Introducción a la Problemática del Sename
El Servicio Nacional de Menores (Sename), un organismo gubernamental chileno centralizado y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido objeto de severas críticas y escrutinio público debido a violaciones sistemáticas de los derechos de los niños bajo su tutela. Sus funciones estaban ligadas a la justicia, y el servicio llevaba a cabo su gestión conforme a las instrucciones de los diversos tribunales distribuidos a lo largo del país.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país, movilizando a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en los hogares del Sename, pero la problemática persistió.
Informes Lapidarios y Revelaciones
Informe de la PDI (2017)
Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, revelado en julio de 2019, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. Este documento, de 257 páginas, fue un resumen de una extensa investigación en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016 reportadas tras el deceso de Lissette Villa.
- La investigación abarcó 240 de los 241 hogares de menores existentes en el país.
- Se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
- En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename, y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe, criticó la falta de transparencia de la Fiscalía y el gobierno, y pidió la renuncia del entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Comparación con Otros Informes
El reporte de la PDI fue mucho más completo que un documento similar de la ONU del año anterior, que solo visitó cuatro residencias. La policía, en cambio, consideró 240, lo que permitió dar cuenta de la situación de cerca de 6.500 niños que el Sename tenía en el sistema de residencias.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a media docena de investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría.
Detalles de las Vulneraciones y Problemas Estructurales
Tipos de Maltrato y Abuso
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 casos con connotación sexual. De estos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread y 10 en otros centros), y 187 por otros menores (la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes).
El informe policial fue categórico al señalar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Deficiencias en Protocolos y Fiscalización
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales".
Esta última deficiencia es especialmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa se produjo precisamente por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa", lo que permite a los centros prepararse. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que algunos hogares solo recibían visitas anuales.
Salud Mental y Física de los Menores
La cifra de menores a cargo del Sename que padecían alguna enfermedad psiquiátrica era altísima, llegando al 37,3% de los residentes, según el reporte de la PDI. Además, un 14,2% de los residentes presentaba alguna patología médica, el 13,9% sufría una enfermedad crónica, el 0,4% estaba en estado terminal o en riesgo vital, y otro 19,8% presentaba algún tipo de discapacidad.
La situación se agrava por la falta de personal calificado: 42 centros no tenían encargado de salud, y en 55 de los que sí lo tenían, la labor la realizaba un técnico de un área distinta a la salud. Más aún, en el 66,3% de los centros, la administración de fármacos en jornada diurna estaba a cargo de un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en el área de la salud, a quien solo se le exigía cuarto medio rendido para ser contratado.
Esta situación es dramática, considerando que el 93,8% de los centros "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
2 000 niños y adolescentes habitan en centros de acogida del MIES
El Caso de Lissette Villa
Lissette Villa falleció el 11 de junio de 2016 en el centro de protección Galvarino del Sename en la comuna de Estación Central. Lissette, de 11 años, había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. Desde los 5 años, la justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, con evaluaciones del Sename que incluían maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono.
A pesar de su historia, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa. En el centro, era conocida por sus episodios de rabia. El día de su muerte, en medio de una crisis, se golpeó la cabeza y se desvaneció. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores, no le tomaron el peso a la situación hasta que fue demasiado tarde. La entonces directora del Sename, Marcela Labraña, atribuyó inicialmente la muerte a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, lo que le costó el puesto.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, indicó que la menor estaba "sobremedicada" con fármacos como benzodiazepina y sertralina, que pueden tener efectos adversos en niños, como aumentar la agresividad.
El Caso de Guillermina
En agosto de 2012, Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, traída por la policía. Ella se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para determinar su estado o realizar un chequeo completo. La querella presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
Caos Estadístico y Falta de Transparencia
Existe una profunda falta de claridad respecto al número exacto de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", excluyendo a los infractores de ley.
Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a la lista entregada por Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos, pero la cifra oficial no parecía confiable ni para quienes la publicaban. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló que "es posible que esté replicada la información", lo que contribuye al caos estadístico.
Hacia una Solución y Transformación del Sename
Pilares de una Solución
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo con las familias.
- Retorno a las familias de origen: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias, rompiendo el círculo de pobreza y maltrato, en lugar de aislarlos. Estrada y Ortiz coinciden en que muchos niños son internados por pobreza, y existe una estigmatización al respecto.
- Defensa jurídica adecuada: Los niños vulnerados que llegan a los tribunales de familia necesitan defensores competentes, no solo abogados jóvenes que vean el caso como un trámite burocrático.
El Proceso de Cierre y Transformación
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, no ha logrado cumplir con su rol fiscalizador y de protección. Los niños que estaban bajo su tutela eran los más vulnerables, a menudo en situación de calle, con consumo de alcohol y drogas, y problemas de salud mental como depresión.
Desde 2021, Sename se enfoca exclusivamente en el área de justicia y reinserción juvenil, siendo el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia el continuador legal en materia de protección de derechos. Este cambio busca abordar las necesidades de los menores de manera más especializada.
El Sename vive un proceso de cierre y traspaso al Servicio de Reinserción Social Juvenil, desarrollado de forma paulatina:
- Enero de 2024: Traspaso de la zona norte.
- Enero de 2025: Traspaso de la zona sur.
- 12 de enero de 2026: Traspaso de la zona central (regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana).
Finalmente, el 12 de enero de 2026, las funciones del Servicio Nacional de Menores fueron traspasadas a dos servicios especializados creados: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (para la protección) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (para la justicia juvenil).
El Programa 24 Horas, implementado en 2010 como un programa intersectorial, busca ser una puerta de entrada para la atención de menores en riesgo, con una focalización barrial o comunal y acciones complementarias con otros programas.
