La reforma del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido un tema central en el debate público chileno, buscando abordar las profundas deficiencias del sistema y garantizar la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estas iniciativas legislativas han propuesto cambios fundamentales en la estructura, financiamiento y enfoque de la protección a la infancia en el país.
La Reforma al SENAME: Un Paso Hacia la Restitución de Derechos
Aprobación y Creación de Nuevas Instancias
Una de las iniciativas más importantes para la reforma del Servicio Nacional de Menores (Sename) fue aprobada en votación general, con 11 votos a favor. Esta propuesta se orientó a restituir los derechos de las niñas y niños que han sido vulnerados. El Ministro Marcos Barraza valoró este respaldo y precisó la importancia de la creación de la Subsecretaría de la Niñez, la cual sería esencial en materia de fiscalización de los programas de protección.
Este proyecto aborda las principales deficiencias del sistema actual en materia de niñez, reconociendo el desafío de crear una gran institucionalidad. La presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto que pretende reformar el SENAME, iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados para su trabajo legislativo.
Desafíos en la Rendición de Cuentas
En el marco de la discusión, se planteó la necesidad de una explicación detallada por parte del Sename sobre la diferencia entre las cifras presentadas inicialmente y las expuestas en la discusión, especialmente en relación con menores con dolencias o enfermedades críticas. Ramón Farías instó a que el debate se centrara en el bienestar de los menores, evitando el aprovechamiento político de la situación, subrayando que son los niños quienes resultan afectados y se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante cualquier eventualidad.
Anteriormente, durante la presidencia de la Comisión de Adopción, se observó una oposición tenaz por parte de la derecha a avanzar en proyectos sin contar previamente con una Ley de Garantías de la Niñez. Esta postura fue un obstáculo para despachar leyes y avanzar en materia de adopción.
Aumento de Subvenciones a Organismos Colaboradores
Respaldo Legislativo y Urgencia
Un encendido debate se dio en la sala de la Cámara en torno al proyecto que busca duplicar, en un período de cuatro años, la subvención para los organismos colaboradores del Sename. La norma impulsada por el Ejecutivo fue aprobada en su votación general por 101 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones, contando con un amplio respaldo de Chile Vamos, de las bancadas de la ex Nueva Mayoría (DC, PS, PPD y PR) y parte de los diputados del Frente Amplio, quienes votaron divididos. La iniciativa había sido declarada de máxima urgencia legislativa por el gobierno.
Inicialmente, la Comisión de Familia, con votos oficialistas y de oposición, la dejó sin recursos para su implementación, pero esta situación fue revertida por el gobierno en la Comisión de Hacienda. Posteriormente, la sala aprobó los dos artículos que aseguran el aumento de las subvenciones: uno que amplía el rango de gasto destinado a los organismos colaboradores en un 25% para el primer año, y otro que permite su financiamiento durante el primer año de vigencia.
Críticas y Debates en Torno a los Recursos
A pesar de la aprobación transversal de la iniciativa, la discusión estuvo marcada por duras críticas de la oposición, principalmente del Partido Comunista (PC) y Revolución Democrática (RD). Se cuestionó el aumento de recursos a organismos que, según las acusaciones, han sido responsables de vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.
La diputada Natalia Castillo (RD) pidió dejar de trazar una línea entre "buenos y malos" y expresó dudas sobre la capacidad de confiar y aprobar un aumento de recursos a instituciones que han vulnerado sistemáticamente los derechos de los niños. Advirtió que el aumento propuesto por el Ejecutivo, que equivale a 1.875 pesos diarios por cada niño, no mejoraría significativamente sus condiciones. Por el contrario, su par del Movimiento Amplio (MA), Gabriel Boric, respaldó la iniciativa, aunque se inhabilitó de votar debido al vínculo de su padre con una fundación ligada al Sename. Advirtió que la aprobación por parte de los diputados del Frente Amplio no implica un acuerdo con la lógica de subvenciones, sino que responde a la urgente necesidad de que los niños, niñas y adolescentes en residencias tengan acceso a mínimas condiciones de dignidad. Consideró que este no es el proyecto con el que se debe presionar al gobierno para pedir cambios estructurales.
Desde el PC, la diputada Karol Cariola instó al gobierno a no "poner la carreta frente a los bueyes", sugiriendo que, en lugar de aumentar los fondos, se debería modificar la forma de financiamiento actual, que a su juicio, "incentiva de manera perversa la institucionalización" de los niños.
