En Chile, la protección de los derechos de la infancia constituye un desafío complejo y una responsabilidad compartida por la sociedad en su conjunto. Durante años, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), y posteriormente el servicio Mejor Niñez, han estado a cargo de la atención de menores vulnerados. Sin embargo, diversos informes han evidenciado una crisis estructural profunda, caracterizada por la normalización de la violencia, la precariedad institucional y la vulneración sistemática de derechos.

El informe de la PDI: Radiografía de la violencia sistemática
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 marcó un punto de inflexión, motivando que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaran una investigación exhaustiva en 2017. El reporte, que analizó 240 hogares de menores, reveló cifras alarmantes:
- El 100% de los centros administrados directamente por el Estado y el 88% de los gestionados por particulares presentaron vulneraciones graves.
- Se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual.
- El informe concluyó que estas acciones de vulneración se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros.
Problemáticas estructurales y falta de protocolos
La investigación policial expuso que la precariedad no es una excepción, sino una característica transversal del sistema. Entre los hallazgos más críticos destacan:
| Deficiencia detectada | Porcentaje de centros afectados |
|---|---|
| Falta de protocolos ante conductas suicidas | 72,9% |
| Falta de protocolos para contención física | 76,7% |
| Ausencia de encargados de salud capacitados | 17,5% (centros sin encargado) |
Además, en el 66,3% de los centros, la administración de fármacos es realizada por educadores de trato directo sin formación profesional en salud, una práctica que ha sido cuestionada por el riesgo de sobremedicación y mal uso de psicotrópicos como mecanismo de control conductual.
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)
Un aspecto particularmente doloroso es la explotación sexual comercial. Hasta febrero, el Programa Mi Abogado había interpuesto 98 querellas que involucraban a 115 menores como víctimas. Las causas de este fenómeno son múltiples:
- Abandonos de las residencias: Muchos adolescentes salen de los hogares y son captados por terceros que los fuerzan a actos sexuales a cambio de dinero o drogas.
- Vulnerabilidad intra-residencial: Se han detectado casos donde el abuso ocurre dentro de los mismos centros.
- Falta de tipificación: El Código Penal no contempla explícitamente el delito de "explotación sexual comercial", lo que dificulta la persecución penal y las condenas.
DOCUMENTAL El Laberinto: vivencias de adolescentes y jóvenes con la justicia I UNICEF España
El desafío de la salud mental y la transición al nuevo servicio
Expertos y jueces coinciden en que la oferta de salud mental es prácticamente inexistente. La directora de la ONG Raíces, Denisse Araya, señala que el trabajo terapéutico es crucial, ya que muchas menores han normalizado el abuso desde la primera infancia. La transición del SENAME a Mejor Niñez ha buscado reemplazar los centros masivos por residencias familiares más pequeñas, con el objetivo de entregar una atención personalizada.
No obstante, voces críticas como la del diputado René Saffirio y diversos magistrados advierten que, sin una reforma profunda a la cultura institucional y una capacitación real del personal, el nuevo servicio corre el riesgo de reproducir las mismas falencias. La protección institucional debe enfocarse en brindar herramientas para que los trabajadores puedan acompañar a los menores en sus historias particulares, superando la visión de la infancia como un trámite burocrático.
La voz de los egresados: El "salto al vacío"
Jóvenes que han pasado por el sistema, como Catalina Farías, describen el egreso a los 18 años como un salto al vacío. La falta de acompañamiento post-egreso y la desinformación sobre sus derechos dejan a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad extrema, donde el Estado deja de prestar ayuda justo cuando más la necesitan para sus estudios o inserción laboral.