CIPER accedió (por Ley de Transparencia) a un nuevo y más completo informe sobre la situación de los niños atendidos en la red de protección estatal y que revela las dimensiones desconocidas del fracaso de ese sistema. Para hacer su trabajo la Comisión Jeldres utilizó una batería de instrumentos, entre ellos, una encuesta a cerca de 400 niños. Pero la Comisión Jeldres usó otros instrumentos para su investigación y que son tanto o más importantes que la encuesta: la revisión de los antecedentes de 6.500 niños internados y el examen de las condiciones materiales en 108 residencias.
El informe evidencia también que, en este sistema, no solo sufre la gran cantidad de niños abusados, en cuyos dramas se ha concentrado la discusión pública en las últimas semanas. Uno de los indicadores que resumen los hallazgos de este informe es la cantidad de niños que aparecen expuestos a altos niveles de riesgo. Un aspecto muy relevante de este informe es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial asume que la internación de los niños es siempre dañina. Se trata de un cambio en la mirada que ha dominado el sistema de protección por décadas, según la cual, el niño está mejor en un hogar que con las familias que no pueden cuidarlo.
Citando estudios internacionales se afirma que “por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo”. La internación entonces debe ser restringida a casos excepcionales y por periodos breves. Entre las once regiones visitadas solo Coquimbo tiene un promedio de internación cercano a los dos años (31 meses). En el resto del país se actúa como si internar a un niño por años no le fuera a causar ningún daño.
Según los datos reunidos, en una enorme cantidad de casos los jueces envían a los niños a los hogares a recibir tratamientos “sin plazo”. Por citar algunos ejemplos: en Arica, el 79% de los niños ingresó “sin plazo” a las residencias de esa región y, consecuentemente, el promedio de internación es de 57 meses (4,7 años). En Antofagasta, el 80% de las medidas estaba “sin plazo” y el promedio de internación llegó a los tres años. En el Maule, región de periodos de internación alta, el 75% por ciento de las medidas se dictó “sin plazo”.
¿Para qué hacen esto los jueces? El informe no lo explica, pero esa práctica se suma a varias otras que disminuyen el control del Poder Judicial sobre los niños. Por ejemplo, lo que ocurre con los informes trimestrales que los hogares deben enviar a los jueces informando sobre los avances de los niños. La Comisión Jeldres detectó que, en la mayoría de los casos, esos informes o no se enviaban o eran copias textuales del informe enviado anteriormente. Otra causa que reduce el control de los jueces es, según la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, la presión que sufren los tribunales por cumplir con las metas de gestión que les fijan sus superiores y el Ejecutivo.
La abogada agregó: “Las metas de gestión fueron fijadas por la Comisión Interinstitucional que integran el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda, y para este año implica que el 85% de las causas tienen que estar terminadas en un plazo de 120 días desde que ingresan. Esas metas tienen a todos los jueces de familia del país de cabeza cerrando causas a como dé lugar y las principales afectadas son las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas van sin abogado, porque la ley se los permite por un acceso más rápido a la justicia. Esas causas, donde las personas sin recursos van sin abogado, son las que se cierran sin siquiera abrir un juicio. ¿Para qué? Para que figuren como terminadas y suban las estadísticas. Ahí está el tema de fondo.
La falta de control judicial que se ha descrito, explica por qué muchos indicadores de la calidad de vida de estos niños se mantienen por años en niveles inaceptables. Un ejemplo es lo que ocurre con la atención de salud que reciben los niños. En Coquimbo, de los 272 niños en el sistema residencial, 44% carece de un historial médico actualizado (118 casos). La situación más grave la viven cuatro niños que padecen enfermedades crónicas y que no reciben tratamiento alguno. En la Región de O´Higgins, de los 392 menores en el sistema, 35% (138 casos) no tiene ficha médica actualizada. Los niños con enfermedades crónicas que no reciben tratamiento son cinco. La situación se repite con similares números en todas las regiones incluidas en este informe, mostrando que, aunque el Estado ha sacado a estos niños de sus casas para protegerlos, realmente no se está haciendo responsable de ellos.