La oposición también advirtió que se requiere un aumento de recursos mucho mayor para mejorar realmente las condiciones de los menores. El diputado Giorgio Jackson (RD) estimó que dicho aumento costaría cerca de 200 millones de pesos adicionales al año. Además, el sector cuestionó que el Ejecutivo eliminara la palabra "garantías" de la ley de garantías de la niñez. Por otro lado, desde Chile Vamos, se acusó a la oposición de votar "desinformados", bajo "un sesgo ideológico" y "una visión miope".
Creación del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia
El Fin del SENAME y Nuevos Enfoques
El Congreso aprobó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, el cual, junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, pondrá fin al Sename. El Director de la División de Organizaciones Sociales, Jorge Fuentes, manifestó que esta normativa "posibilitará cerrar una deuda del Estado y lo pone al servicio de la protección de la infancia". El proyecto deberá pasar por una revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado.
Uno de los principales cambios será que el sujeto de atención no solo será el niño, sino también su familia, con un enfoque en el interés superior del menor en la reparación y restitución de sus derechos. En Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que, supuestamente, deberían estar protegidos por el Estado. Así fue constatado años atrás y así sigue ocurriendo en algunos centros del Sename, un historial de vulneraciones que el nuevo servicio pretende dejar atrás.
La propuesta de la mandataria propone realizar una división administrativa, técnica y financiera, junto a la creación del servicio nacional de protección especializada de niños y niñas que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, y el servicio de reinserción social juvenil que dependerá del Ministerio de Justicia. El servicio nacional de protección especializada plantea una serie de prestaciones de protección a los niños, niñas y jóvenes, basadas en coordinaciones intersectoriales con los ministerios de Educación y de Salud, y el servicio de reinserción social juvenil en la misma línea.
Rol del Estado y la Coordinación Intersectorial
En su labor de tutela, el Ministerio de Desarrollo Social garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados. Asimismo, se establece que el Servicio tendrá por objeto garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, lo cual incluye el diagnóstico especializado, la restitución de derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.
Sin embargo, la reforma mantiene una lógica de tercerización de las políticas públicas de la niñez y la juventud, en relación a continuar con políticas de licitaciones con instituciones colaboradoras, subcontratando a los equipos especializados de profesionales y técnicos que forman parte de los programas. En la propuesta legislativa se evidencian nuevos parámetros por medio de fiscalizaciones de comisiones de estándares y acreditación para las instituciones externas que ofrezcan residencias y programas de intervención.
Esta reforma, según algunas críticas, sigue sin asumir la responsabilidad estatal en su carácter de un Estado tutor y protector de la niñez y la juventud, y más bien continúa externalizando su responsabilidad en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes a instituciones que mantienen una especie de subcontratación de los especialistas.
Desafíos y Perspectivas de la Nueva Institucionalidad
Dudas sobre la Desjudicialización y la Coordinación
Se busca desjudicializar la protección de los menores, un aspecto que cuenta con un amplio consenso entre los expertos consultados. Sin embargo, este último punto genera mayores dudas, ya que no está claramente definido en el proyecto cómo operará en la práctica. José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, expresó dudas sobre los alcances concretos de la coordinación intersectorial. Señaló la necesidad de que ministerios como Educación y Salud, así como los servicios encargados, intervengan de inmediato en temas como deserción escolar, drogadicción y salud mental, ocupándose de los cupos escolares y las atenciones médicas y hospitalarias.
En Aldeas S.O.S., también existe inquietud por la coordinación intersectorial. Paulina Fernández estima que el proyecto debería especificar claramente quién será el encargado de esta coordinación. El abogado Nicolás Espejo comparte la preocupación por la falta de claridad en las obligaciones legales que otras reparticiones del Estado deberán cumplir para otorgar una protección integral a los menores que ingresan a los programas.
