La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de una profunda crisis y un escrutinio constante a lo largo de los años, con una serie de informes lapidarios que han expuesto fallas sistémicas en la protección de la infancia y adolescencia. Estos documentos, elaborados por diversas instituciones, no solo revelan la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo tutela estatal, sino que también dejan en evidencia el sufrimiento y los desafíos que enfrentan las familias guardadoras, a menudo invisibilizadas en el diagnóstico y la búsqueda de soluciones.
I. El Drama de las Familias Guardadoras: Casos Emblemáticos
Un Caso de Adopción Frustrada: El Pequeño B.
Las familias guardadoras, que abren sus hogares a menores vulnerables, enfrentan a menudo obstáculos significativos. Un ejemplo es el caso del pequeño B., quien hoy va a cumplir dos años y dos meses. Sus guardadores informaron a Sename de su intención de adoptarlo apenas tres días después de saber que el niño era susceptible de ser adoptado. Sin embargo, por tercera vez, el tribunal de alzada no acogió la orden de no innovar, que solicitaba que B. permaneciera con ellos. Cristian Echayz, abogado de la familia, explicó que solo se les informó que no había argumentos para no entregar la orden, por lo que van a interponer una reposición. Manuel Muñoz, también abogado de la familia, enfatizó que lo que les interesa es evitar que al niño “se le cause un daño irreparable, al desarraigarlo de la familia que él reconoce como sus padres verdaderos”. Los guardadores han manifestado desde el principio su intención de adoptar al niño, pero “algo pasó”. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha estado haciendo seguimiento del caso para vigilar que se vele por el interés superior del niño.
Historias de Vida bajo la Tutela Estatal: Katty, Juan, Ángel y Homero
La experiencia de Katty, Juan, Ángel y Homero, hoy adultos, es representativa de los NNA que pasaron años en el sistema de protección estatal. Sus familias de origen no pudieron garantizar su cuidado, crianza ni formación, lo que llevó a su institucionalización a muy temprana edad: Katty a los cinco años, Juan a los cuatro, Ángel a los dos y Homero a los tres. Dos años después de ingresar a la Casa Nacional del Niño, y a través del Programa de Colocación Familiar, todos fueron ubicados en el domicilio de una “Familia Guardadora”, un lugar que supuestamente debía cautelar su cuidado y protección, velando y respetando sus derechos a vivir en una familia.
Aunque la vida los trató con dureza, en todos ellos podemos destacar importantes valores. En Juan hay reconciliación y en él habita el perdón. En Ángel y Katty encontramos el valor de la familia, sus semillas trascienden en sus hijos e hijas. En ellos vemos aquello para lo cual, nadie está preparado: “ser” padres. Katty es madre de tres hijos y desarrolla el importante oficio de temporera. Juan le dio una oportunidad a la vida y hoy vive acompañando a su madre y se desenvuelve como comerciante. Ángel, padre de cuatro hijos, se especializa en cortar y unir piezas como soldador.
La Categoría "Familia Guardadora" Invisibilizada en los Diagnósticos
A pesar de la relevancia de estas familias, la Comisión Investigadora Sename II (2017) apenas discutió la categoría “Familia Guardadora”. Esto implica que en los diagnósticos faltan las voces de Katty, Juan, Ángel y Homero, y las de otros que, con seguridad, han sido invisibilizados, aun cuando sufrieron graves vulneraciones bajo este sistema. Esta omisión es sumamente relevante, ya que lo que está en discusión en materia de protección de la infancia es, entre otros aspectos, el Programa de “Familia de Acogida Especializada” (FAE), otrora “Familia Guardadora”. En el informe de la comisión, se hace alusión a este como el “proyecto estrella” de Sename y, sin embargo, su nudo crítico -además de la insuficiente supervisión técnica- se centra en las familias participantes, no en los NNA, al señalar que estas se ven imposibilitadas de acceder al cuidado definitivo o su adopción.
II. Fallas Estructurales y el Trágico Legado del Sename
El Caso Lissette Villa: Un Catalizador de la Crisis
La noche del 11 de abril de 2016, Lissette Villa, de 11 años, tuvo su última crisis en el hogar Galvarino, administrado por el Sename. Ninguna de sus cuidadoras, Conne Fritz (asistente de contador sin experiencia como educadora de trato directo) y Thiare Oyarce (sin título ni contrato, y sin formación en protocolos de contención de crisis), supo qué hacer. Lo que hicieron, acostarla boca abajo, inmovilizarla de brazos y piernas, y Fritz ponerse sobre ella, la mató. Lissette, que desde los 5 años había entrado y salido de centros del Sename debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono por parte de su familia de origen, era conocida por sus episodios de rabia y “pataletas”.
