El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, a través de su 5° Informe de Política Pública, ha realizado un exhaustivo análisis de las denuncias recibidas por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) entre los años 2021 y 2023. Este informe se centra en hechos que podrían constituir delitos contra niños, niñas y adolescentes mientras se encontraban bajo procesos de protección estatal.
El estudio aborda la problemática desde diversas perspectivas, analizando la situación por cada región, tipo de delito, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y residencias). La información recopilada revela complejas realidades y desafíos persistentes en el sistema de protección infantil en Chile.
Situación en Centros Residenciales y Violencia entre Pares
En la línea de cuidado alternativo residencial, se observa una preocupante tendencia: durante los años 2021 y 2023, se registraron un promedio de tres denuncias por cada víctima. En el año 2023, el 43% de los casos en centros residenciales evidenciaron violencia entre pares. De manera alarmante, por cada 1.000 niños, niñas y adolescentes atendidos en el Servicio de Protección Especializada, se identificaron 78 víctimas. Los centros residenciales presentan una tasa significativamente mayor, registrando 360 víctimas por cada 1.000 atendidos.
El informe destaca que los centros residenciales exhiben una mayor tasa de victimización en comparación con otros tipos de cuidado y programas. Esto subraya la complejidad inherente a este tipo de atención y, paradójicamente, evidencia que la institucionalización ocurre precisamente debido a vulneraciones graves de derechos, contexto en el cual se produce la revictimización.
Explotación Sexual y Tasas Regionales
Un aspecto crítico abordado en el informe es la explotación sexual. Durante 2023, se identificaron un total de 619 víctimas de explotación sexual, todas menores de 17 años. La Región de Magallanes presenta una tasa alarmantemente alta, con 13 víctimas por cada mil atendidos, en contraste con la tasa nacional de 3 por cada mil.
Se determinó que en el 85% de las denuncias por explotación sexual, el principal agente agresor proviene de la comunidad. Además, por cada víctima de explotación sexual, se registraron en promedio 4,7 denuncias adicionales en un solo año. Del total de denuncias, 1.452 se relacionan con "contra la indemnidad sexual" y 1.089 con "contra la integridad física o psicológica".
Marco Normativo y Nuevas Institucionalidades
A partir de marzo de 2022, la promulgación de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia proporcionó a Chile un marco normativo robusto para abordar de manera integral la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, destinado a un sistema de justicia especializado con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, buscan fortalecer la institucionalidad para el respeto y la protección de estos derechos.
No obstante, se subraya la necesidad de políticas públicas que aseguren condiciones socioeconómicas suficientes para que las familias puedan ejercer su rol protector. Asimismo, es fundamental mejorar la coordinación entre la oferta programática de protección especializada y la protección social dirigida a las familias, garantizando el acceso a todas las prestaciones sociales para los niños, niñas y adolescentes bajo cualquier medida de protección.
Reformulación del Cuidado Alternativo Residencial y Apoyo a Familias
Se identifica la necesidad de reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la concentración masiva de niños y niñas en residencias y asegurar el buen trato. Esto implica fortalecer el trabajo con las familias para superar las vulneraciones y facilitar la reunificación familiar, garantizando el derecho a vivir en familia. UNICEF, en este sentido, apoya la reformulación para el cierre de los CREAD y la consolidación de nuevas residencias familiares.
Además, UNICEF colabora en el rediseño de programas de familias de acogida, el diseño de programas de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y el rediseño de programas ambulatorios para mejorar su efectividad y prevenir la separación familiar.
La "Familia Colaboradora" de acogida de menores
Desafíos en la Responsabilidad Penal Adolescente
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se considera esencial establecer el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado. Este servicio deberá coordinar y ofrecer programas orientados a la reinserción social efectiva y a la promoción de conductas que alejen a los adolescentes de la comisión de delitos. También se hace hincapié en la mejora de las condiciones de infraestructura y habitabilidad de los centros de privación de libertad, así como en la supervisión de los programas brindados.
Investigación de la PDI y Hallazgos Críticos
Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, reveló hallazgos contundentes sobre la vulneración sistemática de derechos de niños y adolescentes bajo tutela estatal. En el 100% de los centros administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual. Este informe, entregado a la Fiscalía y al gobierno en diciembre de 2018, no se hizo público en su momento.
