La violencia está presente de forma continua en nuestras vidas, no solo en las relaciones familiares, sino en todos los espacios de la sociedad y en la cultura. Ante situaciones de vulnerabilidad, ya sea por violencia de género o por la amenaza o vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), existen diversos mecanismos legales y procesos para iniciar la protección y realizar las denuncias pertinentes en Chile. Es crucial conocer los plazos, las instituciones involucradas y los derechos que asisten a las víctimas y a quienes denuncian.
Protección ante la Violencia contra las Mujeres
Contexto Legal de la Violencia Intrafamiliar (VIF)
En Chile, no existe una ley que sancione la violencia contra las mujeres de modo explícito ni que considere las distintas violencias que se viven a diario. Solo existe la ley de Violencia Intrafamiliar (VIF), la cual aborda la violencia dentro del ámbito familiar.
Canales de Orientación y Denuncia
Si estás viviendo violencia machista o eres testigo y necesitas orientación, puedes llamar al teléfono 1455 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Es anónimo, gratuito y atiende todos los días las 24 horas.
Las denuncias se pueden realizar en las siguientes instituciones:
- Juzgados de Familia
- Carabineros
- Policía de Investigaciones (PDI)
- Ministerio Público
Si no existe evidencia de violencia física, o la denuncia es por violencia psicológica o económica, el mejor camino es el Juzgado de Familia.
Proceso de Denuncia y Medidas Urgentes
Para realizar la denuncia, basta con el testimonio de la persona afectada. Sin embargo, si hay violencia física, es recomendable asistir a un centro de salud para constatar lesiones. De acuerdo con la nueva ley, estas lesiones no podrán ser calificadas como leves, sino como menos graves.
La persona afectada o cualquier persona que conozca los hechos, ya sea un familiar, una amiga o un vecino/a, e incluso los/as funcionarios/as públicos, tienen el deber de denunciar.
Si la violencia se ejerce de forma habitual, ya sea física o psicológica, se considera como actos de violencia reiterados en el tiempo. En caso de sentirse en riesgo - si se tiene miedo, se siente intimidada o amenazada y se teme por la integridad - se debe concurrir al centro de medidas cautelares. Allí, una consejera conversará con la afectada, quien luego pasará a hablar con el o la jueza, quien podrá decretar de inmediato las medidas cautelares que se necesiten.
Se entregará un documento, que la afectada deberá llevar siempre consigo. El juez o jueza hará llegar, al mismo tiempo, una copia a Carabineros para que notifique al agresor. Si la persona se siente más tranquila, puede ir ella misma a Carabineros a dejar una copia del documento y pedir el nombre del carabinero que quedará a cargo del cumplimiento de las medidas de protección, así como el número de teléfono al que tiene que llamar en caso de estar en peligro.
Si se huyó del hogar y no se desea que el agresor se entere del lugar en el que se está, se debe solicitar el secreto de los datos personales para que no aparezcan en ninguna parte. Es importante que al pedir medidas de protección, se considere solicitar la pensión de alimentos para los hijos/as y para la propia afectada. Según la ley, el juez o jueza tiene el deber de otorgar medidas de protección a la víctima, y es un derecho solicitar que se dicte “cualquier” medida que se sienta que protegerá.
Incumplimiento de Medidas de Protección
Es importantísimo llamar a Carabineros inmediatamente, ya que ellos tienen la obligación de detener al agresor que no cumpla las órdenes del Tribunal. Es recomendable tener a mano una copia de la resolución judicial que indica la medida de protección para mostrársela a Carabineros y agilizar su trabajo.
El o la jueza podrá ordenar el arresto hasta por 15 días del agresor que no respete las medidas de protección.
Las sanciones por VIF pueden ser multas que van de media Unidad Tributaria Mensual (aproximadamente 20.000 pesos chilenos) a quince UTM (aproximadamente 600.000 pesos chilenos). El Registro Civil tiene la obligación de llevar un registro especial de las personas condenadas como autoras de violencia intrafamiliar.
Etapas del Proceso Judicial
El proceso judicial en los Juzgados de Familia para casos de VIF generalmente incluye dos audiencias:
- Audiencia Preparatoria: El o la jueza citará a la afectada y al agresor. En esta oportunidad, se deben nombrar los medios de prueba que se presentarán para comprobar lo informado. Es importante relatar todos los hechos. Si se necesita anotar cosas de antemano para no olvidarlas, se puede hacer. El juez o jueza puede, así mismo, solicitar las pruebas que estime convenientes.
- Audiencia de Juicio: Aquí se presentarán las pruebas para corroborar lo dicho en la denuncia y se dictará la sentencia. Si se tienen otras pruebas como mensajes en celular, testigos, cartas, fotos de las huellas de las agresiones, amenazas de muerte o de suicidio por parte del agresor, etc., es el momento de presentarlas.
