Iniciativas de Protección de Derechos en la Comuna de Maipú
Operativo Médico Integral para Niños y Jóvenes
Los días 25 y 26 de enero, profesionales del programa de protección de derechos Comuna Maipú, en conjunto con profesionales del programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (Praps) Sename/Salud, llevaron a cabo un operativo médico. Este evento se realizó en las dependencias del programa y estuvo dirigido a los niños, niñas y adolescentes usuarios del programa e inscritos en los Centros de Salud Familiar (Cesfam).
Durante la jornada se contó con la colaboración de una trabajadora social, una psicóloga, una matrona y una terapeuta ocupacional. Los usuarios fueron evaluados de manera integral, abarcando no solo el área de salud, sino también distintas áreas de su desarrollo, como lo psicoeducativo. En aquellos casos que lo requirieron, el programa de Atención Primaria realizó la derivación pertinente.
Hacia una Política Local de Niñez en Maipú
La comuna de Maipú, con una población superior a los 600.000 habitantes, considera a la niñez y adolescencia como uno de sus grupos etarios más importantes. En este contexto, la iniciativa de desarrollar una política local que refleje cómo el gobierno local abordará a sus niños, niñas y adolescentes es crucial, ya que no todos los municipios cuentan con una política definida en esta materia.
Como parte de estos esfuerzos, se elaborará un documento que dará a conocer los resultados más importantes del proceso diagnóstico, el cual permitirá guiar próximas acciones que se diseñen en este sentido en la comuna.
Contexto General de la Situación de Niños en el SENAME: Un Reflejo Nacional
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la Vulnerabilidad Infantil
El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo del Estado de Chile encargado de la protección de niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social. Sin embargo, este sistema ha enfrentado severas críticas por su manejo de casos, llegando a ser descrito como "en estado terminal".
Un ejemplo de las deficiencias es el caso de Guillermina, de 16 años, quien llegó a "medio vestir" y con dinero, traída por un policía al Centro de Protección Alborada del Sename. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser calmada y acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a los protocolos internacionales de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para determinar el tipo de sustancia que la tenía en ese estado ni para estabilizarla. Tampoco se le realizó un chequeo médico completo tras llegar a medio vestir. La única lesión constatada, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 se registró como un "egreso" más del sistema.
Crisis Estadística y Falta de Transparencia
Uno de los problemas más graves del Sename es la falta de claridad respecto al número de menores vulnerables fallecidos cada año bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, indicó que 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 fue cinco veces superior al reportado oficialmente. El gobierno chileno aclaró que la cifra inicial solo incluía a menores del área de "protección", excluyendo a los infractores de ley.
Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a datos del Ministerio de Justicia, arroja un total de 395 fallecimientos. No obstante, estas cifras oficiales no son confiables ni siquiera para quienes las publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló que "es posible que esté replicada la información", ya que la muerte de un niño podría ser contabilizada como egreso en múltiples programas si este ingresó a varios. El diputado Saffirio criticó que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
El Caso Lissette: Un Símbolo de la Crisis
El "factor Lissette" detonó una crisis de cuestionamientos a nivel nacional sobre el Sename. Lissette, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la justicia decidió separarla de sus padres debido a un ambiente familiar adverso con maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Irónicamente, en esa primera etapa, Lissette fue trasladada al hogar “Regacito”, entonces ubicado en Maipú.
En el centro donde se encontraba internada más recientemente, el CREAD Galvarino, Lissette era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas". El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, sus cuidadoras confundieron una de sus crisis con una "pataleta" más. Sin embargo, Lissette se golpeó la cabeza, comenzó a sangrar y se desvaneció. Cuando la ayuda de los bomberos y la ambulancia llegó al Centro Galvarino, ya era demasiado tarde: Lissette había fallecido debido a un paro cardiorrespiratorio.
La cuidadora a cargo de las 20 niñas de esa casa, quien junto a su compañera no tenía conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos, declaró que "lo que no es normal pasa a ser normal". Este testimonio resalta la falta de capacitación y la normalización de situaciones críticas en los centros. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación considerada insatisfactoria y poco ética que le costó el puesto.
Sobremedicación y Deficiente Atención Psiquiátrica
El caso de Lissette también puso de manifiesto el grave problema de la sobremedicación. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella, indicó que Lissette recibía una dosis de benzodiazepina que actuaba como antipsicótico y que había estado expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que algunos pueden generar efectos adversos como agresividad o irritabilidad en menores. Francisco Estrada añadió que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos es "generalizada", con problemas graves de dosificación y falta de personal especializado que garantice la ingesta.
El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños en el Sename están bajo tratamiento farmacológico, y más de 3.000 de ellos carecen de atención médica especializada. Esta situación es aún más crítica si se considera que Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y una escasez de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Además, hay pocos psiquiatras infantojuveniles, y la mayoría prefiere trabajar en el sector privado, lo que deja a regiones enteras sin acceso a esta especialidad. Por ejemplo, en el CIP/CRC de San Joaquín, las duplas psicosociales no tenían reuniones con el psiquiatra a cargo desde hacía meses.
