En Chile, el sistema de protección de menores, históricamente gestionado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), enfrenta una compleja realidad: la permanencia prolongada de personas con discapacidad intelectual que, al alcanzar la mayoría de edad, no tienen un destino fuera de las residencias. Este fenómeno, descrito como una anomalía del sistema, evidencia la falta de dispositivos especializados para adultos con necesidades de apoyo permanente.
La realidad en las residencias de protección
En instituciones como el Hogar San Ricardo de Batuco, el diagnóstico predominante entre los residentes es el de discapacidad intelectual severa o profunda, lo que equivale, en términos generales, a una edad mental de tres años. Aunque estas residencias funcionan como colaboradoras del Estado, la mayoría de los residentes ya no son niños: el 80% son adultos. Una vez que la persona entra en la institución, suele permanecer allí por el resto de sus días, ya que el sistema no ofrece alternativas habitacionales o de cuidado dignas para su etapa adulta.
Al 31 de diciembre de 2017, el Sename contabilizaba a 871 personas mayores de edad con algún grado de discapacidad viviendo en su red. Para estas personas, el hogar es el único lugar donde reciben un techo y atención básica, pues carecen de redes socio-familiares efectivas que puedan hacerse cargo de sus necesidades, las cuales requieren monitoreo asistido las 24 horas del día.
Envejecimiento activo y vida saludable en personas con discapacidad intelectual
Desafíos en la atención especializada
Las residencias de protección no fueron diseñadas como hospitales o centros de rehabilitación. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, señala: "No somos hospitales, no tenemos cómo atenderlos". La falta de condiciones adecuadas, enfermerías especializadas y personal capacitado genera un escenario de desmedro tanto para los residentes como para los funcionarios, quienes a menudo se ven sobrepasados por requerimientos altamente específicos y costosos.
| Desafío | Impacto |
|---|---|
| Falta de especialización | Atención no adecuada a necesidades de salud complejas. |
| Carencia de redes familiares | Permanencia institucional de por vida. |
| Financiamiento | Subvenciones insuficientes para cubrir cuidados prolongados. |
Iniciativas y respuestas estatales
Ante esta problemática, el Estado ha comenzado a implementar programas a través del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis). En 2017, se dispuso financiamiento para proyectos en residencias que atienden a personas entre 18 y 59 años con dependencia. Estos fondos permiten realizar mejoras en infraestructura, contratar equipos especializados y desarrollar talleres de formación. No obstante, la intermitencia de estos convenios genera incertidumbre, ya que, como señalan los trabajadores sociales, las necesidades de rehabilitación de los residentes son constantes y no tienen fecha de término.
El estigma y el egreso: un camino incierto
La transición a la vida adulta para los jóvenes que egresan de las residencias es un hito crítico. Muchos enfrentan el estigma de ser "niños Sename", una etiqueta que limita sus oportunidades laborales y sociales. La investigación sobre el curso de vida muestra que la falta de herramientas durante la infancia -como el acceso a educación de calidad y figuras de apego- condiciona gravemente las posibilidades de autonomía al cumplir los 18 años.
Para aquellos sin discapacidad, el egreso suele estar marcado por la precariedad: sin vivienda, sin estudios superiores y con redes de apoyo fragmentadas. La experiencia de jóvenes como Andrés, quien pasó gran parte de su vida institucionalizado para luego enfrentar la calle, subraya la falla de un sistema que, al cumplir la mayoría de edad, retira la protección sin haber garantizado la adquisición de competencias básicas para la vida independiente.
Hacia una nueva perspectiva de protección
Desde octubre de 2021, Chile inició una separación de los sistemas de atención: el área de restitución de derechos pasó al nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. El desafío actual radica en que las políticas públicas logren transitar desde un modelo de "cuidado de menores" a uno de garantías reforzadas, que asegure la dignidad y la participación plena de las personas con discapacidad, independientemente de su edad o de su historia de institucionalización.
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