El Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de constante debate y crítica debido a las recurrentes vulneraciones de derechos que experimentan los niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. La discusión sobre el futuro del sistema de protección, ya sea a favor de su continuidad con reformas o en contra de su modelo actual, es crucial para garantizar el bienestar de la infancia vulnerada en el país.
La persistencia de la vulneración en el sistema de protección
Estudios recientes, como el realizado por UNICEF y el Poder Judicial, han vuelto a poner de manifiesto los abusos en las residencias de protección. Actualmente, cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia parental a menudo trae consigo otras formas de vulneraciones, como la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional inherente a las prácticas de las residencias.
La internación de niños en Chile ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada, manteniéndose vigente desde la fundación de la primera casa de expósitos de Santiago en 1758. Sin embargo, lo que se concibe como una situación excepcional y transitoria termina siendo prolongada o incluso permanente. Un estudio de 2010 encargado por UNICEF y SENAME ("Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial") señalaba que el tiempo promedio de permanencia en las residencias era de 2,7 años.
Impacto de la separación familiar y la institucionalización
La separación de un niño de su familia de origen, aunque busque protegerlo del maltrato, no resuelve ni cambia la problemática parental. Además, esta separación genera graves efectos psicológicos, estudiados desde hace más de 60 años. A menudo, las condiciones de visita en las residencias son deficientes, con horarios restringidos, espacios inapropiados y distancias excesivas, lo que dificulta la promoción de relaciones familiares.
Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo, y no como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. Esto genera una tremenda dificultad para niños, familias y equipos de las residencias, imposibilitando el desarrollo de lazos de confianza, apoyo o solidaridad necesarios para la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos fragmentados.
El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude el problema del maltrato infantil o la negligencia parental. Describir los efectos de la protección residencial muestra la complejidad y desarticulación de un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales.
La frecuencia con la que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados, ha llevado a la creación y legitimación de un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial.
La necesidad de una reforma profunda: más allá de la eficiencia
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Si se aspira a un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, es fundamental no "infantilizar la infancia" negando su dimensión política y limitando el problema a una cuestión de eficiencia o voluntarismo que se resuelve con mejores prestaciones y servicios. Abordar el maltrato infantil familiar o los abusos institucionales exige una discusión sobre el lugar de los niños en la sociedad y el contexto en que se desarrolla la violencia.
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla las carencias afectivas y materiales, ni a la sustitución de un adulto o una familia. La restitución de los derechos requiere la participación de la familia (si es posible), de educadoras, profesionales, directores y directorios de fundaciones, y de la comunidad en general. La posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular en un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, historial de vulneraciones y el estigma de su historia previa.
Críticas al nuevo Servicio de Protección
Las voces críticas señalan que el nuevo Servicio de Protección no aborda los problemas estructurales que aquejan al sistema actual. Argumentan que:
- No cambia las residencias.
- No cambia al personal sumariado.
- No modifica la forma de financiamiento, manteniendo un incentivo perverso que fomenta la institucionalización.
- No aumenta la fiscalización técnica.
- No aumenta la cobertura de salud.
- No prohíbe la acreditación de organismos vulneradores vinculados, por ejemplo, a la iglesia católica, donde los abusos son constantes.
Estas críticas se fundamentan en la preocupación de que el nuevo servicio no cambie un diseño que, desde sus inicios, hizo fracasar el sistema SENAME. Resulta imperativo regular las acreditaciones, una acción que, según los críticos, no está debidamente abordada en el nuevo proyecto de ley. La pasividad de las autoridades frente a situaciones como las de Hualpén, donde se repiten las dinámicas de vulneraciones y abusos, es una muestra de que los discursos armoniosos no siempre se traducen en acciones concretas.
Argumentos a favor de la transformación: No+ SENAME
"No+ Sename" es una consigna que expresa el profundo deseo de no más desprotección, precariedad, discriminación, ausencia de salud mental y malos tratos para los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Esta frase representa la aspiración de mejorar los modelos de atención, la calidad de los programas, el diseño, la presencia territorial y la oferta del intersector, especialmente en salud y educación, la institucionalidad, la legislación, la coordinación con los tribunales de justicia, y la especialización de los profesionales.
Es imperioso precisar que la realidad crítica del sistema se arrastra por años, lo que justifica impulsar importantes y profundas reformas. Uno de los cambios de importancia es el cierre de los Cread (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa), conocidos en algunas regiones como "Entre Silos". Sin embargo, el lograr una instalación satisfactoria de las residencias familiares no es solo tarea del SENAME y organizaciones públicas, sino una tarea compartida que debe involucrar a la sociedad civil.
Desde la experiencia de jueces de familia, se subraya que Chile está incumpliendo sus deberes con la protección de los derechos humanos de los niños en el sistema. Los jueces se enfrentan a menudo con niños que requieren atención especializada no provista por el aparato público, pero sí disponible en el sistema privado. El dilema de si los operadores pueden exigir al Estado que brinde esa oferta, incluso si no puede ser proporcionada por entes públicos, es constante.
El argumento de que el juez debe limitarse a la oferta existente parece débil, considerando los deberes de prestación que tiene el Estado, derivados de los compromisos adquiridos al ratificar instrumentos de protección internacional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recalca que los Estados tienen deberes concretos para con los niños bajo su cuidado, incluyendo el derecho a la protección especial, a la vida y a las prestaciones necesarias para el desarrollo.
Los jueces tienen la potestad de hacer cumplir sus resoluciones, incluso utilizando medidas coercitivas en contra de quienes nieguen o retarden el cumplimiento de prestaciones a favor de un niño, cuando la falta de atención pueda poner en peligro su vida. Excepcionalmente, se han conocido casos en que se ha decretado el arresto de directores de servicio por no cumplir con la creación de oferta específica, aunque se estima que esta debe ser una solución de último recurso.
El deber de protección especial también está integrado en el artículo 5° de la Constitución, que dispone que "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."
Para cambiar esta situación, se requieren más recursos y, fundamentalmente, una decisión política clara en cuanto a la protección de los derechos de la infancia. La preocupación radica en que el proyecto de ley que establece las garantías de la infancia presenta limitaciones presupuestarias explícitas, haciendo ilusoria la exigibilidad de los derechos al señalar que "tal o cual derecho solo es reclamable en la medida que la disponibilidad presupuestaria lo permita".