La muerte de Rechel Contreras, una niña de 10 años que falleció en febrero de este año mientras estaba bajo la custodia de un organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos. Este caso, destapado por el semanario The Clinic, se suma a una serie de negligencias con resultados fatales que han puesto al Sename bajo un escrutinio público sin precedentes.
Rechel es la decimoquinta niña que fallece en manos de un organismo asociado al Sename en los últimos nueve años, de los casos conocidos. Su deceso, sin embargo, permaneció invisibilizado durante casi cinco meses, sin la cobertura mediática que recibió la muerte de Lissette Villa, de 11 años, ocurrida en abril del mismo año en otro hogar. Las supuestas negligencias en este caso fueron reveladas varios meses después de sucedido el hecho, según afirmó el Sename en un comunicado, haciendo referencia al reporte de The Clinic.

Contexto Familiar y Medidas de Protección
Rechel Contreras Vera padecía de lupus eritematoso sistémico complejo, una enfermedad crónica que requería cuidados permanentes y un estricto suministro de medicamentos. Sus primeros síntomas se manifestaron a mediados de 2012 con bajas inexplicables de peso, cuadros de fiebre, decaimiento y dolores en sus piernas, lo que llevó a hospitalizaciones cada vez más frecuentes. Su madre, Verónica, recuerda que "de repente estaba bien, podía estar andando en bicicleta y al otro día quedaba paralítica".
El 26 de octubre de 2015, un juzgado de familia de Rancagua ordenó una medida de protección para Rechel, debido a deficiencias en el manejo del tratamiento de su lupus por parte de sus padres. Un oficio anterior, firmado por la Dra. Heydi Leiva, encargada del Programa Chile Crece Contigo, especificaba que la madre era adicta a las drogas y se había presentado al hospital en "inadecuadas condiciones higiénicas". El padre, José Contreras, tenía antecedentes de alcoholismo y violencia intrafamiliar. El documento oficial admitía un contexto familiar crítico que incluía falta de preocupación por la alimentación, carencia de vestimenta adecuada, inasistencia escolar, consumo habitual de drogas y explotación laboral de los hijos.
Verónica Vera reconoció parte de las acusaciones, incluyendo su consumo de pasta base y los problemas de su pareja con el alcohol y la ley, pero negó haber promovido la mendicidad de sus hijos. La medida de protección implicó que Rechel, junto a sus dos hermanos, Alan y José Ignacio, ingresaran al hogar de la Fundación Padre Alceste Piergiovanni en Quinta de Tilcoco. Este fue el tercer hijo de Verónica en ingresar a dicha residencia en menos de cuatro meses. Pese a la situación, Rechel anhelaba regresar con su madre, expresando a un psicólogo: “Mi madre y yo somos felices juntas, quiero irme de aquí y estar con ella”.
Rechel ingresó a la residencia el 2 de noviembre de 2015, tras ser dada de alta del Hospital Regional de Rancagua con diagnósticos complejos como hemiparesia, enuresis, encopresis, compromiso cualitativo de conciencia, encefalopatía lúpica y nefropatía lúpica. Los padres de Rechel se enteraron de que no regresaría a casa durante una visita al hospital, donde un funcionario del Sename les indicó: “Ustedes vulneraron los derechos de la niña”.
Vacaciones en Pichidangui y Empeoramiento de la Salud
En febrero de 2016, la directora del centro, María Teresa González Catejo, decidió trasladar a Rechel y otros menores a un centro vacacional en Pichidangui, comuna de Los Vilos. La niña quedó a cargo de la educadora de trato directo Sonia Gaona Sotelo. A pesar de que la enfermedad de Rechel exigía evitar la exposición al sol y un cuidado constante, fue incluida en el paseo. Los padres de Rechel acudieron a hablar con la directora González para pedir que la niña se quedara con ellos, argumentando que no podía exponerse al sol. Sin embargo, su opinión no fue tomada en cuenta, ya que la tutela de los niños ya no estaba en sus manos.
La directora González afirmó que Rechel contaba con "todos sus controles al día y estaba en condiciones de salud para realizar una vida normal", y que solo se informó a la dirección regional del Sename, no al tribunal de familia. La pequeña Rechel llegó a la playa el 3 de febrero, y antes de ir, le cortaron el pelo debido a la inevitable caída del cabello durante las crisis de su enfermedad. Se cuenta que estaba feliz de ver el mar por primera vez y que su deseo, escrito el 10 de febrero en una iglesia de Pichidangui, era "Me quiero sanar".
