La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en las residencias de protección en Chile, dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename) y, posteriormente, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido como ex-Mejor Niñez), ha sido objeto de una crítica constante debido a problemas estructurales persistentes, entre los cuales el hacinamiento y las precarias condiciones de vida son recurrentes. A pesar de innumerables informes que han revelado las carencias e incluso la violación sistemática de derechos humanos que han padecido NNA dependientes del Estado, las alertas continúan encendiéndose, evidenciando una crisis humanitaria que se prolonga por más de una década.
Panorama General del Hacinamiento y la Sobrepoblación
Según informes emitidos por el Poder Judicial, la sobrepoblación es un problema endémico en las residencias de protección. Un informe elaborado por la Corte Suprema en 2019 constató que existía un 24% de sobrepoblación a nivel nacional. En ciudades como Chillán, Copiapó y Punta Arenas, la cifra llegó incluso al 100%, lo que evidencia una situación crítica. El documento de 60 páginas, que evaluó visitas realizadas durante el primer semestre de 2019 a 254 residencias del país (tanto de administración directa como de organismos colaboradores), identificó 31 residencias que superaban el límite de niños disponible y 45 con sobrepoblación. Esta cifra representaba un punto porcentual mayor que en 2018. El número de niños internados también experimentó un aumento, pasando de 6.027 en diciembre de 2017 a 6.219 en junio de 2019.
Más recientemente, en el segundo semestre de 2023, un informe del Poder Judicial reveló que el 40% de las residencias colaboradoras y de administración directa de Mejor Niñez se encuentran en hacinamiento. Este diagnóstico se suma a las preocupaciones expresadas por una funcionaria de ex-Mejor Niñez, quien afirmó que “la realidad que tenemos en estos momentos es esa, en donde por un lado no tenemos cupo, por otro lado, tenemos un servicio que tampoco responde a las necesidades de los niños, y una falta de recursos también desde lo público”. Las visitas de los jueces, desarrolladas durante el primer semestre de 2017 en 298 establecimientos a lo largo de todo Chile, ya afirmaban que había una “importante sobrepoblación en algunas de las residencias visitadas, lo que redunda en atención insuficiente de los niños, niñas y adolescentes”.
Deficiencias Estructurales y Operacionales
Condiciones de Infraestructura y Sanidad
Los informes del Poder Judicial no solo han detectado el hacinamiento, sino también una serie de otras falencias en los centros. En términos de infraestructura, se concluye que "sin perjuicio de advertirse mejoras en términos generales, sigue habiendo una problemática asociada al aseo e higiene de las instalaciones". Además, se destaca que "un porcentaje alto de las residencias son inmuebles antiguos y deteriorados". El informe de 238 hojas elaborado por la Corte Suprema también detectó la necesidad de implementar y/o sustituir mobiliario, que en un porcentaje importante se encuentra en mal estado, pudiendo ser incluso foco de peligro. El texto indica que “se advierte la presencia de basura, desechos y desperdicios en las dependencias comunes, como patio, biblioteca, lavandería, lo que resulta, a juicio de los visitantes, insalubre y pernicioso para los residentes”. A pesar de esto, se han invertido importantes sumas de dinero, con un total de $4.500 millones desde 2015 para arreglar 121 residencias, sin que se hayan erradicado los problemas de fondo.
Calificación y Estrés del Personal
Con respecto a los funcionarios a cargo del cuidado de los niños, el estudio identifica "falencias importantes", al considerar que el personal se encuentra "poco calificado para la atención, con baja preparación en el caso del personal técnico". El senador Alejandro Navarro comentó que el servicio cuenta con cuatro mil trabajadores, de los cuales un 25% cada mes presenta licencia médica por estrés, lo que sugiere que "algo está mal". La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia del Basto, confesó que "todos los centros tienen déficit de personal administrativo, profesional y médico". Ella criticó que los cambios realizados en los últimos años para mejorar la infraestructura no son adecuados para su función, graficando que "hablamos de espacio reducido y muros altos, se parecen más a prisiones y deberían ser escuelas de formación".
La Problemática de Salud Mental
Uno de los puntos que más cuestiona el Poder Judicial tiene que ver con los tratamientos de salud mental de los menores: "Las condiciones actuales que ofrece nuestro sistema proteccional no permiten hacerse cargo de menores de edad con patologías médicas de salud mental". Para Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, "aquellas materias que tienen un impacto directo en los niños y niñas, como atención en salud mental o consumo de alcohol y drogas, no se abordan, sino que se siguen dilatando". El líder de la Anfur, Rubén Munizaga, explicó que "no tenemos capacidad de atender a niños con trastornos siquiátricos, sin embargo, la mayoría de los menores que tenemos tienen alguna patología asociada. El problema es que el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto". Agregó que "muchos niños que no tienen trastornos siquiátricos terminan con uno porque, debido al hacinamiento, deben relacionarse con aquellos que sí están enfermos. El 70% de los pequeños que tenemos requiere sicofármacos, y un 10% de ellos internación".
