La violencia contra las mujeres con discapacidad es un fenómeno complejo y multifacético que requiere un análisis profundo y un enfoque interseccional para su correcta comprensión y erradicación. Este artículo explora las diversas formas de violencia que enfrentan estas mujeres, los factores estructurales que perpetúan su exclusión y las iniciativas para promover su visibilización y acceso a la justicia.
La interseccionalidad como herramienta para visibilizar la violencia
En el contexto de un conversatorio, Rodrigo Jiménez Sandoval expuso sobre la violencia contra la mujer con discapacidad, destacando la necesidad de adoptar un enfoque interseccional para abordar este fenómeno. Según Jiménez Sandoval, existen formas de violencia que las mujeres con discapacidad sufren al igual que otras mujeres, pero también hay violencias específicas que no experimentan las mujeres sin discapacidad. Es crucial, por tanto, descubrir y socializar estas formas de violencia, ya que en la población con discapacidad, la violencia a menudo se naturaliza, lo que dificulta su visibilización.
La interseccionalidad, a su juicio, es un instrumento que permite evidenciar y visibilizar formas de violencia que no se han dado a conocer. Las mujeres son diversas: hay mujeres blancas, lesbianas, trans, con discapacidad, niñas, adultas mayores, migrantes, en condición de pobreza, entre otras. A partir de ello, precisó que la interseccionalidad es una herramienta para el análisis del trabajo de promoción e implementación de los derechos humanos que ayuda a entender el conjunto de diferentes identidades que se pueden tener en el acceso a derechos y oportunidades en las relaciones de poder que surgen de estas identidades.
Esta herramienta de análisis resulta necesaria porque los seres humanos viven identidades múltiples, formadas por varios factores que se derivan de los procesos de socialización, relaciones sociales, la historia de vida y la operación de las estructuras de poder. Todas las personas pertenecen a diferentes poblaciones, pero dependiendo de su historia de vida, se identifican más con una población que con otra. Las personas pertenecen a más de una comunidad, a la vez que pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea.
De esta manera, las mujeres con discapacidad sufren discriminación por ser mujeres, estando, por tanto, en una situación de desventaja en relación con los hombres con discapacidad. Sin embargo, también sufren discriminación en relación con las mismas mujeres por tener discapacidad, vivenciando, de esta manera, una doble discriminación. Si, además, fueran inmigrantes, la discriminación sería triple; si fueran adultas mayores, el panorama se complejiza aún más. A partir del enfoque de la interseccionalidad, se busca abordar las diferentes formas de discriminación y de desigualdad, tomando en consideración el contexto histórico, social y político en que viven las personas.
El impacto del sistema patriarcal en las mujeres con discapacidad
En relación con lo anterior, el especialista añadió que "todas y todos hemos sido socializados en una cultura patriarcal", lo que implica que se nos ha enseñado que hay seres humanos superiores a otros, y aquellos que se consideran inferiores, asumen y creen en esa inferioridad. El androcentrismo es toda perspectiva de vida desde la visión masculina, donde la visión femenina está excluida.
En su experiencia personal como activista de los derechos de las personas con discapacidad, el enfoque de género desarrollado principalmente por las teorías feministas le ha sido de mucha utilidad, porque, a su juicio, es la visión feminista la que empieza a deconstruir el sistema que sufren no solo las mujeres. Las mismas estrategias del patriarcado contra las mujeres son utilizadas contra la población con discapacidad, adultos mayores, migrantes, afros, trans, etc. Estas estrategias se construyen con discursos sexistas que, en el caso de la discapacidad, se entrelazan además con el discurso etologista, biologista y religioso.
Así, a partir de la teoría de género, el sexo alude a las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer, en tanto que el género es producto de una construcción social. En el caso de la discapacidad, hay elementos biológicos también, como la deficiencia, pero la restricción de la participación es una construcción social. De esta forma, existe un cruce entre la restricción de la participación y el género.
