El mundo se encuentra en un proceso de envejecimiento demográfico desde hace más de tres décadas, un fenómeno que se acelera en Latinoamérica, generando un cambio irreversible en la estructura de edades. La cúspide de la pirámide poblacional, conformada por personas de 60 años o más, es cada vez más ancha. El envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida son realidades complejas que plantean nuevos desafíos asociativos y distributivos, para los cuales las respuestas tradicionales del siglo XIX ya no son consistentes, según Dabove (2013).
Contexto del Envejecimiento Demográfico en América Latina
Perú, por ejemplo, experimenta un envejecimiento poblacional moderado, con el 12.4% de su población total conformado por personas adultas mayores, en un contexto de altas brechas de desigualdad social. De manera similar, Chile se posiciona como uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, con el 18.4% de su población total mayor de 60 años y el 14% mayor de 65 años.
La Participación Social como Eje del Envejecimiento Activo y Derecho Humano
La participación social se erige como uno de los principios fundamentales del modelo del envejecimiento activo y de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Argentina y Chile en 2017. El artículo 8° de esta Convención establece el derecho a una participación activa, productiva, plena y efectiva de las personas mayores.
En esta era de globalización que, a menudo, conlleva a una significativa marginación social, es crucial analizar los desafíos en los procesos de resistencia e incidencia política. Las políticas públicas y servicios para las personas adultas mayores deben ser diseñados con ellas, y no simplemente para ellas, reconociéndolas como ciudadanas y sujetos de derechos.
Desafíos y Críticas a las Políticas Actuales
Dabove (2018) afirma que, en una sociedad acelerada y permeada por prácticas viejistas o edadistas, es común que los saberes de las personas mayores se consideren obsoletos, su memoria inútil, o sus capacidades de aprendizaje agotadas. Esta perspectiva genera grandes brechas de desigualdad, como se observa en Perú, donde el acceso limitado o inadecuado a servicios de protección social vulnera el pleno ejercicio de sus derechos, situándolas en desprotección o sobreprotección.
El derecho actual, concebido para una realidad poblacional distinta, aún requiere adaptaciones para un mundo multigeneracional, como indica Dabove (2018). Es vital visibilizar y respetar la unicidad y gran diversidad de las personas adultas mayores, lo que ha llevado a la denominación pluralizada del término “vejeces”. A pesar de avances normativos, persisten políticas focalizadas en carencias, en lugar de universales que partan de las potencialidades, agudizando discriminaciones y exclusiones. Por ello, la cuestión social de las vejeces abarca una complejidad multidimensional.
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El Imprescindible Rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil
En países como Perú, existen organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones de incidencia política respecto de la agenda pública de la población adulta mayor, algunas con trayectoria de más de treinta años y otras más recientes. Estas son conformadas por personas de este grupo etario, así como por agrupaciones de personas de otras edades que se desarrollan en el campo gerontológico. Como bien señala Pérez (2009), se caracterizan por sus espacios plurales y diversos, así como su autogestión, autonomía e independencia del Estado. Asimismo, tienen el objetivo de visibilizar las problemáticas de la población adulta mayor en su gran diversidad que, han sido estructuralmente invisibilizadas y/o sesgadas por una serie de estereotipos y prejuicios.
Actualmente, una de las principales agendas de incidencia en Perú es la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo proceso se encuentra paralizado en el Congreso de la República, pero ha logrado ser abordado en la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad. Desde su accionar, estas organizaciones no tratan de llegar al “poder”, sino de luchar porque el poder del Estado sea participativo. Buscan empoderarse con información, hacer visible su agenda de manera crítica y erradicar prácticas paternalistas, asistencialistas e infantilistas. Su consigna es clara: visibilizar, cuestionar y proponer.