No se necesita un abogado/a para presentar la denuncia ante el Juzgado de Familia.
Ley N° 21.369: Acoso y Violencia de Género en Educación Superior
La Ley N° 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior, entró en vigencia el 15 de septiembre de 2021. Esta ley consagra el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de acoso sexual, violencia de género y discriminación de género en dicho ámbito (Artículo 1°).
Implementación y Plazos
En su artículo transitorio, la ley indicaba que las Instituciones de Educación Superior (IES) disponían de un plazo máximo de un año, que se cumplió el 15 de septiembre de 2022, para implementar modelos de prevención e investigación y sanción (construidos participativamente). Además, desde la implementación de estos modelos, cuentan con un plazo de 90 días (prorrogable por 30 más) para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el artículo 9° de la ley.
A tres años de la publicación de la Ley N° 21.369, el sistema de educación superior chileno ha completado exitosamente su fase de instalación normativa, logrando una cobertura casi total en el cumplimiento de los protocolos exigidos. Sin embargo, la apropiación cultural, la integración curricular y la celeridad en los procesos de sanción emergen como desafíos determinantes para el período 2026-2027.
Aspectos Clave de la Ley
- Aborda tres problemáticas: acoso sexual, violencia y discriminación de género.
- El consentimiento debe ser explícitamente expresado respecto a cualquier conducta o situación, no siendo deducible frente a la falta de resistencia o silencio de la persona afectada.
- La Superintendencia de Educación Superior es la encargada de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de la ley por parte de las IES.
- La política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género debe contener un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos.
- Cada modelo debe estar a cargo de unidades independientes integradas por personal capacitado en temas de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.
A partir del 01 de octubre de 2023, entraron en vigencia nuevos criterios y estándares de acreditación institucional para los subsistemas universitario y técnico profesional, que incorporan un criterio específico denominado “Gestión de la Convivencia, Equidad de Género, Diversidad e Inclusión”.
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
Esto es lo que debes saber si te citaron a una audiencia de vulneración de derechos en Chile
Definición y Marco Legal de las Medidas de Protección
Las medidas de protección son resoluciones judiciales que adopta el Tribunal de Familia cuando los derechos de un niño, niña o adolescente (NNA) se encuentran amenazados o gravemente vulnerados. Están reguladas en los artículos 68 a 80 bis de la Ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia y en la Ley N° 21.430 (2022), que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez.
Su finalidad no es sancionar a los adultos responsables, sino proteger al NNA y restituir el pleno ejercicio de sus derechos. El principio rector de todo el sistema es el interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y desarrollado en el artículo 3 de la Ley 21.430. Este principio obliga al tribunal a priorizar el bienestar integral del NNA por sobre cualquier otro interés en juego.
Es fundamental comprender que el procedimiento proteccional tiene una lógica distinta: no busca culpables ni castigos, sino restablecer condiciones de seguridad para el NNA. Las medidas de protección son esencialmente provisorias y revisables, con una duración máxima de un año, prorrogable de forma fundada.
Situaciones que Activan Medidas de Protección
Las medidas proceden cuando un NNA se encuentra en situación de amenaza o vulneración de derechos, abarcando toda situación que comprometa su integridad física, psíquica, emocional o social. Esto incluye:
- Maltrato físico o psicológico por parte de padres, cuidadores u otros adultos, incluyendo castigos corporales desproporcionados y violencia verbal o emocional sistemática.
- Negligencia grave, entendida como la falta de provisión de alimentación, salud, educación, vestimenta o supervisión adecuada, así como la falta de estímulo emocional y vínculos afectivos estables.
- Abuso sexual en cualquiera de sus formas.
- Violencia intrafamiliar en el hogar que afecte directa o indirectamente al NNA, incluso si es solo testigo.
- Abandono total o parcial.
- Explotación laboral o sexual.
- Consumo problemático de sustancias por parte de los cuidadores que ponga en riesgo la seguridad o el desarrollo del NNA.
Quién Puede Solicitar Medidas de Protección y Plazos
El artículo 70 de la Ley 19.968 establece una legitimación activa amplia. El procedimiento puede iniciarse de oficio por el tribunal, a solicitud de cualquier persona que tenga conocimiento de la vulneración, por Carabineros de Chile, por la Policía de Investigaciones, por el Ministerio Público, por el Servicio Nacional de Protección Especializada, por las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), por establecimientos educacionales, por centros de salud, por la Defensoría de la Niñez o por cualquier organismo público. No se requiere formalidad alguna para dar inicio al procedimiento: basta la petición de protección verbal o escrita.