El documento de la PDI, de 257 páginas, surge como resultado de una extensa investigación solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investigaba 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. La investigación policial abarcó 240 de las 241 residencias existentes en el país, proporcionando una visión detallada de la situación de aproximadamente 6.500 niños en el sistema de residencias.
Desglose de Vulneraciones y Deficiencias en Protocolos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares dentro de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe policial es categórico al afirmar que estas acciones de vulneración de derechos "se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Adicionalmente, se encontró que el 62,9% de los hogares presentaban casos de "deserciones del sistema", cifra que aumenta al 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
En cuanto a los protocolos de funcionamiento, el equipo policial determinó que el 44,5% de los centros no cumplían con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Aterradoramente, el 72,9% de los centros a nivel nacional carecía de protocolo ante conductas suicidas, y el 76,7% no contaba con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa se debió a errores en la contención de una crisis.
La gran mayoría de los hogares tampoco disponía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, estas supervisiones son, en su mayoría, coordinadas previamente. Los tribunales de familia, encargados de fiscalizar los centros del Sename al menos cada seis meses, también mostraron deficiencias, con algunos hogares recibiendo solo visitas anuales.
Problemas de Salud y Personal Calificado
El informe de la PDI revela una alta prevalencia de enfermedades entre los menores a cargo del Sename: el 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica, el 14,2% alguna patología médica, el 13,9% una enfermedad crónica, el 0,4% está en estado terminal o en riesgo vital, y el 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La situación se agrava por la falta de personal calificado. El 42% de los centros no tiene un encargado de salud, y en los que sí lo tienen, la función a menudo es ejercida por personal sin la formación adecuada. En 159 centros, la administración de medicamentos recae en educadores de trato directo sin formación profesional o técnica en salud, a pesar de que un educador solo requiere tener cuarto medio rendido para ser contratado.
La dramática situación se ve acentuada por el hecho de que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Incremento de Niños y Adolescentes en Centros de Protección
Se observa un inédito aumento en las derivaciones de bebés y niños, víctimas de vulneración de derechos, a residencias de protección especial, ordenadas por tribunales. Los menores de 24 meses de edad en estos hogares aumentaron un 72% entre octubre de 2021 y marzo de 2025. Las razones incluyen la entrega voluntaria para adopción, negligencia, maltrato, abandono y abuso por parte de padres o cuidadores.
Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), asocia este incremento con la violencia intrafamiliar en el caso de bebés y niños, mientras que los motivos para adolescentes son más diversos. El número total de menores de 18 años en programas de cuidado alternativo también ha aumentado, pasando de 4.417 en 2021 a 5.018 en febrero de 2025, impulsado por la primera infancia y los adolescentes de 14 a 17 años.
Castillo advierte que la capacidad estructural del Servicio está al límite, y que la saturación podría generar tensión en todo el ecosistema de protección. La situación de estos miles de niños, niñas y adolescentes requiere actuar con urgencia, decisión y humanidad. El aumento de bebés en residencias presenta un desafío profundo, ya que "nunca estuvo en las proyecciones ni en el diseño del Servicio".
Transición hacia Familias de Acogida
Desde 2016, la atención hacia los niños y adolescentes bajo tutela estatal en Chile se ha intensificado. En 2016, se reveló que entre 2005 y 2013, más de 860 menores fallecieron mientras estaban bajo la protección del Sename. Las condiciones de las residencias también han sido motivo de preocupación, con un informe de la Corte Suprema en marzo de 2023 que detalló la "crítica situación" en 289 residencias, donde 513 menores se encontraban en "completo abandono".
Se destaca un aumento significativo en las familias que acogen a niños vulnerables. En 2007, más del 90% de los menores en programas de cuidados alternativos se encontraban en residencias, mientras que en 2024 esta cifra se redujo al 33%. Esto se debe a la designación de la mayoría de los menores a Familias de Acogida, un programa estatal que busca que estos niños sean recibidos transitoriamente en hogares de personas en proceso de postulación y capacitación.
El objetivo es lograr transiciones más rápidas y amigables entre los menores y las familias que los reciben temporalmente, promoviendo un entorno más familiar y protector.
tags: #porcentaje #ninos #vulnerados #sename