Estas organizaciones buscan promover la participación como un derecho humano y una necesidad exigible. Desde el paradigma de Derechos Humanos, existe la necesidad de garantizar la representación de las personas adultas mayores en los organismos públicos relacionados a la toma de decisiones de cuestiones que les conciernen. Con base en la afirmación de Alguacil (2008), la participación real de las personas adultas mayores permitiría que ellas accedan y ejerzan el rol de ciudadanía, generando en ellas una apropiación del espacio público de manera compartida, el sentimiento de ser “mío, nuestro”, sin excluir de él a los otros ciudadanos y ciudadanas.
Barreras para la Participación Efectiva de las Personas Mayores
A pesar del reconocimiento de la participación como derecho, las personas mayores enfrentan múltiples obstáculos:
Barreras Culturales y Sociales
La existencia de barreras culturales relacionadas con prejuicios y estereotipos de la vejez se presenta como un obstáculo para el ejercicio de sus derechos, destacándose también la ausencia de educación para la vejez, ya sea en un ámbito formal o informal (Padilla, 2017). No existe un reconocimiento intergeneracional de las vejeces, e incluso hay muchas personas adultas mayores -sobre todo hombres- que no se reconocen como tal y terminan siendo cómplices de viejismos.
Barreras Físicas y de Accesibilidad
Del mismo modo, las barreras físicas pueden ser grandes obstaculizadores de su participación en tanto existan condiciones funcionales que generan limitación en su movilidad y traslado, requiriendo apoyos de familiares o de cuidadores formales. En ese sentido, los espacios públicos, tanto en ámbitos urbanos como rurales, deben ser accesibles a la diversidad funcional de las corporalidades para que así los entornos viabilicen la participación de las personas adultas mayores y no lo contrario.
Determinantes Socioeconómicos y Digitales
El haber tenido acceso a la educación también es un determinante importante en su participación social; del mismo modo, las condiciones de salud y en esa línea, de morbilidad; así como el acceso a la seguridad social en relación a la autonomía e independencia económica. Y, finalmente, el acceso a uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tan utilizadas ahora más que nunca por el confinamiento. Por último, paradojalmente a lo que está planteado por la normativa peruana, son pocos los espacios públicos que promueven la participación activa de la sociedad civil.
Hacia un Cambio de Paradigma Radical
Para que la sociedad reconozca a las personas adultas mayores como sujetos de derechos, ciudadanas y agentes de su vida y todos los procesos que implican la garantía de su bienestar integral y libertad en tanto seres humanos, debe haber un cambio de paradigma radical en relación a la vejez y el proceso de envejecimiento. Este cambio implicará deconstruir individual y colectivamente la concepción del “viejo”, de la “vieja” como personas vivas y vivientes, a palabras de Simone de Beauvoir (1970), y no más como seres pasivos y necesitados de beneficencia y caridad de otros. Como ella misma afirmó: “Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical: cambiar la vida.”
Experiencias y Evaluaciones en Contextos Específicos
Análisis de la Participación Social en el Centro del Adulto Mayor UNLa (Argentina)
Un estudio en Argentina analizó los modos que adquirió la participación social de las personas mayores en el Centro del Adulto Mayor de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), recuperando experiencias nuevas de participación instituidas con la pandemia por COVID-19. El análisis articuló dos ejes: la relación cotidianeidad-territorialidad y la construcción de significados sobre la virtualidad. El abordaje metodológico fue mixto, recuperando datos de una encuesta (noviembre 2020), entrevistas semidirigidas (2021) y producciones audiovisuales realizadas por personas mayores del Voluntariado Social (2020-2021).
Evaluación de Políticas Públicas de Participación en Chile
Chile tiene el desafío de fomentar la participación de las personas mayores en el diseño de políticas, el ámbito productivo y social. Las políticas públicas en materia de participación social en el país tienen una data mayor a 10 años y se hace necesario revisarlas a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada en 2017. El presente artículo (referido al material de origen) se propuso evaluar estas políticas públicas con una mirada de gobernanza, es decir, que considere la participación del Estado, de actores económicos privados y de asociaciones privadas sin fines de lucro o grupos de interés en la promoción de los derechos humanos y bienestar de las personas mayores. En este contexto, la premisa es clara: “Las políticas públicas serán con participación ciudadana o no serán”.
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