Las ciudades representan entornos de enorme complejidad, con problemas de toda índole: gobernanza, infraestructura, vivienda, movilidad, comercio, educación, salud, violencia, entre otros. En este contexto, el Colegio de Arquitectas y Arquitectos ha reconocido la complejidad que revisten los asentamientos precarios a lo largo del país, manifestando preocupación por la ola de desalojos, que representa una seria vulneración de derechos humanos que afecta a miles de familias en condición de vulnerabilidad.
Ante la falta de respuesta a sus necesidades de vivienda, tanto en el mercado como en el sistema de subsidios habitacionales, innumerables familias se ven obligadas a allegarse y arrendar en poblaciones tradicionales, conjuntos de vivienda social, antiguos conventillos o diminutos inmuebles en guetos verticales; o bien a recurrir a la precariedad de las tomas y la autoconstrucción. Los campamentos del siglo XXI configuran un segmento clave de la crisis habitacional, siendo sumamente heterogéneos y coexistiendo en su interior dinámicas diversas y complejas que requieren ser visibilizadas a fin de contrarrestar visiones peyorativas o estigmatizantes. La vivienda social e informal se ve atravesada por el crimen organizado, el narcotráfico y la especulación.
Las tomas han formado parte de la trayectoria histórica de las ciudades en Chile, y no se resolverán simplemente lanzando a las personas a la calle. Numerosos fallos de la Corte Suprema evidencian la creciente judicialización de una problemática social, en la que se enfrentan los derechos constitucionales de las familias y el derecho de propiedad.
Contexto de Pobreza y Desigualdad en Dictadura
Recordar la pobreza en dictadura permite ampliar la mirada sobre las violaciones a los derechos humanos: no se trató solo de represión política, sino también de decisiones económicas que profundizaron la desigualdad y negaron condiciones básicas de vida digna. Hacia 1987, un 45 % de la población vivía en situación de pobreza, según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Impacto Socioeconómico de la Dictadura
- El desempleo llegó a niveles críticos: entre 1981 y 1982 alcanzó 22-26 %, y en 1983 llegó al 31,3 % en el Gran Santiago, de acuerdo con estudios académicos.
- Algunas organizaciones sindicales denunciaron que en ciertas zonas del país la cesantía local se acercaba al 50 %, lo que refleja la gravedad del impacto social de la crisis económica.
- Las políticas de liberalización, privatización y reducción del gasto social precarizaron la vida cotidiana, limitando el acceso a salud, educación y vivienda.
Frente al hambre y la falta de recursos, surgieron ollas comunes, comedores infantiles, comités de vivienda, talleres laborales y redes organizadas por mujeres pobladoras y parroquias.
Desalojos y Erradicaciones Forzadas Post-1973
El 11 de septiembre de 1973, fuerzas militares perpetraron un golpe de Estado que interrumpió violentamente el sistema democrático chileno. A partir de entonces, todas las personas consideradas de izquierda fueron sindicadas como “marxistas” y, conforme a los postulados del nuevo régimen, pasaron a convertirse en “enemigos de la nación”. Bajo esa premisa, miles de chilenos y chilenas fueron perseguidos, detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos o exiliados.
Tras el golpe de Estado, hubo una serie de desalojos de tomas de terreno y asentamientos informales. El régimen de Pinochet implementó políticas de “orden y seguridad” que incluyeron el desalojo de diversas tomas y ocupaciones de terrenos. Estas políticas, tras 1973, tuvieron un efecto contrario al esperado.
Vida en campamentos: la cara visible del déficit habitacional
Testimonios de Afectados y Consecuencias de las Erradicaciones
“El golpe de Estado dejó una profunda huella en la segregación urbana que enfrentamos en la actualidad”, dice el arquitecto y exdirector de Fundación Vivienda, Felipe Arteaga. Antes de la dictadura, se había iniciado una política habitacional con una perspectiva global e integrada, creando viviendas sociales con acceso a servicios de salud, educativos, deportivos, entre otros. Sin embargo, a partir de 1973, esta perspectiva cambió. “En esa época era muy común escuchar a personas que optaban por viviendas sociales decir: ‘Me asignaron una casa en La Pintana’ o ‘Me dieron una casa en Lampa’. Esto provocó que las familias de campamentos terminaran desarraigadas de sus vecinos o de los barrios donde habían crecido, siendo desplazados forzadamente a barrios sin oportunidades”.
