La protección de la niñez y adolescencia en Chile ha experimentado una profunda reestructuración con la transición del Servicio Nacional de Menores (Sename) al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex Sename, hoy Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Este cambio, impulsado por la necesidad de corregir "muchas falencias técnicas y de funcionamiento", busca crear un modelo más especializado y centrado en el bienestar individual de los menores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el sistema sigue enfrentando desafíos estructurales, como la sobrepoblación, la falta de residencias especializadas y la dificultad para mantener a los hermanos unidos, lo que en ocasiones lleva a situaciones críticas como la fuga de menores.
La transición de Sename a Mejor Niñez: Un cambio de paradigma
Origen y objetivos de Mejor Niñez
Después de 46 años de funcionamiento, Sename cerró sus puertas, dividiendo sus funciones en dos nuevos organismos. Mejor Niñez nació con el objetivo de "proteger y restituir" el derecho de los más de 125 mil NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) que se atienden mensualmente a través de programas ambulatorios o cuidados residenciales. Este servicio impulsó el cierre de los centros masivos de administración directa (CREAD) para reemplazarlos por residencias familiares. Estas residencias buscan ser "lo más parecido a un hogar, con grupos más reducidos de niños", divididos en tres categorías: infancia (uno a ocho años), adolescencia temprana (nueve a 13 años) y adolescencia (14 a 17 años, 11 meses y 29 días). De manera complementaria, se cuenta también con residencias de alta especialidad que atienden a adolescentes con cuidado especial, una decisión definida por los Tribunales de Familia competentes.
Desafíos y falencias en la implementación
Carol Bown, ex subsecretaria de la Niñez (2018-2021) y parte del grupo que impulsó el cambio de modelo, señala que "había muchas falencias técnicas y de funcionamiento que se tenían que corregir", entre ellas, la falta de oferta residencial variada para las distintas condiciones de los menores. A pesar de la buena intención, la tarea es compleja. Bown explica que, si bien es necesario separar a los niños por edad y sexo para protegerlos de abusos, "al mismo tiempo hay que mantener a las familias unidas", lo que representa un dilema para el Estado.
La directora nacional de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, destaca una reducción en el número de NNA bajo cuidado alternativo, pasando de 97.714 en 2018 a 63.111 en 2022. Además, el número de menores en familias de acogida aumentó de 10.213 a 11.015 en el mismo período. Sin embargo, Blanquita Honorato, ex subsecretaria de la Niñez (2021-2022) y actual directora de Fundación Candelaria Apoya, recalca la importancia de que Mejor Niñez termine su instalación, cree los reglamentos oficiales y avance en la licitación de proyectos para la apertura de mayores residencias familiares, ya que "un ambiente familiar es muchísimo más beneficioso para un niño que una residencia".
Impacto en los NNA: Casos de retención y falta de especialización
Menores atrapados en el sistema
A pesar de haber recibido el alta médica de centros psiquiátricos, niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de Mejor Niñez se ven obligados a permanecer en estos recintos. Esto no ocurre por motivos de salud, sino por problemas estructurales en las residencias: déficit de cupos, falta de residencias especializadas, cierre de algunas de estas y el rechazo a recibir jóvenes con problemas de salud mental. Estos factores han dejado a algunos menores atrapados en un "limbo institucional", sin el entorno necesario para su adecuada recuperación y desarrollo.
H. Gregorio Marañón - Inst. de Psiquiatría y Salud Mental. Unidad de Menores en Riesgo Psiquiátrico
Testimonios y casos emblemáticos
Karen, una adolescente de 16 años, permaneció retenida en la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, a pesar de haber sido declarada en condiciones de alta médica. Su caso llegó a la Corte Suprema tras un recurso de amparo. De manera similar, Valentina, de 17 años, estuvo hospitalizada 22 días más de lo necesario en el Hospital Clínico Magallanes de Punta Arenas debido a la escasez de cupos en la residencia RVA Magallanes.
Estos casos no son aislados. Un reportaje identificó cuatro situaciones de menores de ex-Mejor Niñez que han sido mantenidos en centros psiquiátricos sin requerirlo. Pamela Canessa, coordinadora regional del programa Mi Abogado de la región de Valparaíso, confirma que muchos menores bajo la tutela de ex-Mejor Niñez permanecen en instituciones psiquiátricas "esperando un cupo en residencias" después de recibir el alta médica. La resolución 947 de la Cámara de Diputados, del 10 de julio de 2023, indica que "uno de cada dos niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en estas residencias, está afectado por algún problema de salud mental (55%)".
Cierre de residencias y sobrepoblación
La cantidad de menores que han ingresado al cuidado alternativo de residencias ha ido en aumento, con 388 niños ingresados entre marzo de 2023 y octubre de 2024, sumando un total de 4.965 menores en estos establecimientos a lo largo del país. Sin embargo, la sobrepoblación es un problema grave, ya que el informe del Poder Judicial del segundo semestre de 2023 revela que el 40% de las residencias colaboradoras y de administración directa de Mejor Niñez se encuentran en hacinamiento. Esto ha llevado a situaciones como la negación de reingreso a Valentina, debido a la falta de plazas disponibles.
