La situación de los niños y niñas bajo la protección del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de una profunda preocupación nacional e internacional. El reciente Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas no es una radiografía más de una cruda realidad, sino que aporta nuevas y no triviales consideraciones para caracterizar la crisis del sistema de protección. Este informe subraya la existencia de graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño, en perjuicio de los menores a cargo de la supervisión del Sename.
La Definición de "Grave y Sistemática" y sus Consecuencias
Que un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es un hecho de suma relevancia. Esto no solo marca la imagen internacional de un Estado en el presente, sino también su futuro. Las violaciones en el Sename son consideradas graves debido al inmenso daño que miles de niños han sufrido a lo largo de las últimas décadas. La entidad de estas violaciones, al adquirir características graves y sistemáticas, evidencia un fracaso total del Estado en la materia.
Cuando se habla de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los niños y niñas en el Sename, las víctimas, que se cuentan por miles a lo largo de las décadas, son personas cuyas experiencias se asemejan más a las de las víctimas de la dictadura chilena que a las que sufren los efectos de un delito común. De esta violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral.
Medidas de Reparación y Responsabilidad
Las medidas de reparación son variables y dependen en gran medida del caso, pero también, y por sobre toda otra consideración, del tipo de naturaleza de la vulneración. En el caso del Sename, dadas las características de la violación incurrida, no basta con la mera indemnización económica, que si bien es una parte de las medidas de reparación y a menudo focaliza la atención pública (ya sea en forma de pago único o pensión por un tiempo determinado o vitalicia), no es suficiente.
La responsabilidad que se debe perseguir no solo es penal, sino también administrativa y política. Es crucial determinar quién pudo haber hecho algo y, finalmente, permitió que estas atrocidades ocurrieran. Se espera que se determine la responsabilidad no solo de los autores directos, sino -y quizás lo más relevante- la de quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile, especialmente en el sistema residencial.
El primer grupo de medidas busca establecer la verdad de lo ocurrido en el Sename, los hechos, las falencias y las consecuencias que los niños y niñas cargan por su paso por el sistema. Esto abre un debate pendiente sobre la necesidad de una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los niños y niñas bajo la protección del Sename.
Un segundo grupo de medidas está destinado a la rehabilitación o reparación propiamente dicha de los niños y niñas dañados por su paso por el Sename, incluso si ya son adultos. Estas medidas son esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida.
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Testimonios y Denuncias de Ex-internos
La realidad del Sename ha sido expuesta a través de testimonios desgarradores. Edison Gallardo, escritor y autor del libro "Mi infierno en el SENAME", relata los abusos que él y sus compañeros sufrieron mientras estuvieron internados, y cómo logró escapar hacia la libertad. Su libro es una denuncia contundente de una institución del Estado que, destinada a la protección de menores en situación de riesgo, termina convirtiéndose en un verdadero infierno.
Gallardo explica que escribió el libro inicialmente para su hija, para que entendiera su pasado. Sin embargo, al percatarse, junto a la abogada Marcela Concha, de que la situación no había cambiado en 23 años desde su egreso, y que la sociedad seguía sin saberlo o sin querer saberlo, decidió hacerlo público. Muchos de los niños ingresan al sistema únicamente por pobreza.
Abusos y Redes de Explotación
En el Sename, los cuidadores externos son contratados tanto por el servicio como por las casas cuidadoras (Organismos Colaboradores del Sename o OCAS). Además, terceras personas ajenas al internado tenían acceso irrestricto y sacaban a pasear a los niños, como relata Gallardo, mencionando a uno en especial con un alto cargo en la Iglesia Católica de aquellos años. Esto evidencia una vulnerabilidad extrema. Aunque las condiciones puedan haber cambiado, existe la preocupación de que muchos niños desaparecidos del sistema hayan sido secuestrados o hayan sufrido peores destinos.
