La incapacidad jurídica es un concepto fundamental en el derecho que limita o anula la capacidad de obrar de un individuo, reconociendo que, por diversas razones, puede no estar en condiciones de tomar decisiones por sí mismo. Esta figura legal tiene profundas implicaciones en la vida cotidiana de muchas personas. En su esencia, la incapacidad de la personalidad jurídica se refiere a la limitación de una persona para ejercer plenamente sus derechos y obligaciones en el ámbito legal.
Modelos Tradicionales y su Crítica: El Caso de Chile
Si bien en Chile no existe una regulación legal específica sobre la capacidad mental, los artículos 1445, 1446, 1447 y 456 del Código Civil han sido utilizados para la determinación de un modelo de atribución directa de incapacidad y de sustitución de la voluntad de determinadas personas. El artículo 1447 del Código Civil chileno, por ejemplo, señala que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, agregando que sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución.
Si bien el sistema de interdicción y la regulación de las curadurías busca proteger a estas personas frente a diversas formas de abusos, dichas normas suelen limitar de forma desproporcionada e indebida los atributos de la personalidad jurídica básica de todo ser humano. En base al modelo legal vigente, las relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales de las personas con alguna de estas discapacidades se ven sujetas a un modelo que invisibiliza totalmente su voluntad, deseos y preferencias personales. Incluso más allá de la declaración concreta de interdicción y designación de curador, la existencia de estas normas da sustento a la convicción jurídica, social y cultural, respecto a la incapacidad de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial.
Capacidad de Goce y Capacidad de Ejercicio en el Derecho Civil Chileno
El derecho civil chileno identifica dos tipos de capacidad que son cruciales para entender el ejercicio de los derechos y deberes:
- La capacidad de goce: Es la aptitud legal de las personas para adquirir derechos y obligaciones, como ser destinatario de normas y titular de derechos y deberes (p. ej., recibir una donación o una herencia, con la consiguiente obligación de pagar impuestos). La ley contempla algunas incapacidades de goce, que impiden adquirir determinados derechos, denominadas incapacidades particulares. Estas consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar o celebrar ciertos actos o contratos. Así, por ejemplo, los casos de los artículos 402, 412, 961, 965, 1065, 1796 a 1800 del Código Civil.
- La capacidad de ejercicio: Es la aptitud de las personas para obrar por sí mismas sin el ministerio o autorización de otro, lo que supone la existencia de una voluntad capaz de discernir con responsabilidad y con libertad en actos jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales (Vial del Río V, Lyon A. Derecho Civil, Teoría General de los Actos Jurídicos y de Las Personas. Ediciones Universidad Católica de Chile 1985; 284-6). Consiste en la idoneidad del sujeto para ejercitar por sí solo, con su propia voluntad, los derechos subjetivos y contraer obligaciones.
El Paradigma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), ratificada por Chile el año 2008, representa un cambio fundamental al establecer que las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, sin discriminación. Esta convención supera el modelo de “discapacidad mental” como base de la “incapacidad jurídica”, situando a las personas con discapacidad al centro de todas las decisiones que les conciernen.
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En términos más concretos, lo que la Convención promueve es la creación de un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Este sistema se entiende como un conjunto de relaciones, prácticas, medidas y acuerdos, de más o menos formalidad e intensidad, diseñadas para asistir a una persona con discapacidad mental en la comunicación, comprensión y consecuencias de los actos jurídicos, así como en la manifestación e interpretación de su voluntad, deseos y preferencias.
No se trata de una cuestión fácil de comprender, ya que en el trato y regulación de la discapacidad mental coexisten la correcta intuición de proteger, con los resabios de un sistema tutelar que no presta la debida atención al respeto por la dignidad humana de la que toda persona es titular. Las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial enfrentan miles de barreras cada día para poder desarrollar sus proyectos de vida. Son vidas concretas de seres humanos que sueñan, se enamoran, sufren y piensan. El apoyo a la transición de una vida más independiente es una de las garantías fundamentales para el propio autocuidado y despliegue del potencial de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial, desde la primera infancia hasta la adultez.
La Incapacidad Jurídica en el Derecho Civil Español
En España, la incapacidad jurídica se rige principalmente por el Código Civil. Este marco legal establece las pautas y disposiciones que rigen la capacidad legal de las personas en el contexto de sus derechos y obligaciones. El Código Civil establece que todas las personas son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, a menos que una ley disponga lo contrario. A raíz de la implementación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, y su entrada en vigor a principios de septiembre de 2021, se actualizaron los paradigmas respecto a la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, priorizando el sistema de apoyos y la autonomía personal.
Tipos de Incapacidad Legal en España
Existen varios tipos de incapacidades, cada una con su procedimiento y características propias:
- Incapacidad absoluta: Es el tipo más severo de restricción legal. Esto significa que la persona en cuestión no puede tomar decisiones sobre su patrimonio, salud, ni sobre ningún otro asunto legal, sin importar su magnitud.
