Origen y Relevancia del Informe de 1.334 Casos Críticos
A mediados de mayo, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, presentó ante la comisión de Familia de la Cámara de Diputados los principales ejes del denominado Plan Protege. Este proyecto, coordinado por Justicia, incorporaba por primera vez a la cartera de Salud como actor estatal a cargo de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Al término de la instancia, la ministra Blanco inicialmente indicó que el proyecto beneficiaría a 183 casos críticos a nivel nacional, correspondientes a niños con problemas psiquiátricos complejos. Sin embargo, dos semanas después, el Ministerio de Justicia solicitó un informe reservado a los directores regionales del Sename para que reportaran los "casos críticos" de menores con patologías físicas de mal pronóstico, como insuficiencia renal crónica o diálisis trisemanal, o con enfermedades de salud mental de difícil manejo, que incluyen intentos suicidas, consumo problemático de drogas o autoagresiones.
La Tercera accedió al informe despachado por el servicio, el cual reveló que en Chile existen 1.334 casos críticos de niños, niñas y adolescentes. Esta cifra representa el primer catastro exhaustivo realizado por el Sename, complementando la estadística inicial de 183 casos analizados objetivamente por un psiquiatra y dados a conocer por la ministra Blanco.
El documento también detalló las dificultades para realizar un análisis clínico certero debido a la escasez de equipos de salud especializados en todo el territorio. En consecuencia, en algunas regiones, las evaluaciones fueron elaboradas por "equipos psicosociales interventores" quienes calificaron el alto riesgo. Asimismo, se hizo presente que solamente en las regiones del Maule, Biobío y Metropolitana, hay personal médico capacitado para diagnosticar patologías críticas. El informe además señala la existencia de "casos en lista de espera para atenciones en la Red de Salud Pública y hospitalizaciones para compensación".
De acuerdo con una presentación del Ministerio de Salud ante la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, al 31 de diciembre de 2015, el Sename atendía a 106.760 niños, niñas y adolescentes. De ellos, el 85% ingresaron al departamento de Protección de Derechos y Primera Instancia, es decir, aquellos en situación de vulneración. Son estos menores quienes representan más del 897 de las situaciones críticas a nivel nacional.
Hugo Herrera, director del Sename en ese momento, explicó que en una etapa "existen 183 casos que nosotros hemos objetivado" y, al ser consultado por los 1.334 menores del catastro, indicó que "las otras cifras son otros casos, que estamos levantando la información, pero primero necesitan objetivación para ser atendidos dentro del sistema de salud". Añadió que, de los 183 niños y jóvenes, 175 habían sido evaluados, de los cuales 105 fueron atendidos y 70 estaban en proceso de atención. Herrera calificó este paso como "acertado porque nunca se había visto una intersectorialidad, que no estando reglada, asumiera responsabilidades".
Reacciones Políticas y Críticas al Manejo de la Crisis
Las críticas de los parlamentarios ante las cifras, que mostraban que menos del 20% de los menores catastrados habían sido evaluados por un profesional de la salud, fueron transversales.
Según el senador del MAS, Alejandro Navarro, "está claro que en materia de las cifras entregadas por Sename y el Subsecretario de Justicia (Ignacio Suárez), no hay una coincidencia. De los 183 casos que se habla, parece que se trata de situaciones extremas, pero tenemos otro número importante que requieren la misma atención inmediata y que no han sido abordados por el Plan Protege".
Para la diputada UDI Claudia Nogueira, "dada la realidad de 1.334 niños en situación crítica, lo que debe hacer el servicio es explicar el porqué se priorizaron 200 niños y también aclarar la relación con los recursos disponibles, porque es insuficiente la cantidad de menores que se abordan cuando hay más de mil que se dejan sin atención oportuna".
En tanto, René Saffirio (DC) expresó que "es inconcebible que la ministra de Justicia no sepa cuántos niños deben ser atendidos en los planes de salud mental en el Sename". Ricardo Rincón (DC) apuntó sus críticas contra el Ministerio de Salud, señalando que "no tienen claras las cifras ni tienen la voluntad política para ponerse a trabajar en ese tema". Esta situación, según Rincón, se aplica a niños y adolescentes con enfermedades de mal pronóstico y patologías mentales de difícil manejo.
La Crisis Estructural del SENAME: Más Allá de las Cifras Iniciales
El caso de Guillermina, y otros posteriores, evidenció que las deficiencias no eran incidentales. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, llegó a calificar el sistema como "en estado terminal".
Caos Estadístico y Falta de Transparencia en Fallecimientos
La única certeza respecto al número de menores vulnerables fallecidos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, reveló 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef indicó que el número de fallecimientos durante 2010 fue cinco veces superior al reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", la cual vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no pueden hacerse cargo, según un juez de familia, a diferencia del área que recibe a niños infractores de la ley. Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
No obstante, el número oficial no parecía confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explicaba que "hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio". Agregó que "no tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El diputado Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre las irregularidades del Sename, señaló que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio requirió formalmente información sobre las causas de las muertes y presentó un informe con 200 medidas urgentes, asegurando que "ninguna se han cumplido".
