En el Día Internacional de la Discapacidad, instaurado por Naciones Unidas hace 33 años, Chile vuelve a mirar una realidad que sigue siendo estructural: 2 millones 703 mil 893 personas mayores de 18 años viven con discapacidad, lo que representa el 17,6% de la población adulta. Para enfrentar esa exclusión y fomentar la inclusión laboral, en 2018 entró en vigencia la Ley de Inclusión (Ley 21.015).
Marco Legal: La Ley 21.015 de Inclusión Laboral
Obligación y Alcance
La Ley 21.015 establece la obligación para empresas y organismos con más de 100 trabajadores de reservar al menos un 1% de su dotación para personas con discapacidad (PcD) o pensionados por invalidez. Esta normativa busca garantizar oportunidades laborales equitativas y promover un mercado de trabajo más inclusivo.
Medidas Alternativas y Excusas
En el caso de que no sea posible el cumplimiento total o parcial de la dotación del 1%, las entidades pueden optar por medidas alternativas. Una de ellas permite que las empresas que no cumplan con la contratación deben donar a una organización considerada para ello por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, en situaciones donde el cumplimiento directo no sea factible, las entidades deberán remitir, a través del jefe superior o jefatura máxima del órgano, servicio o institución, un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello.
Regulación y Fiscalización
La fiscalización del cumplimiento de esta normativa varía según el sector:
- En el sector privado, esta tarea le corresponde a la Dirección del Trabajo, la cual debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez.
- Para los órganos de la Administración del Estado, un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por los Ministros de Hacienda y Desarrollo Social, establecerá los parámetros, procedimientos y demás elementos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones consignadas o para justificar su excusa.
Es importante destacar que las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación.
Derechos Laborales y Pensiones
Un aspecto fundamental de la ley es la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y de seguridad social. Por tanto, las personas con discapacidad no pierden su Pensión Básica Solidaria de Invalidez al ser contratadas por algún organismo del Estado o por una empresa. Asimismo, el afiliado acogido a Pensión de Invalidez parcial transitoria que continúa trabajando, está obligado a efectuar las mismas cotizaciones de un trabajador activo, asegurando su cobertura previsional.
Desafíos y Cumplimiento de la Ley
Cifras de Cumplimiento
A pesar de la existencia de la ley, el cumplimiento presenta importantes desafíos. En 2024, había 11 mil 620 empresas privadas obligadas, pero solo 4 mil 277 reportaron cumplimiento, lo que equivale a un escaso 36,4%.
Barreras Culturales y Desconocimiento
Para Andrea Zondek, presidenta de Fundación Tacal, el nudo principal no es técnico sino cultural. Ella ha señalado: “Una vez el gerente de una empresa me dijo: ‘Me complica contratar a alguien que no puede hacerlo todo’. Le respondí: ‘¿Y quién puede, tú, yo? Nadie hace todo. Por eso hay que educar a las empresas, porque no es caridad contratar a personas con discapacidad, es capacidad y un aporte para las empresas.” Zondek agrega que aún existen solicitudes que revelan un desconocimiento profundo del mercado laboral inclusivo: “Una empresa me pidió contratar cinco ingenieros civiles con discapacidad. Yo les dije: ‘No generamos ingenieros en sillas de ruedas’.”
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Brechas Sectoriales
Las diferencias sectoriales también explican parte del rezago en el cumplimiento. Rubros como el retail, la banca y los servicios corporativos suelen superar la cuota de contratación, mientras que sectores como la construcción, la agroindustria y el transporte presentan mayores obstáculos para la inclusión de personas con discapacidad.
Sanciones por Incumplimiento
Entre 2019 y 2025, la Dirección del Trabajo aplicó más de $7.000 millones en sanciones por distintos incumplimientos vinculados a esta normativa. Sin embargo, este monto aún no refleja un control extendido ni un cumplimiento generalizado de la ley.
Contexto Internacional y Perspectivas
Comparación con Otros Países
La comparación internacional refuerza la urgencia de mejorar la implementación. Chile mantiene una cuota baja (1%) y un cumplimiento insuficiente para avanzar al 2%, mientras que otros países han logrado mayores avances:
- Brasil aplica desde los años 90 un sistema escalonado entre 2% y 5% según el tamaño empresarial, respaldado por una fiscalización sostenida.
- España exige un 2% a firmas de más de 50 trabajadores, con medidas alternativas reguladas.
Iniciativas y Proyectos de Ley
El tema de la inclusión laboral para personas con discapacidad ha estado en la agenda política desde hace tiempo. En el discurso del 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet anunció el envío de un proyecto sobre inclusión laboral para personas con discapacidad, señalando que “nada justifica que discapacitados reciban menos que el salario mínimo como remuneración.” Hace más de un año, se aprobaron en la Cámara de Diputados los proyectos de ley que modifican el Código del Trabajo, estableciendo una cuota mínima obligatoria de trabajadores con esta condición en medianas y grandes empresas. Estos proyectos de ley refundidos sobre discapacidad y empleo no se limitan solo al sector público, sino que apuntan a una cuota que varía según el tamaño de la plantilla de la empresa.
El Rol de Fundaciones
En este escenario, Fundación Tacal -creada en 1985- cumple un rol clave cerrando brechas que el sistema aún no resuelve. Según datos de Fundación Ciudadano Inteligente, la discapacidad es un área en la que el gobierno reporta un 0% de avance respecto a lo comprometido en su programa. De acuerdo a estudios de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 14 países en la región cuentan con una legislación que obliga a la contratación de un porcentaje de personas con discapacidad, así como ocho dan preferencia en procesos de licitación pública a empresas que les contraten, y quince dan incentivos por hacerlo, lo que demuestra la relevancia de estas políticas a nivel regional.
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