Menores Atrapados en Centros Psiquiátricos
Una de las manifestaciones más críticas de esta falencia es la situación de NNA bajo el cuidado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex-Mejor Niñez) que, a pesar de estar en condiciones de alta médica de centros psiquiátricos, se ven obligados a permanecer en estos recintos. Esto ocurre no por motivos de salud, sino por problemas estructurales en las residencias, como el déficit de cupos, la falta de residencias especializadas, el cierre de algunas y el rechazo a recibir jóvenes con problemas de salud mental. El caso de Karen, una adolescente de 16 años, que se auto infligió cortes y fue ingresada en la Unidad de Corta Estadía del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, ejemplifica esta situación. Aunque declarada en condiciones de alta médica, permanecía retenida en la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría, un escenario que le generaba mayor ansiedad y la hacía sentir "peor estando acá́". Tras un recurso de amparo interpuesto por el Programa Mi Abogado, su situación llegó a manos de la Corte Suprema.
Salud mental en mayores: Impacto del aislamiento social
Pamela Canessa, coordinadora regional del programa Mi Abogado de la región de Valparaíso, ha confirmado que muchos menores bajo la tutela de ex-Mejor Niñez permanecen en instituciones psiquiátricas incluso después de recibir el alta médica, "esperando un cupo en residencias”. Otro caso es el de Valentina, una adolescente de 17 años en Punta Arenas, que fue ingresada en el Hospital Clínico Magallanes tras un intento de acabar con su vida. A pesar de recibir el alta médica cinco días después, permaneció hospitalizada 22 días más debido a la escasez de cupos en la residencia RVA Magallanes. La resolución 947 de la Cámara de Diputados, del 10 de julio de 2023, señala que “uno de cada dos niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en estas residencias, está afectado por algún problema de salud mental (55%)”, lo que agrava la necesidad de servicios especializados.
Los datos solicitados vía Ley de Transparencia acreditan que, para finales de 2023, 1.299 niños y niñas de 10 a 17 años bajo protección del servicio egresaron de alguna internación psiquiátrica, con un promedio de estadía de 21,7 días y un máximo de 168. Entre los casos documentados, se identificó una acción de amparo acogida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta durante el primer semestre de 2023, que involucró a una adolescente que se mantuvo hospitalizada durante 100 días adicionales, pese a estar en condiciones de recibir el alta médica. La cantidad de menores que han ingresado al cuidado alternativo de residencias ha ido en considerable aumento durante los últimos meses. Desde marzo de 2023 a octubre de 2024, han ingresado 388 niños a residencias, totalizando 4.965 menores que viven en estos establecimientos a lo largo del país.
Cierre de Residencias y Rechazo por "Perfil Complejo"
Las razones detrás de la prolongación de la estadía de los menores bajo protección de Mejor Niñez en centros psiquiátricos no se deben solo a que el sistema residencial no da abasto, sino también al progresivo cierre de residencias del servicio. A principios de enero, Aldeas Infantiles SOS Chile anunció a través de un comunicado el cierre de seis de sus residencias, afectando a 120 NNA que quedarían sin lugar donde vivir. Además, existe la problemática de la negación de cupos debido al perfil de los menores, siendo algunos considerados “problemáticos” por las residencias dada la complejidad de su salud mental. El caso de Karen, mencionada anteriormente, refleja este rechazo: su reingreso a la residencia fue negado a pesar de tener cupo, con el organismo colaborador señalando “o esta niña no ingresa acá o nosotros dejamos la residencia”.
Teresa Izquierdo, presidenta de la Fundación Focus y miembro del directorio de Juntos por la Infancia, describe otra situación similar: un menor ingresado al Hospital del Salvador de Valparaíso, tras problemas de ira y por intentos de abuso sexual a otros menores de su anterior hogar, fue asignado a una de sus residencias, generando el dilema de "yo lo recibo y puede abusar de otro joven". La complejidad de los casos también se evidencia en situaciones como la de Martín, un menor de 12 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad mental moderada, que permaneció 52 días en un hospital por motivos proteccionales, no médicos, descompensándose al interior del recinto porque “estaba aburrido, porque estaba encerrado”. Carolina Valdivia, coordinadora regional del Programa Mi Abogado de la región de Atacama, relata que "en el caso de Copiapó, si el niño tiene 15 años o es una niña, no tiene dónde estar en la región", evidenciando la falta de una red de apoyo integral y residencias especializadas.
