La reforma de pensiones en Chile, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric y la dupla Marcel-Jara, ha sido objeto de intensos debates y diversas críticas. La necesidad de abordar la insuficiencia de ingresos de las personas al cesar su vida laboral es apremiante, especialmente en un contexto de rápido envejecimiento poblacional, caracterizado por bajas tasas de natalidad y un aumento de las expectativas de vida.
Antecedentes y Contexto de la Reforma
Las pensiones han sido una de las principales preocupaciones de los chilenos durante años. La demanda por la refundación del sistema previsional emergió con fuerza durante las manifestaciones de octubre de 2019. Previamente, los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera intentaron reformas sin lograr avances sustantivos, obteniendo solo logros parciales como la creación y ampliación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y 2022, respectivamente.
En diciembre de 2021, el entonces recién electo Gabriel Boric declaró: “En nuestro gobierno garantizaremos un sistema de pensiones sin AFP que asegure dignidad, una pensión mínima de $250.000 es un piso mínimo para quienes trabajaron toda su vida puedan vivir con un poco más de tranquilidad en la vejez”. Esta declaración marcó una de las promesas centrales de su administración.
Propuesta Central y Críticas
La reforma se ha presentado como un intento de transformar la lógica del sistema previsional. La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, afirmó que esta ley “marca una inflexión en el desarrollo de nuestro sistema de pensiones”, pasando de una lógica meramente individualista a complementarla con un seguro social y el principio de la solidaridad.
Sin embargo, la propuesta ha recibido fuertes objeciones. Una de las principales críticas es que, según cálculos del propio gobierno revelados por el economista Joseph Ramos, las tasas de reemplazo de los futuros jubilados (en 15 años más) serían 18 puntos porcentuales menores que las de los jubilados actuales. Esto se debe a que más de la mitad de las cotizaciones adicionales de los trabajadores actuales se destinarían a mejorar las pensiones de los jubilados presentes, lo que ha sido calificado como "demencial" por algunos analistas.
Se argumenta que, incluso para las personas de bajos ingresos, las tasas de reemplazo serían mejores si todas las cotizaciones adicionales se destinaran a ahorro individual, en lugar de que una parte significativa vaya a reparto, lo que las autoridades denominan solidaridad. Este modelo, descrito como "pan para hoy, hambre para mañana", es criticado por "demoler el sistema actual" bajo la consigna "No+AFP", pero "traicionando los principios de la seguridad social" al redistribuir fondos de futuros jubilados a los actuales.
Otro punto de preocupación es la politización y la mala asignación de recursos. La reforma plantea dejar gran parte de las decisiones de inversión en manos del Estado, que tendría el monopolio de la recaudación. Esto aumenta el riesgo de ataques cibernéticos, huelgas o quiebra de un administrador único. Además, se señala que el actual costo de administración del sistema es el 4º más bajo a nivel mundial según el Global Pensions Transparency Benchmark, lo que pone en cuestión la justificación de un cambio tan radical.
La derecha ha planteado que el proyecto no ataca los principales problemas del sistema: la baja densidad de cotizaciones y las edades de jubilación. Además, contradice el deseo del 70% de los cotizantes que prefieren que su aporte adicional vaya a sus cuentas individuales.
Modificaciones y Aspectos Aprobados
El Gobierno de Boric ha cedido en parte importante de sus aspiraciones iniciales desde la presentación de la reforma en noviembre de 2022, logrando acuerdos con la oposición, como Chile Vamos. A pesar de estos acuerdos y la aprobación en general de la idea de legislar, hubo lamentos en el oficialismo por las modificaciones sustantivas. Se han realizado concesiones que incluyen la alteración de las tablas de mortalidad y la creación de un nuevo seguro de longevidad o retiro programado colectivo.
Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
- Se aprobó el aumento de la PGU a $250.000.
- Personas pensionadas por Leyes de Reparación (Exonerados, Rettig y Valech) y beneficiarios de pensiones de gracia también podrán acceder a la PGU si cumplen los requisitos.
- Si ya se recibe la PGU, el ajuste es automático según el calendario.
Nueva Cotización del Empleador y Seguro Social
A partir de las remuneraciones de agosto de 2025, los empleadores comenzaron a pagar un 1% adicional, que se incrementará gradualmente hasta alcanzar un 7%. Esta nueva cotización se distribuye de la siguiente manera:
- El 1,5% que aportará el empleador para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el cual pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social (a contar de agosto de 2027).
- El inicio del pago de los beneficios del nuevo Seguro Social, incluyendo la Compensación por Años Cotizados y el Bono a mujeres por expectativas de vida.
Ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales
Esta medida, que comenzó a regir el 1 de mayo de 2025, permite cubrir cotizaciones en periodos de cesantía para todas las personas que reciban el Seguro de Cesantía, sin importar el tipo de fondo (Cuenta Individual o Fondo Solidario). Anteriormente, solo quienes utilizaban el Fondo de Cesantía Solidario tenían sus cotizaciones cubiertas.
- Desde mayo a julio de 2025, se cotiza el 10% del pago mensual del Seguro de Cesantía.
- Desde agosto de 2025, sube a 10,10%.
- En agosto de 2027, alcanza el 10,25%.
Estas cotizaciones son financiadas por el Fondo de Cesantía Solidario, con aportes del Estado y empleadores, sin afectar los fondos individuales del trabajador. Se estima que el número de personas beneficiadas se triplicará, pasando de 395 mil a más de 1,4 millones al año.
Compensación a Mujeres por Mayor Expectativa de Vida
Un beneficio dirigido a mujeres que busca corregir las brechas de género en el sistema de pensiones, dada su mayor expectativa de vida.
Incentivo a la Cotización y Formalidad
La reforma simplifica los mecanismos de cotización para trabajadores independientes, permitiendo pagos automáticos y la posibilidad de que familiares directos contribuyan en nombre del afiliado. También promueve la formalidad al vincular los beneficios a la cotización.
Nuevas Regulaciones para Administradoras
Se busca diversificar el mercado y reducir la concentración, promoviendo la entrada de nuevos operadores. Para ello:
- Se centralizará la cobranza previsional.
- Se implementará un sistema de licitación cada dos años del 10% de los afiliados, que serán asignados al administrador que ofrezca la menor comisión, fomentando la competencia y la disminución de costos.
- El sistema de multifondos será reemplazado por Fondos Generacionales, ajustando el perfil de inversión según la edad del afiliado para reducir riesgos al acercarse la jubilación.
- Las comisiones serán variables y vinculadas al rendimiento del fondo: si el fondo genera pérdidas, las comisiones disminuirán un 15%; si obtiene ganancias, pueden aumentar hasta en un 15%, alineando los incentivos con el bienestar de los afiliados.
- Se establecerán límites cuando las AFP inviertan a través de terceros, impidiendo pagar comisiones con cargo a los fondos a vehículos de inversión que inviertan más de un 10% en emisores nacionales transables en mercados públicos, salvo excepciones.
León Fernández de Castro “Los fondos generacionales serán lo más complejo de la reforma previsional”
Administración y Recaudación del Sistema
Para la recaudación de las cotizaciones, el Instituto de Previsión Social (IPS) realizará esta función a través de un proveedor especializado. El Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) es un órgano creado en el marco de la ley N°21.735 para estos fines.
Los empleadores o entidades pagadoras de subsidios deben declarar y pagar las cotizaciones hasta el día 10 del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones o se autorizó la licencia médica. Si el pago se realiza por medios electrónicos, el plazo se extiende hasta el día 13 de cada mes.
Obligación de Cotizar
La normativa indica que los empleadores deben cotizar al Seguro Social Previsional (SSP) por todos sus trabajadores, incluyendo aquellos con jornadas parciales o part-time. Esto es crucial para un registro adecuado de los periodos cotizados y su cómputo en el historial previsional.
La obligación de cotizar de cargo del empleador al Seguro Social Previsional se extingue cuando el trabajador se pensiona por vejez o invalidez total, o si está acogido a la exención regulada en el artículo 69 del D.L. No es obligatoria para todos los trabajadores, incluyendo a quienes perciben rentas del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y a quienes no las perciban.
Consecuencias de la No Declaración y Pago
Si el empleador no realiza la declaración de cotizaciones, tiene hasta el último día hábil del mes subsiguiente para acreditar ante el IPS que su obligación se extinguió. Pasado este plazo, si el IPS no logra aclaraciones, se presumirá que las cotizaciones están declaradas y no pagadas, constituyéndose una deuda previsional efectiva.
Debate Político y Posturas
La aprobación en general de la reforma ha generado diversas reacciones en el espectro político chileno. La derecha apoyó el proyecto, mientras que la ultraderecha lo rechazó, planteando reservas de constitucionalidad sobre algunas normas.
Diputados del Partido Demócratas, que fueron clave en la aprobación de la idea de legislar, manifestaron críticas a aspectos como el encaje y el préstamo, pero priorizaron el bienestar de los adultos mayores.
