La discapacidad, que afecta a una de cada seis personas globalmente (con casi el 80% residiendo en países de ingresos bajos y medianos), surge de la interacción entre una deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial) y barreras externas. Estas barreras pueden ser tanto físicas, como una infraestructura inaccesible, como sociales, manifestadas en la discriminación y la escasez de servicios de apoyo. La grave discriminación que sufren las personas con discapacidad les niega sus derechos humanos y exacerba problemas como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la vulnerabilidad climática y la exposición a la violencia. Las múltiples formas de discriminación, que se entrecruzan por motivos de género, edad, origen étnico y otros factores, agravan aún más su marginación.
La Discapacidad como Desafío Global y Objeto de Lucha Social
Evolución de la Comprensión de la Discapacidad en los Movimientos Sociales
Las luchas políticas por la discapacidad, que emergieron con fuerza en la década de 1960, promovieron un cambio fundamental en la comprensión de la discapacidad. Actualmente, en Chile, los colectivos por la discapacidad son diversos en sus demandas y estrategias políticas. Una tesis reciente buscó comprender los procesos de luchas políticas de activistas en los movimientos de la discapacidad en Chile, a partir de la propuesta de Judith Butler (2017, 2019) sobre la corporeización de las luchas políticas impulsadas por la precarización de la vida y la resistencia colectiva a dichas condiciones, la cual desarticula la racionalidad de autosuficiencia neoliberal.
En línea con las epistemologías de los conocimientos situados (Haraway, 1991a), se co-construyeron siete narrativas de vida (Prieto Drouillas, 2009) con activistas de la discapacidad del país. Estas narrativas fueron complementadas con un análisis interseccional para comprender la complejidad que vivencian estos colectivos. Cada narrativa es una experiencia parcial y situada de activismo, surgidas desde diversas perspectivas y distintos territorios, y relatan estrategias y efectos de las luchas políticas.
Marcos Legales y Políticos como Impulsores de la Inclusión
Compromisos Internacionales y su Impacto Nacional: El Caso de República Dominicana
A pesar de los enormes desafíos que enfrentan, las personas con discapacidad son a menudo pasadas por alto en las estrategias y programas de desarrollo. Sin embargo, cuando se les garantiza la igualdad de oportunidades, pueden impulsar el desarrollo sostenible y realizar contribuciones invaluables a sus hogares y comunidades. Para lograrlo, deben ser reconocidas explícitamente como un grupo objetivo específico en las políticas y programas de desarrollo, y deben adoptarse enfoques que respondan a sus necesidades, intereses y derechos concretos. De hecho, solo si la transformación rural es inclusiva podrá reducir la pobreza y reforzar la resiliencia, al tiempo que se respetan los derechos humanos.
La República Dominicana ha dado pasos importantes en la adaptación de medidas y normativas a favor de la población con discapacidad. No obstante, la información existente hoy en día indica que la mayoría de las personas con discapacidad enfrentan dificultades significativas para desenvolverse en la vida cotidiana y participar de manera plena y efectiva en la sociedad, en comparación con el resto de la población. La población con alguna discapacidad se encuentra entre las más vulnerables en el contexto de los países en desarrollo, mientras que, en sociedades más avanzadas donde logran acceder en igualdad de condiciones a los servicios y a los derechos, esta condición de vulnerabilidad disminuye. Esto sucede cuando se rompen los obstáculos de movilidad, reciben servicios de salud y educación adaptados a sus necesidades, acceden a trabajos decentes y a oportunidades de empoderamiento y participación social, económica y política.
La nota de política 18 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): "Estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en la República Dominicana", sintetiza la experiencia del PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este estudio tuvo como objetivo caracterizar las barreras que limitan el desarrollo humano de las personas con discapacidad, con énfasis en la educación inclusiva, la salud, el acceso al trabajo y la participación social. Su propósito es generar conocimiento y evidencias para la optimización en la toma de decisiones de política pública para "no dejar a nadie atrás".
