El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido, durante años, el epicentro de un profundo escándalo que ha conmovido a la sociedad chilena: la desprotección y violación sistemática de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. Este problema ha puesto en relieve la urgente necesidad de reformar el sistema de protección de la infancia en el país.
Orígenes y Revelación del Escándalo
La problemática del SENAME cobró notoriedad pública con el fallecimiento de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016. Este trágico suceso movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, quienes iniciaron una investigación penal para detener los abusos en los hogares del SENAME.
Antes de la muerte de Lissette, informes ya habían alertado sobre la situación. En diciembre de 2012, UNICEF envió al Poder Judicial los resultados del estudio "Levantamiento y unificación de información de niños en sistemas residenciales", desarrollado por el Poder Judicial con apoyo técnico de UNICEF. Este estudio reveló que NNA eran víctimas de violencia física y psicológica, y de abuso sexual, por parte de otros niños o adultos. UNICEF reenvió los resultados en marzo de 2013 y su Representante en Chile los envió directamente al Presidente de la Corte Suprema, evidenciando una situación que, a pesar de los avisos, persistía.
Investigaciones y Hallazgos Alarmantes
Las investigaciones posteriores confirmaron la gravedad de la situación. La Defensoría de la Niñez determinó que de las 878 muertes de NNA registradas en la red SENAME entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y únicamente 200 investigados.
Se aplazó para para marzo la formalización por la muerte de Lissette Villa
Entre enero y abril de 2017, un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó 171 centros, evaluando las condiciones de cumplimiento de derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios y las eventuales vulneraciones. Los resultados fueron desgarradores:
- El 63,5% de la población de estos centros era femenina, y el 60% de ellas tenía entre 8 y 13 años.
- El 87,9% del personal era femenino, reflejando una feminización del cuidado.
- El 21% de los centros presentaba sobrecupo, con un 12,5% alcanzando hasta el 50% y un 3% superando el 75%.
- Un 1,6% de los establecimientos ofrecía solo 1 o 2 comidas diarias, y el 16% de los NNA declaró pasar hambre.
- El 22% de los NNA no recibía un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% reportó trato discriminatorio.
- El 69% de los NNA de 14 años o más presentaba sintomatología depresiva, y el 45% de ellos no había accedido a apoyo psicológico o psiquiátrico.
- 8 de cada 10 NNA encuestados declaró haber recibido algún tipo de castigo por parte del personal, incluyendo privación de contacto familiar (15%), ser dejado sin comida (7%), encierro (7%) y contención física (12%).
- El 46% de los NNA reportó maltrato psicológico por parte del personal, y un 12% agresión física leve, mientras que un 6% sufrió agresiones graves.
- El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado entre pares.
- El 6,4% de los NNA entrevistados reportó haber sufrido abuso sexual en los últimos 12 meses. Tristemente, 8 de cada 10 víctimas de abuso sexual eran niñas, y el 78% de los casos fue cometido por otro menor de edad.
Un informe lapidario de la PDI de 2017, resultado de una investigación en 240 hogares de menores, confirmó que en el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, pero no hecho público en su momento, calificó la violación de derechos como "permanente y sistemática".
Fallas en el Sistema y Carencias de Protocolos
Las investigaciones revelaron graves falencias operacionales:
- Falta de protocolos: El 72,9% de los centros carecía de protocolo ante conductas suicidas, y el 76,7% no contaba con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales".
- Fiscalización deficiente: Aunque el 98,3% de los centros recibía fiscalización periódica del SENAME, estas eran mayormente coordinadas, lo que podría haber permitido ocultar irregularidades.
- Atención médica insuficiente: El 37,3% de los residentes padecía alguna enfermedad psiquiátrica, y el 14,2% alguna patología médica. Sorprendentemente, 42 centros no tenían encargado de salud, y en el 66,3% de los centros, el personal a cargo de suministrar fármacos no contaba con formación profesional o técnica en salud.
- Sobremedicación: Se constató una "poca prolijidad" en la manipulación y dosificación de medicamentos, utilizándose en ocasiones como paliativo para contener a los menores. El psiquiatra Rodrigo Paz señaló que Lissette Villa pudo haber estado sobremedicada.
