Introducción: Una Crisis Humanitaria Latente
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile, un organismo del Estado del que dependen niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha estado en el centro de una profunda crisis debido a las elevadas tasas de mortalidad y las graves deficiencias en el cuidado de los menores bajo su tutela. La situación ha sido descrita como un sistema "en estado terminal", revelando fallas estructurales y una alarmante falta de transparencia.
Casos Emblemáticos que Revelan las Fallas del Sistema
El Trágico Caso de Guillermina
La situación de los menores en SENAME se ilustra vívidamente con casos como el de Guillermina, de 16 años, quien llegó al Centro de Protección Alborada a las 04.19 de la mañana, traída por un policía, a "medio vestir" y con dinero. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema.
Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia. El caso de Guillermina parece no ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal", según las propias palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El Factor Lissette: Un Punto de Inflexión
Otro caso que conmocionó a la opinión pública fue el de Lissette Villa, de 11 años. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del SENAME. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del SENAME incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril de 2016, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una de las cuidadoras al programa de televisión "Contacto", en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", le dijo la cuidadora.
Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla, fueron a buscar a los bomberos que estaban a una cuadra, llamaron a las enfermeras y al servicio de emergencia, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. La entonces directora del SENAME, Mariela Labraña, le dio a la prensa la noticia del fallecimiento de Lissette, atribuyéndoselo a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver el domingo. La explicación fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por ese informe.
El gobierno chileno salió a aclarar, entonces, que la cifra solo incluye a los menores del área "protección". BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014 y el resultado arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz. "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales", le dice a BBC Mundo el diputado Saffirio. Saffirio, expresidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del SENAME, presentó un informe con 200 medidas urgentes que, según él, "ninguna se han cumplido".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del SENAME, asegura no tener "ninguna confianza en las cifras". Explica: "Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Causas y Factores de Mortalidad en los Centros del SENAME
Sobremedicación y Ausencia de Atención Especializada
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que su "impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". Asegura que le estaban suministrando un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis que se le daban, actuaba como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, con excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, la sertralina, otro fármaco que tomaba Lissette, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra.
Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". El stock está en cualquier parte y cualquiera lo manipula, con graves problemas de dosificación. Esto es preocupante, considerando que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado", según el senador Alejandro Navarro.
"Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, pero nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. Ortiz explica que hay pocos psiquiatras infantojuveniles, y la mayoría prefiere el sector privado, lo que resulta en la ausencia de estos especialistas en muchas regiones.
Violencia, Negligencia y Suicidios
Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas, pero sorprenden por su grado de violencia. Se han registrado lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), menores muertos por golpes en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Más allá de los números exactos, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores.
La Dimensión de la Pobreza y la Estigmatización
Ortiz señala que el problema no es solo del SENAME, sino del conjunto de la sociedad que no se ha hecho cargo de los niños vulnerables. "No marchan, no votan, no exigen", dice. Estrada y Ortiz coinciden en que los niños son internados mayoritariamente por pobreza. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
Ortiz cuestiona: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Actualización de Cifras y Clasificación de Fallecimientos (2018-2024)
El Gobierno de Chile ha revelado que 865 niños y adolescentes murieron desde 2005 hasta junio de 2016 mientras se encontraban en alguno de los sistemas de protección residencial o ambulatoria del SENAME. La presidenta Michelle Bachelet reconoció el impacto de las cifras, afirmando que "como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables".
La PDI reportó 1.313 muertes de niñas y niños en centros del SENAME entre 2005 y 2016, cifra que fue ocultada hasta 2019. Recientemente, el SENAME ha emitido comunicados y el Ministerio de Justicia ha enviado datos a la Comisión de Familia y Adulto Mayor de Diputados sobre fallecimientos más recientes.
Fallecimientos en el Área de Protección
En el primer trimestre de 2018, se registraron 11 menores de edad fallecidos en el área de protección; 8 de ellos asistían a programas ambulatorios y vivían al cuidado de sus redes familiares, y 3 estaban bajo el cuidado de residencias de organismos colaboradores (2 en recintos para personas con discapacidad severa y 1 recién nacido con extrema prematurez).
Para el primer trimestre de 2019, se contaron 32 decesos, de los cuales 15 corresponden a menores de edad. En el Área de Protección, se contabilizaron 14 casos en sistemas residenciales y ambulatorios. Gran parte de estos (10 episodios) eran mayores de edad, con edades desde 18 hasta 58 años, cuyas causas de muerte incluyen fallas orgánicas, shock séptico, insuficiencia respiratoria, arritmia, leucemia y paros cardiorrespiratorios. Un menor internado, hijo de una madre también en el sistema, falleció al nacer.
Carol Bown, subsecretaria de la Niñez, explicó que adultos con discapacidades severas permanecen bajo el cuidado del SENAME porque "en principio, son niños que llegaron con algún tipo de discapacidad y que al cumplir 18 años el Sename no los podía abandonar porque terminarían probablemente en la calle o sin el cuidado adecuado". Sin embargo, el SENAME no está instruido para atender personas con discapacidad, lo que implica casi duplicar los recursos. Los primeros traslados al SENADIS están previstos para el segundo semestre de 2019. Seis menores de entre 3 meses y 17 años que asistían a programas ambulatorios de protección fallecieron el primer trimestre de 2019 por insuficiencia respiratoria, paro cardiorrespiratorio, entre otros, estando todos al cuidado de sus redes familiares.