Para la elaboración del estudio se aplicaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Primero, se revisaron las metodologías utilizadas en el país para medir la discapacidad y su inclusión en los marcos normativos e institucionales. Luego, se evaluó la situación socioeconómica de las personas con discapacidad a partir de datos registrados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) en el Tercer estudio socioeconómico de hogares 2018 (3ESH 2018). En una tercera fase, se realizaron grupos focales con informantes clave del sector público y de instituciones de la sociedad civil para profundizar el estudio de las barreras que persisten y explorar los principales efectos de la pandemia. Finalmente, se analizó datos de encuestas e instrumentos normativos para generar recomendaciones de política que garanticen la protección efectiva de las personas con discapacidad y su acceso a servicios de atención integral.
Los datos examinados señalan un peso importante del ciclo de vida y del género en la discapacidad en la República Dominicana, en consonancia con la situación internacional. La discapacidad es ligeramente más común en las mujeres y tiende a incrementarse con la edad, sobre todo a partir de los 60 años, debido a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Para las personas de menos de 60 años, la incidencia de la discapacidad está por debajo del 5%, pero a partir de esa edad crece rápidamente, alcanzando el 22,3% en personas de 80 años y más.
En cuanto al acceso a la educación, existen brechas significativas. El porcentaje de personas de 15 años o más que no saben leer y escribir es 3,5 veces más elevado entre la población con discapacidad (35,7%) en comparación con la población sin discapacidad (9,8%). Respecto a la inserción laboral, el 81,2% de las personas con discapacidad de 18 años o más están fuera del mercado de trabajo, mientras que para las personas sin discapacidad esta proporción es del 25,9%. Solo 2 de cada 10 personas con discapacidad están empleadas, y casi la mitad de ellas acceden a trabajos ocasionales o temporales, con menos de la mitad reportando un trabajo permanente con acceso a derechos.
En los hogares con personas con discapacidad se identifican patrones de desigualdad vinculados al género y la edad. Se destacan la división sexual del trabajo, la menor participación de las mujeres en el mercado laboral (a pesar de sus logros educativos superiores) y la mayor carga de trabajo no remunerado que realizan en el hogar. Además, existe un gran déficit de servicios formales de cuidado para la primera infancia y los adultos mayores dependientes. El análisis cualitativo confirma la persistencia de estigmas, discriminación en salud reproductiva, sobreprotección familiar y subestimación laboral de las habilidades de las personas con discapacidad.
A partir de los insumos analizados, se concluyó que:
- Las personas con discapacidad en situación de pobreza y vulnerabilidad enfrentan numerosas desventajas en términos de derechos, reproduciendo desigualdades y limitando su participación y contribución al desarrollo socioeconómico. La pandemia profundizó estas barreras.
- El marco legal sobre los derechos de las personas con discapacidad es adecuado, pero se desconoce en general, y la respuesta institucional es limitada.
- Las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante, pero su incidencia es limitada y requieren fortalecerse.
- Existen pocos estudios que midan los efectos reales de la falta de políticas de protección de las personas con discapacidad, con una asimetría en la incidencia de actores clave.
- Aunque la discapacidad está integrada en planes estratégicos gubernamentales, se invierte muy poco en esta problemática, lo que requiere explorar instrumentos para aumentar la financiación y promover la coordinación interinstitucional.
Legislación Específica por Países en Educación Física y Deporte Inclusivo
La actividad física en el contexto escolar para niños, niñas y adolescentes con discapacidad (NNAcD) se ha convertido en un tema de gran relevancia internacional. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Carta Internacional de la Educación Física, Actividad Física y Deporte (2015), propone la inclusión como uno de sus pilares fundamentales. Esta perspectiva se refuerza en el Plan de Acción de Kazán (UNESCO, 2017), donde se exige que se brinden oportunidades a todos los niveles de participación, sin importar la capacidad, discapacidad, etnia, género, lengua, religión, opinión política u otros motivos. Estas directrices internacionales se han plasmado en diversas iniciativas y políticas locales en varios países.
Chile
En Chile, la Ley n.º 20.845 de Inclusión Escolar (Ministerio de Educación, 2015a) establece el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación inclusiva, lo que implica la adaptación de currículos e infraestructura para satisfacer las necesidades individuales, incluyendo a los NNAcD. El Decreto n.° 83 (Ministerio de Educación, 2015b) especifica que los colegios de educación especial deben emplear el plan de estudios estándar y adaptarlo a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.
