La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) se hizo visible de manera cruda durante las protestas del estallido social, donde jóvenes con historiales de vida marcados por el abandono y la institucionalización se vieron envueltos en delitos y enfrentaron condiciones extremas en los centros de internación. Esta es la historia de cuatro jóvenes recluidos en instalaciones del Sename de Antofagasta, investigados por delitos cometidos durante las protestas del estallido social. Tres de ellos poseen un historial de pasos por programas del Sename, donde el Estado, supuestamente, debió brindarles protección y reinserción, algo que, según los relatos, no sucedió.
Jóvenes del Sename: entre la institucionalización y las protestas
La relación entre el estallido social y el Sename es estrecha. Una de las principales demandas sociales que aparecieron rayadas en las paredes de las ciudades durante las protestas fue el fin de este servicio, expresado en la consigna «No más Sename». De acuerdo con las cifras de la Defensoría de la Niñez, se registraron 602 denuncias entre el 18 de octubre de 2019 y el 22 de enero de 2020 de menores que sufrieron vulneraciones por parte de agentes del Estado en el contexto de las protestas.
Muchos de los jóvenes que formaron parte de la llamada «Primera Línea» tenían un pasado en hogares colaboradores o Cread del Sename, o vivían en la calle tras fugarse. Ellos mismos expresaban que desde la Primera Línea devolvían la violencia que habían experimentado por años. Actualmente, estos jóvenes están acusados de delitos como robo con violencia, saqueo, incendio y lanzamiento de molotov.
Testimonios de Maltrato y Abuso en el CIP de Antofagasta
Mientras estuvieron internados a la espera del juicio, los jóvenes sufrieron golpizas por parte de otros internos, vejámenes sexuales, lesiones cortopunzantes y sobremedicación psiquiátrica, además de ideación suicida y lesiones autoinferidas.
El caso de "J": Una vida de abandono y violencia institucional
Desde los 11 años, “J” ha vivido en las calles de distintas ciudades con algunos paréntesis en los que ha retornado a su casa materna. En siete años, hasta que cumplió 18, ningún organismo -público o privado- ha logrado ofrecerle una salida al laberinto violento que ha sido su vida.
La historia de “J” se puede rastrear al revisar los expedientes judiciales de varias causas en las que aparece involucrado. En su momento, ningún juez, alcalde ni diputado alzó la voz al enterarse de que un niño de 11 años vivía en una carpa en la calle con adultos que lo mandaban a robar para ganarse el almuerzo. Las pruebas de que ese mismo niño consumía pasta base, cocaína y pastillas psicodélicas desde los 12 años pasaron por las manos de ministros y fiscales.
El 26 de noviembre de 2019, “J”, ya de 17 años, fue detenido saqueando un supermercado Santa Isabel en el centro de Antofagasta. Dos meses después, volvió a caer preso, acusado de lanzar una bomba molotov a los carabineros en una protesta del estallido social. Los protocolos de la justicia sí se activaron el 10 de febrero de 2020, cuando “J” fue acusado por la Fiscalía como uno de los responsables de la quema de un vagón del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Entonces se querellaron la intendencia y el Grupo Luksic, dueño del vagón.
“J” estuvo 286 días en el CIP de Antofagasta. Durante ese periodo, bebió alcohol gel con Coca Cola para embriagarse, robó medicamentos psiquiátricos para evadirse, fue golpeado y hostigado por sus compañeros, le orinaron la cama y a él mismo, lo despertaron con golpes de pene en la cara, lo quisieron obligar a practicarle sexo oral a otro adolescente, se cortó los brazos, se mordió los dedos hasta sangrar, intentó colgarse y se realizó cortes profundos en las muñecas y las piernas con pedazos de un tubo fluorescente. Desde que “J” llegó al CIP del Sename de Antofagasta en octubre de 2020, los informes internos ya advertían de ideas suicidas, pero no se tomaron en serio.
El 9 de noviembre de 2020, “J” había intentado ahorcarse al interior de la casa 5 del CIP. Este hecho aparece registrado en el libro de novedades del organismo: “Mientras joven es intervenido por suscrita y una técnico en enfermería, manifiesta intento autolítico, indicando su intención de ‘ponerse la corbata’”. Según ese registro, “J” “habría tomado una polera llevándose a la zona de su cuello para comenzar a presionarla, momento en el cual compañero de dormitorio se despierta visualizando lo ocurrido y reaccionando rápidamente para asistirlo, instante en que el joven se desvanece y cae de la cama”. Dos días antes, “J” había sufrido una golpiza por parte de tres de sus compañeros, que lo dejó con hematoma en un ojo y hemorragia nasal. Los episodios de agresiones y hostigamiento continuaron en las semanas siguientes, con denuncias de amenazas, golpes e incluso que le orinaran la cama. En enero de 2021, “J” recibió una pateadura por parte de un joven mayor de edad y fue herido con un punzón, sufriendo “varias heridas cortopunzantes en zona tórax, anterior, posterior y zona parietal, además de una contusión orbitaria”.