Casos Emblemáticos y Fallas en el Sistema
La serie de investigaciones ha puesto en evidencia un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
El Trágico Caso de Guillermina (2012)
Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename traída por la policía. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era su primer intento de suicidio.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para determinar la sustancia que la afectaba o para un chequeo completo. La única lesión constatada fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y su muerte, en agosto de 2012, se registró como un "egreso" del sistema. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, pero nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave, a pesar de haber estado en situación de calle.
El Factor Lissette (2016)
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 fue un detonante que conmovió al país. Con 11 años, Lissette había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, seguía escribiendo cartas a su madre pidiéndole regresar a casa.
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia. El día de su muerte, pasadas las 20 horas, el personal pensó que su crisis era otra "pataleta". Según el testimonio de una cuidadora, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. La cuidadora admitió que "ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar". Ni ella ni su compañera tenían conocimientos en primeros auxilios o estudios superiores. La institución no contaba con protocolos ni normas de primer nivel, ni sistema de acreditación. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación considerada insatisfactoria y poco ética que le costó el puesto.
La Problemática de la Sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que "mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, y antidepresivos por años a pesar de no estar demostrado su efecto en niños, e incluso con posibles efectos adversos como el aumento de agresividad, impulsividad e irritabilidad (sertralina).
Francisco Estrada señaló la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos, con "stock en cualquier parte" y graves problemas de dosificación, lo que plantea dudas sobre la adherencia real a los tratamientos. El senador Alejandro Navarro denunció que el 63% de los niños estaban con tratamiento farmacológico y más de 3.000 sin la debida atención médica especializada. Esta situación se agrava al considerar que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", según Estrada. María Estela Ortiz añadió que hay pocos psiquiatras infantojuveniles y la mayoría prefiere el sector privado, resultando en regiones sin este tipo de especialistas.
Informe de la PDI (2017-2018): Evidencia de Violencia Sistemática y Abusos
Un informe lapidario de la Policía de Investigaciones (PDI), resultado de una investigación en 2017 sobre 240 hogares de menores (de un total de 241), constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este documento fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe en julio de 2019, calificó de "muy grave" que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hicieran público, solicitando la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín. El informe policial es mucho más completo que el de la ONU (que visitó solo cuatro residencias) y da cuenta de los cerca de 6.500 niños en el sistema de residencias. La PDI constató que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
El documento de 257 páginas, resumen de una extensa investigación, fue solicitado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. La investigación de la PDI desglosó las vulneraciones graves de derechos: 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En junio de 2018, la Fiscalía ordenó un informe con los hallazgos, destacando 40 menores con "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital", información que fue comunicada en mayo de 2018 a los Ministerios de Justicia y Salud, y al Sename.
La PDI también verificó que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente habían ocurrido, y la mayoría de los directores de los centros no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos.
Falta de Protocolos y Capacitación Generalizada
La policía determinó que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares carece de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar cada seis meses, en dos hogares solo realizaron visitas anuales.
Estado de Salud de los Residentes y Falta de Personal Calificado
El informe de la PDI reveló que el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica. Adicionalmente, el 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta situación es preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por un técnico de un área distinta a la salud. Más grave aún, en 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud", a quien solo se le exige cuarto medio rendido. Esta dramática situación se ve agravada por el hecho de que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Negación del Ministro de Justicia
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio". Añadió que tuvo conocimiento de la realización del estudio, pero que es un proceso judicial del que el Ejecutivo no es parte.
Misión de Observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2017)
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó 171 centros en todas las regiones del país. Esta misión tuvo como objetivos evaluar el cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones a los NNA residentes.
Se realizaron entrevistas a directores, encuestas a trabajadores y a 401 niños, niñas y adolescentes mediante cuestionarios estructurados. Es importante señalar que en Chile, de los 250 centros existentes, solo 11 (4,4%) corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del SENAME; el resto es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.
Perfil de NNA y Trabajadores
- La población de estos centros es fundamentalmente femenina: el 63,5% corresponde a niñas y adolescentes mujeres.
- El 60% de ellas tiene entre 8 y 13 años de edad.
- El grupo predominante lo constituyen niñas de entre 8 y 13 años, que representan un 37,8% del total.
- La mayor parte de los trabajadores entrevistados corresponde a mujeres, con un 87,9%, lo que evidencia una feminización del personal.
Condiciones de Vida y Cuidado
Si bien las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor y cocina) están satisfechas, la calidad de las instalaciones no es óptima, no se provee calefacción adecuada, recreación, espacios comunes ni resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. Un dato preocupante es que en un mismo dormitorio conviven adolescentes con niños y niñas de menor edad, o no se les separa por sexo, con una prevalencia cercana al 20% de los casos. Los centros presentan sobrecupo en un 21%, llegando hasta el 50% en el 12,5% de los casos y superando el 75% en el 3%.
En alimentación, un 1,6% de los establecimientos (3% en centros para lactantes y preescolares) entrega solo entre 1 y 2 comidas diarias. El 16% de los NNA entrevistados declara pasar hambre. Además, el 22% de los NNA considera que el personal no siempre les da un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% declara trato discriminatorio.
