Históricamente, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) fue el órgano de colaboración directa del Ministerio de Desarrollo Social en materias relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Su labor se centró en la protección y restitución de derechos a través de diversos programas y coordinaciones.
Programas y Colaboraciones en la Protección de Derechos bajo el SENAME
Representación Jurídica y Defensa Penal Especializada
En el ámbito de la representación jurídica, existieron programas cuyo objetivo era representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que asistían a algún programa de la red SENAME y que habían sido vulnerados en sus derechos, sea constitutivo de delito o no, en distintos tribunales de Justicia. En la actualidad, existían 16 programas de este tipo a nivel nacional. Estos programas eran ejecutados por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), y su principal objetivo era representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que se encontraban en alguna residencia de SENAME.
Además, existía una unidad de defensa penal especializada que prestaba servicios a los adolescentes imputados bajo la Ley 20.084, la cual establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal. Cualquier persona podía acceder a los servicios de orientación e información de la Corporación de Asistencia Judicial, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se inició en 2017 como piloto y se expandió por el territorio nacional.
Oficinas Locales y Programas de Niñez
Algunos municipios contaban con oficinas o programas de niñez, gran parte de los cuales eran financiados por ellos mismos. Las Oficinas Locales de Niñez fueron propuestas como oficinas con enfoque local que partirían con pilotos a nivel nacional. Estas oficinas se conformarían mediante convenio entre los municipios y la Subsecretaría de la Niñez, y estarían a cargo de administrar un sistema de alerta temprana para detectar posibles riesgos de vulneración de derechos. Además, tendrían la misión de coordinar la oferta de niñez en el territorio y de promover los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Justicia Juvenil y Programas Intersectoriales
En el área de Justicia Juvenil, el Servicio Nacional de Menores tenía a cargo supervisar programas ejecutados por organismos colaboradores. Existían diversos tipos de programas según el tipo de sanción a la que fueron objeto los adolescentes infractores de Ley, pudiendo ser privativas o no privativas de libertad. Dentro de la primera línea, los centros privativos de libertad podían ser provisorios, cerrados o semicerrados.
El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado en 2010, fue un programa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este programa se planteaba como un modelo de gestión territorial intersectorial, buscando complementar las acciones de distintas modalidades y generar sinergia con otros programas. Las puertas de entrada a este programa se ubicaban en localidades como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. Su focalización era barrial o comunal, insertándose en el territorio.
La Transformación Institucional: Nacimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
El Congreso aprobó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, marcó el fin del SENAME. Esta normativa posibilitó cerrar una deuda del Estado, poniéndolo al servicio de la protección de la infancia. La nueva institucionalidad comenzó su funcionamiento en octubre de 2021.
¿Qué es el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia?
Es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este Ministerio garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados.
Objeto y Principios Rectores del Nuevo Servicio
El Servicio tendrá por objeto garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Deberá asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. Además, garantizará el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, respetando y haciendo respetar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.
El Servicio actuará de un modo acorde a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, garantizando el derecho de acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención, de forma independiente al Servicio. De acuerdo con la ley, el Servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos de manera concordante con la dignidad humana.
Los principios rectores del Servicio incluyen el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva.
Alcance y Sujetos de Atención
El Servicio dirigirá su acción a los niños, niñas y adolescentes. No obstante, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.
En caso de que niños, niñas o adolescentes resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por el daño moral será fijada por el juez, considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado.
Estructura, Dirección y Funciones
El Servicio es dirigido por un Director o Directora Nacional, cuyo nombramiento es por cinco años y puede renovarse por una sola vez, a través del Sistema de Alta Dirección Pública. El Servicio contará con direcciones regionales en cada región del país, cuyos directores también serán nombrados por Alta Dirección Pública.
Las funciones del Servicio incluyen:
- Elaborar la normativa técnica y administrativa respecto de cada programa de protección especializada.
- Colaborar con los órganos del Estado en el marco de sus competencias, y requerir o entregar información cuando corresponda.
- Generar procedimientos idóneos, formales y permanentes destinados a recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio y de sus familias.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección especializada de los derechos.
- Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación periódica.
- Solicitar información a cualquier órgano del Estado que estime conveniente para el buen cumplimiento de sus funciones.
- Ejercer las acciones que correspondan para la recuperación de los recursos que hayan sido utilizados en contravención de la normativa pertinente.
- Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.
Consejo de Expertos y Coordinación
El Servicio contará con un Consejo de Expertos, conformado por cinco miembros con experiencia y reconocida trayectoria en las áreas ligadas a la niñez. Los integrantes durarán tres años en su cargo, con posibilidad de una sola renovación.
Los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, y sus familias, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, mediante mecanismos que permitan hacer efectiva su priorización.
Modalidades de Atención Especializada y Diseño de Programas
Las líneas de acción o modalidades de atención especializada del Servicio incluyen:
- Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
- Intervenciones ambulatorias de reparación.
- Fortalecimiento y vinculación.
- Cuidado alternativo.
- Adopción.
Los programas de protección especializada deberán diseñarse en base a evidencia técnica y territorial, a evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio o un tercero y atendiendo a las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos del Estado competentes.
Fiscalización y Colaboradores Acreditados
El Servicio contará con una unidad de fiscalización para supervisar y controlar la labor de los colaboradores acreditados, pudiendo aplicar sanciones en casos calificados. Solo podrán ser colaboradores acreditados las personas jurídicas que hubieren adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes y que afecten el correcto uso de recursos públicos. El Servicio deberá mantener y administrar un registro de estos colaboradores, disponible en su página web y actualizado anualmente.
Para las infracciones graves, el Servicio procurará que la sanción resulte idónea para el cumplimiento de los fines de la protección especializada. Se considerará como infracción gravísima la ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, así como aquellos que afecten el correcto uso de recursos públicos, pudiendo ser sancionada hasta con el término de la acreditación.
El Servicio deberá contar con personal capacitado e idóneo según los términos requeridos para el ejercicio de sus funciones.
Nuevo Marco Normativo y Desafíos
A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que permitirá contar con un sistema de justicia especializado con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, el país tendrá en funcionamiento una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
Junto a ello, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, para asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes con medidas de protección especializada el acceso a todas las prestaciones de protección social.
Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas. Con este fin, es necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su derecho a vivir en familia. UNICEF ha apoyado esta reformulación, colaborando con el rediseño de programas de familias de acogida y programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.
Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018-2025. Esto requiere un compromiso transversal para trabajar coordinadamente los índices de violencia que los niños, niñas y adolescentes enfrentan en distintos ámbitos de su vida.
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se requiere establecer el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, actualmente en discusión, que coordine y entregue una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos. Asimismo, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad en cuanto a infraestructura, habitabilidad y supervisión de los programas brindados.
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