El objetivo del sistema patriarcal es "darnos calificativos, ponernos una serie de roles y estereotipos sociales". En virtud de estos, las personas sin discapacidad son consideradas normales, productivas, dominantes, independientes, activas y sin problemas. En cambio, las personas con discapacidad son catalogadas como anormales, improductivas, dominadas, inútiles, dependientes, pasivas y problemáticas. En el caso de las mujeres con discapacidad, se les niega el rol de madres. Además, como en la sociedad patriarcal el rol de cuidadora está destinado a la mujer, la mujer con discapacidad es percibida como "menos mujer" porque no cuida, no es bella, es emotiva, no puede reproducirse, es inútil para el hombre y no cumple con los roles laborales.
Estas contradicciones son emocionalmente muy fuertes, ya que aluden a lo que la sociedad espera de la mujer y lo que la mujer con discapacidad no puede ser. Estas contradicciones patriarcales generan mucha violencia contra las mujeres con discapacidad. Todas estas formas de violencia incluyen una gama validada de actos que ni el Estado ni las instituciones toman en serio. Además, todas estas formas de violencia no se dan entre iguales; siempre se producen en relaciones de poder. En el proceso de socialización patriarcal se da poder tanto a los hombres, respecto de los hombres con discapacidad, como a las mujeres, sobre las mujeres con discapacidad.
Clasificación del poder y sus manifestaciones de violencia
Jiménez Sandoval indica que el poder, según el movimiento feminista, se puede clasificar de diferentes formas:
- El "poder para": se refiere a la capacidad de decidir sobre la vida.
- El "poder de dar ideas": la habilidad de construir y generar nuevas concepciones.
Al respecto, si bien se ha avanzado en reducir la brecha existente entre hombres y mujeres para acceder a puestos de poder, aún la paridad no existe. Todavía hay un desequilibrio en el número de representantes hombres y mujeres. Las mujeres aún están sujetas a la división sexual del trabajo. Por ejemplo, a las mujeres diputadas se les pregunta sobre los hijos y la familia, en lugar de sobre el presupuesto o la inflación, porque hay "temas de hombres" y "temas de mujeres".
También está el "poder sobre", que se ejerce utilizando diversos mecanismos y se manifiesta en formas de violencia como:
- Violencia física
- Violencia patrimonial
- Violencia emocional
- Violencia sexual
Luego, el "poder sobre" se manifiesta de distintas formas: manejo de conductas no asertivas, no solicitar ayuda, conductas autodestructivas, y traslado de la violencia recibida hacia hijos, hijas o a personas que cuidan.
A partir de lo anterior, el jurista sostiene que debemos eliminar todas las formas de violencia. Para ello, y en el caso de las personas con discapacidad, debemos indagar con esta misma población qué es lo que, a su juicio, constituye violencia.
Entrevista: Violencia de genero en mujeres con discapacidad
Formas invisibilizadas de violencia
Ejemplos de formas de violencia que a menudo no son visibilizadas incluyen:
- Que en un hogar, habiendo una persona sorda que se comunica en lengua de señas, nadie hable o se exprese en lengua de señas.
- Que en un hogar muevan los muebles, habitando allí una persona con discapacidad visual.
- Que a una persona con discapacidad emocional le digan "si sigues jodiendo te voy a meter al psiquiátrico".
- Que una persona con discapacidad habite en un inmueble donde solo pueda estar en el baño o en su dormitorio, porque todos los demás espacios de la casa son inaccesibles.
La sobreprotección es una forma de violencia que la sociedad no considera como tal. "Todo el mundo en algún momento ha sido sobreprotegido". La sobreprotección implica sobrepasar la protección atendida la edad cronológica e impedir un desarrollo biológico para poder enfrentar la vida, y generalmente, parte mucho del miedo. Debido al miedo, se generan una serie de mecanismos de protección: "no salgas", "no hagas", "no digas", "¿para dónde vas?", etc. Es un control que, en el fondo, también es poder. Esto genera una gran dependencia, porque las personas no sabrán qué decidir, creando una gran inseguridad hacia la persona a quien se sobreprotege. Cuando la persona actúa y comete un error, se le dice "Te lo dije", lo que refuerza todo el ciclo de la sobreprotección.