El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló una tendencia al "ordenamiento" de los votos de su sector a favor del acuerdo, considerándolo "un muy buen acuerdo". Sin embargo, surgieron voces disímiles, como la del diputado Cristián Labbé (UDI), quien rechazó la reforma argumentando que abre una "llave" para "destruir el sistema de capitales", expresando que no se moverá "un milímetro" de su decisión.
Otros parlamentarios, como Cristhian Moreira (UDI) y Gustavo Benavente (UDI), destacaron la importancia de avanzar y ceder posiciones en un sistema democrático, restando importancia a los "sectores extremos". Moreira afirmó que "no hay que darle mucha importancia a los sectores extremos, tanto de izquierda como de derecha", y que es necesario "avanzar en algo", mientras que Benavente consideró que el "peligro de que la izquierda destruya el sistema es un peligro que siempre va a existir, porque estamos en un sistema democrático".
Visiones desde los Dirigentes Sociales
Dirigentes de organizaciones sociales también han expresado sus posturas. Juan Carlos Pérez, de la ANEF, criticó la resistencia a destinar el 6% a un fondo solidario, calificándolo de "egoísmo y un sesgo muy dañino". Pérez indicó que "la derecha está instrumentalizando los errores puntuales en la política, pero también mira de manera corporativa y defiende a los grandes consorcios", y que avanzar en seguridad social es una forma de "asegurar paz social".
Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No Más AFP, fue más crítico, afirmando que la propuesta original del Ejecutivo "se cayó completamente" debido a la postura "categórica" de la derecha de no aprobar un sistema mixto donde el 6% de mayor contribución fuera a un seguro social. Mesina también señaló que "las cuentas nocionales no cuentan con la simpatía ni siquiera del propio Gobierno" y que la derecha busca que cualquier aumento de cotización "incremente el mercado de capitales". La Coordinadora No Más AFP sigue defendiendo la necesidad de movilización, señalando que "las pensiones están cayendo porque las bolsas a nivel mundial se están desplomando".
Opinión Pública: Encuesta Criteria
Una encuesta de Criteria, realizada entre el 20 y el 22 de enero a cerca de 1.000 personas, reveló la polarización política y el desconocimiento general sobre la reforma previsional del Gobierno de Gabriel Boric.
Nivel de Conocimiento
- El 55% de los encuestados se mostró “nada” o “poco” familiarizado con la propuesta.
- El 45% afirmó estar “algo” o “mucho”.
- El director de Criteria, Cristián Valdivieso, señaló que el conocimiento es más bien genérico y que la reforma está "muy politizada", con el mundo de la izquierda a favor y el de la derecha en contra. Quienes tienen menos conocimiento son aquellos sin identificación política (68% "nada" o "poco" familiarizados).
Percepción sobre el Préstamo Reembolsable
La propuesta de que los trabajadores coticen un 1,5% adicional al Estado para mejorar las pensiones de los jubilados actuales, con la promesa de devolución al jubilar, generó un empate:
- 45% se mostró “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo”.
- 44% se mostró “muy de acuerdo” o “de acuerdo”.
Las respuestas variaron significativamente por identificación política:
- Izquierda: 70% de acuerdo o muy de acuerdo.
- Derecha: 57% en desacuerdo o muy en desacuerdo.
- Sin identificación política: 56% en desacuerdo o muy en desacuerdo.
- Centro: 58% de acuerdo o muy de acuerdo.
Cuando se consultó sobre la confianza en que el Estado devolverá el préstamo, el 68% no confía “nada” o “poco”. La falta de confianza fue más marcada en la derecha (79%) y en quienes no tienen identificación política (76%), aunque también fue significativa en el centro (60%). Los de izquierda mostraron más confianza (55%).
Preferencia sobre la Administración de Cotizaciones
Ante la pregunta sobre quién debería administrar la cotización adicional con cargo a los empleadores:
- 45% preferiría poder elegir entre una empresa estatal y las actuales AFP.
- 24% optó por una empresa estatal.
- 15% eligió las actuales AFP.
Futuro de las AFP
Sobre qué debería hacer una reforma de pensiones respecto de las AFP:
- La mayoría (53%) prefiere “reformar las AFP, mejorando la competencia y su funcionamiento”.
- El 41% habló de “eliminar las AFP, y que sólo exista un ente estatal de pensiones”.
- Solo el 6% eligió “mantener las AFP como están”.
Las posturas también se dividieron por ideología:
- Derecha: 68% prefiere reformar las AFP.
- Izquierda: 59% opta por eliminarlas y tener un ente estatal.
- Centro: 59% prefiere reformarlas.
- Sin identificación política: Divididos casi a partes iguales entre eliminarlas (46%) y reformarlas (46%).