- Incapacidad parcial: Es un grado intermedio entre la absoluta y la relativa. Estas restricciones pueden aplicarse a aspectos particulares, como la administración de su patrimonio o la toma de decisiones médicas.
- Incapacidad relativa: Es el tipo menos restrictivo de incapacidad legal en España. En este caso, la persona en cuestión tiene la capacidad de ejercer la mayoría de sus derechos y asumir sus obligaciones.
La Figura del Curador y la Curatela
La figura del curador es fundamental para proteger los derechos y el bienestar de las personas con incapacidad jurídica. El curador tiene la responsabilidad de proteger los intereses y el bienestar de la persona incapacitada. Para ser designado como curador de una persona con incapacidad jurídica en España, se deben cumplir ciertos requisitos legales.
Limitaciones de la Curatela
Es importante comprender que la curatela conlleva ciertas limitaciones que se imponen en aras de equilibrar los derechos individuales y la necesidad de salvaguardar a quienes puedan estar en situación de vulnerabilidad:
- Una de las limitaciones más evidentes de la curatela es la restricción de la autonomía.
- Las decisiones tomadas por el curador están sujetas a supervisión legal. Un tribunal revisa las acciones del curador para garantizar que estén en el mejor interés de la persona con incapacidad jurídica.
- En muchos casos, el curador tiene el deber de administrar los bienes y propiedades de la persona incapacitada.
La curatela puede afectar la vida cotidiana de la persona con incapacidad jurídica al influir en decisiones relacionadas con su cuidado, educación, vivienda y relaciones personales. Otra limitación importante es que la curatela no es necesariamente permanente.
Proceso de Solicitud y Declaración de Incapacidad Jurídica
Solicitar la incapacidad jurídica es un proceso que requiere atención meticulosa y el apoyo de profesionales legales capacitados. Es un paso fundamental para garantizar que las personas con incapacidad jurídica reciban el cuidado y la protección que necesitan.
¿Quién puede solicitar la incapacidad?
Independientemente de quién inicie la solicitud, hay requisitos legales que deben cumplirse. Tanto la propia persona afectada, los familiares directos como instituciones o entidades de tutela pueden desempeñar un papel en este proceso:
- La propia persona que cree que tiene incapacidad jurídica puede solicitarla. En muchos casos, las personas que son conscientes de sus propias limitaciones pueden iniciar el proceso por sí mismas.
- Los familiares directos, como padres, hijos, cónyuges o hermanos, también pueden solicitar la incapacidad en nombre de la persona afectada.
- En algunos casos, instituciones o entidades de tutela designadas por la ley pueden solicitar la incapacidad en nombre de la persona incapacitada.
Lo más importante es que la solicitud se realice con el interés genuino de proteger los derechos y el bienestar de la persona con incapacidad.
Órgano Competente y Fases del Proceso en España
Para declarar la incapacidad jurídica, es esencial entender quién es el órgano competente. En España, el órgano competente para declarar la incapacidad jurídica es, generalmente, el Juzgado de Primera Instancia. Este tribunal es el responsable de evaluar los casos y tomar decisiones en relación con la incapacidad jurídica.
Las fases del proceso incluyen:
- Antes de iniciar el proceso de solicitud, es fundamental buscar asesoramiento legal.
- La solicitud de incapacidad jurídica se presenta ante el tribunal competente.
- Una vez presentada la solicitud, el tribunal podrá ordenar o no una evaluación médica y psicológica de la persona en cuestión para determinar su capacidad.
- Se lleva a cabo una audiencia legal donde se presentan pruebas y argumentos.
- Si el tribunal determina que la persona en cuestión es incapaz de ejercer plenamente sus derechos legales, se procederá al nombramiento de un curador y determinará las medidas de apoyo que este complementará respecto de la persona con capacidad reducida.
- La curatela se somete a una supervisión legal continua para garantizar que se cumplan los derechos y el bienestar de la persona con incapacidad jurídica.
Es importante destacar que el proceso de incapacidad no se considera definitivo y permanente. La incapacidad jurídica no siempre es permanente, y el proceso se lleva a cabo con un enfoque en garantizar que se respeten los derechos y el bienestar de la persona afectada y se ajusta a las leyes y regulaciones vigentes.
Incapacidad de las Personas Jurídicas como Sujetos del Derecho Penal
Un concepto distinto, pero relacionado con la personalidad jurídica, es la incapacidad de la persona jurídica (una entidad, no un individuo) para realizar una acción humana propia como base del delito. Esto se debe a que las personas jurídicas carecen de consciencia y voluntad y de movimientos propios, siendo la acción realizada realmente por su representante o administrador, que es el sujeto activo que realiza en su caso la acción típica.
Esa es la primera razón básica, junto con la incapacidad de culpabilidad, de la incapacidad de delinquir de la persona jurídica tradicionalmente admitida. No obstante, en los últimos tiempos algunos ordenamientos prevén «penas» para las personas jurídicas, evolucionando el concepto de su responsabilidad penal.
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