La protección de la infancia y la garantía del derecho a vivir en familia son pilares fundamentales de cualquier sociedad. Sin embargo, en diversas ocasiones, el sistema encargado de velar por estos derechos se ve envuelto en complejas situaciones, que van desde graves casos de desprotección hasta procesos de adopción con serias irregularidades. La situación de niños y niñas vulnerables en centros asistenciales o bajo la tutela del Estado resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos y de la legislación vigente.
Casos de Vulneración Extrema y la Intervención Estatal
Este domingo, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva de los padres y la cuidadora de una lactante de casi seis meses, quien ingresó al Hospital de Iquique con signos de desnutrición, abuso sexual, graves lesiones e indicios de abandono. Durante la audiencia de control de detención y formalización, la Fiscalía de Tarapacá detalló que entre los días 9 y 10 de enero, el padre J.C.V. y la madre J.Q.C. dejaron a la bebé bajo los cuidados de Y.Q.M., quien abusó sexualmente de ella, causándole lesiones.
A pesar de estar en conocimiento de las complicaciones de salud provocadas por tales actos, los padres de la bebé, de cinco meses, decidieron no trasladarla a un centro asistencial. El llanto constante de la pequeña, a causa de su estado, llevó a la cuidadora a agredirla, provocándole lesiones graves gravísimas, conocidas como el síndrome del “niño sacudido”. Y.Q.M. dejó pasar aproximadamente seis horas sin que la lactante recibiera atención médica. Cerca de las 23:00 horas, el imputado J.C.V. llegó al domicilio en estado de ebriedad y, posteriormente, condujo a la niña hasta el hospital de la capital de la Región de Tarapacá.
Al ser entregada al personal de salud, la víctima presentaba una deshidratación severa que le provocó un shock hipovolémico. La bebé debió ser reanimada y trasladada a la UCI pediátrica, donde se mantiene internada. El personal médico advirtió que el padre y la cuidadora no proporcionaban información sobre el estado de salud ni la identidad de la niña, lo que llevó a dar aviso a Carabineros de Chile para indagar la situación. Este grave caso pone de manifiesto la urgencia de una vigilancia constante sobre el bienestar de los niños bajo cualquier forma de cuidado.
Un Legado de Adopciones Irregulares: Desde la Dictadura hasta la Actualidad
Aunque la justicia indaga cientos de adopciones irregulares ocurridas hasta 2004, muchas realizadas durante la dictadura, una extensa investigación periodística europea y chilena revela que los casos de padres despojados ilegalmente de sus hijos siguen ocurriendo en el país. CIPER ha publicado un adelanto de este trabajo, centrado en cuatro casos de adopciones irregulares concretadas en 2024, 2021, 2011 y 2004, y en hogares que han sido objeto de denuncias permanentes. Los padres afectados suelen ser pobres, a menudo madres solteras; sus hijos ingresan a hogares donde se les prohíbe visitarlos y son dados en adopción, muchas veces a parejas extranjeras, sin comprobar la existencia de otros familiares que puedan hacerse cargo, como exige la ley.
El Oscuro Pasado: Adopciones Ilegales con el Sacerdote Gerardo Joannon
La investigación de CIPER pudo constatar que varias bebés de jóvenes solteras y embarazadas fueron entregadas irregularmente en adopción a otras familias en las décadas de los 70 y 80. Los hechos fueron confirmados por el sacerdote Gerardo Joannon, quien colaboró en estos procesos. Las adopciones irregulares contaron con la colaboración de al menos diez ginecólogos y familiares de las jóvenes embarazadas. Joannon afirmó que, en la mayoría de los casos en que intervino, los padres de la joven embarazada tomaban la decisión.
El sistema se facilitó por la amistad entre el sacerdote y algunos ginecólogos de la época. Joannon recurría a ellos cuando alguna familia le pedía ayuda por el embarazo de su hija soltera. Lo primero que hacía era intentar convencer a la joven de que la mejor opción era ocultarse, tener la bebé y darla en adopción. Cuando la joven insistía en conservar a su hijo, otro plan entraba en acción: ¡la guagua nacería muerta! Para el éxito de este plan, era clave un riguroso silencio de todos los involucrados.
El dolor de las madres afectadas es palpable. Carmen, por ejemplo, recordó cada palabra de una conversación con Joannon en el verano de 1975, donde él la persuadía para dar a su bebé en adopción. Le decía que era muy joven para la responsabilidad, que el niño sufriría carencias sin un padre y que lo mejor para el bebé sería criarse en una familia bien constituida. Finalmente, su hija “nació muerta” y fue “enterrada”, una historia que años después se reveló como una mentira para ocultar la adopción.