En febrero y marzo de 2021, “J” continuó con conductas autodestructivas y el consumo de alcohol gel. El 9 de julio, se realizó cortes en el muslo derecho, y el 11 de julio, se amarró un cordón en el cuello, activando un protocolo de riesgo de suicidio. En ese momento, el joven comenzó a convulsionar y vomitar, siendo trasladado al Hospital de Antofagasta. Su cóctel de medicamentos incluía ácido valproico, sertralina, zolpidem y clonazepam, medicación que fue aumentada posteriormente con quetiapina. El 24 de julio, rompió un tubo fluorescente del baño y se realizó cortes profundos en la muñeca izquierda y el muslo derecho, necesitando 20 puntos de sutura. Uno de sus compañeros reveló que “J” había enfrentado vulneraciones gravísimas: lo orinaron en la ducha, lo quisieron obligar a practicar sexo oral y lo despertaban con golpes de pene en la cara, episodios que no fueron detectados por el personal del CIP. Un informe del psiquiatra del CIP del 29 de julio solicitó su traslado a un servicio de urgencia por encontrarse en “riesgo vital” debido a sus persistentes autoagresiones.
Otros casos: "R", "A" y "C"
“R” es otro de los adolescentes que pasó por el CIP del Sename acusado de delitos durante las protestas. Antes de eso, el 21 de noviembre de 2019, a los 14 años, recibió tres perdigones disparados por Carabineros: uno en la ingle, otro en la cara y el tercero en el ojo derecho. A pesar de que la Fiscalía tiene el listado de funcionarios que dispararon escopetas ese día, el caso sigue pendiente. Más recientemente, “R” fue condenado a 3 años en libertad asistida especial por participar en la quema de las puertas de la catedral de Antofagasta el 8 de marzo, durante la conmemoración del Día de la Mujer, lo que le valió más de 90 días en el CIP del Sename.
“A” es otro de los jóvenes internados en el CIP, acusado de quemar el vagón del tren, quien desarrolló una depresión profunda mientras cumplía con su internación provisoria. “A”, de 18 años, era uno de los pocos que cursaba cuarto medio, no consumía drogas y no tenía antecedentes penales. Ingresó a un programa de tratamiento porque su salud mental se deterioró “producto de los efectos de la prisionización”. El psiquiatra elevó su dosis de psicofármacos, pasando de fluoxetina y eszopiclona a sertralina, clonazepam y zolpidem.
“C”, un joven de 16 años, consumía diariamente quetiapina, sertralina y zopiclona. Los registros internos del Sename dan cuenta de varias peleas a golpes con sus compañeros. En diciembre de 2020, su defensa solicitó un permiso especial para pasar las noches de Navidad y Año Nuevo con su familia, pero el tribunal lo rechazó. El sacerdote Felipe Berríos lo visitó y lo encontró “esposado y amarrado con unas cadenas a la cama”, con dos gendarmes afuera y dos adentro de la habitación. Tras este episodio, la Corte de Apelaciones modificó la medida cautelar, y “C” salió del CIP para cumplir arresto domiciliario nocturno.
#SuperandoBarreras: Testimonio Bryan
La "Primera Línea" y los Jóvenes Vulnerables
El clamor de "No más Sename" en las calles
«No más Sename» se leía en casi todas las murallas y monumentos del centro de Santiago desde los primeros días del estallido social, ocurrido el 18 de octubre de 2019. Entre los cientos de jóvenes y adultos que formaban la columna vertebral de la llamada «Primera Línea» también estaban los niños y adolescentes que pasaron por un hogar colaborador o Cread del Sename, y aquellos que aún vivían en la calle después de fugarse. Ellos decían que desde la Primera Línea devolvían la violencia que vivieron por años.
Historias de participación: Jonathan, Jason, Juan y Byron
Jonathan, de quince años, proviene de Renca y vive en una familia monoparental. Su adolescencia ha estado marcada por una temprana expulsión del colegio y siete detenciones. Debe asistir a un Programa de Intervención Especializada (PIE) del Sename y estuvo a punto de “caer” a un Cread. Le da miedo ir a estos centros porque sus amigos le cuentan que “les pegan, que de repente no tienen qué comer, los tienen a todos encerrados y hay muertes”. Jonathan participa en la Primera Línea, apoyando a los profesores y devolviendo "un poco de esa rabia que a veces ha sentido". Reconoce que al principio lo hacía por diversión, pero luego se interesó en entender la desigualdad, viendo personas heridas y abusos policiales.
Jason, de 16 años, sufrió abusos por parte de Carabineros y Seguridad Municipal cuando vivía en la caleta Los Héroes. Dice que cuando vio los rayados contra el Sename en la calle, sintió “una alegría porque había más gente que pensaba y sentía lo mismo”, encontrando en la Primera Línea una forma de liberarse de la rabia y el resentimiento contra el sistema.
