Los trámites para la obtención de una pensión de invalidez constituyen un procedimiento médico-administrativo especial, rigurosamente establecido y regulado por el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y su reglamento. Este proceso busca determinar el grado de pérdida de la capacidad de trabajo de un afiliado para así otorgar los beneficios previsionales correspondientes. Sin embargo, en ocasiones, las resoluciones emitidas por las autoridades competentes pueden ser objeto de impugnación, generando un proceso de apelación tanto en la vía administrativa como, eventualmente, en la judicial.
La Pensión de Invalidez: Concepto y Grados
Una pensión de invalidez se otorga cuando un trabajador afiliado experimenta una disminución significativa en su capacidad laboral. La legislación establece diferentes grados de invalidez que determinan el tipo y monto de la pensión a la que se puede acceder:
- Una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior al 50% e inferior a dos tercios (66.6%) puede calificar para una pensión de invalidez parcial.
- Una pérdida de su capacidad de trabajo de, al menos, dos tercios (66.6%) es considerada una invalidez total, que generalmente conlleva una pensión de mayor cuantía.
El Proceso de Calificación de Invalidez
El camino para la calificación de invalidez comienza con la solicitud del interesado y sigue una serie de pasos que involucran a las Comisiones Médicas:
- El solicitante recibirá el día, hora y dirección de la Comisión Médica.
- El Médico Asignado realiza una evaluación exhaustiva para obtener información clave sobre las enfermedades o afecciones del solicitante, su evolución y los tratamientos recibidos.
- La calificación del grado de invalidez se determina en una sesión, según la evaluación médica previa y los impedimentos declarados. Este proceso culmina con la emisión de un dictamen.
El Dictamen de Invalidez y su Apelación
El dictamen emitido por la Comisión Médica Regional o la Comisión Médica Central es el pronunciamiento oficial sobre el grado de invalidez del afiliado. En caso de que la solicitud de pensión de invalidez sea rechazada o el afiliado no esté de acuerdo con la calificación obtenida, se abre la vía para impugnar dicha resolución.
Derecho a Apelar Ante un Rechazo
De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500, las partes involucradas pueden manifestar todas las discrepancias o cuestionamientos que les merezca un dictamen de invalidez determinado por intermedio del reclamo o apelación. Este proceso permite revisar la decisión inicial y asegurar que se hayan considerado todos los antecedentes de manera adecuada.
Plazo y Vías para Interponer el Reclamo
En caso de que sea rechazada la solicitud de pensión de invalidez, se podrá apelar por escrito presencialmente en la Comisión Médica o a través del sitio web apeleaciones.comisionesmedicas.cl en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del dictamen.
Dictámenes No Reclamables
No obstante lo señalado, existen ciertas excepciones. No serán reclamables, por ninguna de las partes involucradas, los dictámenes rechazados por causa administrativa. Tampoco serán reclamables por las Compañías de Seguros los dictámenes de los afiliados no cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia.
Procedimiento de Apelación ante la Comisión Médica Regional
La interposición de un reclamo sigue un procedimiento específico para garantizar su validez y transparencia:
- El reclamo podrá ser interpuesto ante la respectiva Comisión Médica Regional mediante el envío de un correo electrónico desde la dirección de correo informada en la solicitud de calificación o reevaluación de invalidez, o por cualquier otro medio electrónico con validación de la Administradora, o directamente en las oficinas de la Comisión Médica Regional.
- En el caso de que la dirección del correo electrónico mediante la que se interpone el reclamo sea distinta a la informada en la solicitud, se deberá incorporar una fotografía digital por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante.
- Todas las interacciones que se realicen de manera no presencial deberán contar con mecanismos de autentificación seguros que permitan identificar de manera inequívoca a los afiliados y usuarios.
- Recibido un reclamo interpuesto por una de las partes, la Comisión Médica Regional notificará de su interposición a las demás partes, acompañando copia de la apelación.