Un año y dos meses después, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó el informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la primera comisión en 2014. Las conclusiones fueron poco alentadoras en puntos clave para evitar que se repitieran tragedias como la de Lissette, quien, según la exdirectora del Sename, Mariela Labraña, falleció por una “crisis emocional” causada por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto.
La Muerte de Guillermina: Un Reflejo de la Inoperancia
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años con historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, y un embarazo adolescente, ilustra otra faceta trágica de la inoperancia del sistema. En agosto de 2012, tras resistirse violentamente a reingresar al Centro de Protección Alborada del Sename, fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después. A pesar de sus intentos previos de suicidio, y contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo completo. Su muerte fue registrada como un “egreso” más del sistema, equiparable a un escape o una reinserción familiar, sin que la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia prosperara.
El Caos Estadístico: Cifras Inciertas de Fallecimientos
Una de las mayores deficiencias del sistema Sename ha sido la falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo tutela estatal. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos solo en 2010 fue cinco veces el reportado. Tras un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, se arrojaron 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Sin embargo, María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, afirmó que "no hay claridad respecto de información cuantitativa", y el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora, denunció que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
III. Radiografía de las Deficiencias: Capacitación, Fiscalización y Salud Mental
Drástica Reducción en Capacitación y Formación
Las conclusiones del informe de la segunda comisión investigadora del Sename fueron poco alentadoras, especialmente en dos puntos clave para asegurar el bienestar de los menores: la capacitación y la fiscalización. El presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%, según el borrador del informe. Este hecho es especialmente crítico, ya que la falta de capacitación fue un factor determinante en la muerte de Lissette Villa. Christopher Simpson, educador de trato directo (ETD) del Sename, señaló que en casi cinco años en el servicio, ha recibido solo una capacitación insuficiente. Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos, indicó que su centro no ha recibido capacitación de la administración central en al menos los últimos cinco años, afectando directamente las competencias de los educadores. Matías Marchant, psicólogo, agregó que los sueldos y los sistemas de turnos “irracionales” terminan “reventando literalmente a las educadoras”. La falta de capacitaciones, que atenta contra la formación y desarrollo profesional de los 1.275 ETD contratados en todo el país, incide directamente en la calidad del cuidado y la atención de los menores.
Fiscalización Deficiente y Desaprovechamiento de Recursos
La falta de fiscalización es otro punto crítico. Según información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. El presupuesto de 2017 destinó $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados. El diputado Ramón Farías explicó que la falta de presupuesto suficiente para el Sename provoca una disminución de las fiscalizaciones, cuya forma actual “deja mucho que desear”, limitándose a un “checklist” cuantitativo. La fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) es “insuficiente”, y la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para este año empeora aún más el panorama. Un funcionario del área de licitaciones explicó que un gigantesco monto destinado a la atención y protección de los niños permanece sin ejecutar, y los OCAS “guardan” esos fondos, desaprovechándolos. Las inspecciones son “someras”, principalmente cuantitativas, haciendo difícil establecer si hay avances reales en la intervención. La supervisión financiera es aún más precaria, revisando solo que las boletas “cuadren”, sin un análisis exhaustivo. La Ley 20.032, que regula las subvenciones, no especifica la “glosa” presupuestaria, lo que históricamente ha impedido un control efectivo. Esto permite que, si un programa licitado para atender a cien niños solo atiende a 20, igual se pague por los cien. Luis Ortúzar defendió el rol de los OCAS, señalando que con la subvención de $180 mil mensuales por niño, para 90 menores, es poco lo que pueden hacer para garantizar un buen cuidado y mantener un equipo estable de 35 funcionarios.