Además, otra consecuencia de la transición al nuevo sistema de protección es el progresivo cierre de residencias. A principios de enero de este año, Aldeas Infantiles SOS Chile anunció el cierre de seis de sus residencias, afectando a 120 niños, niñas y adolescentes que quedarán sin lugar donde vivir. Yenny Cruz, funcionaria de la Fundación María de la Luz en San Felipe, relata cómo la falta de cupos y el cierre de residencias, sumado a la mezcla de niños con y sin antecedentes policiales, agrava la situación, propiciando escapes y robos.
Rechazo de cupos por perfil y falta de especialización
La negación de cupos no solo se debe a la falta de espacio, sino también al perfil de los menores. Algunos son considerados "problemáticos" por las residencias debido a la complejidad de su salud mental. El caso de Karen, mencionada anteriormente, quien llegó a su residencia en un presunto estado de consumo de drogas y amenazando con quemar la casa, refleja el rechazo que enfrentan los niños con características más complejas. La residencia de Karen, a pesar de tener un cupo disponible, se negó a recibirla, argumentando que "o esta niña no ingresa acá o nosotros dejamos la residencia".
Esta situación se repite con menores que presentan problemas de violencia o condiciones complejas. Teresa Izquierdo, presidenta de la Fundación Focus, describe un caso similar: un menor con problemas de ira y tentativas de abuso sexual a otros menores fue asignado a una de sus residencias, generando un dilema ético sobre la seguridad de los demás jóvenes. Otro caso, ocurrido a mediados de 2024, involucra a Martín, un menor de 12 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad mental moderada, quien permaneció 52 días en un hospital por motivos de protección, a pesar de no ser el lugar adecuado para sus necesidades. Esta falta de una red de apoyo integral y residencias especializadas obliga a algunos menores a permanecer en hospitales psiquiátricos sin la necesidad médica de estar allí.
La Casa Nacional del Niño: Un símbolo de la crisis
Historia y relevancia
La Casa Nacional del Niño, con más de 260 años de historia, es una de las instituciones más antiguas y emblemáticas de Chile en protección infantil. Fundada en 1761 como la "Casa de Expósitos", ha evolucionado para convertirse en un referente de atención integral para niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos. Es una de las pocas residencias públicas bien evaluadas por su equipo clínico y su enfoque en salud, educación y contención emocional. Es, además, la única residencia en Chile que cuenta con salas acondicionadas y personal capacitado para recibir y acompañar a niños y niñas trasplantados bajo medida de protección, así como a niños con discapacidad.
Desmantelamiento y malas prácticas
A pesar de su importancia, la Casa Nacional del Niño enfrenta un "desmantelamiento" que contradice el discurso del Gobierno de "Los niños primero". La actual directora subrogante, Cecilia González Jeria, ha instaurado un estilo de conducción autoritario, con maltrato laboral, reestructuración de equipos técnicos sin fundamento, hostigamiento a funcionarias y represalias a quienes han denunciado. Sus decisiones de traslado de niños se justifican bajo argumentos técnicos o administrativos, sin considerar la dimensión humana, emocional ni social, lo que constituye una vulneración directa de derechos fundamentales.
Un caso emblemático es el intento de desvinculación de las dos pediatras históricas de la residencia, ambas con más de 20 años de servicio. Su salida, justificada como decisión política, significaría la pérdida de la única continuidad médica real para niños con patologías crónicas, traumas graves y necesidades clínicas complejas, incluyendo a niños trasplantados que requieren monitoreo constante. Este intento no solo es una irresponsabilidad institucional, sino una amenaza directa a la vida de estos niños.
Funcionarios quebrados y abandono institucional
El clima laboral en la residencia es insostenible, con numerosos trabajadores con licencia médica por estrés, angustia y maltrato laboral. La residencia se encuentra sin jefatura clínica y administrativa, lo que ha agravado los problemas operativos y ha impedido cubrir necesidades básicas urgentes. Con una capacidad de 90 niños, actualmente alberga a 95 y se espera el ingreso de al menos 50 niños más a corto plazo, mientras el equipo clínico y técnico se debilita en lugar de reforzarse. Los funcionarios han exigido medidas concretas contra la dirección actual y han denunciado el abandono institucional.
Ineptitud directiva y complicidad gubernamental
El director nacional Claudio Castillo y la directora regional Marcela Gaete han demostrado una "ineptitud sostenida", marcada por su incapacidad para gestionar en crisis, su ausencia en terreno y su indiferencia frente a las múltiples alertas. Su gestión ha sido cuestionada por tribunales de justicia, la Defensoría de la Niñez y organizaciones especializadas, sin que haya habido corrección ni fiscalización. Su permanencia, amparada por el Gobierno, refleja una política de encubrimiento que ha permitido el daño sistemático al bienestar y la salud de cientos de niños y niñas. La situación en Casa Nacional del Niño es un símbolo del fracaso estructural del modelo de protección en Chile, donde la falta de familias FAE, la sobrepoblación en residencias, la persecución a funcionarios comprometidos y la separación arbitraria de hermanos, son parte de una crisis que no es técnica, sino política y ética.
