La Sistemática Vulneración de Derechos en el Sistema de Protección Chileno
El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños y adolescentes bajo su tutela. Una investigación lapidaria de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que examinó 240 hogares de menores, concluyó que en el 100% de los centros administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 y al gobierno, pero no se hizo público.
La trágica muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para detener los abusos en los hogares del Sename. Sin embargo, el mismo documento de la PDI, al que tuvo acceso CIPER, indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Este informe de 257 páginas es un resumen de una extensa investigación, contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016, tras el deceso de Lissette.
Hallazgos Alarmantes del Informe de la PDI
Alcance y Gravedad de las Vulneraciones
La gravedad del informe radica en la constatación de una violencia sistemática, un hecho que ya había sido señalado por un documento de la ONU el año anterior. Sin embargo, el reporte de la PDI es mucho más completo, ya que consideró 240 de un total de 241 residencias en todo el país, dando cuenta de la situación de cerca de 6.500 niños y adolescentes bajo el sistema de residencias del Sename. Es particularmente grave que las violaciones de derechos sistemáticas se hayan cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Este desastre exige una respuesta pública de diversas instituciones, no solo del Sename, sino también del Poder Judicial, cuyos jueces de familia están obligados a visitar los centros dos veces al año.
El informe de la PDI representa el último eslabón de una cadena de reportes siniestros elaborados por múltiples instituciones en los últimos siete años. Entre ellos destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef, que dio pie a numerosas indagaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, sumándose al reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
La investigación penal, a cargo del fiscal Marcos Emilfork y un equipo especial de la PDI, se centró en indagar las 1.313 muertes ocurridas en 12 años. El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI visitar cada centro del Sename, logrando acceder a 240 de las 241 residencias existentes. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename de la PDI un informe resumen de sus hallazgos. Entre los casos más urgentes, se identificaron 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”, situación informada en mayo de 2018 a los Ministerios de Justicia, Sename y Salud para la adopción de medidas de salvaguarda. El equipo de la PDI también constató que al menos en 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente habían ocurrido, y la mayoría de los directores de los centros no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves.
El documento detalla que gran parte de los maltratos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los CREAD (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores, otros 137 casos. Se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual en el 50% de los hogares, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores. El informe policial es categórico al afirmar que estas acciones de vulneración de derechos “se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que aumentaba al 76,2% al excluir residencias para lactantes y personas con discapacidad.
Fallas Institucionales y la Ausencia de Protocolos Básicos
Deficiencias en Protocolos y Supervisión
Los resultados de la investigación son aterradores en cuanto al incumplimiento de protocolos básicos. El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Específicamente, el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carece de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco disponía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, estas supervisiones son, en su mayoría, coordinadas previamente. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
La Crisis de Salud Mental y Física
El informe de la PDI reveló cifras alarmantes respecto a la salud de los residentes: un 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica, un 14,2% presenta alguna patología médica, un 13,9% sufre una enfermedad crónica y un 0,4% se encuentra en estado terminal o en evidente riesgo vital. Además, un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Esta situación se agrava por las deficiencias en la atención médica: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en los 198 que sí lo tienen, la función es ejercida por personal sin el perfil necesario. En 55 centros, esta labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con la administración de medicamentos: en 159 centros (66,3%), un “educador de trato directo” (con solo la enseñanza media rendida) está a cargo de esta función, situación que, según una investigación de CIPER de 2016, a menudo implica el uso de fármacos como paliativo para contener a los niños y adolescentes sin control adecuado.
La dramática realidad se acentúa considerando que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Qué es la salud mental y cómo podemos cuidarla
Desafíos de la Reinserción Social y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
La Ley 20.084, promulgada en 2005 y vigente desde 2007, prometió reinsertar a adolescentes y jóvenes infractores. Sin embargo, ha demostrado ser insuficiente: el 61% de quienes ingresaron al Sistema de Justicia Juvenil egresaron antes de completar algún programa de protección, y el 47% de los adultos en la cárcel pasó previamente por el Sename. La falta de acceso a salud mental dentro de los CIP y CRC ha agravado aún más la situación.
Sonia Brito, trabajadora social, académica e investigadora, afirma que los derechos de los niños y adolescentes han sido gravemente vulnerados por la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, lo que genera una "desesperanza aprendida" y una desconfianza en adultos e instituciones. Por su parte, la psicóloga Fernanda Salvo define la reinserción social como “un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal.”