Guillermo Melipil, a sus 75 años, fue uno de los afectados por estas erradicaciones. A los 35 años, se vio forzado a abandonar junto a cientos de familias lo que antes era su hogar en la población Las Tranqueras. “Ahí vivía con mi señora. Fue triste, no teníamos dónde vivir y llevábamos un tiempo largo construyendo la casa, sabiendo que no era nuestra por la ley, pero sin otra opción. Era estar ahí o vivir de frentón en la calle. En esa época había poblaciones con gran cultura social, como La Victoria o la Villa La Reina, en Santiago, que resultaron afectadas en su momento. Yo me fui a La Pintana, donde resido actualmente. Cuando llegamos, todo estaba vacío, no había nada, era como un potrero. Hoy en día, la situación es aún más difícil; cambiamos las chacras por casas tapadas de alambre y hay personas dedicándose al tráfico de drogas. Era más bien una toma. Los campamentos y las mediaguas vinieron después, pero lo recuerdo con cariño, porque antes del 73 había más cultura social. Todos queríamos convertir la toma en un lugar más digno, pero entre todos los vecinos, ¿me entiende? Es triste. La toma quedaba en Las Condes, una comuna de dinero y los vecinos de la comuna nos ayudaban. No todos eran tipos discriminatorios”.
El Rol de las Mediaguas y la Segregación Urbana
Las mediaguas, ideadas por el jesuita belga Josse Van der Rest, jugaron un papel crucial en la respuesta a la crisis habitacional causada por la erradicación forzada de terrenos. “El Padre Hurtado siempre decía: ‘Hay que conseguir un techo para los que no tienen uno’. Ese era su lema. Yo agregué la idea del sitio urbano y la mediagua. El pobre que logra tener un terreno urbano, sale de la pobreza, así de simple”. En la década de 1970, se estimaba que había alrededor de 480 campamentos en todo el país.
“Vivir en La Pintana, en la población El Castillo, es vivir con personas violentamente erradicadas durante la dictadura. Son más de 300 mil personas, que en ese periodo de durísima crisis económica de los años 80 fueron sacadas de sus hogares en camiones militares y trasladadas a estas villas en distintos lugares de Santiago. Hubo un par de voces disidentes, pero el régimen y la autoridad omnipotente de Pinochet sedujeron a un grupo de personas poderosas que se vieron beneficiadas con esas erradicaciones. Con ellas, se termina sometiendo mucho más a los pobres y se genera una regresión social muy fuerte. Un daño que hasta el día de hoy nos impacta como sociedad. Una realidad que está lejos de ser superada”.
La Judicialización del Problema Habitacional y la "Ley Anti-tomas"
El número de órdenes de desalojos de tomas y de campamentos está aumentando en Chile. Durante décadas, el debate sobre los desahucios parecía inexistente en Chile, catalogado como un problema de otra época que no hacía parte de los actuales desafíos habitacionales. Sin embargo, el creciente número de personas que se han visto en la necesidad de vivir en tomas y campamentos en la última década ha puesto en evidencia una vieja verdad: cuando en vez de enfrentar la escala y complejidad del problema habitacional esta se judicializa, parece tornarse legítima la criminalización y el ejercicio de la fuerza.
Los campamentos en Chile, hoy por hoy, son tan diversos como complejos. Su aumento es el resultado de múltiples fenómenos, pero por sobre todo es consecuencia de la incapacidad de las herramientas de planificación y habitacionales actuales para dar respuesta a intrincados fenómenos sociales, urbanos, medioambientales, migratorios y económicos. El emblemático caso de las más de 6.000 familias que están actualmente con una orden de desalojo en un campamento en San Antonio da cuenta de la incapacidad de las herramientas institucionales existentes para lidiar con la complejidad de esta problemática, y la imposibilidad de abordarla exclusivamente en el sistema judicial. Según estimaciones, actualmente alrededor de 25 barrios y/o asentamientos precarios están amenazados y otros 7 tienen una orden de desalojo inminente.
