios de soporte para jóvenes en su transición a la vida adulta, extendiendo este apoyo al menos hasta los 25 años. La evidencia indica que este acompañamiento debe ser integral y abarcar:
- Alternativas habitacionales seguras: Hasta que logren independizarse económicamente.
- Beneficios financieros: Para facilitar el inicio de su vida independiente.
- Soporte educacional: Para acceder a capacitación y/o programas de educación superior.
- Programas de apoyo al empleo: Que faciliten su inserción laboral.
- Acceso a asesoría legal: Para resolver dudas y gestionar trámites.
- Acceso a servicios de salud: Con especial atención a jóvenes con trastornos de salud mental.
OAT - Opciones y Apoyos para la Transición a la vida adulta para jóvenes con discapacidad
La Deuda Pendiente: Vivienda y Programas de Transición
A pesar de los avances, Chile se destaca por ser el único país de Latinoamérica sin un programa de transición a la vida independiente para jóvenes egresados del sistema de protección. Ante la gran cantidad de jóvenes que egresan anualmente, se insiste en la necesidad de programas de transición a la vida adulta con vivienda, argumentando que, mientras vivan en la calle, ningún programa ambulatorio podrá asegurar su continuidad educativa. Se exploran gestiones con el Ministerio de Vivienda para implementar un subsidio de arriendo colectivo y proyectos piloto con fundaciones para abrir nuevas casas en casos de emergencia.
La sociedad civil, a través de iniciativas como Red Egresa, una fundación creada por jóvenes ex-SENAME, busca apoyar a otros en su egreso, brindando información sobre estudios, ahorro y postulación a universidades, basándose en sus propias experiencias.
De la "Vida Independiente" a la "Vida Interdependiente"
Se plantea la necesidad de que las residencias modifiquen su enfoque de preparación para la "vida independiente" a uno de "vida interdependiente". Esto implica alejarse de la autosuficiencia y promover el desarrollo de habilidades sociales y la construcción de redes de apoyo sólidas, reconociendo que la independencia absoluta es una quimera y que el apoyo comunitario es fundamental. Las expectativas están puestas en el nuevo Servicio Especializado para la Niñez y Adolescencia para evitar que estos jóvenes lleguen a la situación de calle.
Repercusiones y Demandas de la Sociedad Civil
La Ruptura de la Confianza y el Estigma
La institución creada para la protección de niños ha roto el último código de confianza con la sociedad civil. Para quienes egresaron del SENAME, el estigma de la institucionalización acompaña de por vida, evidenciando el profundo impacto de la experiencia, incluso décadas después. La falta de no discriminación e inclusión pone de manifiesto la deuda histórica de Chile en estas áreas, perpetuando la exclusión.
El cierre del SENAME debe ser un momento de inflexión, marcando la transición de una doctrina de "niño en situación irregular" a un enfoque de derechos humanos y sujeto de derechos. El sistema, lejos de reparar, profundizó el daño con muertes evitables, tratos crueles, negligencias estructurales y la medicalización del sufrimiento.
La Comisión Verdad y Niñez: Una Obligación Ética
La creación y apoyo a la Comisión Verdad y Niñez es una obligación ética del Estado. Esta comisión busca visibilizar lo que durante años se negó, relativizó o escondió, demostrando que lo ocurrido no fue inevitable, sino consecuencia de decisiones políticas, presupuestarias y culturales. La verdad no prescribe, y las personas que fueron niños y niñas bajo custodia del SENAME son adultos y jóvenes con trayectorias quebradas y violencias normalizadas. La exigencia de su creación, realizada por afectados, demuestra cómo se manejan las urgencias y prioridades en Chile, donde los niños no suelen estar al frente.
Denuncias Laborales y Críticas al Nuevo Servicio Mejor Niñez
A pesar de los cambios, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) ha denunciado prácticas antisindicales, acoso y hostigamiento laboral en regiones, así como la ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud, dejando a cientos de niños en abandono o hacinamiento. Se ha criticado la designación de personas sin suficiente experiencia en la administración pública para ocupar cargos clave en el nuevo servicio, y se ha señalado que el 90% de las residencias del país pertenecen a privados, en su mayoría fundaciones, lo que dificulta la fiscalización efectiva.
El Precio de la Corrupción Institucional
El precio de la corrupción institucional que rodea al SENAME es la desolación a nivel transgeneracional. El Estado no ha estado a la altura para proteger a estos niños, investigar los delitos cometidos ni ofrecer verdad y reparación. Una sociedad cruel con la infancia no podrá pasar impunemente. La solución no será automática ni mágica, pero es fundamental un cambio de paradigma y una acción coordinada de todos los actores para transformar a Chile en un mejor país para la niñez.