La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de análisis desde diversas perspectivas disciplinarias. Mientras psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar a niños con trastornos de personalidad, y economistas han abordado la falta de recursos y la ineficiencia administrativa.
Recientemente, la académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el doctorante Miguel Morales, publicaron una columna en El Mercurio enfatizando la necesidad de una perspectiva histórica para comprender la crisis del organismo. Este enfoque, aseguran, “volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales”.
Contexto histórico de la infancia vulnerable
Illanes y Morales destacan que la vulneración y la institucionalización de menores no son fenómenos nuevos, sino que han sido “verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo”.
Primeros antecedentes históricos
Los académicos enumeran una serie de hechos históricos donde la temática de la infancia vulnerable ha estado presente. A fines de la Edad Media, por ejemplo, diferentes instituciones de asistencia se especializaron en acoger a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos; uno de los casos estudiados es la Barcelona del siglo XV. Los registros de este periodo, con “pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva”.
El primer objetivo de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados fue asegurar su supervivencia debido a la alta mortalidad infantil de la época.
El caso de Chile y la invisibilización de la precariedad
En Chile, la situación de los menores institucionalizados ha dificultado la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad. Además, los registros han mencionado historias de maltratos y abusos. A partir de investigaciones como las descritas, Illanes y Morales señalan que se puede reflexionar sobre la realidad actual del SENAME y el papel que estas instituciones han tenido en las sociedades que las han construido.
Los investigadores recalcan que el uso del concepto de abandono en estos casos puede promover “la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema”. Sugieren que parte de las estrategias futuras deberían relacionarse con “la conservación de los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas”.
Finalmente, Illanes y Morales se preguntan sobre las estrategias del siglo XXI y cómo ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia. Responden que los estudios históricos permiten poner en perspectiva el papel del SENAME, que debería ir más allá de la protección o restitución de los derechos del niño, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
La dramática realidad del SENAME: Informes y denuncias
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público.
El caso Lissette Villa y el inicio de la investigación
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del SENAME. Sin embargo, el informe de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El documento de 257 páginas, al que accedió CIPER, es un resumen de la extensa investigación realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
Cifra de muertes y caos estadístico
Existe una gran falta de claridad respecto al número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección".
El sistema chileno, como la mayoría de los brazos estatales a cargo de niños vulnerables, se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas, y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, entidad creada por Michelle Bachelet, afirmó: "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio".
El diputado Saffirio, quien ha denunciado permanentemente los abusos en el Sename, dijo a BBC Mundo: "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio, quien fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno sobre el Sename, presentó un informe con 200 medidas urgentes, asegurando que "ninguna se han cumplido".
Detalles del informe de la PDI y la sistematicidad de las vulneraciones
El diputado René Saffirio reveló la existencia del informe el 2 de julio. A su juicio, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año y aparentemente "nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas".
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años, entre los que destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y UNICEF. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dio pie a dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
Crisis al interior del Sename
La investigación penal de la Fiscalía
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se les mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 que existen. Solo una se negó a recibirlos.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Centros de internación y maltrato
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Incumplimiento de protocolos y fiscalización
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud mental y sobremedicación: Un problema sistémico
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El caso de Guillermina y el embarazo adolescente
Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04.19 de la mañana, traída por la policía y "medio vestida". Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un "egreso" más del sistema del Sename, equiparando el término de su vida a un escape o una reinserción familiar. Su caso no parece ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal", según María Estela Ortiz.
Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. "El bebé fue a un proceso de adopción porque no estaba capacitada para ser madre", cuenta el abogado querellante, quien calcula que la menor tenía 14 años. Aunque estuvo mucho tiempo en situación de calle, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave.
El psiquiatra Rodrigo Paz, quien es parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que la menor estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) que en la cantidad que se le daba actuaba como antipsicótico, y estuvo "expuesta a antidepresivos por años" a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños, e incluso pueden tener efectos adversos.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". El problema es grave, considerando que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado.
La situación se extiende más allá de las puertas del Sename. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Además, hay pocos psiquiatras infantojuveniles, y la mayoría prefiere trabajar en el sector privado, dejando regiones sin este tipo de especialistas.
Propuestas de solución y el futuro del SENAME
Según el análisis de Estrada, una solución definitiva para el problema requiere tres pilares fundamentales:
Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Se necesitan unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que también trabaje con las familias y no las aísle.
Reunificación familiar como objetivo principal: Los niños son internados por pobreza. Muchos provienen de padres que también fueron maltratados en su infancia. La solución no es quitárselos, sino romper el círculo, entregándoles herramientas y acompañándolos. Sin embargo, quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide en este punto, cuestionando la estigmatización de la pobreza al señalar que "no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal".
Defensa jurídica adecuada para los niños: Es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados. A estos últimos "los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Sin embargo, como bien se señala, los niños no pueden esperar.
tags: #historia #del #sename #embarazo #adolescente