Las peores situaciones se registraron en la Región de Arica, donde, de los 17 niños que padecían alguna enfermedad crónica, 15 no recibían ningún tratamiento. Entre ellos había niños con parálisis cerebral, VIH, trastornos alimenticios y cáncer cérvico uterino. Un panorama inquietante se presenta también respecto del tratamiento de las enfermedades mentales. En Arica, el informe consigna nueve niños con problemas de salud mental sin tratamiento. En Coquimbo, se registran cinco casos sin vigilancia médica. En O´Higgins, los niños sin atención son nueve. Salvo en Tarapacá, el problema se repite en todas la regiones, agregándose en algunas zonas el fracaso de los tratamientos. La falta de atención de salud de calidad es uno de los nudos críticos del sistema. Según cifras de SENAME, hay cerca de 1.500 jóvenes con graves problemas de salud que requieren atención especializada y para los cuales el aparato público no ofrece respuestas.
Frente a los jueces que aceptan esa situación y tratan de adaptar sus medidas “a lo que hay”, la Comisión Jeldres instaba a los magistrados a asumir que su tarea es exigir el cumplimiento de los derechos de los niños. En caso de vulneración grave de derechos, el juez debe ordenar que el niño reciba la prestación de salud que necesita, lo que no es otra cosa que exigir que se cumpla con las obligaciones básicas. Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto. La abogada estima que si los jueces crecientemente exigieran el cumplimiento de los tratamientos que necesitan los niños, “las autoridades deberían rediseñar sus programas de acción y presupuestos”.
La educación que reciben los menores internados muestra problemas igualmente preocupantes. En esa situación está el 52% de los niños internados en los centros de Arica, el 52% de los niños internados en Tarapacá; el 48% en Antofagasta; el 52% en Los Lagos y el 55% en Magallanes. Otro aspecto delicado que revela el informe dice relación con las grandes dificultades que tiene el sistema para vincular a los niños con sus familias una vez que están internados. El resultado concreto es que hay una enorme cantidad de niños que el informe califica de “completamente abandonados”, es decir, que no son visitados por ningún familiar ni están en ningún proceso de vinculación para ser adoptados.
En Arica, son 66 los niños “en completo abandono familiar”. De ellos, hay 32 casos en que los tribunales han determinado que son “susceptibles de adopción”. En el Maule, son 207 los niños en completo abandono familiar. En Los Lagos, los niños en abandono familiar llegan a los 206 casos. A nivel nacional, 743 niños son calificados como “completamente abandonados” por el informe. Esta soledad es acrecentada por la mecánica institucional. En un alto porcentaje los niños internados tienen hermanos en el sistema. En la Región de Tarapacá el 56 % de los niños tiene hermanos en la red SENAME y en Antofagasta, la cifra alcanza al 57% de los internos. Así, cientos de niños se enfrentan a largas internaciones solos o con visitas una vez al mes.
El abuso sexual es parte integral de la vida de muchos de los niños que permanecen internos. De partida, el abuso es, dependiendo de la región, la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca de un 10% de los niños. La encuesta elaborada en 2011 por el SENAME -“Mi derecho a ser escuchado”- detectó más de 200 casos de abusos sexuales. En el grupo de los niños de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien (no se precisa si un adulto de la residencia u otro niño) les había tocado partes íntimas de su cuerpo: “Identificando mayoritariamente más de una parte de su cuerpo, seguido de la vagina, el poto, el pene y los senos”, detalla el informe. El informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial consigna que el sistema tiene registros de 208 casos de abuso intra-residencial. La amplia mayoría de ellos ha sido cometido por otros niños internos que probablemente están repitiendo la experiencia de la que fueron víctimas.
Listo para ser revisado en una próxima sesión ordinaria, está la norma que apunta a dar una real contención emocional a los pequeños sujetos a medidas de protección que viven en residencias dependientes del Sename. En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, a fin de prohibir el ingreso de niños y niñas de cero a tres años a residencias, como medida de protección. Esto luego que los integrantes de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes; aprobara la idea de legislar en su última sesión.
EN BUSCA DE UN HOGAR, el presidente de la instancia, el senador Manuel José Ossandón, comentó que "valoramos esta aprobación, pero reconocemos que es difícil llevarla a la práctica. Por eso vamos a abrir un plazo de indicaciones para perfeccionarla y ver de qué forma el Servicio Nacional de Menores (Sename) ¿que está siendo modernizado- y sus organismos colaboradores, pueden derivar a estos pequeños a lugares más parecidos a una familia, a un hogar". Tras la cita, como "un importante avance en la defensa de los menores más vulnerables del país", definió la senadora Ximena Rincón, la aprobación de la propuesta.
¿Cómo afectan las pantallas a tus hijos? Michel Desmurget, doctor en Neurociencia
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