De esta forma, el jurista concluye que "los actos de violencia tenemos que mirarlos desde la interseccionalidad. No es lo mismo una violación a una mujer sorda adulta mayor, que a una mujer adulta, sin discapacidad, por ejemplo. Hay que hacer abordajes totalmente diferentes, según condiciones o situaciones de vulnerabilidad y de violencia. También la forma en que vamos a defender, debe ser desde la interseccionalidad". Agrega que se deben utilizar todos los instrumentos internacionales pertinentes.
Acceso a la justicia y marco normativo
La jurista Julia Fernández Albertini reflexionó sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención Belém do Pará", la cual establece que la violencia contra las mujeres y su raíz -la discriminación- es un problema grave de derechos humanos. Este problema tiene repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, constituyendo un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos, incluyendo el respeto a su vida e integridad física, psíquica y moral.
A partir de ello, formuló la interrogante: ¿qué es el Acceso a la Justicia? "Es un derecho humano fundamental, es universal, que tenemos todas las personas. No se circunscribe a la existencia formal de recursos judiciales ni de un sistema, sino a que estos sean idóneos y se inicia desde el momento en que la persona tiene necesidad de acceder a un sistema formal y culmina con el requerimiento solucionado y plenamente comprendido".
Cuando se habla de acceso a la justicia de mujeres, se refiere a la necesidad de tener una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres. Existe la obligación de tener recursos judiciales accesibles, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir la impunidad. Un principio fundamental que debe aplicarse es el de la "Debida Diligencia", lo que implica que los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos, adoptando acciones de prevención, investigación, sanción y reparación frente a cualquier acto u omisión constitutiva de violencia contra las mujeres.
El contexto normativo en Paraguay y Chile
El Estado paraguayo es signatario de la Convención Belém do Pará, así como de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual reconoce la violencia contra la mujer como una de las formas de discriminación basada en género. Ambos instrumentos reflejan el consenso respecto a la responsabilidad del Estado y la asunción de medidas de orden legal, judicial, social, penal, etc., para prevenir, sancionar y eliminar la violencia, así como reparar a las víctimas.
En los primeros cuatro meses del año 2019, se reportaron 9.053 casos de violencia contra la mujer en Paraguay y 14 femicidios. El derecho a una vida libre de violencia se encuentra reconocido en el artículo 5 de la Constitución Política de Paraguay, referido a la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, así como en el artículo 9, sobre el derecho a la protección de la libertad y la seguridad de las personas. La violencia familiar está contenida en el Código Penal Paraguayo, donde también se encuentran tipificadas otras conductas de tipos penales relacionados: homicidio, acoso, abuso y coacción sexual, incesto, maltrato, lesión, lesión grave, violación del deber de cuidado, trata de personas, y violencia obstétrica.
Dentro del marco normativo, la jurista indicó que "la Ley 1600 del año 2000 fue la primera ley especial dictada por el Estado paraguayo para prevenir y atender hechos de violencia en el ámbito doméstico". Otra iniciativa estatal destacada por la especialista fue "Ciudad Mujer", un programa de referencia regional para impulsar el bienestar, la inclusión socioeconómica y el empoderamiento femenino, trabajando en prevención, así como en las fases de atención, protección y reparación. Para ello, el programa reúne bajo un mismo techo servicios especializados y estratégicos en el marco de un programa de servicios integrados para el empoderamiento de la mujer (SIEM), que son provistos a través de centros de atención integral denominados Centros Ciudad Mujer (CCM).
En Chile, el presente artículo analiza las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad a través de una revisión crítica de fuentes secundarias y del análisis de los datos de la IV Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (2020) y el III Estudio Nacional de la Discapacidad (2022). Se examinan los factores estructurales que perpetúan su exclusión en diversos ámbitos, como el hogar, el trabajo y la educación, evidenciándose que estas mujeres experimentan niveles más altos, persistentes y complejos de violencia.