La jueza Mónica Jeldres identifica problemas en "cuestiones elementales, como el objeto del servicio, derechos no garantizados, ausencia de protección administrativa, en el diseño y dependencia jerárquica, que no asegura eficiencia en la coordinación con los tribunales de justicia". Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, destaca que uno de los elementos potencialmente más valiosos es la desjudicialización de la mayoría de los casos. Sin embargo, advierte que si no existe una entidad especializada, con estándares clave y responsabilidad jerarquizada y administrativa, capaz de actuar con la potestad para exigir y derivar la oferta con pertinencia y oportunidad, se producirá un vacío que ni los tribunales ni las oficinas locales podrán resolver. José Pedro Silva considera que se avanzará en aspectos específicos, asociados a mejores estándares técnicos y fortalecimiento del monitoreo y fiscalización. Por su parte, Mónica Jeldres opina que esta ley no resolverá el problema.
Paolo Mefalopulos explica que el proyecto establece el principio de priorización, lo que se traducirá en que los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la administración del Estado. Con respecto al servicio nacional de protección especializada, continuarán las áreas de residencia (hogares), ambulatoria (programas de acompañamiento familiar), cuidados alternativos (familias de acogida y adopciones), programas específicos que en su mayoría no responden a administraciones directas de organismos del estado.
El debate sobre los posibles límites de los padres en la crianza de sus hijos
La Visión Crítica sobre la "Tercerización"
Los cambios legislativos que sustentan esta propuesta del ejecutivo, plantean seguir con un modelo de protección focalizada y judicial, que aborda aspectos mínimos de una real garantía de protección a los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, las reformas al Sename siguen reflejando la desprotección de muchos menores de 18 años que el Estado no se preocupa de su bienestar, generando a nivel nacional una ausencia mayor de protección universal y de responsabilidad parental en las políticas públicas. Estos cambios que pretendía realizar el Gobierno de Bachelet, pretenden seguir manteniendo el mismo modelo de protección socio-judicial de ingreso de casos de niños, niñas y jóvenes que presenten judicializaciones en Tribunales de Familia, vía vulneración de derechos, sea por violencia intrafamiliar, maltrato, abuso y otras vulneraciones.
Las 210 muertes de hijos e hijas en el SENAME, sigue marcando a nivel de sociedad una necesidad real de cambiar las políticas públicas hacia los niños, niñas y jóvenes, donde no se comprenda la protección como una política judicial, sino como una política social, de la educación y de la salud, que busque la protección universal. En la propuesta del ejecutivo no se evidencia un cambio de paradigma en torno al rol del Estado de buscar brindar su carácter de tutor en el cuidado de los niños, niñas y jóvenes de este país, donde no solo se termine el funcionamiento externalizado de las políticas públicas de protección, sino que sean programas e infraestructura estatal que, por un lado, esté basado en hogares y residencias estatales y públicas, guarderías y centros abiertos de extensión de programas que fortalezcan y amplíen las Salas Cunas y Jardines Infantiles, Escuelas, Liceos y Servicios de Salud.
El Sename como institución no sirve para mejorar la calidad de vida de los hijos de la clase trabajadora de este país, y a propósito de la “responsabilidad penal adolescente”, el Sename es un instrumento represivo, carcelario y violento con los niños y jóvenes más pobres de Chile. Frente a estos cambios cosméticos en torno a la protección social de los niños, niñas y jóvenes, se torna necesario identificar que la solución para avanzar en proteger realmente a los hijos e hijas de la clase trabajadora y el pueblo, es a través de centros de acogida, con red de hogares y programas estatales, administrados y controlados por equipos interdisciplinarios de profesionales de la educación y de la salud, junto a las organizaciones sociales, familiares e instituciones afines.
Mejor Niñez: Transición y Retos Pendientes
El 1 de octubre entró a regir Mejor Niñez, el servicio que reemplaza al Servicio Nacional de Menores. Hace cuatro años la iniciativa 3xi, junto a la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, formó Juntos por la Infancia, una iniciativa que busca trabajar por la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Sename, conectando a las empresas con estos hogares. El 1 de octubre empezó a operar formalmente Mejor Niñez, el servicio que reemplazará al Sename en la protección de la infancia y que pretende dejar atrás el historial de vulneraciones que se han visto en el actual servicio. Todo un desafío considerando que en Chile todavía no tenemos una ley que garantice los derechos de la infancia.
En un panel, la directora implementadora del nuevo servicio, María José Castro, y el director técnico del Hogar de Cristo, Carlos Vöhringer, conversaron sobre los estándares, presupuestos y los retos pendientes. María Elena Santibáñez, querellante en el caso de la muerte de Lissette Villa, la niña de 11 años que murió en 2016 en un centro del Sename, explica cuáles son las dificultades para investigar vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.