La reforma del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido un tema crucial en la agenda pública chilena, buscando restituir los derechos de los niños y niñas que han sido vulnerados. En un hito significativo, una de las iniciativas para reformar al Sename fue aprobada en votación general por 11 votos a favor.
El Ministro Marcos Barraza valoró el respaldo y precisó la importancia que tendría la creación de la Subsecretaría de la Niñez, esencial en materia de fiscalización de los programas de protección. El proyecto se hace cargo de las principales deficiencias que tiene el sistema en materia de niñez, partiendo del desafío de que debe crear una gran institucionalidad.
El Fin del Sename y la Creación de una Nueva Institucionalidad
Las últimas funciones que venía desempeñando el Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo de triste memoria producto de los numerosos casos de abusos y violencia de que fueron víctimas niños y adolescentes que estaban bajo su protección, han terminado. Fue el caso de la muerte de la joven Lissette Villa en 2016 y la conmoción que ello produjo lo que motivó que se pusiera en marcha una reforma para terminar con el Sename y crear una institucionalidad a cargo del cuidado de los menores vulnerados y otra que tomara la responsabilidad de velar por los menores con problemas penales y su reinserción.
Con esos fines se crearon el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”), que inició sus funciones en 2021, así como el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya puesta en marcha se hizo de forma gradual. El tránsito hacia esta nueva institucionalidad ha concluido y con ello también el Sename, lo que marca un hito. El gobierno anunció la creación del Servicio de Protección a la Niñez y la Adolescencia que reemplazará al antiguo Sename. Esta creación será el primer paso para reformar el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename).
Desafíos Persistentes y Fallas del Nuevo Sistema
Pese a que se ha creado una nueva institucionalidad que reemplazó las funciones del Sename, es alarmante constatar que parte de las graves vulneraciones que dieron lugar a este cambio no han logrado corregirse. Si bien el paso de haber terminado con dicho organismo y separar sus funciones en dos organismos especializados fue correcto, resulta alarmante constatar que los problemas de vulneración de derechos que motivaron esta reforma todavía no logran ser superados.
Esto no solo denota graves fallas de gestión por parte del Estado, sino que es totalmente incongruente con la definición de un país preocupado de la infancia y protección de los derechos humanos. Desde luego hay problemas que sí han logrado ser corregidos a partir de la nueva institucionalidad, pero no es posible pasar por alto que, pese a que Mejor Niñez ya lleva algunos años de funcionamiento, la Defensoría de la Niñez reporta que:
- Siguen registrándose sobrecupos en residencias.
- Existen listas de espera para ingresos y para programas reparatorios.
- Se presentan dificultades para recibir de vuelta a menores con perfiles complejos.
- Continúan reportándose denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia al interior de residencias o situaciones de abuso sexual, entre otras anomalías.
Preocupantes Estadísticas y Violencia
Chile registra preocupantes índices en materia de vulneración de derechos de niños y adolescentes. En 2024, por primera vez, el número de menores que ingresaron a algún programa de Mejor Niñez (156 mil) superó al total de niños nacidos ese año. También debería alarmar el hecho de que si en 2020 los menores atendidos representaban el 3,9% de la población menor de 18 años, actualmente supera el 5%.
La violencia física y psicológica sigue siendo un problema muy extendido, tal como lo reveló la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización (2023) realizada entre estudiantes de 12 y 17 años, según la cual la violencia hacia niños y adolescentes por parte de sus cuidadores aumentó fuertemente en seis años, pasando de un 35% en 2017 a un 39%.
Propuestas y Reformas Adicionales
Dentro de las modificaciones anunciadas por el gobierno para este sistema se encuentra la creación de un Consejo de Expertos y el cambio de nombre de los actuales Organismos Colaboradores del Sename (Ocas) que pasarán a llamarse Colaboradores Acreditados. El informe sobre estas situaciones constituye un hecho de gran significación, no solo porque hace visible una cruda realidad.
Desde ningún punto de vista es factible seguir tolerando situaciones de violencia y maltrato históricamente naturalizadas en los contextos residenciales de nuestro país. La historia del cuidado y la protección de niños en residencias está vinculada a situaciones donde la dignidad de los niños y sus familias ha resultado violentada permanentemente.
