La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido un tema recurrente de debate y controversia en la esfera política, especialmente en lo que respecta a las votaciones y posturas de los diferentes bloques parlamentarios, incluyendo el Frente Amplio. Diversos informes, proyectos de ley y propuestas han generado discusiones encendidas y divisiones, incluso dentro de las propias coaliciones.
Rechazo al informe de la comisión Sename y críticas al oficialismo
Los parlamentarios oficialistas, que en su mayoría votaron en contra o se abstuvieron en la discusión de un informe sobre el Sename, estimaron que este fue "parcial" y no reflejaba los avances promovidos por el Ejecutivo en la materia. Se manifestó desazón por cómo parte de la clase política discutió la pertinencia de incluir o no nombres de ex autoridades.
Acusaciones de intervención gubernamental
El diputado van Rysselberghe calificó como "muy grave" que el Gobierno haya intervenido en la Cámara para alinear a sus parlamentarios y "echar abajo" los contenidos de la comisión sobre el Sename. Agregó que es "muy inquietante" que el Gobierno asuma una actitud de protección hacia quienes, según él, "objetivamente violaron los Derechos Humanos de cientos de niños" del país. Subrayó que ningún gobierno debe amparar ni promover la impunidad en materia de abusos, violaciones y vulneración de los derechos de la infancia.
Argumentos para el rechazo del informe
Desde otra perspectiva, el diputado Jorge Sabag explicó que rechazó el informe porque "lamentablemente, la Cámara de Diputados es una cámara política, y el informe se preocupó más de endosarle las responsabilidades políticas a la ex ministra Javiera Blanco, más allá de buscar soluciones concretas" sobre cómo mejorar la atención que el Estado les brinda a los niños de Sename.
Reacciones de ex directivos y funcionarios
Jessica Flores, ex directora de Sename en la Región del Bío Bío, aseguró que el rechazo al informe "demuestra la indolencia y la complicidad de los diputados". Flores tampoco manifestó confianza en la labor del fiscal especial del Ministerio Público Marcos Emilfork para esclarecer las muertes de los niños, alegando que "las penas son un chiste". Recordó el fracaso de una comisión similar durante el gobierno de Sebastián Piñera, la cual "se usó con fines políticos" y "no se llegó a nada".
Robert Contreras, también ex director regional del servicio, calificó de "impresentable e impresionante" el lobby del Gobierno para lograr el rechazo del informe. Consideró "patético" ver a figuras como Camila Vallejo abstenerse, siendo parte de la comisión, lo que a su juicio es "como votar en contra de tu propio trabajo". Agregó que, con el rechazo, las conclusiones de la comisión "pasan a ser letra muerta", sin causar "ningún tipo de obligación al Estado chileno", lo cual es lamentable porque se iba a responsabilizar a personas que "tuvieron la oportunidad de cambiar el destino de la infancia en Chile y no lo hicieron".
El secretario nacional de la Asociación de Funcionarios de Sename (Afuse), Cristián Araya, calificó lo ocurrido de lamentable, señalando que "haber estado más de un año investigando y no poder llegar a una conclusión es decepcionante". Araya añadió que presidentes anteriores prometieron modificaciones sin éxito, por lo que no hay expectativas de cambio, ya que "nunca ha habido voluntad de resolver los problemas de fondo de la institución". Recordó que esta no es la primera comisión sobre el Sename que termina sin resultados, responsabilizando a los gobiernos por la falta de un cambio de fondo en los problemas de la infancia vulnerada del país, con la dura afirmación de que "estamos igual que cuando murió Lissette y a nadie le importa".
Aprobación de la reforma y aumento de subvenciones
A pesar de las críticas y la controversia, una de las iniciativas que reforma el Servicio Nacional de Menores (Sename), orientada a restituir los derechos de las niñas y niños vulnerados, fue aprobada en votación general con 11 votos a favor. El Ministro Marcos Barraza valoró el respaldo y destacó la importancia de la creación de la Subsecretaría de la Niñez, fundamental para la fiscalización de los programas de protección. Este proyecto busca abordar las deficiencias del sistema actual en materia de niñez y plantea el desafío de crear una nueva institucionalidad.
