El concepto de grupos vulnerables se refiere a aquellos segmentos de la población que son más susceptibles de sufrir daños, discriminación o desventajas debido a diversos factores como su situación social, económica, geográfica o sus circunstancias físicas. Estos grupos pueden enfrentarse a mayores riesgos, tener un acceso limitado a recursos u oportunidades, y requerir apoyo y protección específicos para garantizar su bienestar y su participación igualitaria en la sociedad.
Los grupos vulnerables pueden variar según los contextos, pero algunos ejemplos comunes incluyen a los niños, niñas y adolescentes; las personas mayores; las personas con discapacidad; las mujeres y niñas; las minorías étnicas y raciales; las personas LGBTQIA+; los inmigrantes y migrantes; los refugiados y personas desplazadas, entre otros.
Evolución del Concepto de Vulnerabilidad
El uso de términos como "vulnerabilidad", "colectivos vulnerables" u otros relacionados se ha vuelto tan generalizado que ha desplazado a otros conceptos que se utilizaban para definir situaciones de exclusión, como "situaciones de extrema pobreza", "grupos marginales o marginalizados", "poblaciones excluidas" o "desfavorecidas". El crecimiento exponencial en el uso de la palabra "vulnerabilidad" en las últimas décadas, especialmente en el ámbito de la acción humanitaria y la cooperación, confirma su éxito y generalización.
Sin embargo, esta generalización puede llevar a una simplificación y banalización del concepto. Por ejemplo, referirse a grupos de personas refugiadas confinadas en campos como simplemente "grupo vulnerable" puede ser una forma de maquillar una realidad dramática donde sus derechos más elementales han sido vulnerados y se les obliga a permanecer en una situación de vulneración permanente. Estos colectivos son, en realidad, "colectivos vulnerados", ya que sobre la base de una previa vulnerabilidad, sus derechos y necesidades básicas han sido continuamente violados, y esta vulneración tiene responsables.
De manera similar, las personas mayores alojadas en residencias que se han convertido en víctimas preferentes de la pandemia de COVID-19 no son solo un "grupo vulnerable". Son un colectivo que, sobre la base de una situación de vulnerabilidad previa, ha sufrido vulneraciones y violaciones de su derecho a la salud y a la mínima protección. Referirse exclusivamente como "grupo vulnerable" alimenta la idea de que esto era inevitable o culpa de circunstancias externas, ocultando las responsabilidades que existen.
Definición y Dimensiones de la Vulnerabilidad
En el ámbito de la gestión de riesgos de desastres, se ha construido un pensamiento que enfatiza que "la vulnerabilidad no es una fragilidad irreversible ante amenazas inconmensurables: es una condición producida histórica y socialmente, con una participación determinante de las relaciones de poder en ese resultado". Por lo tanto, referirse a la vulnerabilidad de forma genérica y banal, como un concepto que todo lo engloba, es un error que obvia los elementos de construcción social e histórica y las relaciones de poder o el incumplimiento de obligaciones por parte de las administraciones públicas u otros actores.
Las definiciones más utilizadas y aceptadas de la vulnerabilidad la describen como “condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas”. Es decir, se trata de condiciones previas de sensibilidad y debilidad de ciertas personas o grupos que se agravan cuando se materializan ciertas amenazas que, siguiendo con el argumento, los “vulneran”.
La vulnerabilidad, además, tiene múltiples facetas. Un grupo indígena en la selva puede ser pobre y tener vulnerabilidad económica y ambiental, pero su organización social, cohesión comunitaria y visión colectiva les ha permitido resistir ante muchas amenazas. Los elementos sociales, psicológicos y organizativos forman parte del análisis de la vulnerabilidad junto con las dimensiones económicas, de edad, de género, ambiental y otras.
Capacidades y Dignidad
El otro riesgo del discurso simplificador de la vulnerabilidad es que olvida la otra cara de la moneda: las capacidades. Ningún grupo social, ninguna persona, ningún colectivo es solo vulnerable. Definir a cualquiera solo de ese modo atenta contra su dignidad y contribuye a estigmatizarlo, limitando el ejercicio de sus derechos y la lucha por los mismos.
Poner el énfasis solo en las vulnerabilidades sin citar y dedicar esfuerzos al fomento de las capacidades de las que toda persona y grupo disponen es un error frecuente. La desigualdad y la discriminación son elementos que permean los desafíos de la Agenda 2030 y el desarrollo social inclusivo. La inclusión social y laboral efectiva de todas las personas, reflejadas en su empoderamiento, participación, vida digna y bienestar progresivo, deben ser garantizados.
Grupos Vulnerables Específicos y Desafíos
El Ministro Hernán Larraín destacó dos acuerdos relevantes en materia de derechos humanos, especialmente en tiempos de pandemia, haciendo hincapié en la atención a los grupos vulnerables. Entre ellos se mencionaron explícitamente a los migrantes; las mujeres; los niños, niñas y adolescentes; y las personas privadas de libertad.
Niños, Niñas y Adolescentes
El Relator Especial tiene el mandato de prestar atención a la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, aplicando una perspectiva de género y prestando especial atención a las necesidades de los niños en la realización del derecho a la salud. La prevención de la mortalidad infantil debe ser una prioridad mundial. Más allá de la supervivencia, los niños tienen derecho a prosperar, desarrollarse integralmente y disfrutar de buena salud física y mental.
