La crisis que atraviesa el Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile es un tema de profunda preocupación social y política, que se arrastra por más de una década. Esta situación, calificada como una crisis humanitaria, se ha visto exacerbada por graves deficiencias estructurales, siendo la falta de financiamiento adecuado uno de sus pilares fundamentales.
Casos trágicos como la muerte de Daniela Vargas, de 13 años, bajo custodia del Sename en Chiloé, y de Lissette Villa en el hogar Galvarino, han puesto en evidencia las consecuencias devastadoras de un sistema con recursos insuficientes y falencias en su gestión. La muerte de Daniela, quien padecía una miocardiopatía dilatada y a quien se le negó un trasplante de corazón por su “precaria situación social, familiar y personal”, es un crudo recordatorio de esta problemática.
El Modelo de Financiamiento y sus Deficiencias
La Subvención a los Organismos Colaboradores (OCA)
El Sename opera como un servicio estatal que, si bien funciona con recursos fiscales, transfiere la mayor parte de estos a terceros, específicamente a entidades privadas sin fines de lucro, conocidas como Organismos Colaboradores Acreditados (OCA). Este modelo busca ampliar la cobertura y, supuestamente, hacer más eficiente la operación.
La subvención que reciben estas instituciones está descrita en la Ley 20.032 del año 2005 y su respectivo reglamento. Esta normativa define una Unidad de Subvención del Sename (USS) y los montos para cada tipo de programa, considerando una banda de precios. En general, al implementarse esta normativa, el reglamento definió los valores más bajos de la banda para cada programa. Con el transcurso de los años, el reglamento ha sido modificado para transitar, en algunos programas, hacia valores más altos de la banda.
El reglamento de la Ley 20.032 fijó el año 2005 un valor de la USS de $10.000, cuya reajustabilidad se efectuaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual. En su momento, este monto fue considerado adecuado por la mayoría de los organismos colaboradores del Sename. Sin embargo, con el paso de los años -y cada vez con más fuerza- el monto de la subvención ha sido criticado porque no estaría cubriendo los costos de una atención adecuada para los niños y niñas.
Desactualización del Valor de la Subvención: IPC vs. IR
La razón principal del deterioro de la subvención que entrega el Sename a sus OCA es que su valor se reajusta con el IPC, lo que no refleja el alto incremento del precio de los recursos humanos en el país, el cual se expresa en el Índice de Remuneraciones (IR).
La hipótesis apunta al método de reajustabilidad de la USS que, como fue mencionado, está indexado con la variación anual del IPC, cuyo comportamiento no ha reflejado el incremento que ha experimentado el precio de los recursos humanos en el país. Considerando que los OCA destinan en promedio el 73% de sus recursos a financiar profesionales, técnicos y administrativos, al no estar asociada al IR, la subvención ha sufrido un deterioro real significativo.
Un cálculo reveló que si la subvención se hubiese reajustado con el IR, el Estado habría dejado de invertir más de $500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables en los 14 años que lleva el sistema. En 2018, las diferencias porcentuales alcanzan a más de un tercio a favor de una USS reajustada de acuerdo con el IR. Es decir, desde 2006 -y cada año de manera más significativa- los OCA han sido perjudicados por el IPC, considerando su estructura de costos.
La Unidad de Subvención Sename (USS) tenía un valor de $15.480 para 2017. Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, señaló que con la subvención de $180 mil mensuales por niño para 90 menores, es poco lo que pueden hacer para garantizar un buen cuidado, especialmente al considerar que su hogar emplea a 35 funcionarios, incluyendo educadores de trato directo, psiquiatra, nutricionista, asistentes sociales y psicólogos. Mantener un equipo estable y bien remunerado es fundamental para el cuidado de los niños, lo cual se ve comprometido por la insuficiencia de los fondos.
Consecuencias de la Insuficiencia de Recursos
Baja Calidad de Atención y Falta de Personal Calificado
La escasez de recursos es un claro impedimento para mejorar la calidad de atención que se brinda a los niños. La realidad de aquellos menores intervenidos de sus hogares y residentes de la red Sename no es auspiciosa. En la comisión de Familia se propuso casi cuadruplicar la subvención que el Estado otorga a cada niño, dinero que se necesita para trabajar con los niños más dañados y frágiles de Chile, requiriendo psicólogos, psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos, educadores, entre otros especialistas.
Un informe del Poder Judicial de 2016 detectó vacantes y alta rotación de personal calificado, además de la “ausencia de conocimiento general, por parte de los profesionales encargados de los casos, en relación a los menores, sujetos de protección y reparación psico-emocional”. El psicólogo Matías Marchant indicó que el problema es más profundo, señalando que los sueldos “hacen que las personas que trabajan en este sistema sigan siendo pobres a pesar de trabajar” y que los sistemas de turnos “terminan reventando literalmente a las educadoras”.
Deficiencias en Capacitación y Formación
El caso de Lissette Villa es un doloroso ejemplo de la falta de capacitación. Cuando Lissette tuvo su última crisis en el hogar Galvarino, sus cuidadoras no supieron cómo actuar, lo que llevó a su muerte. Conne Fritz, asistente de contador sin experiencia como educadora, y Thiare Oyarce, sin título ni contrato y con solo cinco meses en el cargo, carecían de protocolos y criterios para atender a menores y contener crisis. Ambas replicaron prácticas observadas en el hogar, inmovilizándola boca abajo, lo que resultó fatal.
Las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó este caso fueron desalentadoras en cuanto a la capacitación. Se indicó que el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios disminuyó en un 399%. Christopher Simpson, educador de trato directo en el Centro Metropolitano Norte del Sename, relató haber recibido solo una capacitación insuficiente en casi cinco años, lo que genera temor ante situaciones de crisis y atenta contra el desarrollo profesional.
Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos, confirmó no haber recibido capacitación central en los últimos cinco años, afectando directamente las competencias de los educadores y obligando a las organizaciones a realizar capacitaciones internas, lo que resta tiempo al trabajo directo con los niños. Además, las capacitaciones existentes son escasas y poco relevantes para el trabajo real con los menores.
Falta de Fiscalización y Control de Gastos
Las autoridades del Sename han sido criticadas por faltas graves a sus funciones, incluyendo la falta de supervisión y control sobre miles de lugares licitados a privados. Un informe de la segunda comisión investigadora reveló que 338 proyectos privados financiados por el Estado no tuvieron sus cuentas revisadas por la administración central en los últimos tres años, de un total de $146 mil millones destinados a 1.204 programas de atención en 2017.
Las fiscalizaciones son descritas como laxas e insuficientes, tanto técnica como financieramente. El diputado Ramón Farías señaló que la falta de presupuesto incide en la disminución de fiscalizaciones, las cuales, además, son superficiales, centrándose en aspectos cuantitativos (número de niños, extintores) y no en la calidad de la intervención. En el ámbito financiero, las inspecciones se limitan a revisar que las boletas cuadren, sin un análisis profundo.
El psicólogo Matías Marchant considera que esta forma de supervisión de los recursos “ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas”. Un funcionario del área de licitaciones explicó que los OCA a menudo “guardan” fondos por si se cierra un programa, lo que rara vez sucede, resultando en recursos desaprovechados. La Ley 20.032 establece los mecanismos de subvención, pero los convenios no especifican la “glosa” presupuestaria, lo que significa que un programa licitado para atender a cien niños puede ser pagado por ese monto, aunque en la práctica solo atienda a veinte.
La Contraloría ya ha advertido al Ministerio de Justicia y al Sename sobre falencias institucionales, de infraestructura, supervisión y administración financiera, sin que haya existido una respuesta inmediata o establecimiento de responsables. A esto se suman continuas denuncias por violaciones, maltratos, abusos y explotación sexual.
Desigual Distribución del Gasto y Recortes Presupuestarios
Existe una disparidad alarmante en la forma en que se gastan los millonarios recursos públicos. Aunque el Presupuesto 2018 para el Sename consideró un incremento del 9,3% respecto al año anterior, este presupuesto tiene una distribución desigual entre los menores atendidos por entidades privadas y aquellos en centros estatales.
Según un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD), el 91% de las plazas residenciales y el 95% de las atenciones son llevadas a cabo por organismos colaboradores, pero estos reciben solo el 63% del presupuesto. Esta brecha es calificada de “alarmante” por LyD, especialmente considerando que los niños derivados a centros estatales podrían corresponder a casos más complejos. Además, el presupuesto contempla un incremento importante en el gasto de personal, destinando casi el 30% de los recursos a funcionarios, con aumentos por antigüedad en vez de competencias.
Otro problema es el financiamiento tardío de los casos urgentes derivados por Tribunales de Familia (artículo 80 bis), lo que obliga a las instituciones colaboradoras a financiar las atenciones con meses o años de retraso. A esto se sumó un recorte presupuestario de $32.721 millones para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en abril, afectando múltiples servicios de la cartera, lo que generó controversia por recomendaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para “descontinuar” programas estatales.
Contexto y Propuestas de Cambio Estructural
La Tercerización como Problema Estructural
La crisis del Sename es vista como una manifestación del fracaso de la tercerización, una política fiscal que busca reducir el Estado para dar mayor espacio al sector privado, bajo el supuesto de una mayor eficiencia. Este modelo, asociado al principio de subsidiariedad, se ha aplicado en diversas áreas donde el Estado tiene responsabilidad, como educación, salud y previsión.
El diputado René Saffirio, integrante de las comisiones investigadoras, ha denunciado la existencia de una “red de partidos y de instituciones que son el núcleo de la tragedia del Sename”, la cual se alimenta de recursos estatales para fines políticos subalternos y no es debidamente fiscalizada, impidiendo la protección integral de los menores. Saffirio votó en contra de un informe de la Comisión Investigadora Sename II por no abordar adecuadamente el financiamiento de los organismos colaboradores.
Francis Valberde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, no comparte ciertos diagnósticos, mientras que organismos internacionales y expertos en infancia han cuestionado duramente el sistema de prevención y protección del país.
Avances Presupuestarios vs. Persistencia de la Crisis
El Ministerio de Hacienda reportó un crecimiento real del presupuesto del Sename del 8% en la última década, superando el aumento del gasto total. Paralelamente, el número de niños y adolescentes internados en hogares del Sename y colaboradores se redujo en un 31,8% entre 2011 y 2016. Para disminuir la permanencia de menores de tres años en hogares, el Sename reforzó el Programa de Familias de Acogida, lo que redujo la carga de trabajo y problemas de hacinamiento.
No obstante, el total de niños y adolescentes atendidos transitoriamente en centros propios y delegados subió a 804.620 en 2016, un 12% más que en 2015 y casi el doble que en 2014. Este incremento ha obligado a las autoridades a redoblar esfuerzos para “mejorar la articulación y coordinación intersectorial”.
Si el presupuesto ha aumentado y los esfuerzos de gestión se han intensificado, la persistencia de la crisis sugiere la necesidad de un cambio estructural mayúsculo. Un proyecto de ley propuso dividir el servicio en dos: uno para protección de niños vulnerables bajo el Ministerio de Desarrollo Social, y otro para adolescentes infractores bajo el Ministerio de Justicia. Sin embargo, más allá de la separación, las reformas no abordan la crisis de la tercerización en su raíz. A más de un año de la muerte de Lissette, las mejoras en los hogares y en el propio Sename, que debía asegurar su bienestar, aún son cuestionables.
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