Gallardo narra un episodio en el Arzobispado, donde él y otros niños fueron llevados. Describe una escena impactante de abuso sexual por parte de un obispo, lo que le provocó una mezcla de odio, rencor, repulsión, asco y curiosidad. Este testimonio sugiere que muchos trabajadores de entonces estaban en conocimiento de estos abusos.
Otro relato impactante se refiere a la hora del rezo, cuando las auxiliares y monjas se ausentaban, dejando a los niños desprotegidos. En una ocasión, un grupo de niñas internas, cansadas del maltrato, aprovecharon esta oportunidad para huir. Al ser encontradas por la policía, estas niñas fueron recibidas con violencia brutal por parte de la monja y otras dos auxiliares, que las golpearon con sillas y patadas, arrastrándolas del pelo y profiriéndoles insultos denigrantes.
El Fracaso del Estado y las Responsabilidades Políticas
El informe de la ONU y los testimonios de ex-internos, como Edison Gallardo, apuntan a un fracaso generalizado del Estado. Las supervisiones realizadas hacían caso omiso de las denuncias, y se señala la existencia de parlamentarios con intereses en casas colaboradoras (OCAS), lo que les impide acabar con el sistema debido a los millones de dólares que reciben en subvenciones. Esto implica que "facturan con el dolor de los niños".
Además, existe una protección al gobierno, que presuntamente pidió blanquear el informe de la comisión investigadora. Los responsables directos de las aberraciones cometidas son, en última instancia, el Estado. Los cargos directivos son otorgados por "compadrazgos políticos". Un caso paradigmático es el de Solange Huerta, quien como fiscal de la Zona Sur, y habiendo recibido más de 300 denuncias por abusos sexuales en casas colaboradoras y de administración directa, decidió no perseverar en las investigaciones, dejando a cientos de niños sin justicia. Posteriormente, ella fue nombrada directora del Sename, un cargo que, según Gallardo, obtuvo gracias a que se negó a formalizar a quien en ese momento dirigía el país por el caso tsunami. Otro nombre mencionado es Alicia del Basto, encargada de archivar sumarios internos contra el personal por torturas, violaciones y otras brutalidades, quien además es presidenta del sindicato de funcionarios (Afuse).
Propuestas para el Cambio
Gallardo propone eliminar la ley 2032, que fomenta la institucionalización y crea un sistema de pago contra resultados, algo a lo que los organismos colaboradores se oponen por la merma de sus ingresos. También aboga por la capacitación y profesionalización de los cuidadores de trato directo, la creación de programas de salud mental y la integración de la familia en el proceso, ya que actualmente se propende al desarraigo familiar, especialmente en niños menores de 5 años para facilitar posibles adopciones.
Es fundamental reconocer que existe una red de explotación sexual dentro del Sename. Aunque en materia de adopción el Sename es transparente, la ley de adopciones debería modificarse para agilizar los trámites y evitar el privilegio de familias extranjeras sobre las chilenas, que tienen que esperar largos períodos.
La intervención en la Plaza de la Dignidad en diciembre pasado, organizada por personas naturales cansadas del abuso, buscó concientizar a la sociedad y exigir cambios estructurales al sistema Sename. Se exige el fin de las "medidas parche" y se advierte al Estado que la ciudadanía no permitirá más improvisaciones con los niños, niñas y adolescentes. Un proyecto de ley como el de protección, promovido por la Subsecretaría de la Niñez, que solo pretende cambiar el nombre y externalizar los cuidados, resultaría en que los mismos organismos colaboradores ya cuestionados en informes como los de Jeldres, ONU, INDH, CIDH y PDI, ingresarán al nuevo sistema, perpetuando las vulneraciones.
El Informe de la ONU tendrá muchas consecuencias en la forma en que el Estado debe abordar la niñez vulnerada, pero su efecto más relevante son los antecedentes que aporta para caracterizar esta crisis: su definición de grave y sistemática. Ahora se abre un horizonte de hechos difícil de precisar. Resultará especialmente interesante ver cómo se organizarán las acciones de defensa y de seguimiento efectivo de la responsabilidad imputada a Chile, y también cómo se organizarán las entidades de defensa de derechos.