El sistema de protección de la niñez en Chile, a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME), articula diversos programas para la atención de niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos es el Programa 24 Horas, el cual fue diseñado en el año 2009 y comenzó su implementación en 2010. Este programa se concibió como una iniciativa intersectorial que involucra a múltiples instituciones gubernamentales.
Origen y Estructura del Programa 24 Horas
La gestación del Programa 24 Horas implicó la colaboración entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública). Estos programas actúan como la puerta de entrada a la intervención especializada, y su objetivo es proporcionar apoyo integral a los menores en situación de vulneración.
Cobertura Geográfica Inicial
El programa ha extendido su presencia a varias ciudades a lo largo del territorio nacional, buscando una cobertura amplia para abordar las necesidades de protección. Las localidades donde opera incluyen:
- Arica
- Iquique
- Alto Hospicio
- Antofagasta
- Calama
- Copiapó
- Coquimbo
- Valparaíso
- Viña del Mar
- Rancagua
- Talca
- Los Ángeles
- Temuco
- Puerto Montt
Principios Operacionales y Gestión Territorial
El Programa 24 Horas se rige por principios clave para asegurar una intervención efectiva y coordinada. La focalización de cada modalidad se establece a nivel barrial o comunal, asegurando una inserción directa en el territorio afectado. Este enfoque permite adaptar las acciones a las necesidades específicas de cada comunidad.
La complementariedad es otro pilar fundamental. El Programa 24 Horas se plantea como un modelo de gestión territorial intersectorial, donde se espera que los proyectos realicen acciones para trabajar en complementariedad en los casos en donde participe más de una modalidad. Las intervenciones deberán generar sinergia con las que realicen otros programas, optimizando los recursos y la efectividad de la ayuda.
La gestión territorial es un elemento central del programa, ya que funciona como el enlace entre su diseño y la implementación, asegurando que las estrategias se traduzcan en acciones concretas y coordinadas en el terreno.
Desafíos Actuales en el Sistema de Protección de la Niñez
A pesar de la existencia de programas como el 24 Horas, el sistema de protección de la niñez enfrenta serios obstáculos. En forma paralela a la implementación, el ingreso desde 2015 de seis proyectos al Congreso, que buscan mejorar el sistema de protección de la niñez, siguen sin aprobarse. Esta situación genera un estancamiento legislativo que afecta directamente la calidad de la atención.
Al respecto, se ha señalado: “Lamentablemente, nos hemos quedado empantanados en una discusión ideológica en la Cámara, y mientras tanto siguen vulnerándose los derechos de los niños en las residencias.” Si bien la cifra de subvención no es la óptima, estaría aterrizada a la realidad nacional y la factibilidad de aprobarse administrativamente (sin un proyecto de ley) vía glosa, en la discusión del presupuesto nacional que comienza anualmente en octubre.
Como consecuencia de estas dificultades y la percepción de falta de recursos, varias organizaciones de la sociedad civil se estarían retirando de las licitaciones como proveedores de servicios para el Sename. Es el caso de Fundación María Ayuda, que ha cerrado dos hogares en Concepción. Al respecto, sus representantes han declarado: “Es inconcebible que tengamos que cerrar dos centros muy bien evaluados por falta de recursos. Es, en consecuencia, una decisión política y no presupuestaria.”
Impacto de los recortes presupuestarios
Propuestas para la Mejora del Sistema
Ante este panorama, diversas entidades han propuesto medidas para fortalecer el sistema de protección. La Pontificia Universidad Católica (UC) propone que este aumento en la subvención vaya unido a un mejor sistema de control de los recursos y de las prestaciones. Esta función, según la propuesta, debiera estar en manos de una agencia externa, y no a cargo del Servicio, como ocurre hoy, para garantizar mayor transparencia y objetividad.
Se argumenta que "la supervisión tiene que ser independiente, el Sename no puede ser juez y parte de las políticas que diseña". En este sentido, se propone revisar el sistema de licitaciones para incentivar el ingreso de nuevos prestadores privados que puedan aportar calidad y diversidad de servicios.
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, concuerda con esta medida, e incluso es partidario de la concesión total del servicio. Por su parte, Carolina Salinas, abogada de familia de la Facultad de Derecho de la UC y panelista del estudio, concuerda con la necesidad de cambios, señalando que "de los seis proyectos en el Congreso, ninguno aborda las subvenciones".
La corta duración de las licitaciones actuales, que son solo por dos años, es otra preocupación importante. Salinas advierte: “Hoy, las licitaciones son solo por dos años, entonces las instituciones no saben si tendrán recursos para seguir, de esa manera, ¿cómo contratan buenos profesionales?” Esta inestabilidad dificulta la planificación a largo plazo y la retención de personal calificado, impactando directamente la calidad de la atención.
La Urgencia de Atención en Salud Mental
Una crítica recurrente es que, si bien se busca proteger a los niños al sacarlos de entornos vulnerables, se pueden generar nuevas vulneraciones de derechos en las residencias. Se afirma: “Paramos la vulneración al sacar al niño de su familia, pero vulneramos otros derechos en las residencias sin que se restituya el daño.” Así, enviar un niño a una residencia debiera darse idealmente en última instancia, y solo en forma transitoria.
Según el estudio, una forma de garantizar estos derechos es crear un catálogo de prestaciones, similar al sistema GES (Garantías Explícitas en Salud), que asegure un acceso mínimo de atenciones esenciales, con un énfasis particular en la salud mental. Los niños removidos de sus hogares a menudo presentan problemas de salud mental que requieren servicios muy especializados.
Existe una clara deficiencia en la capacidad de respuesta del servicio público en esta área. “Cuando un niño es removido de su hogar tiene problemas de salud mental que requieren servicios muy especializados, y el servicio público no tiene cómo atender a los menores descompensados, que son difíciles de controlar o tienen ideación suicida.” La falta de estas atenciones especializadas agrava la situación de los menores bajo protección y subraya la necesidad de una reestructuración urgente.