Un Sistema en Crisis: Sename y Mejor Niñez
Contexto Histórico y la Tercerización
La crisis en el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido calificada como una crisis humanitaria. Se prolonga por más de una década, y los sucesivos gobiernos han intentado enfrentarla con reformas menores y el aumento paulatino de fondos. Sin embargo, el problema radica en las condiciones estructurales similares a las que mantiene desde su creación por la dictadura militar en 1979: un servicio estatal que funciona con recursos fiscales, pero que transfiere la mayor parte de ellos a terceros, principalmente entidades privadas sin fines de lucro, para ampliar la cobertura y, supuestamente, hacer más eficiente la operación. Este modelo de "tercerización" de servicios ha sido objeto de severas críticas, siendo otra muestra del fracaso de este enfoque en el Estado chileno.
Cabe consignar que el 95% de los centros del servicio son privados, por ello el presupuesto anual de 118 mil millones de pesos, en su mayoría, va a parar a estas casas de acogida. El presupuesto del Sename ha registrado un crecimiento real del 8% en la última década. Sin embargo, las investigaciones que han salido a la luz dan cuenta del uso ineficiente de recursos humanos y materiales para enfrentar el problema de fondo que es la protección de los menores. El informe del Poder Judicial de agosto de 2016 detectó vacancias, alta rotación de personal calificado y “la ausencia de conocimiento general, por parte de los profesionales encargados de los casos, en relación a los menores, sujetos de protección y reparación psico-emocional”.
Críticas y Demandas de Funcionarios y Entidades
Para Natalia Castillo (RD), parlamentaria de la Comisión de Infancia, "el informe es lapidario, ya que constata, una vez más, que el sistema de protección no otorga las garantías necesarias para asegurar la efectiva restitución de derechos de niños y niñas vulnerados". El senador Baldo Prokurica cuestionó la actitud de la dirección del Sename, planteando que "no se está priorizando como se debe" y pidió "sincerar la realidad porque acá se está tapando el sol con un dedo". La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia del Basto, también culpó a la dirección saliente del caos institucional y cuestionó la denominación de Hugo Herrera, asegurando que "todo indica que se hacen nombramientos considerando criterios políticos pero no técnicos".
El presidente de Antrase, Walter Arancibia, aclaró que los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) fueron creados para atender a niños altamente complejos; sin embargo, muchos no cumplen con ese perfil y son recibidos porque los Juzgados de Familia los mandan. "Los jueces insisten en que los Cread sean la puerta de entrada al sistema y así no podemos cumplir con nuestra función específica", señaló. Describió que "hay dos educadores por casa y en cada una hay en promedio 30 niños. Un profesional para esa misma proporción es poquísimo, así es imposible que se puedan hacer las intervenciones en forma adecuada. Cada niño debería tener a lo menos, 2 sesiones semanales".
Incidentes y Eventos
Como si el diagnóstico del sistema no fuera suficiente, la residencia familiar de Cerro Alegre, en Valparaíso, se vio afectada por un incendio que obligó a la evacuación de siete niñas y 11 funcionarios. Se trató del primer hogar presentado por el gobierno enfocado en un modelo de intervención personalizado. El incendio afectó parte del segundo piso y el entretecho de la vivienda, investigándose una posible falla eléctrica.
Propuestas y Desafíos para el Futuro
El senador Alejandro Navarro comentó que "su institucionalidad no da para más, por lo que debemos hacer cambios normativos. Por ejemplo, existen 143 proyectos de ley en tramitación asociados a la infancia". Destacó el diagnóstico de los funcionarios: "Estamos ciertos que se necesitan más recursos para solucionar la actual precariedad del sector, pero también definiciones políticas respecto a la necesidad de una política integral de la infancia". La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia del Basto, reconoció que dividir el organismo en dos departamentos (de Protección de Derechos y de Justicia Juvenil) ha servido, pero "creemos que deben hacerse cambios más de fondo". Argumenta que "la mayor parte de los problemas descansan en la precariedad del sistema" y que "necesitamos que se creen más centros de administración directa y se construyan lugares de acogida en cada región para evitar complejos traslados".
El recién asumido director del organismo reconoció el difícil momento que vive la institución, enfatizando la importancia de cambiar la visión de la infancia. Las múltiples carencias del sistema, desde la falta de cupos y recursos hasta la incapacidad de responder adecuadamente a las necesidades complejas de los NNA, subrayan la urgencia de una reestructuración profunda que vaya más allá de las reformas superficiales, buscando garantizar una protección efectiva e integral para la niñez y adolescencia en Chile.
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