La reciente revelación de deficiencias en los detalles sobre los decesos de menores bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de mejorar los procedimientos institucionales. En la última década, la institución dio a conocer el fallecimiento de 185 niños, una cifra que subraya la importancia de contar con mecanismos claros y exhaustivos para el registro y la notificación de estas trágicas eventualidades.
El Nuevo Protocolo de Muerte del SENAME
En respuesta a estas falencias, se ha implementado un nuevo "protocolo de muerte" con el objetivo de ser más explícitos en los procedimientos a seguir cuando ocurre el deceso de un menor bajo su protección. Según Jorge Lavanderos, jefe del departamento Jurídico del Sename, aunque "aún cuando ya existía la obligación de denunciar, quisimos ser más explícitos". Este nuevo protocolo representa un avance significativo, ya que amplía el registro a todos los decesos, no solo a aquellos que pudieran constituir delitos.
El protocolo establece una serie de pasos claros:
- En primer lugar, ante el deceso de un menor, se debe realizar una denuncia ante el Ministerio Público.
- Posteriormente, el director regional tiene la responsabilidad de comunicar los hechos al director nacional, proporcionando la información del menor y detallando las circunstancias de su muerte.
Esta medida busca garantizar que cada evento sea debidamente registrado y comunicado, superando la anterior práctica de registrar las muertes como un simple "egreso administrativo", sin la debida profundización en las causas.
Un Trágico Suceso y la Transición del Sistema
La implementación de este protocolo se produce en un contexto particularmente sensible, marcado por el reciente fallecimiento de un adolescente de 17 años en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín. El joven, bajo la tutela del Estado, falleció en un centro de salud tras un intento de suicidio en las dependencias del centro. Este lamentable suceso ocurrió en medio de la transición del sistema de gestión juvenil hacia el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia, que busca reemplazar al Sename y abordar sus deficiencias.
Según información preliminar, el deceso del joven se produjo alrededor de las 5 de la mañana, tras un intento de ahorcamiento en las instalaciones del recinto. Voces conocedoras del caso señalan que el adolescente, tras ingresar por conflictos con la justicia, habría experimentado dificultades que desencadenaron el trágico desenlace. El suceso ha llevado a la directora nacional del Sename, María Eugenia Fernández, a regresar de urgencia a Santiago para supervisar las diligencias relacionadas con el caso.
Fernández expresó el profundo dolor que estos hechos generan en los equipos y en toda la institución, destacando que "Sename no solo administra penas y condenas, también administramos dolores, traumas y heridas de los jóvenes que están a nuestro cuidado". Se han activado todos los protocolos y se están enviando antecedentes al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, además de revisar el historial del joven, marcado por experiencias de vulneración.
Cuestionamientos y la Comisión Asesora Presidencial
Las circunstancias que rodean este y otros fallecimientos han reavivado los cuestionamientos sobre las condiciones dentro de los recintos del Sename y la capacidad del sistema para prevenir tragedias. A pesar de que fuentes del servicio afirman que los protocolos se activaron de inmediato, se ha iniciado una investigación interna para evaluar la correcta aplicación de los procedimientos de atención y supervisión.
En un esfuerzo por reparar las vulneraciones ocurridas desde la creación del servicio, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas del Sename. El objetivo de esta comisión es investigar y visibilizar los hechos sufridos por niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal, aunque su conformación ya ha generado algunas reacciones y cuestionamientos por parte de ex usuarios del Sename.
Un Caso Emblemático: La Muerte de "K"
La profunda problemática del sistema se ve reflejada en casos como el de "K", una joven que falleció en junio de 2019 tras ingerir una sobredosis de medicamentos. Este trágico evento puso en evidencia las fallas en la atención médica y la posible negligencia por parte del personal de salud. A pesar de las súplicas y las evidencias de intentos de suicidio previos, la joven fue categorizada con una condición de mediana complejidad, lo que retrasó su atención oportuna.
La historia de "K" es un reflejo de una vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abandono materno y la dependencia emocional de su hermana menor. Tras ser separada de su hermana y enfrentar una severa depresión, "K" experimentó múltiples intentos de suicidio. A pesar de los esfuerzos de una cuidadora que renunció a su trabajo para dedicarle atención exclusiva, y de los intentos de su hermano Mauricio por brindarle un hogar estable, la tragedia se consumó.
El caso de "K" ha llevado a acciones legales, con sus abogados presentando una querella por homicidio simple contra el doctor Oscar Castro, añadiendo una agravante por la Ley Zamudio, argumentando la vulnerabilidad de la víctima como parte de un grupo social especialmente desprotegido.
Desafíos y Perspectivas Futuras
El caso de "K", al igual que otros, evidencia la necesidad de una profunda reforma en el sistema de protección de la infancia. La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo del personal y las deficiencias en la coordinación entre instituciones son factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los menores bajo su cuidado.
El hermano de "K", Mauricio, busca que casos como el de su hermana no se repitan, enfatizando la importancia de la prevención y la atención adecuada a la salud mental de los jóvenes en el sistema. Su lucha actual se centra en brindar estabilidad a su hermana menor, "E", quien también ha sido afectada por las difíciles circunstancias familiares.
La creación de un nuevo protocolo de fallecimiento, así como la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y la Comisión Asesora Presidencial, son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de una implementación rigurosa, una asignación adecuada de recursos y un compromiso continuo para garantizar el derecho a la vida, la protección y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado.
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