Se aprobó en votación general, con 11 votos a favor, una de las iniciativas que reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename), orientada a restituir los derechos de las niñas y niños que han sido vulnerados. El Ministro Marcos Barraza valoró el respaldo y precisó la importancia que tendrá la creación de la Subsecretaría de la Niñez, la cual será esencial en materia de fiscalización de los programas de protección.
Este proyecto aborda las principales deficiencias del sistema actual en materia de niñez, reconociendo el desafío de crear una gran institucionalidad. Se plantea la necesidad de una explicación detallada por parte del Sename sobre la diferencia entre las cifras presentadas inicialmente y las expuestas en la discusión, especialmente en relación con menores con dolencias o enfermedades críticas.
Ramón Farías instó a que la discusión se centre en el bienestar de los menores, evitando el aprovechamiento político de la situación. Subrayó que son los niños quienes resultan afectados y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante cualquier eventualidad.
Anteriormente, durante la presidencia de la Comisión de Adopción, se observó una oposición tenaz por parte de la derecha a avanzar en proyectos sin contar previamente con una Ley de Garantías de la Niñez. Esta oposición fue un obstáculo para despachar leyes y avanzar en materia de adopción.
Aumento de Subvenciones para Organismos Colaboradores
Se dio un encendido debate en la sala de la Cámara en torno al proyecto que busca duplicar, en un período de cuatro años, la subvención para los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename). La norma impulsada por el Ejecutivo fue aprobada en su votación general por 101 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones, contando con un amplio respaldo de Chile Vamos, de las bancadas de la ex Nueva Mayoría (DC, PS, PPD y PR) y parte de los diputados del Frente Amplio, quienes votaron divididos.
La iniciativa había sido declarada de máxima urgencia legislativa por el gobierno. Inicialmente, la Comisión de Familia, con votos oficialistas y de oposición, la dejó sin recursos para su implementación, pero esta situación fue revertida por el gobierno en la Comisión de Hacienda. Posteriormente, la sala aprobó los dos artículos que aseguran el aumento de las subvenciones: uno que amplía el rango de gasto destinado a los organismos colaboradores en un 25% para el primer año, y otro que permite su financiamiento durante el primer año de vigencia.
Críticas y Respaldos a la Modificación del Sename
A pesar de la aprobación transversal de la iniciativa, la discusión estuvo marcada por duras críticas de la oposición, principalmente del Partido Comunista (PC) y Revolución Democrática (RD). Se cuestionó el aumento de recursos a organismos que, según las acusaciones, han sido responsables de vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.
La diputada Natalia Castillo (RD) pidió dejar de trazar una línea entre "buenos y malos" y expresó dudas sobre la capacidad de confiar y aprobar un aumento de recursos a instituciones que han vulnerado sistemáticamente los derechos de los niños. Advirtió que el aumento propuesto por el Ejecutivo, que equivale a 1.875 pesos diarios por cada niño, no mejorará significativamente sus condiciones.
Por el contrario, su par del Movimiento Amplio (MA), Gabriel Boric, respaldó la iniciativa, aunque se inhabilitó de votar debido al vínculo de su padre con una fundación ligada al Sename. Advirtió que la aprobación por parte de los diputados del Frente Amplio no implica un acuerdo con la lógica de subvenciones, sino que responde a la urgente necesidad de que los niños, niñas y adolescentes en residencias tengan acceso a mínimas condiciones de dignidad. Consideró que este no es el proyecto con el que se debe presionar al gobierno para pedir cambios estructurales.
Desde el PC, la diputada Karol Cariola instó al gobierno a no "poner la carreta frente a los bueyes", sugiriendo que en lugar de aumentar los fondos, se debería modificar la forma de financiamiento actual, que a su juicio, "incentiva de manera perversa la institucionalización" de los niños.
La oposición también advirtió que se requiere un aumento de recursos mucho mayor para mejorar realmente las condiciones de los menores. El diputado Giorgio Jackson (RD) estimó que dicho aumento costaría cerca de 200 millones de pesos adicionales al año, lo que representa solo un tercio de lo que el gobierno pretende descontar a las mil empresas más ricas del país con su reforma tributaria.
Además, el sector cuestionó que el Ejecutivo eliminara la palabra "garantías" de la ley de garantías de la niñez.
Por otro lado, desde Chile Vamos, se acusó a la oposición de votar "desinformados", bajo "un sesgo ideológico" y "una visión miope".
Creación del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia
El Congreso aprobó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, el cual, junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, pondrá fin al Sename. El Director de la División de Organizaciones Sociales, Jorge Fuentes, manifestó que esta normativa "posibilitará cerrar una deuda del Estado y lo pone al servicio de la protección de la infancia".
El proyecto deberá pasar por una revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Uno de los principales cambios será que el sujeto de atención no solo será el niño, sino también su familia, con un enfoque en el interés superior del menor en la reparación y restitución de sus derechos.
En su labor de tutela, el Ministerio de Desarrollo Social garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados. Asimismo, se establece que el Servicio tendrá por objeto garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, lo cual incluye el diagnóstico especializado, la restitución de derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.
Desafíos y Dudas sobre la Implementación del Nuevo Servicio
Se busca desjudicializar la protección de los menores, un aspecto que cuenta con un amplio consenso entre los expertos consultados. Sin embargo, este último punto genera mayores dudas, ya que no está claramente definido en el proyecto cómo operará en la práctica.
José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, expresó dudas sobre los alcances concretos de la coordinación intersectorial. Señaló la necesidad de que ministerios como Educación y Salud, así como los servicios encargados, intervengan de inmediato en temas como deserción escolar, drogadicción y salud mental, ocupándose de los cupos escolares y las atenciones médicas y hospitalarias.
En Aldeas S.O.S., también existe inquietud por la coordinación intersectorial. Paulina Fernández estima que el proyecto debería especificar claramente quién será el encargado de esta coordinación.
El abogado Nicolás Espejo comparte la preocupación por la falta de claridad en las obligaciones legales que otras reparticiones del Estado deberán cumplir para otorgar una protección integral a los menores que ingresan a los programas.
La jueza Mónica Jeldres identifica problemas en "cuestiones elementales, como el objeto del servicio, derechos no garantizados, ausencia de protección administrativa, en el diseño y dependencia jerárquica, que no asegura eficiencia en la coordinación con los tribunales de justicia".
Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, destaca que uno de los elementos potencialmente más valiosos es la desjudicialización de la mayoría de los casos. Sin embargo, advierte que si no existe una entidad especializada, con estándares clave y responsabilidad jerarquizada y administrativa, capaz de actuar con la potestad para exigir y derivar la oferta con pertinencia y oportunidad, se producirá un vacío que ni los tribunales ni las oficinas locales podrán resolver.
José Pedro Silva considera que se avanzará en aspectos específicos, asociados a mejores estándares técnicos y fortalecimiento del monitoreo y fiscalización.
Por su parte, Mónica Jeldres opina que esta ley no resolverá el problema.
Paolo Mefalopulos explica que el proyecto establece el principio de priorización, lo que se traducirá en que los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la administración del Estado. Para una priorización efectiva, se requiere establecer mecanismos de coordinación a nivel local entre las instituciones a cargo directo de los menores, como residencias, juzgados de familia, consultorios de salud y el sistema educativo.