Los niños y adolescentes del Servicio Nacional de Menores (Sename) son a menudo descritos como los olvidados, los abandonados. Un alarmante número de menores bajo la protección del Estado escapan de los centros del Sename, y la preocupación reside en que, tras su huida, muchos se pierden y algunos, trágicamente, mueren. Estos niños, que deberían estar resguardados por un sistema de protección, terminan siendo olvidados por un sistema que, según se desprende de diversos testimonios e informes, no funciona adecuadamente.
Fugas Masivas y Falta de Claridad en las Cifras
Cada año, cientos de niños vulnerables escapan de los hogares del Sename. La pregunta recurrente es qué sucede con ellos y a dónde van a parar. Estos jóvenes han quedado a su propia suerte tras abandonar los centros donde fueron internados por decisión judicial, precisamente como medida de protección. La falta de claridad en las cifras es uno de los problemas más graves. Mientras que en 2018 el Sename informó 147 fugas, la Corte Suprema afirmó que eran al menos 350, sin precisar el período. Carabineros, por su parte, registró 2.375 órdenes de búsqueda emanadas desde tribunales de familia en ese mismo año.
La situación se agrava al observar la normalización de estas fugas. En algunos centros, como el Cread de Pudahuel, a pesar de la recurrencia de las fugas, el personal no siempre interviene para persuadir a los jóvenes de regresar. En este centro específico, se llegó a elevar un muro de más de cinco metros, pero los jóvenes continúan huyendo. Para muchos, como Diana, una joven de 17 años que fue trasladada a este centro tras una denuncia de abuso, el regreso es una acción solitaria: "yo sola regreso" para reencontrarse con su hermano menor, un trámite que conoce de memoria.
Informes Alarmantes y Realidad Cruda
En el marco de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas, se expusieron datos del “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”. Marcelo Sánchez, gerente general de la fundación San Carlos de Maipo, señaló que en septiembre del año pasado, el 6% de los niños a cargo del Servicio Mejor Niñez no se encontraban en él, y 225 NNA estaban desaparecidos con orden de búsqueda. La directora del servicio, Victoria Becerra, calificó como "escalofriantes" cifras de mayo de 2024, con un promedio diario de 5.128 ingresos al servicio, lo que suma 15.178 NNA solo en ese mes. Además, siete residencias presentaban hacinamiento, dos de ellas de forma alta, concentrándose la mayor gravedad en la región de Tarapacá.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, reconoció la cruda realidad y la voluntad del ministerio de actuar con la información disponible, admitiendo problemas críticos arrastrados por el Estado. La instancia buscaba resolver múltiples problemas, incluyendo el sobrecupo en residencias que acogen a casi 4.700 menores vulnerables, la lista de espera de 100 niños para ingresar y la mezcla de menores con y sin antecedentes policiales. El informe de la Corte Suprema también reveló que 214 NNA esperaban una residencia, 53 de ellos por más de 90 días.
Casos Emblemáticos y Fallas Sistémicas
El caso de Guillermina, una joven de 16 años que falleció en el Centro de Protección Alborada del Sename en 2012, ilustra las graves fallas del sistema. Tras resistirse a ser reingresada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. A pesar de intentos previos de suicidio, no fue trasladada a un hospital, y la única lesión constatada fue una herida en la rodilla. La querella presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema, equiparable a una fuga o reinserción familiar.
Este caso no parece ser una excepción en un sistema que, según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, se encuentra "en estado terminal". La falta de claridad estadística es un problema persistente. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef duplicó esa cifra para 2010. Análisis de anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014 arrojaron 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con datos de Justicia. La falta de confianza en las cifras oficiales es generalizada, y se atribuye a la complejidad del servicio y posibles duplicidades en el registro.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
La Crisis de la Sobremedicación y la Falta de Profesionalización
Más allá de las fugas y las cifras confusas, la sobremedicación y la falta de personal capacitado son problemas críticos. El caso de Lissette, una niña de 11 años que falleció en el centro Galvarino, puso de relieve estas deficiencias. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por su muerte, señaló que Lissette estaba sobremedicada con fármacos que podían tener efectos adversos graves en menores. La manipulación de medicamentos en los centros es descrita como "generalizada", con falta de control y dosificación adecuada.
El senador Alejandro Navarro indicó que el 63% de los niños en el sistema están bajo tratamiento farmacológico, y más de 3.000 carecen de atención médica especializada. La falta de psiquiatras infantojuveniles, especialmente en regiones, agrava la situación. Francisco Estrada, abogado experto en infancia, destaca la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos y la falta de personal especializado. La situación se extiende más allá de los centros del Sename, ya que Chile presenta la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
Hacia una Solución: Reparación y Nuevos Modelos
El Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una Comisión Especial para determinar la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer medidas de reparación, con el apoyo de Unicef y la Defensoría de la Niñez. Esta iniciativa busca abordar el "capítulo particularmente doloroso" de los abusos sufridos por niños y niñas bajo tutela del Estado.
Los expertos proponen un enfoque multifacético. Francisco Estrada sugiere unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo conjunto con las familias. El objetivo final debe ser el retorno a las familias de origen, rompiendo el círculo de maltrato y pobreza mediante la entrega de herramientas y acompañamiento. Se cuestiona la estigmatización de la pobreza, ya que no hay niños del 50% de mayor nivel económico en el sistema, a pesar de que el abuso es transversal.
Se enfatiza la necesidad de una defensa jurídica adecuada para los menores vulnerados, diferenciándola de la que reciben los infractores de ley. El Consejo para la Infancia planea el cierre del Sename y la transición a un nuevo servicio, pero los niños no pueden esperar. Se mencionan medidas urgentes como vehículos equipados para el transporte de menores.
El modelo de familias de acogida se presenta como una alternativa prometedora. Francisco Covarrubias, presidente de la Fundación ProAcogida, destaca la importancia de estas familias para brindar un entorno familiar a niños y adolescentes, especialmente cuando el retorno a la familia de origen no es posible. Sin embargo, se reconoce la escasez de familias dispuestas a acoger a niños con trauma complejo y altas necesidades terapéuticas, lo que subraya la necesidad de fortalecer las residencias especializadas y capacitar a las familias de acogida en el manejo del trauma.
Vinka Jackson, psicóloga especializada en trauma, subraya la importancia de la formación en manejo de trauma complejo para todos los profesionales que trabajan con niños vulnerables. La falta de presupuesto para esta formación es un problema crónico. Jackson, quien fue víctima de abuso infantil, defiende la familia de acogida como una opción superior a los centros de menores, argumentando que el contacto con un adulto sensible puede cambiar la trayectoria de vida de un niño.
El problema de los jóvenes que egresan del sistema al cumplir la mayoría de edad es crítico. Se encuentran "egresando a la calle", sin un programa efectivo de apoyo a la vida interdependiente, a pesar de ser un compromiso presidencial. Se requiere subsidio al arriendo, acceso a educación superior y oportunidades de empleo.
La responsabilidad recae no solo en el Estado, sino en la sociedad en su conjunto. La conciencia y la acción colectiva son fundamentales para asegurar que los niños y adolescentes vulnerables reciban el cuidado y la protección que merecen, transformando la realidad de aquellos que hoy son olvidados.