Francisco, el padre de una niña nacida el 1 de febrero de 1983 y dada por muerta, persiguió la verdad durante años. Tras ser informado por una enfermera de que su hija había sido derivada a otra clínica y no había muerto, enfrentó al ginecólogo Gustavo Monckeberg, quien le confirmó que la niña estaba viva y había sido entregada en adopción por decisión familiar y de Joannon. Francisco se estrelló contra un muro de silencio, y su familia lo sacó de Chile para "escapar de esa locura", ya que todos creían que la niña había muerto en el parto.
Patrones de Despojo en la Democracia: Casos Recientes
El Caso de Isabel Araya Soto
Isabel Araya Soto, residente en Coyhaique, vivió un suplicio que comenzó en 2011, cuando su expareja la denunció por abandono. A pesar de que su caso no figura entre las miles de adopciones ilegales de la dictadura, sus hijas de 11, 8, 5 y 2 años fueron llevadas a hogares. La menor, María José, de solo 2 años, ingresó al hogar Eleonora Giorgi, manejado por monjas y acreditado por el Sename. Este hogar cerró en 2014 tras denuncias de irregularidades en el proceso de adopción, con muchos niños entregados a parejas europeas.
Isabel recuerda que, desde la primera visita a María José en el hogar Eleonora Giorgi, la niña reaccionó mal, gritándole que ella no era su madre y que tenía dos padres esperándola. Este relato menciona patrones que se repiten en otros casos: la prohibición arbitraria de visitas, la descripción de los padres biológicos ante el Sename o el tribunal como personas desinteresadas, y la posterior interrupción total de contactos. Isabel luchó durante dos años y recuperó a sus tres hijas mayores, pero María José fue dada en adopción. "No entiendo cómo es posible que el Estado chileno me considere apta para la custodia de tres hijas y de otra, no. No tiene ningún sentido," relata Isabel.
La Lucha de Claudio Haro
Claudio Haro, soldador de 43 años, se sumó a la agrupación de padres de Aysén que denuncian irregularidades. La adopción de sus tres hijos se concretó en noviembre de 2024. Su pesadilla comenzó en agosto de 2019, cuando una vecina lo denunció por una discusión con su pareja. Aunque fue liberado con una orden de alejamiento, los informes del Sename afirmaban que sus hijos estaban desnutridos, enfermos y que eran malos padres, contradiciendo la evaluación psiquiátrica que lo consideró apto.
Claudio y Susana lucharon en los tribunales durante cuatro años. A pesar de los esfuerzos, en 2021 se enteraron de una audiencia para declarar a sus hijos -Alan, Máximo y Abel- susceptibles de adopción. Un informe del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Coyhaique recomendó aprobar el dictamen, a pesar de la disponibilidad de Claudio y su evaluación psiquiátrica. A los padres a quienes se les retira la patria potestad no se les comunica cuándo sus hijos son adoptados ni a dónde se les envía. Solo pueden verificar si los niños siguen inscritos con sus apellidos en el Registro Civil. Hasta octubre pasado, los hijos de Claudio y Susana seguían inscritos.
El Dolor de Marcela
Marcela, de 28 años, fue víctima de violencia intrafamiliar. En 2014, su primer hijo, Lucas, fue internado en un hogar, donde recibió presiones para darlo en adopción. En 2017, su segunda hija, Paz, ingresó al Hogar de Niños San José de Talca después de que Marcela intentara suicidarse. Marcela hizo todo lo posible para recuperar la custodia: dejó a su pareja abusadora, encontró trabajo y una vivienda. El juez dictaminó que Paz podía regresar a casa y que se debían "trabajar las habilidades parentales".
Con la llegada del Covid-19, Marcela solo pudo ver a su hija por videollamadas. A pesar de su participación activa, varios informes indicaron "falta de comunicación". La Corte de Apelaciones de Talca consideró argumentos del Sename -como un supuesto abandono de tratamiento de salud mental de Marcela, el consumo de drogas de la abuela y la falta de responsabilidad del abuelo- para declarar a la niña susceptible de adopción. Esta determinación no tomó en cuenta un informe que consideraba apto al abuelo ni los argumentos de la defensa de Marcela.
Investigación descubrió a fiscal involucrada en adopciones ilegales - CHV Noticias
Ambigüedades Legales y Cuestionamientos al Sistema
La ley que regula los motivos por los que un juez puede solicitar la susceptibilidad de adopción de un niño es muy ambigua. La patria potestad puede retirarse a un progenitor tanto por razones físicas como “morales”, dos categorías muy amplias. Natalie Reyes, abogada en Aysén, cita el caso de una pareja a la que se le quitaron sus hijos por haber contraído SIDA, y otro donde un juez se negó a entregar un niño a su padre biológico por ser "perfeccionista".