Testimonios Vivos: Historias de Vida en el Sistema
Historias como la de Misael Ortiz y Felipe Benavides ilustran el fracaso del sistema. Misael, quien ingresó a una residencia a los tres años debido a la violencia intrafamiliar y fue víctima de abuso sexual, comenzó a delinquir a los trece y pasó gran parte de su juventud en distintos centros del Sename (hoy Servicio Mejor Niñez), describiendo su experiencia como "muy mala", marcada por peleas, robos y drogas. Felipe, quien hoy estudia Trabajo Social y realiza talleres motivacionales, empezó a robar a los 11 y fue derivado al CIP de San Joaquín a los 14. Ambas vidas, con una década de diferencia, reflejan el abandono paterno y el inicio delictual en la niñez.
Para Misael y Felipe, el sistema les ha fallado, no logrando reinsertarlos socialmente a pesar de los programas existentes. Misael relata que los asistentes sociales y psicólogos ofrecían un apoyo "más por trabajo" que "real o significativo". Felipe, sobre los talleres, confiesa no haber aprendido nada útil para su vida adulta, solo un "fútbol canero" con golpes.
El caso de Daniel Ballesteros, de 17 años, apuñalado en su dormitorio en un centro del Sename en 2013 a pesar de haber alertado sobre amenazas, puso en evidencia la brutalidad del sistema. Su madre, Eliana Pérez, describió el centro como "la copia de una cárcel común", con relaciones de poder, agresiones constantes, drogas y celulares. Daniel, internado por robo, compartía espacio con jóvenes condenados por homicidios y asaltos con violación, en una estructura jerárquica de "vivos", "perros" y "perkins".
Factores de Riesgo y Trayectorias Delictuales de los Jóvenes Infractores
Perfil Sociodemográfico y Entorno Familiar
Profesionales como Juan Carlos Cornejo, Educador de Trato Directo, y Ginés Alvarado, Gestor de Redes del Centro Tiempo Joven, señalan la multicausalidad de factores que influyen en las conductas delictivas. Los jóvenes provienen en alto porcentaje de comunas de sectores populares con alta densidad poblacional y de familias con abandono parental, consumo de drogas, y escasas reglas. Francisco Jara, Educador Diferencial con 30 años de experiencia, profundiza en el perfil: muchos adolescentes inician su vida delictual a muy temprana edad (ocho años), carecen de hábitos y provienen de familias disfuncionales. "Robar era un patrón, parte de la vida cultural", afirma.
Un estudio realizado en el Centro SENAME de Talca, en colaboración con el Liceo Técnico Profesional Aulas de Esperanza, con seis jóvenes (dos mujeres y cuatro hombres) de entre 14 y 19 años, reveló que la mitad de ellos han pasado gran parte de su vida en barrios de gran marginalidad social. Los delitos más reiterados son el robo y el homicidio. La mayoría de los jóvenes culpan a "otros" de sus actos, justificando sus actuaciones por el consumo de drogas, la influencia de amigos o la ausencia de una familia que los contenga. El caso C3 es un ejemplo: "Empecé a juntarme con amistades y ahí me desvié, iba a clases al liceo, pero a mitad de año me salí y no fui más. Todo fue porque me empecé a meter en la pasta base, siempre me pillaban los pacos (policía) drogándome y me llevaban a centros de jóvenes, pero me arrancaba para volver a consumir”. El Plan de Intervención Individual del caso C3 describe una historia de vida con negligencia severa parental, consumo de drogas de ambos padres y esquizofrenia materna, resultando en la tutela legal a la abuela, quien es la única presente en la vida del joven.
El inicio temprano en la trayectoria delictual (entre los 12 y 14 años) está muy asociado a la negligencia parental severa. El caso de Miguel ilustra la vinculación delictual al núcleo familiar y la normalización de prácticas ilícitas. Miguel, con historial delictivo familiar, cometió homicidio simple en defensa de su hermano menor. Su relato es crudo: "Un día me vio y él me sacó dos pistolas, como yo no andaba con nada para defenderme tomé mi bicicleta y fui a buscar una pistola y volví a darle dos balazos”.
Factores de Personalidad y Entorno Social
Los relatos muestran que la violencia tiende a aumentar y naturalizarse, justificada a menudo por el consumo de drogas, pero también por el cuidado de la imagen y el estatus dentro del grupo. El Plan de Intervención Individual del caso C4 (Luis, 17 años, con múltiples condenas previas por robo y un homicidio calificado) describe “conductas inmediatistas, desafiantes y contestatarias con escasa adherencia a las normas y respuesta violenta y agresiva frente a la resolución de conflictos. Existe una tendencia a mantener una ‘imagen’ frente a sus compañeros que se caracteriza principalmente por un estilo antisocial”.