La primera infancia es crucial para invertir en salud individual y social. El derecho de los niños pequeños a un desarrollo saludable es clave para promover y proteger el derecho a la salud a lo largo de la vida y fomentar el desarrollo humano sostenible. Esto se salvaguarda a través de buenas prácticas como el embarazo y parto planificados y seguros, vacunas, y la protección contra la violencia, negligencia y abuso.
En la adolescencia, las desigualdades se acentúan en acceso a servicios, decisiones de vida y trayectorias futuras. Las bases sentadas en la adolescencia para la seguridad emocional, salud, educación, habilidades y resiliencia tienen profundas implicaciones para el desarrollo social, económico y político. Los costos de fallar a los adolescentes son altos. Aunque ellos pueden contribuir a su propia salud, solo pueden lograrlo si los Estados respetan y protegen sus derechos.
Un decálogo para cuidar la salud mental de los adolescentes. Montserrat Dolz, psiquiatra
Mujeres y Niñas
Las mujeres y las niñas enfrentan importantes obstáculos para el pleno disfrute de su derecho a la salud, especialmente en lo referente a la salud sexual y reproductiva. La realización del derecho a la salud requiere la eliminación de barreras que interfieren en la toma de decisiones individuales, acceso a servicios, educación e información sobre condiciones de salud que les afectan.
La violencia de género es un problema de salud pública con graves consecuencias adversas en la salud física y mental. El matrimonio precoz suele asociarse a embarazos precoces y frecuentes, incrementando las tasas de mortalidad y morbilidad infantil y materna. La extirpación de los genitales externos femeninos por razones no médicas o sanitarias tiene múltiples consecuencias para la salud.
Abordar las prácticas tradicionales nocivas es una obligación fundamental de los Estados. Expertos en derechos humanos instan a los líderes mundiales a cumplir sus promesas y renovar sus compromisos sobre los derechos de las mujeres.
Personas con Discapacidad
Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, incluyendo el acceso a servicios sanitarios de calidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ofrece una oportunidad para repensar el legado histórico de modelos anteriores y alejarse de prácticas que van en contra de los derechos humanos y del enfoque moderno de la salud pública. La CDPD desafía las prácticas tradicionales de la psiquiatría.
Expertos de la ONU han señalado que el COVID-19 ha exacerbado el abandono histórico de la atención a la salud mental digna, especialmente para quienes están en instituciones. Se ha instado a la liberación de defensores de derechos humanos por motivos de salud y a detener ejecuciones de personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad.
Trabajadores Migrantes y Personas Privadas de Libertad
Los trabajadores migrantes suelen iniciar su proceso migratorio como personas relativamente sanas. El marco del derecho a la salud, al ordenar que la no discriminación informe todos los aspectos de la política estatal, no permite distinción entre trabajadores migrantes regulares e irregulares y nacionales.
Las políticas migratorias existentes han provocado un elevado número de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo detenidos. Las necesidades de salud mental y física son una preocupación principal. Los largos periodos de detención y las malas condiciones de vida facilitan la transmisión de enfermedades contagiosas y pueden tener efectos devastadores en la salud mental. Se ha instado a acabar con la explotación de trabajadores inmigrantes, prestar atención médica inmediata a migrantes detenidos y liberar a niños migrantes de la detención.
La separación de familias migrantes tiene un impacto duradero. Las leyes penales relativas a conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, orientación sexual e identidad de género suelen infringir varios derechos humanos, incluido el derecho a la salud. Las repercusiones de la discriminación basada en la orientación sexual son de gran alcance, impidiendo el acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales.
Personas Mayores
Dado el importante ritmo de envejecimiento del mundo, es necesario un cambio de paradigma. El enfoque del derecho a la salud es indispensable para el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas y programas relacionados con la salud para mitigar las consecuencias del envejecimiento de la sociedad y garantizar el disfrute de este derecho humano por parte de las personas de edad. Las instalaciones, bienes y servicios de salud deben ser disponibles, accesibles, asequibles, aceptables y de buena calidad para las personas mayores.
Alentar a las personas mayores a permanecer activas beneficia no solo al individuo, sino a la sociedad en su conjunto. Un comunicado de prensa cuestiona: "¿A quién le importa el sufrimiento de las personas mayores al final de su vida?".
El Rol del Estado y la Urgencia de Políticas Inclusivas
El quehacer político debe responder de manera oportuna a los grupos en situación de vulnerabilidad para garantizar la inclusión social y laboral efectiva de todas las personas, reflejada en su empoderamiento, participación, vida digna y bienestar progresivo. Los grupos en situación de vulnerabilidad abordados por la ARDSI son niños, niñas y adolescentes; personas jóvenes; personas mayores; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que habitan en zonas rezagadas; personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales; migrantes y aquellos desplazados por conflictos; y poblaciones afectadas por desastres y cambio climático.
La pandemia actual ha profundizado la discriminación y exclusión de estos grupos, lo que subraya la necesidad de prioridades claras desde las políticas sociales y laborales para reducir la desigualdad y alcanzar un desarrollo social inclusivo.
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