La situación de la justicia de menores en Chile, especialmente en el contexto del Servicio Nacional de Menores (Sename) y sus sucesores, ha sido objeto de profundas críticas y cuestionamientos debido a las sistemáticas vulneraciones de derechos que han enfrentado niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado.
Contexto: El Servicio Nacional de Menores (Sename) y Casos Emblemáticos
Un trágico ejemplo de las fallas del sistema es el caso de Guillermina, una joven de 16 años que llegó al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores (organismo del Estado de Chile del que dependían los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social) a las 04:19 de la mañana, siendo trasladada por la policía y con evidentes signos de haber consumido alguna sustancia. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal.
Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para determinar qué tipo de sustancia la mantenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo tras llegar a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llamaba "egresos" de su sistema. De esta forma, el término de la vida de uno de estos niños era equiparable a su escape de un centro o a la reinserción con su familia.
El caso de Guillermina no es una excepción en un sistema que, según las palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (entidad creada por la presidenta Michelle Bachelet para revisar y diseñar una nueva política de infancia), estaba "en estado terminal".
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
La única certeza respecto al número de menores vulnerables fallecidos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con exactitud. Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename en el Congreso, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe oficial. El gobierno chileno aclaró entonces que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, según lo determina un juez de familia. La otra parte del sistema se encarga de recibir a niños infractores de la ley.
Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. A pesar de esto, el número oficial no parecía confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explicó Ortiz. El diputado Saffirio, quien fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y presentó un informe con 200 medidas urgentes que "ninguna se han cumplido", afirmó que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló que no tiene "ninguna confianza en las cifras", ya que es posible que la información se replique. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte sería contabilizada como egreso en todos ellos.
Problemas Estructurales del Sistema de Protección
Más allá de los números exactos, las investigaciones revelaron un sistema en el que los niños vulnerables eran cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que había recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Ortiz enfatizó que "este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen". Por primera vez, a partir de una seguidilla de muertes cuestionadas, estos niños comenzaron a tener rostro, impulsado por el "factor Lissette".
El Caso Lissette y el Cuestionamiento a los Protocolos
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, siendo estos los casos más "críticos" según Ortiz, sin considerar otros programas dependientes del Servicio. Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas y sorprenden por su grado de violencia. Entre ellas se encuentran lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor muerto por un golpe en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
En la lista figura una causa "indeterminada" de muerte que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y una fuerza que ni cinco cuidadoras podían contener.
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis de Lissette era otra de sus "pataletas". Sin embargo, no fue así. Según el testimonio de una de las cuidadoras al programa de televisión "Contacto", de Canal 13, en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando intentó levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", dijo la cuidadora, quien, al igual que su compañera a cargo de 20 niñas, no tenía conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla, buscaron a los bomberos, llamaron a las enfermeras y al servicio de emergencia, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. Ortiz afirmó que "la institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual". La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento de Lissette a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la visitó. La explicación fue considerada insatisfactoria y poco ética, y terminó costándole el puesto.
La Problemática de la Sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostuvo que su "impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". El médico aseguró que se le administraba un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis que se le daban, actuaba como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado su efecto en niños. Por el contrario, la sertralina, otro fármaco que tomaba Lissette, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada aseguró que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación", explicó. El senador Alejandro Navarro, cuando estalló la crisis, informó que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado". Sin embargo, la situación se extiende más allá de las puertas del Sename. Estrada advirtió que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil".
Guillermina, por ejemplo, tenía historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, y estuvo mucho tiempo en situación de calle. Pese a esto, nunca fue diagnosticada con patología psiquiátrica grave. Ortiz explicó que "hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay".
Hacia una Solución Integral: Pilares y Reformas
Según el análisis de Estrada, un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle", explicó. El segundo pilar es que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide, cuestionando: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Por último, Estrada plantea la necesidad de que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados. A estos últimos "los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
Transformación Institucional: De SENAME a Mejor Niñez y Reinserción Social Juvenil
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia se propuso cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio. Con la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general. En octubre de 2021, se puso en marcha el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo objetivo es asumir de manera exclusiva la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos. También se creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que permitirá contar con un sistema de justicia especializado, con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente.
