Contexto General: El Dictamen de la Contraloría y las Pensiones de Gendarmería
El sistema de pensiones de Gendarmería de Chile ha sido objeto de controversia y análisis, especialmente tras el dictamen n° 42.701 emitido por la Contraloría General de la República en 2016. Este dictamen estableció un monto máximo de 60 UF para las pensiones de exfuncionarios de Contraloría, argumentando que Gendarmería, que también se rige por el sistema de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), había calculado incorrectamente las pensiones. Anteriormente, Gendarmería utilizaba un criterio de jubilación que promediaba los últimos salarios de los funcionarios para definir el monto de la pensión.
El escándalo se desató después de una publicación que reveló que la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Miriam Olate, recibía una pensión superior a los cinco millones de pesos como exfuncionaria de Gendarmería desde 2015. Posteriormente, varios exoficiales y altos funcionarios de Gendarmería fueron señalados por percibir pensiones millonarias, obtenidas en muchos casos mediante "maniobras fraudulentas", según denunció el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en una ampliación de la querella por fraude al Fisco en marzo de este año.
Impacto del Dictamen de 2016
Tras el escándalo, la Contraloría abordó el tema a través del dictamen de 2016 y subsiguientes pronunciamientos que lo complementaron. Sin embargo, diversas asociaciones de funcionarios reclamaron un perjuicio en su contra, llevando sus quejas hasta la Corte Suprema, que finalmente rechazó sus recursos.
La Demanda Colectiva de la ANOP
En mayo del año pasado, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP) decidió persistir en la vía judicial, esta vez a través del área civil. La demanda, interpuesta por la asociación y sus asociados, fue admitida a trámite por el 22° Juzgado Civil de Santiago. Esta demanda considera un amplio informe histórico y jurídico de la situación previsional de los funcionarios, e incluye un análisis contable con gráficas comparativas de los montos aportados por la institución demandante y los demás imponentes de Dipreca, evidenciando el desmedro de Gendarmería en comparación con Carabineros y la PDI, instituciones expuestas a riesgos similares por contacto permanente con la delincuencia.
El secretario nacional de la ANOP, Teniente Coronel Andrés Muñoz, explicó que "esta demanda es el resultado de un acucioso trabajo investigativo que se desarrolló por más de dos años". El abogado Ciro Colombara, quien representa al sindicato, señaló que "una demanda de nulidad de derecho público contra un Dictamen de la Contraloría es un camino complejo, pero es la única vía judicial para lograr que un Tribunal de Justicia se pronuncie -a través de un juicio de lato conocimiento- sobre una decisión del Órgano Contralor tomada en el año 2016, que ha perjudicado -y seguirá perjudicando- gravemente a centenares de oficiales de Gendarmería". Añadió que el dictamen impugnado, al imponer un límite en la remuneración imponible de los funcionarios de Gendarmería, los ha puesto en una situación de desmedro en comparación con el resto de los cotizantes de Dipreca.
La demanda detalla lo que los oficiales describen como un perjuicio sufrido al tener un límite de 60 UF (más de 1.800.000 pesos chilenos) en el monto de sus pensiones. Entre las compensaciones solicitadas, figura un monto de 100 millones de pesos para cada asociado a la demanda, incluyendo a varios integrantes del alto mando de Gendarmería.
Participación del Director Nacional de Gendarmería
Christian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, no ha pasado inadvertido en este proceso. Se ha revelado que Alveal participa como socio en la demanda colectiva de la ANOP, realizada en 2020, manteniendo su afiliación al sindicato incluso como Director Nacional. Su nombre y firma aparecen en la demanda y en un mandato judicial de 2019 para el abogado Colombara y su equipo. Es relevante que, entre 2013 y 2014, Alveal fue jefe de gabinete del coronel Marcos Fuentes, ex director de Gendarmería y uno de los beneficiados con una pensión millonaria. Por lo tanto, Alveal conoce el mecanismo de jubilación utilizado por los ex gendarmes denunciados por el fisco, mecanismo que Contraloría dictó corregir. Alveal también fue dirigente de la ANOP antes de ser director nacional de Gendarmería.
Entrevista al exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal - T13 Noche
Explicaciones de la ANOP y otros pronunciamientos de la Contraloría
La ANOP ha declarado que la demanda "no fue una demanda que interpusimos al azar, no es una señal de molestia y disconformidad, es el resultado de mucho trabajo de recopilación apoyado por distintos profesionales, abogados, peritos y hasta economistas".
En otro orden, la Contraloría General de la República emitió el dictamen número 24.526 del 2 de octubre, que aborda los alcances y condiciones para la adscripción del personal no uniformado a Dipreca, incluyendo un análisis sobre el sentido de "funciones permanentes en Unidad Penal". El dictamen explicita que "el requisito de permanencia (...) sólo se cumple si el funcionario de la planta III se desempeña, a lo menos, durante 20 años continuos o discontinuos en una unidad penal". El documento insta a Gendarmería y Dipreca a regularizar la situación de los afectados a la brevedad. Además, clasifica como sinónimos los establecimientos penitenciarios y unidades penales (CDP, CCP, CET, Unidades Médicas y CRS) para estos efectos, considerando que los funcionarios no uniformados que se desempeñen en cualquiera de estos establecimientos cumplen servicios en unidad penal.
Opinión de las Autoridades y el Subsecretario del Interior
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ha sido consultado sobre las altas pensiones recibidas por exfuncionarios de Gendarmería. Aleuy ha expresado que "este es un gobierno que hizo un programa, que ganó una elección basado en que en Chile tenía que avanzar a la equidad. Uno de los temas de la equidad son las pensiones en Chile y, por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es que no sólo apliquemos una normativa que tenga que ver con aspectos legales sino que también tenemos que aplicar una normativa que tenga que ver con la responsabilidad con el país". Enfatizó que "no es posible que haya pensiones promedio que en una institución pública alcancen o superen los 2 millones y medio, haya otra institución pública, me refiero a Carabineros, en que ese promedio es de 1 millón 700 mil; y en el caso general del país es de 207 mil pesos. Este es un tema de responsabilidad".
Mecanismos de Reajuste y Fondo de Revalorización de Pensiones
En relación con el Fondo de Revalorización de Pensiones, este sistema se estableció para un reajuste automático de las pensiones de todos los regímenes previsionales vigentes a la fecha. El reajuste es equivalente al 100% de la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el 10%, acorde a la norma actualmente vigente. Los recursos de este Fondo se contabilizan en una cuenta especial mantenida por la Tesorería General de la República. Los aportes del Fondo a las entidades se determinan sobre la base de los aportes efectuados a la fecha de vigencia del DL N° 2.448 de 1978 y comprende solo a las pensiones que a dicha fecha estaban siendo financiadas en parte por el Fondo. La Comisión Revalorizadora de Pensiones debe informar a la Dirección de Presupuestos el excedente acumulado al 31 de diciembre de 2020 a más tardar el 31 de enero de 2021. Mediante Resolución del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, se establecerá el procedimiento de pago de resoluciones de desahucio a los beneficiarios que corresponda. Es importante señalar que el artículo 2° de la Ley N° 15.386 establece los fines a los que se destinan los recursos del Fondo de Revalorización de Pensiones, entre los cuales no figura la distribución de recursos ni excedentes para los imponentes de las entidades de previsión afectas a él.
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