Lorenzo Avilés, abogado de Isabel, recuerda que el plazo legal para declarar el abandono por parte de un progenitor es muy corto: solo dos meses y 30 días si el niño tiene menos de un año. “Este es un método establecido que se utiliza mucho. Siempre informan desde el hogar que los padres no visitan a sus hijos y declaran el abandono lo más rápido posible. Y esto ocurre porque hay intereses en encontrar niños para adoptar”, sostiene Avilés, sugiriendo la posible participación de trabajadores del hogar, jueces y asistentes sociales en estos procesos.
Patricia Muñoz, exdefensora de la Niñez, denunció numerosos casos de adopciones irregulares entre 2018 y 2023. “Eran situaciones totalmente irregulares, con patrones que se repetían y denominadores comunes: procesos viciados en los que los padres biológicos no tenían ninguna posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos”, agregó. La mayoría de las familias implicadas nunca tuvieron la posibilidad de pagar a un abogado y quedaron sin saber qué pasó con sus hijos.
El Rol de las Familias de Acogida y los Desafíos para Adoptar
El debate sobre el rol de las familias de acogida (guardadores) y su posibilidad de adoptar a los niños bajo su cuidado es crucial. Favio Ruiz y Vilma Araos, por ejemplo, manifestaron su interés en adoptar a un niño, pero fueron ignorados por el Sename, que escogió a otra pareja. Este procedimiento fue anulado por el tribunal de alzada, que ordenó evaluar a Ruiz y Araos.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una indicación del Gobierno que buscaba no privilegiar a las familias guardadoras, señalando que solo podrán participar del proceso de adopción si han tenido a otro niño a su cargo con anterioridad y el que quieren adoptar no es el primero bajo su cuidado. Para la abogada Villarroel, esta norma "no toma en consideración el interés del niño, ni el afecto ni el apego seguro que generó con la familia que lo acoge, generando una nueva revictimización al alejarlo de quienes, desde su punto de vista, son sus familiares más cercanos".
La abogada reiteró que los niños tienen derecho a vivir en familia y que las Familias de Acogida resguardan ese derecho de mejor manera que las residencias. Patricia Muñoz recordó que los niños entre 1 y 3 años son los que más han sido declarados susceptibles de adopción en los últimos años. Un psicólogo criticó que la indicación del tiempo y número de acogidos "está basada en una desconfianza de que alguien pueda abusar del sistema y no en el interés superior del niño". Él argumenta que las familias de acogida ya evaluadas como adoptivas deberían ser prioridad para evitar "re-traumatizar innecesariamente".
Henry Ordoñez, quien ha sido familia adoptiva desde 2000 y familia de acogida desde 2015, ha completado tres procesos de acogimiento de distinta duración. Su motivación parte de la campaña "Donde caben dos, caben tres". Ordoñez, a pesar de la dificultad de separarse de un niño que va a ser adoptado, se siente satisfecho al entregarlo a sus padres adoptivos, considerando que es "una tarea cumplida". Su experiencia demuestra que no todas las familias de acogida buscan adoptar, sino que cumplen una función vital en el cuidado transitorio.
Adopciones Internacionales y Costos
Se revisaron las páginas web de institutos franceses e italianos acreditados por el Sename que gestionan adopciones de niños chilenos en sus países. Vincenzo Starita, vicepresidente de la CAI (autoridad central italiana en adopciones internacionales), declara que el costo aproximado para todo el proceso es "entre 10 mil y 16 mil euros (entre $10 millones y $16 millones), dependiendo de la fundación". En Chile, el Sename gestiona el proceso gratuitamente, mientras que la Fundación Mi Casa solicita un "aporte voluntario" a las instituciones extranjeras. Los padres extranjeros que recurren a agencias de adopción suelen estar dispuestos a pagar tasas elevadas para evitar irregularidades y asegurar el respeto de las leyes y los derechos de los niños y familias.
“El hecho de tener pocos recursos económicos o ser pobre no puede ser una excusa para quitarte a tu hijo para darlo en adopción”, añade la exdefensora Muñoz. “Estamos hablando de familias que no participaron para nada en el proceso de adopción, que nunca recibieron ayuda del Estado y que sólo se enteraron posteriormente de que su hijo había sido dado en adopción. Prácticas totalmente irregulares que no deberían ocurrir”.
Investigaciones y Futuro
El escándalo de las adopciones irregulares hasta 1990 fue denunciado en numerosas ocasiones, y el Poder Judicial abrió una causa a cargo del ministro Alejandro Aguilar y una brigada de la PDI. Sin embargo, esta investigación solo se ocupa de casos ocurridos hasta 2004. Para las denuncias de hechos posteriores, no existe ningún organismo estatal o comisión que las investigue como "causa única". A pesar de estar siendo investigadas, algunas instituciones con denuncias desde los años 70 siguen acreditadas por el Estado y el Sename.