Jóvenes de menor edad (14 y 15 años) presentan hitos relevantes para el inicio de su trayectoria delictiva: el padre biológico de Miguel está en la cárcel por tráfico de drogas, mientras que Pedro inició su vida en centros institucionalizados al cumplir un año y dos meses, deambulando desde entonces entre centros de cuidado de menores. La violencia física y simbólica, la desatención y la falta de entendimiento configuran la salida del hogar como una reacción esperable ante un medioambiente hostil. La abuela de una de las chicas del centro narra: "Yo la crié de recién nacida porque su mamá la abandonó. Mi hijo es su papá pero se fue, en ese tiempo el estaba preso en la cárcel y entonces la mamá tomó sus cosas y se fue y dejó a la niña, entonces yo me tuve que hacer cargo, así he sido su abuela y su mamá desde los tres meses”. El caso de Pedro, institucionalizado tempranamente, con vida de calle y víctima de abuso sexual, es otro ejemplo de cómo estos jóvenes pasan prácticamente toda su vida en sistemas de cuidado que han sido cuestionados por la falta de resultados en reinserción.
Deserción Escolar y la Influencia del Barrio
Cinco de los seis jóvenes estudiados presentan deserción temprana del medio escolar y repitencias en educación primaria. Dificultades de aprendizaje (como la dislalia de María), comportamientos disruptivos o el excesivo control escolar los lleva a automarginarse. Los jóvenes no se interesan por un sistema educativo que consideran altamente normado y estricto, que no les permite actuar con libertad. Han desarrollado sentimientos de desvalorización, inferioridad y desapego por las reglas. Un profesional relata la respuesta de un joven: “Pucha tía, pero de que me sirve aprender esto o desarrollar tal habilidad si voy a volver a la calle y no voy a tener ninguna oportunidad”.
El barrio, por otro lado, ocupa un lugar importante como punto de encuentro y socialización con sus pares, donde encuentran compañía y contención afectiva. Las esquinas son espacios preferidos para reunirse, ganar visibilidad y estatus, pedir dinero o intercambiar información sobre drogas. Urresti (2002) señala que la fisonomía de los grupos de pares está íntimamente vinculada al espacio barrial, donde la socialización se circunscribe a círculos homogéneos debido a la segregación socio-espacial.
Impacto del Abandono y la Institucionalización Temprana
La separación temprana de los padres y la institucionalización a temprana edad son factores determinantes en la personalidad de los jóvenes. El caso de María, abandonada por una madre drogadicta y un padre ausente, generó un estado de inseguridad que la lleva a escapar de todo y todos, y a desconfiar de sus relaciones. Miguel, quien ingresó a un centro del Sename al año de edad, destaca por un daño significativo en el área afectiva y reiterados estados depresivos. Estos puntos son relevantes para comprender el rechazo de los jóvenes hacia los centros de cuidados del Estado, ya que sienten que lejos de ser una red protectora, han sido negligentes en esta tarea.
Prevalencia de la Delincuencia Juvenil en Chile
En Chile, más de 49.000 menores de edad han sido condenados por delitos de variada índole en los últimos cinco años. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) era la institución encargada de la administración de los centros donde los jóvenes infractores cumplían sus condenas. Diversos autores vinculan la delincuencia juvenil con la marginalidad y la pobreza, en un "círculo vicioso" de delincuencia, pobreza, desnutrición, inseguridad y bajo nivel educativo (Vera, 2016).
Los factores explicativos de la delincuencia juvenil se categorizan en:
- Factores de riesgo personal: Aspectos biológicos, personalidad (impulsividad, tendencia al riesgo, agresividad temprana), conductas precursoras, ausencia de empatía, consumo de drogas y deterioro cognitivo. Los jóvenes suelen centrarse en sí mismos, buscando beneficios a corto plazo y poder.
- Carencias de apoyo prosocial: Mayor dependencia de los compañeros y distanciamiento de los padres (Hadiwijaya et al., 2017), junto con absentismo, abandono escolar, problemas de disciplina, fracaso y actitud negativa hacia la escuela (Lozano et al., 2021), y estigmatización dentro de los centros educativos.
Vásquez (2003) diferencia entre factores estáticos (precocidad delictiva, impulsividad, psicopatía) que no pueden modificarse, y factores dinámicos (cogniciones, amigos delincuentes, consumo de drogas) que sí son modificables.