Nueva denuncia de maltrato en un centro del Sename (Comentario de Estación Central)
El Fallecimiento y la Respuesta Inicial
Rechel comenzó a sentirse mal durante la noche del 11 de febrero de 2016. Alrededor de las 4:00 de la madrugada, la niña sufrió una descompensación con vómitos, diarrea y dificultades para respirar. Sin embargo, fue trasladada "tardíamente" al hospital de Los Vilos cerca de las 7:00 de la mañana por el psicólogo Matías Astudillo y una educadora de trato directo. En el hospital, le aplicaron oxígeno, recuperó la conciencia momentáneamente y fue derivada al hospital de Coquimbo, donde llegó desvanecida. A las 11:24 de la mañana, la pequeña Rechel falleció a causa de una sepsis bronconeumonía.
El Ministerio Público argumentó que "el traslado tardío de la niña a un recinto asistencial por parte de Gaona, a pesar de conocer la enfermedad de Lupus que padecía la niña y los riesgos y consecuencias asociadas a ella, agravó su estado de salud, restándole a la víctima posibilidades de sobrevida". El cuerpo de Rechel fue trasladado al Servicio Médico Legal de Illapel para la autopsia. El primer informe de la PDI, sin embargo, concluyó que no habría indicios para "presumir la intervención de terceros en el hecho". El examen toxicológico no arrojó la presencia de los medicamentos recetados por el médico tratante, sino midazolam, una benzodiacepina.
Formalización de Cargos y Denuncias de Irregularidades
La Fiscalía formalizó a la directora del centro, María Teresa González Catejo, y a la educadora Sonia Gaona Sotelo, por el delito de cuasidelito de homicidio. A González Catejo también se le imputó el delito de presentación de documentos falsos. La investigación del Ministerio Público sostiene que la menor no habría recibido la atención de salud necesaria. El Juzgado de Garantía de Los Vilos fijó medidas cautelares de firma periódica y arraigo nacional para ambas imputadas, otorgando un plazo de seis meses para diligencias investigativas.
El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien encabeza el caso, señaló que la presentación de documentos falsos por parte de la directora demuestra las dificultades investigativas. Se reveló que el 8 de julio de 2016, González Catejo presentó ante el Juzgado de Familia de Rengo un documento falso denominado "Entrega de medicamentos Pichidangui 2016", que alteraba las dosis de hidroxicloroquina prescritas para Rechel de 400 mg a 200 mg. Según los fiscales, la imputada exigió a los funcionarios modificar el documento original y confeccionar uno nuevo y falso.
Exfuncionarias de la residencia denunciaron que la noche de la muerte de Rechel, varios trabajadores estaban en "evidente estado de ebriedad", incluyendo al psicólogo Matías Astudillo y las tías Yaritsa, Mariana y Marian. Carmen, una de las denunciantes, relató que la tía Sonia le contó que el psicólogo "andaba de carrete en otra cabaña" y que "cuando llevó a la niña al hospital estaba borracho". Las extrabajadoras afirman que las autoridades de la residencia estaban al tanto de la situación y que los funcionarios cuestionados continuaron bebiendo después del fallecimiento. También denunciaron que Rechel no fue la única menor en enfermarse durante esas vacaciones, mencionando un caso de un niño con neumonía. Tras las denuncias, las cuatro funcionarias fueron desvinculadas de la institución, aunque la dirección de la residencia sostiene que fue por "otros motivos" y calificó las acusaciones de "irresponsables".
Cuestionamientos al Sename y Organismos Colaboradores
El caso de Rechel ha puesto de manifiesto profundos problemas en el sistema de protección a la infancia en Chile. La Fundación Padre Alceste Piergiovanni, como Organismo Colaborador Acreditado (OCA), recibe una subvención del Sename a través de licitaciones. Existe una crítica extendida de que "los niños son un valor de mercado y las OCAs son derechamente empresas que postulan a las licitaciones, ofrecen un plantel de recursos humanos de excelencia, luego se adjudican el proyecto y empiezan a recortar los recursos". Por cada niño que reside en el centro, el Sename entrega una subvención mensual de 358.819 pesos.
El Director Nacional del Sename, Hugo Herrera, reconoció que "existiría un incumplimiento de los protocolos de trabajo con los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño". Tras la solicitud de administración provisional de dos residencias, el director del Sename anunció que se modificarán los protocolos de trabajo y se instaurará un nuevo modelo de supervisión con los organismos colaboradores.
tags: #indignacion #por #rechel #contreras #sename