Vinculación con el Medio, Educación, Familia e Identidad
En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados para hablar con el juez directamente. Aunque el 72% de los centros reporta que los NNA pudieron hablar con los jueces durante las visitas, solo el 32% de los NNA lo confirmó. El 93% de niños y niñas asiste a un establecimiento educacional, pero solo el 88% de los de 14 a 17 años lo hace, un 8% por debajo del promedio nacional, y el 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% de los NNA recibe apoyo en sus tareas, y únicamente el 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en reuniones de apoderados.
El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana. En el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar. El 16% de los centros utiliza el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% reporta suspender las visitas por mal comportamiento del niño o niña.
Salud Mental y Violencia Institucionalizada
El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. De ellos, el 45% señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% no se encuentra en tratamiento. Ochos de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses, incluyendo privación de contacto familiar (15%), ser dejado sin comida (7%), encerrado (7%) o "contenido físicamente" (12%). El 46% reportó maltrato psicológico, el 12% agresión física leve y el 6% agresión grave por parte del personal.
Violencia entre Pares y Abuso Sexual
El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico entre pares, afectando por igual a niños y niñas. Un 19% de los centros no cuenta con protocolos para atender estas situaciones. El estudio arrojó que en 23 casos (6,4%) se reportó abuso sexual durante los últimos 12 meses. Es destacable que 8 de cada 10 víctimas de abuso sexual son niñas, y en el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% fue efectuado por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con la persona que habría cometido el abuso.
Conclusiones y Recomendaciones del INDH
El INDH realizó numerosas conclusiones y recomendaciones, entre las que destacan:
- Toda prohibición de relación entre un familiar y un niño bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución judicial, basada en el interés superior del menor.
- El Estado debe establecer criterios uniformes para las residencias en la regulación de visitas familiares.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas o comunicación con familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños (ej., libro de vida).
- Atender la estabilidad emocional de cuidadores y profesionales.
- Promover el conocimiento de protocolos de maltrato del SENAME y la ley N° 21.013.
- Generar condiciones para que los niños puedan ejercer el derecho a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual.
- Capacitar a los trabajadores de las residencias para una escucha efectiva en casos de abuso sexual.
Propuestas de Solución y Desafíos Futuros
Francisco Estrada propuso tres pilares para una solución definitiva: unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias; que el objetivo final sea el retorno a las familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y la vulneración; y una defensa jurídica adecuada para los NNA vulnerados, quienes actualmente reciben una atención menos especializada que los infractores de ley. Estela Ortiz coincidió en que los niños son "internados por pobreza" y cuestionó la estigmatización de la pobreza al señalar la ausencia de niños de altos niveles económicos en el Sename. Ortiz además añadió que el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio antes de 2019.
El Sename, tras un arduo trabajo, entregó la cifra de 243 menores fallecidos entre 2005 y 2016 en sus centros (210 en protección residencial y 33 en justicia juvenil). De los 210, 131 decesos estuvieron asociados a alguna enfermedad. Además, 406 niños fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en programas ambulatorios, y 215 adultos con graves discapacidades fallecieron en centros de protección al no existir otras alternativas.
Rol del Ministerio de Salud y Financiamiento
El senador Patricio Walker reiteró la necesidad de una "cirugía mayor" a la institución e instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de niños con enfermedades mentales o basales. Calificó la realidad de muertes como "dramática, dolorosa e inaceptable", lamentando que muchas no estuvieran registradas. Walker enfatizó: "acá no basta contar niños muertos, tenemos que buscar soluciones", y comparó la subvención basal para niños (215 mil pesos) con la inversión por preso (600 mil pesos), lo que "demuestra que los niños no son prioridad". Afirmó que "es el Estado el que tiene la mayor responsabilidad en la protección de los derechos de la infancia" y celebró el anuncio de la Presidenta de 16.500 millones de pesos adicionales al presupuesto del Sename para mejorar residencias, programas de salud mental y fiscalizaciones.
Rodrigo Paz por sobrepoblación en Sename: "Esto se traduce en que los niños mueren"
Decepción y Falta de un Plan Concreto
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe calificó la exposición de la directora del Sename como "decepcionante", lamentando la falta de un plan de acción concreto y financiado. El senador Manuel José Ossandón argumentó que "el Sename violentó los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes porque actuó en su calidad de agente del Estado". Parlamentarios como Claudia Nogueira, Ramón Farías y Marcela Sabat criticaron la presión del gobierno para "esconder la información" y la falta de apoyo en las investigaciones, reafirmando la urgencia de dividir el Sename y crear una ley de adopciones. El sacerdote Francisco Pereira, director de María Ayuda, hizo un llamado urgente a "hacerse cargo, de una vez por todas, de este dramático tema de la infancia vulnerada". El ministro de Justicia Jaime Campos, por su parte, cuestionó la metodología utilizada en el informe del INDH, afirmando tener "dudas con la metodología" si se sacaban "reglas generales" de solo 400 casos.