Los profesionales de salud, educación y atención de NNA tienen una obligación legal de denuncia. El artículo 175 del Código Procesal Penal impone a directores de establecimientos educacionales, profesionales de salud y funcionarios públicos el deber de denunciar los hechos que pudieren constituir delito contra NNA. La denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomó conocimiento del hecho.
Si un NNA sufre maltrato, negligencia grave, abuso o cualquier forma de vulneración de derechos, el Tribunal de Familia puede decretar medidas cautelares de protección incluso antes de iniciar formalmente el procedimiento, dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento en los casos más urgentes.
Medidas Cautelares Específicas (Artículo 71 Ley 19.968)
El juez puede decretar en cualquier momento del procedimiento, e incluso antes de su inicio formal, cuando exista urgencia, las siguientes medidas cautelares, que no son taxativas:
- Su entrega inmediata a los o las progenitoras o a quienes tengan legalmente su cuidado.
- Confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia.
- El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia.
- Disponer la concurrencia de niños, niñas o adolescentes, sus progenitores o progenitoras, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación.
- Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente.
- Prohibir o limitar la presencia del o de la ofensora en el hogar común.
- Prohibir o limitar la concurrencia del o de la ofensora al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde este o esta permanezca, visite o concurra habitualmente.
- La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda.
La internación en un establecimiento de protección solo procede como último recurso cuando sea estrictamente indispensable separar al NNA de su medio familiar para cautelar su integridad física o psíquica (art. 80 Ley 19.968). La Ley 21.430 refuerza este principio al establecer que la separación debe ser lo más breve posible y orientarse siempre a la revinculación familiar.
El Procedimiento de Protección
El procedimiento de medidas de protección se rige por los artículos 68 a 80 bis de la Ley 19.968 y se caracteriza por su informalidad, rapidez y oralidad.
- Inicio y medidas inmediatas: Cualquier persona, institución o el propio tribunal puede dar inicio al procedimiento. Si existe urgencia calificada, el tribunal puede decretar medidas cautelares de plano, es decir, sin audiencia previa y dentro de las primeras horas.
- Audiencia preparatoria: El tribunal cita a los padres, cuidadores y demás intervinientes a una audiencia que debe celebrarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al ingreso del requerimiento. El NNA tiene derecho a ser oído.
- Informes y pericias: El tribunal puede solicitar informes al Servicio Nacional de Protección Especializada, OLN, equipos técnicos del tribunal o peritos externos. El plazo para su evacuación varía entre 30 y 90 días.
- Audiencia de juicio y resolución: Con los antecedentes reunidos, el tribunal celebra la audiencia de juicio donde las partes rinden prueba y formulan alegatos. El juez resuelve si procede mantener, modificar, sustituir o dejar sin efecto las medidas.
- Curador ad litem: En todo procedimiento de protección, el tribunal debe designar un curador ad litem que represente los intereses del NNA cuando estos puedan ser distintos a los de sus padres o cuidadores.
Derechos de Padres y Cuidadores en el Procedimiento
Los padres y cuidadores tienen derechos procesales plenos, no quedan desprovistos de garantías constitucionales y legales:
- Derecho a ser oído y a participar: Comparecer en audiencias, conocer antecedentes, presentar prueba, formular observaciones y alegatos.
- Derecho a defensa letrada: Comparecer con abogado en todas las instancias.
- Derecho a impugnar las resoluciones: Las resoluciones que decretan medidas de protección son apelables ante la Corte de Apelaciones, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación.
- Derecho a solicitar la revisión y cese de las medidas: Las medidas son revisables, y los padres pueden solicitar su modificación, sustitución o cese si demuestran que las circunstancias han cambiado.
- Derecho a contrapericia: Solicitar la realización de pericias independientes.
Sistema de Garantías y Protección Integral (Ley N° 21.430)
La Ley N° 21.430, vigente desde el 15 de marzo de 2022, creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Sus puntos clave son:
- Consagración de NNA como sujetos de derecho: Con autonomía progresiva.
- Creación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN): Primer nivel de atención ante vulneraciones, dependientes de las municipalidades, pueden adoptar medidas de protección administrativas.
- Servicio Nacional de Protección Especializada: Reemplazó al antiguo SENAME en la atención de NNA gravemente vulnerados, ejecuta medidas decretadas por tribunales.
- Principio de desjudicialización: Busca que la intervención judicial sea el último recurso.
Medidas Administrativas vs. Judiciales
Desde la entrada en vigencia de la Ley 21.430, el sistema de protección de NNA en Chile opera en dos niveles diferenciados: el administrativo (a cargo de las Oficinas Locales de la Niñez) y el judicial (a cargo del Tribunal de Familia). En las comunas donde las OLN aún no están operativas, los casos continúan ingresando directamente al Tribunal de Familia.