Esfuerzos para Abordar la Problemática
Desde hace algunos meses, un grupo diverso de pobladoras, autoridades, activistas, profesionales y académicos han intentado generar un espacio para abordar estas cuestiones de manera colectiva. La noche previa a que se ingresara el veto parcial del gobierno a la llamada “ley anti-tomas”, se reunió en el salón del directorio nacional del Colegio de Arquitectos de Chile un grupo de representantes de diversos sectores con el objetivo de avanzar hacia una visión compartida en torno a las tomas, campamentos y la ley de usurpaciones. En ese contexto, un pequeño grupo decidió sentar a la mesa visiones y voces que, desde distintas realidades e intereses institucionales, tuviesen la voluntad de intercambiar ideas al respecto.
Participaron en este primer encuentro, seguido de una discusión con representantes de organizaciones como Techo, el ColArq, AAxChileD, entre otras, Daniela Ocaranza (dirigente), Yasna Contreras (académica), Paola Jirón (presidenta del CNDT), Ricardo Trincad, Constanza Lizana (Alcaldesa de San Antonio), José Francisco Yuraszeck (Hogar de Cristo), Pablo Allard (Decano UDD) y Enrique Rajevic (jurista UAH). Al finalizar la sesión, había un consenso claro en la sala: la necesidad de fortalecer espacios de intercambios de la sociedad civil para avanzar en acciones concretas.
De esta manera, en los siguientes meses se organizaron otros dos encuentros que tuvieron como anfitrión el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos. La segunda reunión se centró en el desafío de formular procedimientos con estándares de derechos humanos en caso de desalojos. Finalmente, el tercer encuentro se enfocó en discutir una hoja de ruta para avanzar en propuestas de acción para detener y prevenir los desalojos forzosos.
La Red de Derechos Humanos y Desalojos busca facilitar dicha articulación permanente. Está constituida por personas convocadas por cinco instituciones: Corporación SUR, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, el Observatorio de Participación Social y Territorio UPLA, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) y Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN).
El llamado es a autoridades, académicos, activistas, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en su conjunto a sumar fuerzas para detener el uso de la violencia y avanzar en espacios de negociación, fundamental para la búsqueda de soluciones para quienes enfrentan amenazas de desalojo. Si el espacio urbano se torna una trampa de exclusión de oportunidades de trabajo, de salud, de seguridad, de educación, es inadecuado pensar en políticas sociales -orientadas a erradicar la pobreza- separadas de políticas urbanas y de vivienda.
Represión y Transformaciones Urbanísticas
Represión y Violaciones a los Derechos Humanos
Las ciudades chilenas fueron testigos de una brutal represión política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Durante este período, ocurrieron detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que dejaron una huella profunda en la memoria urbana.
Transformaciones Urbanísticas y Sociales
La dictadura también trajo consigo importantes cambios urbanísticos, con un fuerte énfasis en la privatización del espacio urbano. Para apoderarse del patrimonio de sus detractores -ya fuera que se tratara de inmuebles, empresas o vehículos-, las autoridades del régimen organizaron una compleja trama burocrática. El mecanismo se sustentaba jurídicamente en el Decreto Ley N.° 77, promulgado por la Junta de Gobierno el 8 de octubre de 1973, a menos de un mes del golpe: tras declarar ilícitos y disueltos todos los partidos, agrupaciones o movimientos «que sustenten la doctrina marxista», el instrumento ordenaba pasar sus bienes al dominio del Estado y destinarlos a los fines que la Junta de Gobierno estimara convenientes. La dictadura chilena fue altamente burocrática y dejó cientos de documentos (decretos, oficios, memorandos, informes, actas, providencias, etc.) que dan cuenta de esos procesos de incautación. Puedes descargar el artículo completo “Archivos desclasificados de la dictadura civil-militar chilena. Los casos de usurpación de bienes e inmuebles bajo el Decreto Ley N.º 77 de 1973”, por Jorge Olguín.
Memoria y Recuperación
Desde el retorno a la democracia en 1990, las ciudades se han convertido en espacios fundamentales para la memoria y la búsqueda de la verdad sobre los abusos cometidos.