Desafíos y avances en la inclusión de mujeres con discapacidad
El Servicio Nacional de la Discapacidad busca promover la visibilización y discusión en torno a temáticas tan complejas como la violencia contra las mujeres y, específicamente, contra las mujeres con discapacidad. Esto se logra a través de la organización de actividades, como el conversatorio, ampliando así la mirada estatal sobre las causas y consecuencias de la violencia y la discriminación en razón de la discapacidad, incorporando para ello el enfoque de género y también el enfoque interseccional. La posibilidad de conocer experiencias de otros Estados, así como sus cuerpos normativos internos, constituye un relevante insumo para avanzar en la introducción de adecuaciones normativas que, en materia de discapacidad y violencia, requiere el ordenamiento jurídico nacional.
Barreras y testimonios de mujeres con discapacidad en Chile
Según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, en Chile hay 3.291.602 personas con algún tipo de discapacidad. De este porcentaje, el 5.9% tiene discapacidad leve a moderada y el 11,1% tiene discapacidad severa. El estudio también evidenció que la prevalencia de la discapacidad, entre la población de 2 años y más, es mayor entre las mujeres que entre hombres, con un 20,4% y un 13,6%, respectivamente. Si se habla de dependencia por discapacidad en Chile, las mujeres representan la mayoría con 12,4%, en comparación con un 9,8% de la población masculina adulta. Y en el ámbito educativo, las mujeres también son quienes se ven mayormente afectadas. Este escenario poco favorable hace que las mujeres sean quienes están más expuestas a vivir situaciones de discriminación o vulneración a lo largo de su vida, especialmente en el área laboral y educacional.
Ariela Flores, estudiante de trabajo social con gratuidad, perdió su beneficio por faltar a clases debido a temas de salud. "Las mujeres con discapacidad tienen que enfrentar muchas barreras, ya sean laborales, educacionales o de salud". Carla Villarroel, titulada de trabajo social, señala que la sociedad tiene una imagen errónea de las mujeres con discapacidad, las infantiliza y cree que no están capacitadas para ejercer laboralmente. La gran mayoría debe poner el doble de empeño para poder demostrar que son personas capaces. Las barreras se presentan en diversos ámbitos, por ejemplo, cuando una mujer dice "soy sorda, tengo hipoacusia", y la respuesta es: "la llamamos", lo que representa una barrera constante.
Daniel Concha, Director Nacional de Senadis, comenta que "estamos en una bisagra cultural, donde cada vez más mujeres participan del mundo laboral, pero las mujeres con discapacidad no están exentas de discriminación". Joselyn menciona que "existen mejoras para las mujeres y, también, para las personas con discapacidad".
En el ámbito estudiantil, las mujeres con discapacidad enfrentan muchas barreras, como la falta de baños adaptados en cada facultad o mesas que se ajusten a las sillas de ruedas. En el ámbito de la salud, también hay barreras, sobre todo cuando necesitan información sobre su salud sexual.
Frente a esta realidad, surgen iniciativas sociales como el Programa SOFIA, a cargo de SOFAN y Fundación MC, que busca mejorar el perfil laboral de jóvenes con discapacidad en todo el país. Para Ariela, el programa ha sido de gran ayuda para sentirse más cómoda consigo misma, permitiéndole "hacer una entrevista de trabajo igual que todos los demás". Otra participante expresó: "Mi experiencia con el Programa SOFÍA fue muy enriquecedora, ya que en aquel momento, no tenía idea de cómo desarrollarme en el ámbito laboral. No sabía hacer un currículum, ni tampoco tenía experiencia en una entrevista laboral."