Juan, de 19 años, forma parte de la Primera Línea. Agobiado, relató cómo la policía se llevó sus carpas, ropa y zapatillas. Se acostumbró a la calle, a robar y a la “vida fácil de los lanzazos”. Aunque aún no se rehabilita por completo de la cocaína, confiesa estar “cada vez más limpio”.
Byron, de 25 años, de origen mapuche, vive en Santiago desde hace tres años, huyendo de la represión en su zona. Recuerda que en el Sename a un compañero le tiraron agua caliente. En la Primera Línea, tira piedras con una boleadora mapuche, corriendo riesgos, pero peleando “por lo justo”.
La visión de los "escudos": proteger a los menores
Andrés, de 36 años y padre, dirige uno de los grupos de escudos en la Primera Línea. Asiste a las manifestaciones más grandes y explica que se encuentran en “combate” contra Carabineros. Relata que “hay niños de diez, once y doce años que se meten a pelear en la Primera Línea”, y que ellos tratan de rescatarlos, pidiéndoles que se pongan más atrás para protegerlos de perder los ojos o morir. Mujeres, llamadas “mamitas capucha”, colaboran con la alimentación de la Primera Línea, mostrando solidaridad y responsabilidad social.
Un sistema en crisis: Sobremedicación y falta de datos
Abogados, defensores públicos y funcionarios del Sename confirmaron que los intentos de suicidio son habituales al interior del CIP de Antofagasta. Karina Ibarra, abogada defensora particular, critica que los jueces establecen prisión preventiva para delitos con pena de crimen, y que muchos de esos delitos se recalifican, llevando a que los internados preventivamente salgan con las penas cumplidas.
La sobremedicación es un reclamo recurrente de los familiares. “J” recibía una dosis diaria de quetiapina, sertralina, zolpidem, clonazepam y ácido valproico. “A” y “C” también estaban fuertemente medicados con psicofármacos. En los CIP, los adolescentes reciben atención psiquiátrica periódica, aunque las recetas de psicofármacos también son suministradas por médicos cirujanos sin especialidad psiquiátrica, práctica que el Sename considera regular.
Ausencia de cifras oficiales y fiscalización deficiente
No existe una cifra exacta de adolescentes imputados por las protestas que pasaron por centros del Sename a nivel nacional durante los últimos dos años, porque ninguna autoridad se ha dado el trabajo de contabilizarlos. La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez aseguraron no tener ese conteo. Según una indagatoria, solo en Antofagasta, al menos seis adolescentes imputados por delitos cometidos en las protestas estuvieron varios meses en internación provisoria en el CIP del Sename. En la sede del CIP de Antofagasta, los funcionarios recibieron una orden expresa de no contestar preguntas sobre estos casos.
El primer registro de “J” en el Poder Judicial data de noviembre de 2018, cuando a los 15 años se fugó de una residencia, y la denuncia por presunta desgracia se cerró nueve meses después sin haberlo encontrado. Esta falta de seguimiento ejemplifica una “desaparición” dentro del sistema.
Un informe de la PDI de 2017 que investigó 240 hogares de menores reveló que en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Lo grave es que este informe fue entregado en diciembre de 2018 al gobierno y la Fiscalía, pero no se hizo público. La PDI constató que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. El 62,9% de los hogares presentaba casos de “deserciones del sistema”, cifra que asciende a un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Además, el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72,9% no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tiene protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. La gran mayoría tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica, estas “supervisiones son coordinadas de manera previa”.
Críticas al sistema judicial y la política de infancia
La especialista entrevistada en el borrador critica que se privilegian castigos o sanciones para los adolescentes infractores sin aplicar “una comprensión estructural del tema”. En Chile, no existe una política integral de infancia, lo que se agrava con la división del Sename, donde niños vulnerados se transforman de víctimas en victimarios.
Los académicos Ximena Illanes y Miguel Morales, al reflexionar sobre la crisis del Sename, señalan que los políticos y especialistas han puesto el foco en “las causas de las muertes, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado”. Recalcan que el uso del concepto de abandono puede invisibilizar “la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema”. Sugieren que las estrategias futuras deben relacionarse con “la conservación los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas”.
Reflexiones sobre la infancia vulnerable y el rol del Estado
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta patología médica, 13,9% sufre enfermedad crónica, 0,4% está en riesgo vital y 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 55, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En el 66,3% de los centros, la administración de fármacos en jornada diurna es realizada por un educador de trato directo sin formación profesional o técnica en salud, a quien solo se le exige cuarto medio rendido.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”. Francisco Estrada, abogado experto en infancia, señala que “Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil”. Argumenta que los niños son internados por pobreza, provenientes de padres que también fueron maltratados, y que la solución no es quitárselos, sino romper el círculo. También destaca la necesidad de una defensa jurídica adecuada para los menores vulnerados, ya que “muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho”.
Este escenario de precariedad sistémica y la falta de una política integral de infancia dejan a estos jóvenes en una situación de extrema vulnerabilidad, empujándolos a las calles y a la participación en protestas, donde sus derechos continúan siendo vulnerados tanto por las fuerzas de orden como por un sistema de protección estatal que, en la práctica, los desampara.