Colombia
En Colombia, la Constitución Política de 1991 (artículo 52) plantea la práctica de actividad física y deporte, y en sus artículos 13, 47, 54, 68 y 93 se reconoce la importancia de garantizar el acceso a todos los derechos de la población con discapacidad. Posteriormente, la Ley 181 (Congreso de Colombia, 1995) define el Sistema Nacional del Deporte y, en sus artículos 3, 11 y 42, subraya la necesidad de implementar programas de educación física, deporte y recreación para personas con discapacidad, así como de generar un currículo inclusivo y mayor accesibilidad a escenarios deportivos. Estas apuestas se retoman en la Ley 361 de 1997, modificada por la Ley 1316 de 2009, y en la Ley 1346 de 2009, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde 2011, los planes de desarrollo de salud y deporte promueven la educación física, actividad física y deporte escolar con criterios de inclusión. Asimismo, la Ley 115 de 1994 ratifica la educación como un derecho sin distinción para todas las personas.
España
La Ley Orgánica 3/2020 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020) en España destaca dos objetivos principales: evitar la segregación y reforzar la capacidad inclusiva del sistema educativo, especialmente para el alumnado con necesidades educativas especiales. Su aplicación se concreta en todos los componentes del nuevo currículo, sobre todo en educación primaria y, en menor medida, en educación secundaria.
Perú
En Perú, el Ministerio de Educación planteó en 2020 la inclusión del curso de Educación Física Inclusiva en la malla de la educación superior pedagógica. Sin embargo, aún está pendiente cubrir el vacío sobre la inclusión de NNAcD en los programas de Educación Física, que solo contemplan algunas universidades, y se resalta la ausencia total de este curso en los centros de educación básica especial (Ministerio de Educación de Perú, 2020). Todas estas iniciativas y modificaciones desarrolladas por los estados y sus gobiernos actúan como facilitadores desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad, que entiende la interacción entre las personas y su entorno como el principal mediador en el proceso de inclusión social (Organización de las Naciones Unidas, 2001).
Programas e Iniciativas para la Inclusión: Experiencias y Aportes
Fortalecimiento de la Empleabilidad y Capacitación de Facilitadores
El proyecto actual plantea fortalecer el ecosistema de la inclusión laboral, involucrando la colaboración de actores públicos y privados. Se valora especialmente la instancia donde se reconoce la capacitación de cientos de facilitadores en Chile, quienes actúan como puente para avanzar hacia una mayor empleabilidad de las personas con discapacidad. Aquellos que cursaron la “Ruta Formativa Inclusión de Personas con Discapacidad en los Procesos de Formación para el Trabajo” ahora cuentan con mejores herramientas para sus propios cursos, con una base más robusta, a fin de preparar aún mejor a las PcD en sus futuros desafíos laborales.
Esta certificación se alinea con la estrategia institucional del Sence de mantener actualizados y pertinentes los servicios de capacitación para personas en situación de discapacidad, con el objetivo de lograr una inserción laboral efectiva. El propósito es que los facilitadores adquieran competencias que les permitan estar más atentos a las condiciones de las personas con discapacidad que participan en los cursos que lideran.
Diversidad e Inclusión Laboral
Promoción de la Actividad Física y el Deporte Inclusivo
Un estudio reciente (Muñoz-Hinrichsen et al., 2024) analizó las barreras y facilitadores que los estudiantes con discapacidad manifiestan en la Educación Física y el deporte en Chile, Colombia, España y Perú. En este estudio exploratorio, correlacional y transversal, participaron 362 niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Los resultados son significativos: el 72.7% de los estudiantes encuestados reportaron participar activamente en las sesiones de Educación Física, mostrando una mayor tendencia en Colombia (88.7%). Además, las experiencias de estos estudiantes parecen ser positivas.
Los principales facilitadores de inclusión identificados fueron los padres y tutores, junto a las amistades en el espacio escolar, y las acciones de desarrollo en los espacios educativos. Por otro lado, las principales barreras en la práctica son intrínsecas a los participantes, como el miedo a caerse y lastimarse (27.3%), problemas asociados a la discapacidad (21.2%) o el simple desagrado por los deportes (21.2%). El sexo biológico se asocia a un facilitador para la práctica de la actividad física, mientras que ser estudiante con discapacidad intelectual o física se asocia a una barrera para la inclusión.