La Necesidad de un Cambio Cultural e Institucional
Desde la intervención psicosocial se elaboran escalas, construyen instrumentos y diseñan intervenciones que permiten anticipar y actuar efectivamente en situaciones de vulneración. Sin embargo, el Estado y la sociedad civil deben asumir que cualquier tipo de cambio en el actual sistema de protección no se puede sostener sobre una cultura institucional que naturaliza formas de violencia hacia los niños, justificando las carencias o deficiencias de la labor que se realiza como si fuese algo inevitable o propio de esos contextos.
Los niños, lamentablemente, comienzan a hacerse escuchar desde su condición de vulnerabilidad, fragilidad, dependencia y del dolor que acompaña los testimonios de su vida en una residencia. Esto da cuenta de la relevancia que tiene para la sociedad continuar la discusión iniciada en la Cámara de Diputados, y que los antecedentes expuestos en esa instancia se traduzcan en políticas públicas que protejan la infancia.
La protección de los niños no puede seguir vulnerando su dignidad y exponiéndolos a situaciones de sumisión ante un sistema o a formas de desarraigo de sus contextos vinculares y de pertenencia. La Comisión Investigadora de la Cámara deja sobre la mesa un enorme desafío para instituciones como el Sename, el Ministerio de Justicia, Tribunales de Familia y el Consejo Nacional de la Infancia: una profunda reforma del actual sistema de protección residencial, así como de aquellos paradigmas obsoletos y conservadores sobre el cuidado de los niños que están en estas condiciones, pues ya se conocen los profundos daños que generan.
Propuestas Específicas para la Reforma
Entre las propuestas clave para una nueva política e institucionalidad de protección de la infancia se encuentran:
- La creación de dos nuevas instituciones.
- La creación del defensor del niño.
- La consolidación de la tan anhelada ley de protección integral de derechos.
Un aspecto fundamental es que todas las instituciones vinculadas a la protección de la infancia, ya sean estatales o privadas, tienen hoy el deber de trabajar por la restitución de la confianza, de la sociedad, pero principalmente de los niños, respecto de la labor que hoy realizan. Después de la indignación, la impotencia y el silencio, estamos ante la posibilidad de construir un nuevo pacto, un nuevo compromiso entre el Estado, la sociedad y los niños.
Avances y Limitaciones del Nuevo Servicio
Hay que reconocer que el Nuevo Servicio de Protección Especializado tiene algunos cambios que se valoran como positivos, como la flexibilidad de mantener la subvención del Estado para los jóvenes hasta los 24 años que están en el sistema de cuidados alternativos y el establecimiento de programas de acompañamiento y preparación para la vida independiente. Esto aplica cuando la revinculación familiar de aquellos que perdieron el cuidado de sus padres no fue posible, asumiendo el Estado la responsabilidad de apoyarlos en su proceso de independización.
Sin embargo, se ha reiterado la necesidad de contar con una Ley de Garantía de Derechos que instale un sistema de protección integral y administrativo en el nivel local y los demás niveles de administración del Estado, orientado a la prevención efectiva y apoyo a los niños, niñas y adolescentes (NNA), y sus familias. Mientras no exista esta Ley de Garantía, este Servicio estará limitado, pudiendo verse enfrentado a las mismas situaciones que hoy vive el Sename. La polivictimización y la multidimensionalidad de las vulneraciones de derechos exige foco en la prevención y en que los demás ministerios y servicios cumplan su rol de garantes.
Deben brindar los programas, servicios y prestaciones que apoyen el trabajo de restitución de derechos que le corresponde a este servicio especializado.
Críticas al Modelo de Financiamiento
Por otra parte, no se generaron modificaciones al modelo de subsidiariedad. Durante la tramitación de la Ley de este nuevo servicio, se propuso incorporar, al menos, un artículo transitorio que indicara que el sistema de financiamiento sea en base a estándares de calidad y al logro de resultados medibles. Hay suficiente evidencia de que el modelo de subvenciones, regulado por la Ley 20.032, no permite cumplir incluso con las exigencias actuales y que existe una alta rotación de profesionales y técnicos por los salarios y por el desgaste que implica el trabajo.
De la información disponible, se puede señalar que el Sename gastaba en un niño en un centro de administración directa entre $2.500.000 y $3.000.000 en el modelo de vida familiar que está reemplazando a los CREAD. Pero las organizaciones que disponen de una mayor cantidad de recursos por su capacidad de recaudación de fondos y redes, gastan alrededor de $1.500.000 pesos por niño. En contraste, una institución pequeña gasta el monto correspondiente a la subvención, lo que genera inequidad, desigualdad, discriminaciones y diferencias en la atención a niños, niñas y adolescentes que tienen características y necesidades similares.