Obligación Legal de Denunciar Abusos a NNA
La obligación de denunciar abusos o maltratos contra menores de edad está establecida principalmente en las siguientes normativas y aplica a toda persona:
Normativa Aplicable
- Código Procesal Penal (Artículo 175): Establece la obligación legal de denunciar cualquier delito que llegue a conocimiento en el ejercicio de funciones para funcionarios públicos, profesionales de la salud, personal de educación y personas a cargo de menores.
- Ley 16.618 (Ley de Menores, Artículo 66): Refuerza el deber de denunciar hechos de maltrato físico o psíquico para personas encargadas de la educación y cuidado de menores.
- Ley 21.013 (Maltrato Relevante, vigente en 2026): Tipifica el delito de maltrato contra NNA y personas vulnerables, permitiendo medidas inmediatas ante indicios de violencia.
- Ley 21.430 (Garantías y Protección Integral): Establece el deber general del Estado, la familia y la sociedad de proteger los derechos de la niñez.
Plazo y Sanciones
La denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomó conocimiento del hecho. Quienes omitan esta obligación, especialmente en casos de delitos sexuales contra menores, pueden enfrentar penas equivalentes a las de un encubridor del delito.
Canales para Denunciar
- Carabineros de Chile: Fono Niños (147) o 133.
- Policía de Investigaciones (PDI): Fono 134.
- Ministerio Público (Fiscalía): Presencialmente o a través de sus canales oficiales.
- Tribunales de Familia: Para medidas de protección inmediata.
- Defensoría de la Niñez: 800 994 000.
También se puede acudir directamente al Tribunal de Familia del domicilio del NNA y presentar un requerimiento de protección, sin necesidad de abogado ni formalidad.
Prevalencia sobre el Secreto Profesional y de Confesión
En Chile, la obligación de denunciar abusos a menores prevalece sobre casi cualquier otra consideración, incluyendo el secreto profesional y el secreto de confesión. No existen excepciones que permitan omitir la denuncia cuando se trata de la integridad física o psíquica de un NNA.
El Secreto Profesional no es una Excusa
El secreto profesional tiene límites legales claros. En el ámbito de la salud (médicos, psicólogos, enfermeros), la ley chilena establece que el deber de proteger la vida y la integridad de un menor es superior al deber de confidencialidad. Si un profesional detecta signos de abuso o maltrato, el secreto profesional se rompe obligatoriamente por mandato del Artículo 175 del Código Procesal Penal. Omitir la denuncia por invocar el secreto profesional puede ser considerado negligencia o mala praxis, y el profesional puede ser sancionado como encubridor.
El Interés Superior del Niño es precisamente la razón por la cual la denuncia es obligatoria, obligando a todas las instituciones y personas a anteponer los derechos y la seguridad del menor sobre cualquier otro interés privado o profesional.
El Código Procesal Penal exime de la obligación de denunciar únicamente a personas con ciertos vínculos afectivos directos con el imputado (Artículo 177 CPP), pero esta excepción NO aplica para los profesionales obligados por su cargo.
El Secreto de Confesión
Desde 2019, la legislación chilena ha avanzado para cerrar brechas de impunidad en instituciones religiosas. Sacerdotes y autoridades religiosas tienen la obligación legal de denunciar ante la justicia ordinaria cualquier delito cometido contra menores de edad del que tengan conocimiento en razón de su cargo, bajo el mismo estándar y plazo de 24 horas que otros profesionales.
Para el Estado chileno, el secreto de confesión no es una excepción válida para omitir la denuncia de un delito de abuso sexual contra un NNA, priorizando la protección de los menores.
Interconexión con Otros Procedimientos Judiciales
Los procedimientos de protección rara vez se presentan de forma aislada:
- Violencia intrafamiliar: Cuando el NNA es víctima directa o testigo de VIF, el tribunal puede decretar simultáneamente medidas de protección del artículo 71 de la Ley 19.968 y medidas cautelares del artículo 92 de la Ley 20.066 (VIF).
- Cuidado personal y régimen de visitas: Las medidas de protección pueden alterar temporalmente la distribución del cuidado personal y del régimen de relación directa y regular (visitas).
- Pensión de alimentos: En situaciones de negligencia grave vinculada a la falta de provisión económica, las medidas de protección pueden conectarse con la obligación alimentaria.
Si usted tiene conocimiento de que un niño, niña o adolescente está siendo maltratado, abusado o gravemente desatendido, puede actuar de inmediato. Si es padre, madre o cuidador y le notificaron una medida de protección, es fundamental que no ignore la notificación y comparezca con asesoría legal.