Hacia un Nuevo Modelo de Protección y Reinserción Juvenil
Marcos Normativos y Servicios Emergentes
Con la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general. La puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil buscan establecer un sistema de justicia especializado con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente. Junto a ello, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para cumplir su rol protector.
En el ámbito de la vulneración de derechos, es crucial establecer mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias. Esto garantizaría el acceso a prestaciones sociales para todos los niños y niñas bajo medidas de protección. Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad en las residencias y asegurar la protección y el buen trato, fortaleciendo el trabajo con las familias para la reunificación. UNICEF está apoyando esta reformulación, concretando el cierre de los CREAD para 2021 y consolidando las nuevas residencias familiares, además de colaborar en el rediseño de programas de familias de acogida y de revinculación familiar.
La Defensoría de la Niñez observó que, desde 2016 a 2024, disminuyó el porcentaje de términos con salida judicial efectiva (de 74% a 51%) y las sentencias definitivas condenatorias (de 34% a 15%), mientras aumentaron significativamente los archivos provisionales (de 11% a 27%) y los términos por facultad de no investigar (de 6% a 15%), lo que podría indicar "nudos críticos en el proceso de investigación penal". Alejandra Michelsen, directora de la Fundación ITACA, recalca que "El 47% de las personas adultas en la cárcel, estuvieron en hogares del SENAME", lo que evidencia el fracaso del sistema en la reinserción.
La Necesidad de un Enfoque Restaurativo y Colaborativo
Sonia Brito destaca que la reinserción social de jóvenes infractores es un debate permanente debido a su baja incidencia. La nueva ley, con un cambio paradigmático, reconoce a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y actores sociales, implicando que la sociedad en su conjunto debe contribuir en el proceso de reinserción. Este trabajo con jóvenes infractores es complejo y desafiante, ya que implica un cambio de modelo hacia una propuesta de justicia restaurativa que involucra no solo al infractor, sino también a las víctimas y todo el entorno social.
Comelin Fornés afirma que el trabajo con jóvenes que han infringido la ley penal "debe ser abordado con profesionales de alta especialización y con equipos consolidados que eviten la rotación laboral de sus componentes". El modelo de justicia restaurativa se presenta como el sistema ideal para lograr una reinserción efectiva y garantizar una verdadera reparación para el victimario y su entorno. De lo contrario, advierten Tomás Cortés y Nicolás Grau en CIPER, "privar de libertad" se convierte en "un mecanismo eficiente para que menores de edad vuelvan a delinquir". La historia de Misael, quien se escapó de centros del Sename por la inseguridad, demuestra cómo el sistema punitivo no genera condiciones para la reinserción.
Alejandra Michelsen, de Fundación ITACA, insiste en que la sociedad debe colaborar y abandonar la idea del encierro como castigo efectivo. La reinserción es una tarea de todos. Misael y Felipe solo comenzaron a transitar hacia la reinserción cuando organismos privados, como la Fundación Ítaca, jugaron un rol de acompañamiento, iniciando un proceso de liberación de culpas y reconexión consigo mismos.
Mortalidad y Riesgos Persistentes
La voz de Juan Carlos Cornejo, educador de Trato Directo, se vuelve trémula al recordar la situación de muchos adolescentes. Relata el caso de Roberto Flores, un chico que tras salir del Centro de Internación Provisoria Tiempo Joven, fue asesinado a los pocos días. "Acá por lo menos los deja fuera de una posible muerte", reflexiona Cornejo, sugiriendo la protección que, irónicamente, el centro ofrecía. Es creciente el número de menores de edad (14 a 17 años) que han muerto de manera violenta: 75 entre 2018 y 2023. En el caso de los mayores de edad, la cifra es aún más alarmante, con 119 jóvenes fallecidos bajo un sistema que debía protegerlos.
Además, el 9 de enero del presente año, un joven de 17 años se quitó la vida en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. En la Región Metropolitana, entre 2020 y 2024, 160 adolescentes intentaron quitarse la vida estando bajo la protección del Estado, lo que es una prueba más de que "el Estado les ha fallado".
Mejoras en Centros de Privación de Libertad
Finalmente, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes en cuanto a infraestructura, habitabilidad y supervisión en la aplicación de los programas. Las trayectorias de vida de estos jóvenes, marcadas por la marginalidad, la violencia temprana y la desprotección estatal, exigen un enfoque integral y colaborativo para transformar el sistema de justicia juvenil y garantizar un futuro de dignidad y oportunidades para la niñez y adolescencia en Chile.