Webinar Pensión de Invalidez: Requisitos y Tramitación
Rol y Actuación de la Comisión Médica Central
La Comisión Médica Central juega un papel crucial en la resolución de apelaciones. Su pronunciamiento es el resultado de la revisión de la apelación al dictamen de invalidez emitido por las comisiones regionales.
Verificación y Requerimiento de Antecedentes
La Comisión Médica Central verificará que el reclamo se haya interpuesto en contra de un dictamen susceptible de apelación y que esta se haya presentado dentro del plazo establecido. Para el requerimiento de exámenes, peritajes, análisis e informes médicos, la Comisión Médica Central aplicará el mismo procedimiento definido para las Comisiones Médicas Regionales, salvo en lo que respecta a su financiamiento.
Suspensión de Plazos
La Comisión Médica Central podrá acordar la suspensión del plazo de 10 días hábiles para resolver, con la finalidad de disponer que se practiquen al afiliado los exámenes, peritajes, análisis e informes médicos que estime necesarios, señalando si estos se realizarán en la Región de origen, en la ciudad de Santiago u otra Región.
Causales de Rechazo del Reclamo por la Comisión Médica Central
La Comisión Médica rechazará el reclamo cuando su interposición resulta improcedente, ya sea porque el dictamen apelado no es susceptible de reclamo o porque está interpuesto por alguna entidad que no es parte en el siniestro.
La Comisión Médica Central Ampliada (para Origen Laboral o Profesional)
Cuando el reclamo en contra de un dictamen de invalidez se fundare en la circunstancia de que la invalidez declarada es de origen laboral o profesional, la Comisión Médica Central se integrará, además, con un médico cirujano designado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien la presidirá, denominándose Comisión Médica Central Ampliada.
Impacto en el Pago de la Pensión
Notificada la Administradora del Dictamen de la Comisión Médica Central Ampliada que acoge o rechaza el reclamo de una de las partes interpuesto en contra del Dictamen Regional (fundado en el eventual origen laboral de la invalidez declarada), deberá iniciar el pago de la pensión a que hubiere lugar, dependiendo de lo que haya resuelto. La interposición de un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) no suspenderá el pago de la respectiva pensión, puesto que la única materia en cuestión es el origen de la invalidez declarada, es decir, si dicha invalidez total o parcial es de origen laboral o común. Si, por el contrario, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social declara que la invalidez no es de origen profesional, la Administradora continuará pagando la pensión.
Recursos Posteriores a la Resolución de la Comisión Médica Central
Una vez que la Comisión Médica Central ha emitido y notificado su resolución sobre un reclamo, las partes aún pueden tener opciones para impugnarla.
El Recurso de Reposición Administrativo
Emitida y notificada que sea una Resolución de la Comisión Médica Central que resuelve un reclamo en contra de un dictamen de invalidez de una Comisión Médica Regional, las partes pueden interponer un Recurso de Reposición Administrativo ante la misma Comisión Médica Central, en contra de lo resuelto por esta, de acuerdo con la Ley N° 19.880. La presentación de este recurso debe hacerse por intermedio de la Comisión Médica Regional respectiva, a través de un medio electrónico o de uno físico, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que se entiende notificada la resolución recurrida.
Consideraciones sobre ISAPREs y el Procedimiento Especial
Es importante destacar que el artículo 11 del D.L. N° 3.500 de 1980 no contempla para las ISAPRE la posibilidad de reclamar ante la Comisión Médica Central respecto de los dictámenes de invalidez. Esto subraya que la evaluación, calificación y reevaluación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual constituye un procedimiento médico administrativo especial y que, debido al carácter supletorio de la Ley N° 19.880, debe primar el procedimiento especial contenido en el D.L. N° 3.500 y su Reglamento. Por lo tanto, solo será admisible un recurso judicial si previamente el afiliado ha agotado el procedimiento propio de evaluación y calificación de invalidez ante las instancias administrativas.