Estos resultados concuerdan con estudios previos que mencionan la discapacidad como una de las principales barreras, especialmente en casos de mayor severidad. Sin embargo, contrastan con revisiones que señalan que los estudiantes con discapacidad continúan experimentando discriminación y exclusión por parte de docentes y compañeros sin discapacidad.
En cuanto a las actividades deportivas extraescolares, la mayoría de los NNAcD en los países estudiados (50%-77.7%) no pertenece a un club deportivo ni asiste a talleres fuera de la escuela. Esto puede relacionarse con la presencia de barreras de acceso a servicios y programas gubernamentales o no gubernamentales, incluyendo barreras ambientales, arquitectónicas y actitudinales, así como la poca preparación de los profesionales. A pesar de esto, se reconoce que los colegios son escenarios promotores de inclusión que motivan la práctica del deporte, generando procesos de adaptación, participación social y desarrollo de habilidades.
Respecto a cómo los NNAcD llegan a practicar actividad física, las principales respuestas incluyen haber sido recomendados en un centro de rehabilitación, en la escuela o por un médico. Esto subraya la importancia de entender la actividad física como un determinante social para la rehabilitación de personas con discapacidad, impulsando planes y programas enfocados en los lineamientos internacionales de la rehabilitación basada en la comunidad con un modelo ecológico.
Inclusión de la Discapacidad en el Desarrollo Rural
El Programa de Fomento de la Transformación Rural Inclusiva (SPARK), financiado mediante una donación del FIDA, incorporó satisfactoriamente la inclusión de la discapacidad en los proyectos financiados por el Fondo entre 2021 y 2024. Este programa permitió empoderar directamente a más de 7.000 personas con discapacidad en las economías rurales de Burkina Faso, India, Malawi y Mozambique. En el marco de SPARK, se elaboraron y ensayaron enfoques innovadores de programación inclusiva, y se fomentó la capacidad del personal del FIDA, las organizaciones de personas con discapacidad y los interlocutores gubernamentales.
El FIDA también está creando un entorno de trabajo que considera la discapacidad para todo su personal, en consonancia con la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, sobre la que el Fondo informa anualmente. En 2024, el FIDA cumplió o superó 11 de los 15 indicadores de resultados de dicha estrategia, lo que demuestra su firme compromiso con la promoción de la inclusión de la discapacidad y la mejora de sus resultados a lo largo del tiempo.
El Papel Crucial de las Organizaciones y la Cooperación Interinstitucional
Acciones del PNUD en República Dominicana
Desde la oficina del PNUD en la República Dominicana se ha acompañado a diversas instituciones, a nivel nacional y local, para sensibilizar e integrar los derechos de las personas con discapacidad en las políticas laborales, educativas y de protección social. Esto se ha logrado a través de acuerdos de gestión y el diseño de instrumentos para la capacitación e implementación de intervenciones específicas, poniendo a disposición del país la experiencia y red global de conocimiento del PNUD.
Son importantes los acuerdos firmados entre el PNUD y el Ministerio de Trabajo para acelerar la inclusión. Estos incluyen capacitaciones en discapacidad y derechos humanos para el cuerpo de inspección, alta gerencia y personal técnico, así como el desarrollo de instrumentos que facilitan la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tales como guías para la búsqueda de empleo y la inclusión laboral dirigidas a empresas e instituciones públicas. Además, se actualizó el Manual de Procedimientos Operativos del SENAE (Servicio Nacional de Empleo) y se apoyó a la Escuela Taller del Ministerio de Trabajo.
El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), en colaboración con el PNUD, desarrolló el Sello de Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas con Discapacidad “RD Incluye”, implementado en entidades públicas, privadas, asociaciones sin fines de lucro y organismos internacionales. Asimismo, el PNUD implementa el Proyecto “PORTALENTO Latinoamérica”, impulsado por el BID Lab y la Fundación ONCE de España, con el Ministerio de Trabajo como socio estratégico y CONADIS como aliado. Este proyecto busca mejorar la empleabilidad de la población con discapacidad, habiendo creado la primera “Red de Empresas PORTALENTO-RD” para promover la orientación e intermediación laboral, enfocándose en las capacidades y necesidades tanto de las empresas como de las personas con discapacidad.
