El informe de la Contraloría General de la República sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social de 2019 ha puesto nuevamente el foco en el Gobierno y en la prolijidad de sus procedimientos. Este "durísimo informe", conocido recientemente, ha generado un amplio revuelo en el ámbito político chileno, revelando diversas irregularidades en la asignación de estos beneficios.
Hallazgos y Cifras del Informe de Contraloría
Como informó El Mostrador, la Contraloría General de la República analizó las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, periodo en el cual se aprobaron 418, por un monto total de $341.260.852. El informe de Contraloría señala deficiencias en el trámite realizado por el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior en 2022.
Irregularidades en los Antecedentes
Entre los aspectos más relevantes del informe se determinó que 10 beneficiarios de la pensión de gracia “no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019”. Por ejemplo, en el detalle se advierte que uno de los beneficiarios tenía en sus antecedentes “una fotografía de una lesión en una pierna”.
Beneficiarios con Antecedentes Penales
Sin embargo, lo que generó más revuelo en el mundo político fue el hecho de que 58 de los 418 pensionados habían sido condenados anteriormente por otros delitos. Desde La Moneda se informó que de las 418 pensiones de gracia entregadas, 148 fueron otorgadas por el Gobierno anterior y 270 por el actual. Fuentes de Palacio indicaron que, en realidad, los condenados serían 69 (11 más que los indicados por Contraloría) y que, de esos, 21 fueron beneficiados por la administración de Sebastián Piñera y 48 por la actual. Según el Ejecutivo, son 69 los beneficiados a raíz de las lesiones a manos de agentes del Estado a partir de octubre de 2019. De ellos, 21 recibieron el beneficio en el Gobierno de Sebastián Piñera y 49 en el actual. De esos delincuentes -precisaron las mismas fuentes-, 17 tenían antecedentes por delitos “de alta connotación social”. Cuatro de ellos recibieron la pensión de gracia bajo el mandato del ex Presidente Piñera y 13 después de que asumiera Gabriel Boric.
Reacciones Políticas y Demandas de la Oposición
La oposición, a diferencia de las crisis anteriores del Gobierno, cambió su estrategia y no atacará de lleno al Ejecutivo, sino que esperará los movimientos del Presidente Boric para hacer su próximas maniobras. En años anteriores, ante una crisis, la oposición aparecía en bloque a exigir responsabilidades políticas mediante acusaciones constitucionales, siendo foco de estas estrategias la exministra del Interior Izkia Siches; la exministra de Justicia Marcela Ríos; el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson; el exministro de Educación Marco Antonio Ávila; y el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes. Bajo reserva, parlamentarios reconocen que esta estrategia no llega a buen puerto y es por eso que presionarán por otro lado y esperarán la reacción del Ejecutivo sobre este caso para calibrar las medidas.
Señalamiento a Funcionarios Implicados
Bajo reserva, parlamentarios de oposición afirman que esperarán los resultados de la investigación para apuntar a la responsabilidad política de los personeros de Gobierno. Afirman que el principal implicado que podría asomar es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pues es desde ese organismo que se tramitan las pensiones de gracia. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), aseguró que los hechos relatados en este informe son -a su juicio- de las cosas más graves que ha visto en el último tiempo, y sobre la respuesta del Gobierno, afirmó que “no me digan que esto es un problema de la ley y que no sabían que había que revisar antecedentes”. Los parlamentarios Henry Leal y Juan Manuel Fuenzalida no descartaron una comisión investigadora para indagar si los favorecidos con el subsidio están involucrados en causas judiciales.
Demandas de Revocación y Transparencia
En definitiva, la oposición espera que el Presidente Boric revoque las pensiones de gracia otorgadas a las personas condenadas y a aquellas que no presentaron antecedentes suficientes para consolidar su calidad de víctimas de violaciones de los DD.HH. El presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, hizo un emplazamiento directo al Mandatario en ese sentido: “Usted, Presidente de la República, Gabriel Boric, tiene hoy día todos los antecedentes para revocar todas las pensiones de gracia, que son por otra parte fraudulentas”. Añadieron que “El Gobierno tiene la obligación de explicar cuáles son los criterios que está aplicando para gastar casi $1.500 millones al mes en pagar pensiones de gracia a ciertas personas escogidas entre cuatro paredes”. Además, criticaron que “El Gobierno, de manera unilateral y con nula transparencia, no sólo está otorgando casi 300 pensiones de gracia a personas que nadie conoce sus antecedentes, sino que decidió aumentar los montos en medio de la grave crisis económica que estamos viviendo. Y todo ello, en desmedro de los comerciantes y víctimas de la violencia rural”.
Respuestas y Defensa del Gobierno
La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que “por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás”. Sin embargo, se defendió apuntando a que “en Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca han sido un requisito, para entregarla, los antecedentes penales”.
Posición del Subsecretario Manuel Monsalve
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien la derecha apunta como uno de los responsables políticos, también reconoció que “nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes”. Además, sostuvo que la resolución para la entrega de pensiones de gracia “no establece diagnósticos médicos, habla de afectación”. En la misma línea que la jefa de su cartera, Monsalve esquivó la responsabilidad, señalando que “se cumplió rigurosamente con los requisitos que establecía el procedimiento establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero de 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”. Monsalve, además, sostuvo: “Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error”. Cabe mencionar que, desde La Moneda, el subsecretario Monsalve sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue responsable de los informes de antecedentes de los beneficiarios.
Acciones de Control de Daños
Si bien La Moneda, en una maniobra de control de daños, ya informó que el Presidente Boric revocó una de las pensiones otorgadas a un detenido con antecedentes de pornografía infantil, en la UDI y RN pidieron no más recursos “despilfarrados por el Estado”.
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Acciones Judiciales y Conflicto en la Coalición
Mientras los dardos de la oposición siguen apuntando al subsecretario Monsalve, tras el informe de Contraloría que cuestionó las pensiones de gracia a personas afectadas en el estallido social, la Fiscalía revisa la posibilidad de que haya habido otorgamientos fraudulentos. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha identificado situaciones que constituyan delitos, pero están revisando la posibilidad de antecedentes falsificados durante la postulación al beneficio y posibles otorgamientos fraudulentos. En un giro adicional, diputados de RN presentaron una denuncia por delitos de prevaricación y fraude.
División en el Oficialismo
Otro foco de conflicto para el Gobierno está en el seno de su coalición, pues la diputada comunista María Candelaria Acevedo dijo que había que llevar a Chile ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que se revoquen las pensiones de gracia para las víctimas de violaciones de DD.HH. durante el estallido social. Sin embargo, luego de publicado el informe de Contraloría, en conversación con Radio Universidad de Chile, el timonel del PC matizó sus dichos, indicando que “ustedes entenderán que a esos tribunales se llega una vez que se agotan todos los espacios a nivel país y tenemos la plena convicción de que estos temas van a descomprimirse, pero con ejes correctos, mucho antes, a iniciativa del propio Gobierno del cual somos parte”.