El Factor Lissette y el Caos Estadístico
La muerte de Lissette Villa, a sus 11 años, tras pasar más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del SENAME, puso rostro a la tragedia. Su caso reveló la negligencia en la atención: falta de primeros auxilios en el personal, ausencia de protocolos internacionales en la contención de crisis y la ya mencionada sobremedicación. La entonces directora del SENAME, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional", una explicación considerada poco ética que le costó el puesto.
El caos estadístico fue otra revelación perturbadora. El número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado no era claro. Cifras contradictorias del Ministerio de Justicia (185 entre 2005 y mayo de 2016) y UNICEF (cinco veces más en 2010) demostraron la falta de un registro fidedigno. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del SENAME, señaló la "poca prolijidad" en el manejo de las cifras, donde una misma muerte podía ser contabilizada como "egreso" en múltiples programas.
Responsabilidad y Ética de la Investigación
La Prof. Marcela Ferrer, académica de la Universidad de Chile, destacó la importancia de la responsabilidad de los investigadores y la ética en las investigaciones. En Chile, los Comités de Ética de la Investigación son relativamente recientes. Se planteó la pregunta de si la investigación Poder Judicial/UNICEF había sido sometida a evaluación ética, y todo indicaba que no, lo que generó interrogantes sobre si la situación habría sido diferente bajo una supervisión ética rigurosa.
Propuestas y Reformas
Frente a este panorama, se han planteado diversas recomendaciones y medidas:
- El Comité de los Derechos del Niño afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, recomendando mecanismos de reparación para las víctimas.
- La Defensoría de la Niñez recomendó en 2020 la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, una petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época.
- El INDH concluyó la necesidad de establecer criterios uniformes para las visitas familiares, prohibir la restricción de visitas como sanción, preservar la identidad de los NNA (por ejemplo, con un "libro de vida") y capacitar al personal en maltrato y abuso sexual.
El abogado Francisco Estrada propuso tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo psiquiátrico adecuado: Unidades polivalentes con niños medicados, personal dedicado y trabajo con las familias.
- Reintegración familiar: Priorizar el retorno de los niños a sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato.
- Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los NNA cuenten con una defensa jurídica que vele por sus derechos, a diferencia de la situación actual donde, a menudo, son vistos como un "trámite burocrático".
En el mediano plazo, el Consejo para la Infancia, creado bajo la administración de Michelle Bachelet, propuso cerrar el SENAME y hacer una transición hacia un nuevo servicio, conocido hoy como Mejor Niñez. Este nuevo organismo busca enfocarse en residencias familiares y terminar con los hogares masivos (CREAD).
El Testimonio de Catalina Farías: Un Salto al Vacío
El caso de Catalina Farías, quien pasó gran parte de su niñez y adolescencia en dispositivos del SENAME, ilustra la dura realidad de los jóvenes que egresan del sistema. A los 18 años, Catalina se encontró sin apoyo estatal, sin conocer sus derechos a una protección extendida hasta los 24 años si continuaba estudiando, y sin acompañamiento post-egreso. Su experiencia resalta la falta de preparación para la vida independiente y la ausencia de un apoyo sostenido.
Catalina subraya que el problema de base no siempre es la pobreza material, sino la afectiva, la irresponsabilidad de los padres o problemas de salud mental que impiden un cuidado adecuado. Su experiencia también revela la hipersexualización en las residencias y la falta de educación sobre estos temas, además de la impunidad de los abusadores.
Actualmente, Catalina es activista y cofundadora de Red Egresa, una fundación creada por jóvenes ex-SENAME para apoyar a otros en su transición a la vida adulta. A través de charlas y experiencias compartidas, buscan ser un "puente" entre los jóvenes y las oportunidades, ofreciendo la confianza y el apoyo que a menudo faltan en el sistema. Su testimonio y el de otros activistas demuestran que la atención dedicada, centrada en cada niño, es lo que realmente marca la diferencia, más allá de tener "casas bonitas".