Ejemplos de Organizaciones y Programas Locales en Chile
A nivel local, diversas organizaciones y programas en Chile actúan como facilitadores clave para la inclusión de personas con discapacidad:
- Una asociación perteneciente a IPWSO (Organización internacional para el Síndrome Prader Willi) trabaja en mejorar la calidad de vida de personas con esta condición.
- Un grupo de padres y amigos se orienta a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con Asperger.
- Un centro busca desarrollar y promover herramientas tecnológicas accesibles, prácticas y económicas, para ayudar a personas con discapacidad en contextos educativos y en la ampliación de su autonomía.
- Una institución genera y promueve información sobre accesibilidad en espacios de uso público y fiscaliza el cumplimiento de la normativa vigente en construcción y diseño urbano, fomentando una sociedad que valora la diversidad.
- En diversas comunas, existen programas dedicados a la discapacidad:
- El programa de discapacidad de Colina está orientado a propender al desarrollo e integración de las personas con discapacidad que residen en la comuna.
- El programa de discapacidad del Departamento de Discapacidad de La Florida se orienta a toda la comunidad que vive en la comuna y que presenta algún grado de discapacidad.
- El Departamento de Discapacidad de Providencia tiene como objetivo desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.
Desafíos y Recomendaciones para una Inclusión Sostenible
A pesar de las iniciativas existentes, como los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2007) y diversos planes nacionales, las políticas basadas en el enfoque de género y en el enfoque del ciclo de vida deben profundizarse e integrarse como estrategia de respuesta integral. En República Dominicana, los principales retos identificados para integrar un enfoque de inclusión en la política pública son:
- Es preciso desarrollar una estrategia integral a nivel del país, que permita transversalizar esta temática en la planificación nacional y en el presupuesto público de todos los sectores.
- Dado el carácter multidimensional de la discapacidad, las soluciones deben ser intersectoriales.
- Uno de los principales catalizadores del cambio es la capacidad de agencia y el reconocimiento de los derechos desde la perspectiva de las personas con discapacidad, pero en el país las soluciones hasta ahora se han diseñado sin la participación de este segmento de la población.
Por ello, es esencial considerar las siguientes recomendaciones:
- Avanzar en el cumplimiento de los compromisos multisectoriales establecidos en el Programa de Gobierno 2020-2024 y en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024 para la inclusión de las personas con discapacidad, y fortalecer el posicionamiento del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) como órgano rector.
- Renovar las estrategias de comunicación y promover el activismo social permanente de las organizaciones de personas con discapacidad, y ampliar la estrategia de sensibilización y toma de conciencia en torno a la discapacidad y sus derechos en todas las esferas de la política pública.
- Capitalizar las experiencias de coordinación intersectorial e interinstitucional que han dado resultados positivos en lo que refiere a la inclusión de las personas con discapacidad durante la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y promover la conformación de mesas de trabajo intersectoriales permanentes.
- Aprovechar las oportunidades de diálogo interregional sobre mejores prácticas para la inclusión de las personas con discapacidad.
- Profundizar la promoción de instrumentos y políticas de discriminación positiva que aceleren los logros en materia de inclusión social y económica, como el sello de inclusión promovido por la oficina del PNUD en República Dominicana, con incidencia en el sector público y privado.
Estas recomendaciones, junto con el análisis realizado, proporcionan insumos claves para integrar un enfoque de inclusión de personas en situación de vulnerabilidad en la elaboración de futuros planes, como el Programa de País 2023-2027 del PNUD para la República Dominicana, el Marco de Cooperación 2023-2027 entre el Gobierno dominicano y el Sistema de las Naciones Unidas, y propuestas de intervenciones específicas para la recuperación socioeconómica inclusiva. En última instancia, estas acciones buscan potenciar los instrumentos existentes, promover alianzas y dotar de una mayor capacidad de agencia a las personas con discapacidad, facilitando el cambio hacia una sociedad justa, inclusiva, competitiva y sostenible, que posicione a las personas en el centro de las políticas públicas para "no dejar a nadie atrás".
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