Asimismo, se planteó la necesidad de una explicación detallada por parte del Sename sobre las discrepancias entre las cifras iniciales y las expuestas en la discusión, especialmente en relación con menores con dolencias o enfermedades críticas.
Ramón Farías instó a centrar la discusión en el bienestar de los menores, evitando el aprovechamiento político de la situación y subrayando la vulnerabilidad de los niños.
Anteriormente, durante la presidencia de la Comisión de Adopción, se observó una tenaz oposición por parte de la derecha a avanzar en proyectos sin contar previamente con una Ley de Garantías de la Niñez, lo que obstaculizó el despacho de leyes y el progreso en materia de adopción.
Aumento de subvenciones para organismos colaboradores
Un encendido debate se dio en la sala de la Cámara en torno al proyecto que busca duplicar, en un período de cuatro años, la subvención para los organismos colaboradores del Sename. La norma impulsada por el Ejecutivo fue aprobada en su votación general por 101 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones, contando con un amplio respaldo de Chile Vamos, de las bancadas de la ex Nueva Mayoría (DC, PS, PPD y PR) y parte de los diputados del Frente Amplio, quienes votaron divididos.
La iniciativa había sido declarada de máxima urgencia legislativa por el gobierno. Inicialmente, la Comisión de Familia, con votos oficialistas y de oposición, la dejó sin recursos para su implementación, situación que fue revertida por el gobierno en la Comisión de Hacienda. Posteriormente, la sala aprobó los dos artículos que aseguran el aumento de las subvenciones: uno que amplía el rango de gasto destinado a los organismos colaboradores en un 25% para el primer año, y otro que permite su financiamiento durante el primer año de vigencia.
Debate: El financiamiento de la política
Críticas y respaldos a la modificación del Sename
A pesar de la aprobación transversal de la iniciativa, la discusión estuvo marcada por duras críticas de la oposición, principalmente del Partido Comunista (PC) y Revolución Democrática (RD). Se cuestionó el aumento de recursos a organismos que, según las acusaciones, han sido responsables de vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.
La diputada Natalia Castillo (RD) pidió dejar de trazar una línea entre "buenos y malos" y expresó dudas sobre la capacidad de confiar y aprobar un aumento de recursos a instituciones que han vulnerado sistemáticamente los derechos de los niños. Advirtió que el aumento propuesto por el Ejecutivo, que equivale a 1.875 pesos diarios por cada niño, no mejorará significativamente sus condiciones.
Por el contrario, su par del Movimiento Amplio (MA), Gabriel Boric, respaldó la iniciativa, aunque se inhabilitó de votar debido al vínculo de su padre con una fundación ligada al Sename. Advirtió que la aprobación por parte de los diputados del Frente Amplio no implica un acuerdo con la lógica de subvenciones, sino que responde a la urgente necesidad de que los niños, niñas y adolescentes en residencias tengan acceso a mínimas condiciones de dignidad. Consideró que este no es el proyecto con el que se debe presionar al gobierno para pedir cambios estructurales.
Desde el PC, la diputada Karol Cariola instó al gobierno a no "poner la carreta frente a los bueyes", sugiriendo que en lugar de aumentar los fondos, se debería modificar la forma de financiamiento actual, que a su juicio, "incentiva de manera perversa la institucionalización" de los niños.
La oposición también advirtió que se requiere un aumento de recursos mucho mayor para mejorar realmente las condiciones de los menores. El diputado Giorgio Jackson (RD) estimó que dicho aumento costaría cerca de 200 millones de pesos adicionales al año, lo que representa solo un tercio de lo que el gobierno pretende descontar a las mil empresas más ricas del país con su reforma tributaria.
Además, el sector cuestionó que el Ejecutivo eliminara la palabra "garantías" de la ley de garantías de la niñez.
Por otro lado, desde Chile Vamos, se acusó a la oposición de votar "desinformados", bajo "un sesgo ideológico" y "una visión miope".
Creación del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia
El Congreso aprobó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, el cual, junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, pondrá fin al Sename. El Director de la División de Organizaciones Sociales, Jorge Fuentes, manifestó que esta normativa "posibilitará cerrar una deuda del Estado y lo pone al servicio de la protección de la infancia".