Fallecimientos en el Área de Justicia Juvenil
En el área de justicia juvenil, que se encarga de adolescentes mayores de 14 años que han infringido la ley, fallecieron 249 en los últimos 11 años (hasta 2016). La mayoría (216) se encontraban en programas ambulatorios, mientras que 33 estaban en centros de administración directa del SENAME y "sus causas de muerte fueron todas de tipo violenta". En el primer trimestre de 2019, 12 personas -entre 14 y 22 años- del grupo en conflicto con la ley fallecieron. Las causas de muerte varían radicalmente de aquellos del área protección, predominando las causas no naturales: heridas cortopunzantes, balazos en abdomen y cabeza, y asfixia por ahorcamiento.
Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, ha expresado preocupación por el control y seguimiento de estos casos, solicitando al SENAME que "esos procesos tengan una custodia real y control" para asegurar un contacto permanente con los niños bajo su protección.
Homicidios de Niños y Adolescentes bajo la Tutela del Estado
Un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito revela que, de los 217 homicidios contra niños y adolescentes entre 2018 y 2022, el 52,5% formaban parte de programas del Servicio Nacional de Menores o del Servicio de Protección Especializada (ex Mejor Niñez). La mayoría fue atacada con arma de fuego. Según Fiscalía Nacional, muchos de ellos son víctimas de sus cuidadores o por quienes tienen su tutela. Rodrigo Honores, abogado de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señala que el 38% de los menores de edad víctimas de homicidio muere en contextos interpersonales, por sus cuidadores o tutores, y que el aumento de homicidios en contextos delictivos es un fenómeno relativamente nuevo, observado desde 2021.
Un caso ejemplar de esta realidad es el de María José, una joven de 16 años, quien el 5 de mayo de 2023 fue abandonada moribunda en una calle de San Pedro de la Paz por un excarabinero. María José estaba bajo el cuidado del Estado desde los 2 años y se había escapado de su residencia el día anterior a los hechos. Paola Rodríguez, curadora del programa Mi Abogado, explicó que es común que niños y adolescentes se escapen, y aunque en el caso de María José la alerta se activó a tiempo, no lograron encontrarla oportunamente. Paola Bustamante, coordinadora del programa Mi Abogado de la Región del Biobío, reconoce que el Estado falló en múltiples ocasiones con María José, señalando que las residencias deberían proteger y restituir el derecho de los niños a vivir en familia, pero la realidad es que "nadie está preparado para contenerlos y resguardarlos".
Deficiencias Estructurales y Judiciales del Sistema
"La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", dice Ortiz. Los niños actualmente internados en centros del SENAME, más de 8.000, son los casos más "críticos".
El informe de la PDI de 2018 reveló que en el 100% de los hogares administrados directamente por el SENAME hay violación de derechos de manera sistemática, y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Además, el 10.3% de las residencias no maneja protocolos de suministro de medicamentos, el 63.2% de los centros no cuenta con un profesional encargado de esta labor, porcentaje que aumenta al 81.6% durante la jornada nocturna. El 55.1% de los centros no dispone de un encargado de salud con la formación requerida y el 39% no mantiene los protocolos mínimos requeridos.
Se ha cuestionado la intervención de Carabineros en situaciones de crisis en los centros del SENAME. La brutal realidad que viven los menores en el SENAME es de conocimiento nacional, con más de 3.100 niños desaparecidos hasta 2018, 42% con problemas de adicción y 36% que no asiste a la escuela. También, el 50% de los reos pasó alguna vez por el SENAME, lo que sugiere una vinculación entre la experiencia en estos hogares y la posterior entrada al sistema carcelario.
El SENAME es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con centros administrados directamente y otros por particulares. Se han documentado diversas denuncias contra el manejo por parte del sistema judicial, donde la mayoría de los fallos de los jueces de familia se adoptan sin audiencia para escuchar a los niños ni a sus padres y sin abogado que los defienda. El SENAME ha sido calificado como una "institución carcelaria y represiva marcada por la violencia, el abandono y el maltrato".
Responsabilidad del Estado y Llamados a la Acción
Desde la muerte de Lissette Villa en abril de 2016, el SENAME tiene la obligación de denunciar todos los decesos al Ministerio Público. Sin embargo, un análisis de la Defensoría de la Niñez determinó que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red SENAME entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
El Comité de los Derechos del Niño afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, recomendando mecanismos de reparación. La Defensoría de la Niñez, en 2020, recomendó la "creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época.
Francisco Estrada propone una solución definitiva basada en tres pilares:
- Necesidad de unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que también trabaje con las familias.
- Que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato.
- Que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo.
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el SENAME y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".
La prevalencia de muerte entre los NNA que reciben atención en la Red del SENAME es considerablemente más alta que entre los NNA en general (0,94 por cada mil anualmente entre 2006 y 2014, versus 0,68 por cada mil en la población general de NNA). La responsabilidad del Estado es innegable y transversal, abarcando tanto los centros de administración directa como las instituciones privadas colaboradoras. Las investigaciones deben abordar las preguntas estructurales sobre por qué el Estado cumplió o no su deber de cuidado, asegurando recursos suficientes, mecanismos eficaces de denuncia y derivación a especialistas.