Impugnación Judicial de la Resolución de Invalidez: El Recurso de Protección
En casos donde se considere que la resolución administrativa ha vulnerado derechos fundamentales o adolece de vicios legales o arbitrariedades, los afectados pueden recurrir a la vía judicial, comúnmente a través de un Recurso de Protección.
Casos Prácticos de Impugnación
Se han presentado recursos ante las Cortes de Apelaciones con el fin de impugnar dictámenes de invalidez. En un caso, un recurrente, quien desde 2012 presentaba múltiples patologías crónicas (entre ellas atrofia muscular severa de extremidades inferiores, lumbociática bilateral, trastornos de personalidad obsesiva con descontrol de impulsos y depresión severa), solicitó el otorgamiento de una pensión de invalidez. La Comisión Médica Regional de Viña del Mar rechazó la petición en 2023, al considerar que su pérdida de capacidad laboral no superaba el 50%. El recurrente sostuvo que lo resuelto por la autoridad administrativa era arbitrario e ilegal por falta de fundamentación suficiente conforme a la Ley N°19.880, al no considerar informes médicos actualizados ni ordenar nuevos exámenes, contraviniendo su derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. La Comisión Médica Central, por su parte, solicitó el rechazo del recurso, argumentando falta de legitimación pasiva y la naturaleza de la controversia. Finalmente, la Corte de Valparaíso desestimó la acción constitucional, indicando que la resolución impugnada no era ilegal, por haber sido dictada por autoridad competente, conforme al procedimiento legal y fundada en los antecedentes médicos presentados.
Importancia de la Fundamentación en Actos Administrativos
Un aspecto crítico en la impugnación de las resoluciones de invalidez es la adecuada fundamentación de los actos administrativos. La Corte de Apelaciones de Santiago, en otro caso, acogió un recurso de protección interpuesto en contra de la Comisión Médica Central y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el rechazo de la pensión de invalidez del actor. El recurrente había denunciado el rechazo de su solicitud, que había revocado un dictamen favorable previo de la Comisión Médica Regional que le otorgó una invalidez parcial del 56%, alegando que la decisión carecía de fundamento y vulneraba sus derechos constitucionales. La COMPIN había informado que rechazó la invalidez al considerar que el menoscabo global del recurrente alcanzaba solo un 34%, por debajo del 50% legalmente requerido, explicando la aplicación de normas técnicas para evitar una doble ponderación de impedimentos. La SUSESO, por su parte, alegó falta de legitimación pasiva, excepción que fue acogida por la Corte.
Vulneración de Derechos Constitucionales por Falta de Fundamentación
En este último caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción cautelar al estimar que la resolución de la Comisión Médica Central que rechazó la pensión de invalidez carecía de una fundamentación suficiente y explícita. Esto la convirtió en un acto arbitrario que vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente. La Corte razonó que, en un Estado de Derecho, los actos administrativos deben ajustarse al principio de juridicidad, lo que exige que toda decisión de la administración pública esté debidamente motivada, con una exposición clara de las razones de hecho y de derecho que la sustentan. Indicó que “en el acta de la comisión no se aprecian por sí solos los fundamentos que permitan comprender lo razonado para decidir de la manera en que se hizo, impidiendo de esta manera al recurrente el acceso a las motivaciones que tuvo la Administración para decidir y así poder ejercer sus derechos en conformidad a la Ley”. Además, añadió que “del mismo modo, no se realiza un análisis acabado ni de la apelación, ni como ella incide en lo resolutivo, impidiendo de esta manera al actor ejercer los recursos que le franquea el ordenamiento jurídico para impugnar lo resuelto”. En mérito de lo expuesto, la Corte de Santiago acogió el recurso de protección y ordenó a la Comisión Médica Central realizar una nueva evaluación que contenga de forma explícita los fundamentos de hecho y de derecho que respalden su decisión.