La fiscal Erika Vargas, a cargo de la investigación por cuasidelito de homicidio de Lissette, obtuvo su ficha médica del Hospital San Borja para dilucidar si la niña estaba sobremedicada. CIPER, en su investigación, reveló que la mayoría de los menores en los centros del Sename en la Región Metropolitana son medicados a diario con psicofármacos. La doctora Cecilia Ruiz, siquiatra infanto-juvenil de la Universidad Católica, advirtió sobre la importancia de quién prescribe, quién administra y cómo se combinan los medicamentos, dada la interacción entre ellos y los posibles efectos cardiovasculares.
Mensualmente, los centros de administración directa del Sename en la Región Metropolitana consumen más de 10 mil dosis de medicamentos de uso siquiátrico. La risperidona, un antipsicótico, encabeza este consumo con 2.560 dosis mensuales. Psiquiatras consultados enfatizan la necesidad de una evaluación diagnóstica previa, tanto psiquiátrica como física, antes de medicar a un menor.
Hacinamiento y Recursos Insuficientes en los Centros
Los centros del Sename a menudo operan con un grave hacinamiento. El CREAD Galvarino, diseñado para 70 niños, acogía a 102. La falta de espacio obliga a ubicar colchones en salas comunes o mezclar niños de distintas edades y sexos en las mismas habitaciones. Esta situación es un efecto directo del mal funcionamiento del sistema: los hogares, que deberían ser temporales, se convierten en residencias permanentes debido a la dificultad de encontrar familiares que los acojan o centros adecuados.
Además del hacinamiento, la falta de personal es crítica. En Galvarino, para 102 menores, solo había 10 educadores (dos por cada una de las cinco casas), resultando en un promedio de 30 niños por funcionario, haciendo imposible un trabajo profundo. El estándar del Sename de un educador por cada ocho niños no se cumple, lo que lleva a que cada funcionario atienda al doble o más. En el CIP San Joaquín, los ocho psicólogos atienden entre 30 y 35 adolescentes cada uno, cuando el protocolo indica un máximo de 15.
La carencia de profesionales especializados es patente. En el CREAD Pudahuel, que atiende a menores de 12 a 17 años, a pesar de contar con un psiquiatra algunas horas a la semana, los funcionarios se sienten "sobrepasados". En los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC), la situación no es diferente. En el CIP San Joaquín, 139 de 240 adolescentes reciben medicación diaria. Las listas de espera para tratamientos de adicciones son largas, a veces de hasta dos meses.
La administración de medicamentos también es problemática. Aunque el protocolo Sename indica que solo enfermeros o paramédicos pueden suministrarlos, en la práctica son los educadores quienes lo hacen, careciendo de la pericia necesaria para asegurar que el joven ingiera el medicamento, lo que puede llevar a que los menores los escondan y los consuman con otros. En el CRC de Til Til, 65 de 80 internos son medicados diariamente, y se han denunciado casos de maltrato y abusos por parte del personal.
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Deficiencias en la Defensa Jurídica de Menores Vulnerables
Existe una diferencia sustancial en la defensa jurídica entre los menores "infractores de ley", que cuentan con defensores calificados, y aquellos que llegan a los tribunales de familia para ser protegidos por el sistema. Estos últimos son a menudo atendidos por "abogados muy jóvenes, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho", lo que refleja una falta de apoyo adecuado en un momento crítico de sus vidas.
Hacia una Solución Integral: Propuestas de Cambio
Pilares para una Reforma
Según el análisis del abogado Francisco Estrada, una solución definitiva para el problema del Sename se basa en tres pilares fundamentales:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Se necesitan unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado.
- Reintegración familiar: El objetivo final debe ser que los niños regresen con sus familias de origen, rompiendo el círculo de maltrato y pobreza, en lugar de aislarlos. Estrada señala que los niños son a menudo internados por pobreza, y que la solución no es quitárselos, sino entregarles herramientas y acompañamiento.
- Defensa jurídica adecuada: Es vital que los niños cuenten con una representación legal que vele por el cumplimiento del trabajo de todos los actores del proceso.
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, coincide en que la pobreza juega un rol importante, cuestionando la ausencia de niños de altos niveles económicos en el sistema, a pesar de que el abuso y la violencia son transversales, lo que sugiere una estigmatización de la pobreza.
Perspectivas Futuras para el Sename
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición hacia un nuevo servicio, con la esperanza de que quede instalado antes de 2019. Sin embargo, los niños no pueden esperar. Se pueden tomar medidas urgentes como el transporte equipado y la implementación de protocolos. En Maipú, se continúa el esfuerzo por diseñar una política local que refleje el compromiso del gobierno con sus niños, niñas y adolescentes, buscando guiar próximas acciones en la comuna.