Las personas mayores conforman un grupo poblacional caracterizado por una alta diversidad y dinamismo. Según datos históricos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), este segmento ha experimentado cambios significativos: la escolaridad promedio de las personas de 60 años y más aumentó de 6,5 años en 2006 a 9 años en 2020. Asimismo, el porcentaje con educación superior completa subió del 6,2% al 13,8%, y el uso de Internet se incrementó del 7,3% al 31,5% entre 2006 y 2017. En términos de funcionalidad y participación, aproximadamente un 82% no presenta dependencia, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil.
Impacto de la pandemia y desafíos en salud pública
En el contexto de un acelerado proceso de envejecimiento, el COVID-19 afectó de manera desproporcionada a este grupo. Aunque al 7 de noviembre de 2021 representaban un 14,4% de los contagiados, constituían cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones. Ante este escenario, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) lideró una estrategia intersectorial para proteger a quienes residen en establecimientos de larga estadía (ELEAM) y a quienes permanecían confinados en sus hogares.
Para la consolidación de esta estrategia, se identificó la necesidad de profundizar en el componente sanitario, articular una respuesta colaborativa con diversas instituciones y fortalecer los equipos profesionales. Asimismo, se implementó un sistema de acompañamiento domiciliario para servicios de evaluación y tratamiento, evitando que las personas mayores asistieran a centros de salud congestionados.
Institucionalización de los Derechos Humanos y Buen Trato
El Estado ha transitado desde un enfoque asistencialista hacia uno basado en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En 2018 se creó la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato del SENAMA, cuyo objetivo es promover estos derechos, prevenir el maltrato y favorecer la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia.
Mecanismos de defensa y acceso a la justicia
- Defensor Mayor: Abogados especializados que brindan asesoría legal ante situaciones de abuso, violencia o vulneración de derechos.
- Protocolo de Acceso a la Justicia: Un hito impulsado junto a la Corte Suprema que incorpora un enfoque diferenciado para este grupo etario.
- Defensa Jurídica Integral: Atención preferente y representación gratuita mediante duplas sociojurídicas en las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Comunicación, información y participación ciudadana
Para resolver las brechas de información, el SENAMA implementó el Fono Mayor, un canal seguro que garantiza acceso oportuno a beneficios estatales. Durante la pandemia, este servicio se robusteció, atendiendo más de 15.600 llamadas entre enero y octubre de 2021, incluyendo acompañamiento psicológico para abordar la salud mental y la prevención del suicidio.
En el ámbito político, se establecieron protocolos para garantizar una participación electoral preferente, permitiendo que las personas mayores ejerzan su derecho a voto en condiciones seguras. Estos esfuerzos se alinean con las orientaciones estratégicas para el Plan de Envejecimiento 2021-2030, que busca recoger la opinión de las organizaciones de mayores para la construcción de políticas públicas a largo plazo.
Hacia una nueva perspectiva constitucional
El debate constitucional ha marcado un hito al reconocer a las personas mayores como titulares y sujetos plenos de derecho. Expertos en antropología social señalan que este enfoque contribuye a erradicar prácticas discriminatorias basadas en condiciones físicas o biológicas. La clave, según la academia, reside en dejar de homogeneizar la vejez, reconociendo que cada individuo tiene una trayectoria única y que el envejecimiento debe transcurrir bajo el ejercicio pleno de la autonomía y la dignidad.