UNICEF ha apoyado esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa) para el año 2021 y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, ha colaborado con el rediseño de los programas de familias de acogida, el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y el rediseño de los programas ambulatorios. Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018-2025.
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se requiere establecer el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, que coordine y entregue una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social. Asimismo, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad en cuanto a infraestructura, habitabilidad y supervisión de los programas. Creado hace 46 años, el Sename fue el primer servicio público en Chile dedicado de manera integral a la niñez y la adolescencia, asumiendo tanto tareas de protección como de reinserción social. El Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021 tras una seguidilla de cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales. Posteriormente, en enero de 2024, se inició el cierre gradual del Sename en su rol vinculado a la justicia juvenil en la zona norte, proceso que continuó en la zona sur a comienzos de 2025 y que concluyó en la zona centro. La directora de Sename durante 2024 y 2025, María Eugenia Fernández, señaló que el cierre del Sename "representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios, así como de equipos colaboradores, que entregaron su compromiso y vocación al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad".
La Comisión de Verdad y Niñez: Creación, Mandato y Desafíos Actuales
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1979 y 2021 podría paralizar sus labores tras un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez, instancia estatal de asesoría presidencial. Fue en diciembre de 2024 que la Comisión fue creada, iniciando sus operaciones a partir de 2025, con un plazo hasta abril de 2027. Sin embargo, se informó que podría llegar a su fin en abril de 2026 debido a recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast.
La función de la Comisión de Verdad y Niñez es permitir a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF. A raíz del trágico incendio de 2007 en el centro "Tiempo de Crecer", la tesis de que en estos centros se violaban los derechos humanos de menores tomó fuerza. Por ello, la Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informados al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
El Fallo de la CIDH y la Confirmación de Abusos
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país: Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo centro en que se produjo el trágico accidente. El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio.
Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal. Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos y reforzó la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. Una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras”. Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad durante el proceso, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
Renuncia Colectiva y Desafíos de la Comisión
El sábado 2 de mayo, cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva a la instancia que el expresidente Gabriel Boric anunció en 2024 con la promesa de establecer una “verdad histórica” en relación a los menores que han sido víctimas de vulneraciones bajo el cuidado del Estado, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1979 y 2024. Según el anuncio del gobierno pasado, el trabajo de la comisión sería una base para proponer mecanismos de reparación para los menores vulnerados. Las desavenencias y reproches al funcionamiento actual de la comisión terminaron con la renuncia de su presidenta, Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.
En conversación con La Tercera, Estela Ortiz advirtió que no es totalmente claro que el Ejecutivo mantenga el compromiso con las víctimas. Las razones de la renuncia incluyeron que las propuestas de la comisión no fueron aceptadas por las autoridades del Ministerio, el planteamiento de traspasar la comisión a la Subsecretaría de Niñez (lo que implicaba un retraso significativo), la incidencia en la autonomía y la pretensión de despedir al 50% del personal que realizaba las escuchas y el acompañamiento psicosocial, a pesar de que habían establecido mecanismos novedosos y cumpliendo con todos los estándares. Además, otros organismos como Educación, Salud y Desarrollo Social nunca aportaron los antecedentes solicitados. Ortiz enfatizó que "este es un problema de Estado, de todos los gobiernos", y que en Chile, por casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños bajo protección, lo cual requiere una inversión de recursos para quebrar definitivamente la vulneración de derechos.
La justificación del Ministerio de Justicia de que no había un buen desempeño fue refutada por Ortiz, quien explicó que "este no es un programa en que hay que cumplir metas administrativas, con números. Esto implica un compromiso con la niñez. Es un compromiso con los jóvenes que nosotros violentamos como Estado". La gente que se atrevió a hablar tuvo que hacer un proceso previo muy complejo, y el primer acto de reparación era escucharlos como correspondía. Ante la pregunta sobre si veía ese compromiso en las nuevas autoridades, Ortiz respondió: "Yo creo que es cosa de mirar el contexto, lo que está pasando en el tema de derechos humanos. Claramente tenemos una visión diferente". Con la llegada del nuevo director ejecutivo de la Comisión, Pedro Natho, la situación sigue siendo incierta para los excomisionados, quienes expresaron su pena por el proceso.