La implementación de la Ley 21.484, conocida como ley de pago efectivo de deuda de alimentos, ha marcado un hito significativo en la búsqueda de justicia para miles de familias en Chile. Tras 19 meses de su entrada en vigencia, diversas instituciones se reunieron para analizar sus avances, desafíos y el camino que aún queda por recorrer.
Origen y Propósito de la Ley 21.484
La senadora Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, destacó el seminario como un espacio para revisar y “agilizar el tranco” de las medidas. Recordó que la ley se originó en una moción presentada por las senadoras Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez, Claudia Pascual y Yasna Provoste, y un mensaje del presidente Gabriel Boric.
El objetivo de esta ley es claro y directo: la consagración de un procedimiento y mecanismos efectivos para el cobro de las pensiones de alimentos adeudados. Para ello, faculta al tribunal competente para iniciar una investigación sobre el patrimonio activo del deudor en cuentas bancarias, de ahorro previsional voluntario y en instrumentos financieros o de inversión.
Balance y Logros a 19 Meses de Vigencia
La ministra Antonia Orellana agradeció este “espacio de balance” y compartió cifras relevantes sobre la aplicación de la ley. Al mes de octubre, los tribunales de familia han ordenado el pago de más de 1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos establecidos.
Se han pagado más de $588.275 millones, lo que representa casi el doble de lo pagado al mes de mayo. Además, más del 37% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales. La ministra destacó que la inyección de recursos contemplados en la ley de presupuesto 2024, especialmente para la parte informática, se ha notado en el aumento de volúmenes de pago ordenados y efectuados.
Este avance contribuye a una sociedad más responsable con los niños, niñas y adolescentes y con miles de mujeres, ya que más del 97% de las deudas son a ellas. En esta línea, se subrayó la incorporación del cruce entre el registro de deudores de pensiones de alimentos y el registro social de hogares.
Mecanismos Implementados y Análisis Judicial
La jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, Paz Pérez, realizó un detallado análisis de la norma. Adicionalmente, instó a profundizar en posibilidades de mejoras, que incluyan un sistema de recopilación de información estadística diseñado con perspectiva de infancia y género, enfocado en los resultados obtenidos con cada uno de los medios compulsivos de apremio.
Esto, indicó, es crucial para advertir los nudos críticos del proceso, introducir mejoras adecuadas a corto y mediano plazo, y a futuro, para evaluar si este sistema realmente es el que sirve para obtener el pago de las pensiones de alimentos o si se debiera avanzar a otro. El objetivo es dar cumplimiento al estándar de que el Estado adopte las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión de alimentos, desde la perspectiva del derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo, y desde la perspectiva de las madres a contar con un reparto igualitario en las responsabilidades familiares.
El director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, el abogado Rodrigo Mora, entregó detalles del programa piloto de acceso a la justicia “Mujeres Demandantes de Pensiones de Alimentos. Fondo para la Igualdad - Convenio SERNAMEG” (mayo - octubre 2024). Este programa ofrece orientación y representación judicial especializada en materia de alimentos a mujeres de la región Metropolitana, con énfasis en el Registro Nacional de Deudores, la ley de responsabilidad parental y el pago efectivo de pensiones. Mora remarcó los buenos números en el cumplimiento de las causas y las metas superadas en cuanto a orientación e información, entrevistas judiciales, causas vigentes y cobertura territorial.
El Registro Nacional de Deudores en Cifras
El abogado Félix Marín, jefe subdepartamento de Registros Especiales del Servicio de Registro Civil e Identificación, resaltó los principales beneficios posteriores a la Implementación del Registro, entre los que se encuentran:
- Efectos inhibitorios (restricciones a los deudores).
- Mejora en los flujos de cobro.
- Transparencia y acceso a información certificable.
- Generación de datos estadísticos para políticas públicas.
- Incentivo para reformas legislativas.
- Sistema electrónico único y perfectible.
- Coordinación nacional.
- Un cambio cultural hacia la responsabilidad parental.
En cifras, a la fecha el total de deudores es de 262.785. De estos, 251.908 son hombres y 10.877 mujeres, con un monto total adeudado de $20.116.771.807.
Desafíos Pendientes y Reformas Futuras
A pesar de los avances, las autoridades reconocen que "queda mucho por hacer". La senadora Loreto Carvajal manifestó que se pueden generar modificaciones, ya que “la práctica muchas veces supera la teoría y los cambios desde una mesa permanente, técnica pura, que entregue resultados podría ser importante con cambios fundamentales”.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual aludió a las cifras, señalando que “lo ordenado a pagar equivale a 33 teletones”, pero que es fundamental “cambiar esta cultura del no pago”.
Proyecto de Ley sobre Fondos Públicos y Deudores Alimentarios
Un Proyecto de Ley que modifica la Ley 14.908 tiene su origen en el Senado por mensaje presidencial y surgió como respuesta a la necesidad de prevenir adjudicaciones a deudores alimentarios que sean detectados en procesos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Este proyecto está listo para convertirse en ley. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, explicó que “no se trata de sancionar a los deudores ni de excluir a nadie, sino de tener coherencia y de establecer condiciones mínimas de responsabilidad en el uso de los fondos públicos”.
La lógica de este proyecto es simple: si alguien no cumple con una obligación tan básica como la pensión de alimentos, no puede estar en condiciones de recibir fondos públicos, destinados precisamente a promover la ciencia, la formación o la investigación. Será la propia ANID la que revise y actualice los antecedentes proporcionados por los postulantes a los fondos públicos para investigación.
La ministra Etcheverry aclaró que en ningún caso se está “cerrando la puerta para siempre”, sino que se está diciendo “primero cumpla sus obligaciones y después postule; si está en el registro, no puede seguir el proceso; si regulariza su deuda antes de cualquiera de las etapas, puede continuar, es así de justo”, insistió. Esta propuesta de modificación surgió a partir de las preocupaciones de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente, existen más de 270 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, y más de 385 mil niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una pensión para su manutención.
Este proyecto, aunque pequeño en extensión, transmite un mensaje poderoso: el Estado no puede ignorar a quienes adeudan a sus hijos e hijas, y el desarrollo, la ciencia y la innovación no pueden construirse a costa de la infancia.
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Modificaciones a la Ley N° 14.908 para Nuevos Incumplimientos
La Ley N° 21.484, conocida como “Ley Papito Corazón”, ha significado un avance sustancial en la recuperación de pensiones alimenticias impagas, beneficiando a más de 280 mil familias. Con el propósito de fortalecer aún más este marco legal, una moción modifica la Ley N° 14.908 para incorporar un nuevo artículo 19 nonies. Este artículo permitirá, en caso de nuevos incumplimientos por parte del deudor de alimentos, iniciar un nuevo proceso de pago efectivo de la deuda por pensión de alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 quinquies y siguientes, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde el último pago efectivo realizado conforme a esta ley.