La invisibilidad de la violencia de género en las estadísticas
No se sabe cuántas mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género, ya que las estadísticas no las consideran. Cuando se habla de violencia de género, se incluyen diferentes tipos como la física, sexual, económica, obstétrica, institucional, simbólica, entre otras. El informe "Rompiendo Moldes 2" de Oxfam sostiene que seis de cada diez hombres cis afirman no haber vivido violencia de género, mientras que siete de cada diez mujeres cis afirman haber vivido este tipo de violencia. "Las mujeres con discapacidad experimentan las mismas formas de violencia de género, así como otras que son resultado de su discapacidad; ellas también enfrentan barreras para escapar de esa violencia y acceder a la justicia".
En Chile, los resultados de la V Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVCM), publicados en 2024, exponen datos según tipo de violencia, datos generales del país y regionales, hace una comparación entre zona urbana y rural y tiene un apartado sobre violencia contra mujeres mayores. La ENVCM sostiene que en Chile el 33,4% de las mujeres han sido víctimas de al menos un tipo de violencia en su vida, ya sea psicológica, física o sexual. La psicóloga y activista comenta que en el Movimiento Feminista por la Accesibilidad Universal (Femacu) están ocupadas en este tema.
Testimonios sobre discriminación y violencia cotidiana
Ghilian, profesora, psicóloga y madre de tres hijos autistas, así como su padre y hermano también dentro del espectro autista, comparte que muchas personas autistas terminan "viviendo un poco a la defensiva" debido a situaciones cotidianas. "Siendo en el fondo una persona socializada en femenino es mucho más fuerte, porque te toca estar constantemente como justificando tu diagnóstico. Cuando ven un hombre en el espectro autista es como ‘¡ah!’, pero cuando ven a una mujer es histérica, es muy emocional, aparecen un montón de juicios con los que tenemos que lidiar porque es algo de lo que se sabe hace muy poco y es algo de lo que yo también me avergoncé durante muchos años". Ella misma sentía vergüenza de hablar de su diagnóstico en público por la falta de referentes femeninos. Decidió hacerlo público cuando fue madre de niñas, pensando en que ellas también podrían enfrentar los mismos juicios.
Josefa Farías, mujer con discapacidad usuaria de silla de ruedas, profesora de biología y madre, se mudó a Santiago y encontró "harta discriminación" en cosas cotidianas que quizás no se visualizan como grandes, pero que, acumuladas, generan un impacto. Por ello, decidió empezar a grabar su día a día y comentar sus experiencias para visibilizar lo que les ocurre a muchas personas con discapacidad. Por ejemplo, en el colegio de su hijo hay rampas, pero "son de una inclinación tremenda" que le impiden subir sin ayuda, lo que le quita toda la autonomía. Además, ser mujer con discapacidad "hace que sea el doble de complejo". Muchas veces, cuando va de compras con su pareja, le hablan a él y no a ella. Incluso a su hijo, en el colegio, le decían "¡no! y está ayudando a su mamá", cuando en realidad ella lo estaba ayudando a él. Josefa coincide con Ghilian en la necesidad de estar a la defensiva.
Estefi Leiva, mujer ciega y psicóloga, integrante del Movimiento Feminista por la Accesibilidad Universal Femacu, resalta que "el solo hecho de que tú siendo una persona ciega vayas caminando por la calle y la gente tenga la libertad de agarrarte de cualquier parte, de donde se le ocurra, sin pensar que eso te puede hacer daño, eso obviamente es una violencia y es una violencia que no se ve abordada". Es crucial dimensionar no solamente la violencia a nivel privado u oculta, sino también la pública. Por ejemplo, que la gente tome y mueva a una persona en silla de ruedas, o la forma en que les hablan o las cosas que les dicen, es claramente violencia. "También, claro, si no se incluye en las estadísticas, no existe".
Hacia un cambio cultural y la defensa de derechos
Josefa cree que este cambio es posible "a través de la educación y de poder visibilizar estos pequeños actos, que muchas personas puedan contar su experiencia". Lo primero es el consentimiento para cualquier cosa, para prestar ayuda, para entender qué espera la persona, qué necesita la persona en particular, qué necesita esa mujer, no juzgar sus decisiones ni invalidarla ni declararla interdicta porque sí, ni cuestionar su decisión de ser o de no ser madre, por ejemplo.
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