El caso de Lissette: Un reflejo de las deficiencias del Sename
Tragedia y vulneración de derechos
La muerte de Lissette, a punto de cumplir 12 años en 2016 en el CREAD Galvarino, es un doloroso testimonio de las profundas deficiencias del sistema de protección. Su vida estuvo marcada por problemas que le dejaron "heridas familiares profundas", agravadas por omisiones y decisiones erráticas del sistema. Lissette ingresó por primera vez a una residencia a los 5 años, y nunca sus padres lograron recuperar su cuidado. La ausencia de visitas regulares le provocaba una "doble sensación de abandono".
Errores sistémicos y falta de recursos
El relato de una psicóloga que trabajó con Lissette en el CREAD Galvarino detalla cómo el sistema falló repetidamente. La niña fue derivada a un Hogar de Protección, pero la residencia se declaró "incompetente" para asumir su cuidado, lo que llevó a su reingreso al CREAD Galvarino. Posteriormente, Lissette y su hermana menor fueron trasladadas a otra residencia, que también se declaró "incompetente" después de que Lissette revelara una experiencia de vulneración que le generó desregulación emocional y conductual. A pesar de la necesidad, los CREAD carecían de las mínimas condiciones de atención de salud, sin pediatras y con psiquiatras con horarios limitados. La psicóloga relató que se solicitó en una oportunidad que Lissette fuera reingresada al hospital para ser desintoxicada debido a la gran ingesta de medicamentos.
Opacidad y búsqueda de justicia
La causa de la muerte de Lissette sigue siendo una incógnita. Las versiones de lo ocurrido esa noche del 11 de abril fueron "escasa, confusa" y "se filtraron a la prensa". A pesar de que la justicia se centró en cinco o seis funcionarios inculpados, la psicóloga que atendió a Lissette lamenta que "el resto (responsables de departamentos técnicos, encargados de salud, supervisores, jueces de familia y también parlamentarios que deciden los presupuestos y planificaciones sin conocer la realidad del Sename en las residencias), no fue interpelado". Este caso subraya la necesidad de una rendición de cuentas integral y una reforma profunda que aborde las causas estructurales de la crisis.
Análisis del funcionamiento de los CREAD y el sistema de protección
Precariedad y burocracia
El funcionamiento de un CREAD se caracterizaba por la "precariedad y el trabajo solitario" de sus profesionales. Toda orientación técnica provenía del Departamento de Protección y Restitución de Derechos (Deprode), un "ente cerrado e impermeable a las sugerencias" de los equipos de los centros. En 2010, los Centros de Tránsito y Diagnóstico (CTD) pasaron a denominarse CREAD, y se aumentó el número de plazas, lo que generó "mayor hacinamiento, concepto prohibido en el Sename". La psicóloga que fue directora del CREAD Galvarino informó a los Tribunales de Familia y a las autoridades del Sename sobre la "alta dotación de niños varones" y la urgencia de despeje, pero "hicieron oídos sordos".
Falta de capacitación y atención especializada
El aumento de plazas no vino acompañado de un plan de capacitación coherente con el nuevo modelo, y las capacitaciones existentes "nunca abarcaron a la totalidad de los funcionarios del CREAD". En el CREAD Galvarino se recibían a niños con trastornos del espectro autista, dificultades motoras y enfermedades crónicas, muchos de ellos abandonados y vulnerados. Estos niños requerían "tratamientos altamente especializados", pero no contaban con las mínimas condiciones de atención de salud. La solicitud de un pediatra o al menos de horas pediátricas en 2016 no recibió respuesta al momento de la muerte de Lissette. Las dos enfermeras contratadas a honorarios no cubrían los fines de semana ni las noches, dejando a los niños sin profesionales de la salud en esos periodos.
H. Gregorio Marañón - Inst. de Psiquiatría y Salud Mental. Unidad de Menores en Riesgo Psiquiátrico
Problemas de financiamiento y la migración
Lissette Allende, directora ejecutiva de María de la Luz, señala que la subvención por niño es de alrededor de $1.400.000, mientras que el gasto real es de dos millones por cada uno, evidenciando un déficit de financiamiento. Además, el fenómeno de la migración ha generado medidas de protección para "chicos y chicas que están solos, sin adultos a cargo", como lo confirma Ignacio Concha, director ejecutivo de María Ayuda, quien reporta que en Iquique el 76% de los menores en sus centros son de origen extranjero. De las 248 residencias existentes, el 90% pertenece a privados, en su mayoría fundaciones, lo que plantea un desafío para responder a las necesidades que el sistema tiene actualmente.
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