El Problema de la Sobremedicación y la Salud Mental
La salud mental de los menores bajo la tutela del Sename presenta un panorama dramático. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, considera que ella estaba “sobremedicada”, recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en una cantidad que actuaba como antipsicótico, además de antidepresivos por años con efectos adversos. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la “poca prolijidad” en la manipulación de medicamentos en los centros es “generalizada”, con stock en cualquier parte y problemas graves con la dosificación. El senador Alejandro Navarro indicó que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños sin la debida atención médica especializada. Esta situación se agrava por la falta de infraestructura: el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El informe de la PDI reveló que el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, el 14,2% alguna patología médica, el 13,9% una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. Además, el 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 55 la labor es realizada por técnicos de áreas distintas a la salud. En el 66,3% de los centros, la administración de fármacos en jornada diurna recae en educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, a quienes solo se les exige cuarto medio rendido. Esta práctica ya había sido constatada por CIPER en 2016, mostrando que los fármacos se suministran sin control, a menudo como paliativo para contener a los niños. La escasez de psiquiatras infantojuveniles, que prefieren el sector privado, deja regiones enteras sin especialistas. La alta tasa de suicidio adolescente en Chile contrasta con la falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
“Salud mental en la infancia y adolescencia: claves para acompañar hoy”
IV. Informes Lapidarios y la Cuestión de las Responsabilidades
La Contundencia del Informe PDI (2017/2018)
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta fue la contundente conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público. El documento, un resumen de 257 páginas de una extensa investigación, fue solicitado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno lo dieran a conocer. El informe de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, abarcando casi la totalidad de los 241 centros del país y dando cuenta de los cerca de 6.500 niños en el sistema de residencias.
La investigación policial constató que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. El 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Además, dos hogares solo recibieron visitas anuales de los tribunales de familia, que deben fiscalizar cada seis meses.
Una Cadena de Alertas en los Últimos Siete Años
El informe de la PDI es el último eslabón de una siniestra cadena de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. Destacan el Informe Jeldres (2012), investigación del Poder Judicial y Unicef que fue la primera gran alerta sobre los graves abusos; dos comisiones de diputados; una Misión de Observación del Sename en 2017; varios informes de la Contraloría; y el reporte de la ONU. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, sin embargo, no han logrado revertir la situación. La jueza Mónica Jeldres, en 2012, ya advertía de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, supervisión y administración financiera, sin que hubiera una respuesta inmediata. Continuaron las denuncias por violaciones, maltratos, abusos y explotación sexual.
Responsabilidades Políticas y la Indiferencia Estatal
El foco del debate público sobre las conclusiones de la segunda comisión ha estado puesto sobre las responsabilidades políticas de la exministra de Justicia, Javiera Blanco; los exdirectores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Sin embargo, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron que el verdadero problema reside en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. La Comisión Investigadora Sename II (2017), los diputados que solicitaron una Comisión Nacional de Verdad y Reparación en Materia de Infancia (2018), y el informe de la ONU (2018), han señalado que la responsabilidad de las vulneraciones que sufren los NNA bajo la tutela del Estado le corresponde al Estado de Chile. Christopher Simpson señaló que ni en el hogar Galvarino ni en el Sename han habido mejoras a más de un año de la muerte de Lissette, y el Estado “viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela”. Es grave que el Poder Judicial, que debe visitar los centros dos veces al año, nunca haya encontrado estas vulneraciones sistemáticas ni haya ordenado su cese.
V. Propuestas y Desafíos para una Reforma Urgente
Hacia un Nuevo Modelo de Protección Infantil
El psicólogo Matías Marchant cree que la forma en que se hace la supervisión de los recursos “ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas”. Francisco Estrada, abogado experto en infancia, propone un modelo basado en tres pilares: unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias, en lugar de aislarlas. El segundo pilar es que el objetivo final sea la reunificación de los niños con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y la vulneración. Estrada critica que la decisión más fácil para quienes toman las decisiones, a menudo con baja formación, sea internar al niño, especialmente por la estigmatización de la pobreza. El tercer pilar es la necesidad de que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada, diferente de la que reciben los menores infractores de ley, para quienes el niño “es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho”.
El Cierre del Sename y la Creación de un Nuevo Servicio
El Sename requiere desde hace décadas un cambio de gestión y estructura para actuar de manera eficiente en la protección de niños y adolescentes con trastornos familiares y en la rehabilitación de infractores de ley. El Consejo Nacional de la Infancia, entidad creada por Michelle Bachelet, busca cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, esperando “dejarlo instalado” antes de 2019. Es urgente intervenir el servicio, profesionalizándolo, liberándolo de operadores políticos y mejorando notablemente las políticas públicas relacionadas con la infancia, donde se producen las desigualdades que algunos pretenden remediar cuando ya es demasiado tarde. Sin embargo, los niños no pueden esperar. Es imperativo que la sociedad y el próximo Gobierno actúen con urgencia para defender a estos niños, que “no marchan, no votan, no exigen” y que, en palabras de María Estela Ortiz, son "los más pobres de los pobres".
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