El proyecto deberá pasar por una revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Uno de los principales cambios será que el sujeto de atención no solo será el niño, sino también su familia, con un enfoque en el interés superior del menor en la reparación y restitución de sus derechos.
En su labor de tutela, el Ministerio de Desarrollo Social garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados. Asimismo, se establece que el Servicio tendrá por objeto garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, lo cual incluye el diagnóstico especializado, la restitución de derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.
Desafíos y dudas sobre la implementación del nuevo servicio
Se busca desjudicializar la protección de los menores, un aspecto que cuenta con un amplio consenso entre los expertos consultados. Sin embargo, este último punto genera mayores dudas, ya que no está claramente definido en el proyecto cómo operará en la práctica.
José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, expresó dudas sobre los alcances concretos de la coordinación intersectorial. Señaló la necesidad de que ministerios como Educación y Salud, así como los servicios encargados, intervengan de inmediato en temas como deserción escolar, drogadicción y salud mental, ocupándose de los cupos escolares y las atenciones médicas y hospitalarias.
En Aldeas S.O.S., también existe inquietud por la coordinación intersectorial. Paulina Fernández estima que el proyecto debería especificar claramente quién será el encargado de esta coordinación.
El abogado Nicolás Espejo comparte la preocupación por la falta de claridad en las obligaciones legales que otras reparticiones del Estado deberán cumplir para otorgar una protección integral a los menores que ingresan a los programas.
La jueza Mónica Jeldres identifica problemas en "cuestiones elementales, como el objeto del servicio, derechos no garantizados, ausencia de protección administrativa, en el diseño y dependencia jerárquica, que no asegura eficiencia en la coordinación con los tribunales de justicia".
Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, destaca que uno de los elementos potencialmente más valiosos es la desjudicialización de la mayoría de los casos. Sin embargo, advierte que si no existe una entidad especializada, con estándares clave y responsabilidad jerarquizada y administrativa, capaz de actuar con la potestad para exigir y derivar la oferta con pertinencia y oportunidad, se producirá un vacío que ni los tribunales ni las oficinas locales podrán resolver.
José Pedro Silva considera que se avanzará en aspectos específicos, asociados a mejores estándares técnicos y fortalecimiento del monitoreo y fiscalización. Por su parte, Mónica Jeldres opina que esta ley no resolverá el problema.
Paolo Mefalopulos explica que el proyecto establece el principio de priorización, lo que se traducirá en que los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la administración del Estado.
Votación en la Comisión de Familia y críticas de parlamentarios
La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley que aumenta la subvención para las instituciones colaboradoras del Sename, pero rechazó el artículo central de la iniciativa que daba curso al financiamiento de esos organismos. Ese punto del texto fue dirimido por cinco votos a favor (Chile Vamos) y siete en contra (parlamentarios de la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio y el diputado de RN, Leonidas Romero).
El legislador oficialista Leonidas Romero explicó su voto en contra, argumentando que "los niños primero es que tengan más recursos, que no les sigamos entregando recursos a aquellas instituciones donde violaron y murieron muchos niños". Añadió que votó "a conciencia en contra del proyecto", esperando que se mejore y se defina cómo se va a regular y sancionar a las instituciones involucradas en vulneraciones. En tanto, la presidenta de la instancia, Natalia Castillo (RD), valoró el trámite, pero advirtió que el proyecto quedó sin financiamiento, debido al rechazo del artículo que contemplaba el alza como parte del Tesoro Público. Hizo hincapié en la necesidad de un examen más exigente al aumentar recursos a organismos colaboradores involucrados en vulneraciones de derechos.
En la misma línea, el diputado René Saffirio (IND) llamó a rechazar el proyecto de ley en la sala de la Cámara, calificándolo de "aberrante" por reajustar en un 25% las subvenciones a los organismos colaboradores del Sename "sin discriminación de ninguna naturaleza". Expresó la esperanza de que la Sala rechace el proyecto, priorizando la definición de un modelo de protección de la infancia.
Tras conocer la noticia, el senador de Evópoli, Felipe Kast, lamentó la decisión y acusó a la oposición de haber "entrampado el proyecto", recordando que llevaba siete meses esperando ver la luz.