Derechos y protección de las personas mayores en Chile: marco legal, deberes del Estado y obligaciones del sector privado

Velar por los derechos de los adultos mayores es una labor esencial en el desarrollo del país. Siendo una forma de ayuda a quienes más lo necesitan como sucede con las personas que han envejecido. Pero, ¿a qué tienen derecho los adultos mayores que se encuentran residiendo en Chile? En muchos casos, una persona de edad avanzada no conoce sus derechos o si bien es el caso, son vulnerados.

Cuando una persona sea hombre o mujer llega a la edad de 60 años, llega ser considerado un adulto mayor y accede a diversos derechos que vale la pena conocer. Esto se da cuando el anciano se encuentra inhabilitado física o moralmente del padre y la madre y requiere de un cuidador de adultos mayores. Asimismo, puede solicitar un sistema de visitas de forma regular o directa para que sus nietos puedan pasar tiempo con la persona. En caso de que así sea, el adulto mayor está obligado a darle una pensión alimenticia a sus nietos si tiene los medios económicos para hacerlo.

Cualquier integrante de la familia pudiera ser afectado por violencia, especialmente cuando llega a los 60 años y sus capacidades y fuerzas disminuyen. El maltrato físico y psicológico debe ser denunciado y quien lo padece tiene todo el derecho a exigir ante un tribunal o una medida de protección. Muchas veces la persona ya envejecida es expulsada de su casa o se le prohíbe que ingrese a esta, lo que resulta en un delito.

Derecho a trabajar si así lo desea con base en sus capacidades y habilidades. Esto aplica cuando el anciano tiene más de 65 años de edad y hace parte de la población más pobre, pero no tiene derecho a ninguna pensión previsional. Esto se da cuando ya es mayor de 65 años y ha vivido 20 años en Chile. Asimismo, es parte del 60 % de la población más pobre y recibe una pensión mensual con un monto inferior a la máxima estipulada. Son muy específicos los derechos de los adultos mayores, los cuales no deben ser vulnerados, pues mejoran su calidad y evitan el abandono de adultos mayores en Chile.

Es por eso que cumplir con ellos hace de Chile un país más consciente y óptimo. La cual incorpora derechos específicos y crea la figura del abandono social. Y en la actualidad hay más personas mayores de 60 años que menores de 15. Considerando que la expectativa es de 83 años para las mujeres y 79 para los hombres. La ley también establece deberes concretos para el Estado, como un nuevo procedimiento judicial para abordar el abandono social de personas mayores con dependencia y un trato preferente en justicia, especialmente para mayores de 80 años.

En materia laboral, se reconoce el derecho al trabajo y la obligación de generar condiciones para la no discriminación. La reciente aprobación de la “Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable” marca un hito en la regulación chilena. Esta normativa no solo mandata al Estado, sino que impone obligaciones directas y restricciones severas al sector privado en su interacción con clientes, usuarios y trabajadores mayores de 60 años. Para las empresas, la ley exige una revisión profunda de sus procesos operativos, comerciales y de recursos humanos.

Qué dice la ley y su explicación

1. El Estado y sus organismos promoverán la erradicación de la discriminación arbitraria por edad en la vejez, especialmente en los ámbitos laboral, comunicacional, digital y financiero. Explicación: Las empresas no pueden excluir a una persona de un proceso de selección, de un servicio bancario o de un entorno digital basándose únicamente en que tiene 60 años o más.
2. El sector privado deberá propender al establecimiento de canales de atención preferente y oportunos. Explicación: Una empresa tiene prohibido utilizar tecnicismos, lenguaje legal complejo o procesos burocráticos oscuros que impidan que el cliente mayor comprenda lo que está contratando o comprando.
3. Rechazo a exigir certificado de lucidez para contratos por solo su edad. Explicación: Una empresa no puede exigir que una persona mayor presente un certificado médico que diga que está «lúcida» para firmar un contrato o hacer un trámite basándose solo en su edad.
4. Definición de abuso patrimonial. Explicación: Las empresas tienen prohibido utilizar tácticas de venta agresivas, publicidad engañosa o aprovecharse del desconocimiento de una persona mayor para que entregue su patrimonio.
5. Consentimiento libre e informado en acciones de salud. Explicación: Clínicas, hospitales y centros de salud privados no pueden ignorar la voluntad del paciente mayor ni presumir que por su edad no es capaz de decidir sobre su tratamiento.
6. Derecho a reserva de boletos y precios para eventos. Explicación: Una empresa productora de eventos no puede negarse a reservar este porcentaje de tickets ni cobrar el precio total a una persona mayor dentro de ese plazo.
7. Compatibilidad de funciones para el trabajador mayor. Explicación: Una empresa no puede obligar a un trabajador mayor a realizar tareas que pongan en riesgo su salud física.

Para una implementación integral, los departamentos legales deben analizar los siguientes puntos:

• Artículo 6 (Trato Digno y Lenguaje Claro): Las empresas deben establecer canales de atención preferente y, sobre todo, velar por el uso de un lenguaje claro, simple y adecuado. El incumplimiento se considera una infracción a los derechos del consumidor.
• Artículo 12 (Salud y Consentimiento): Los prestadores de salud tienen prohibido presumir que una persona mayor no puede manifestar su consentimiento libre e informado basándose solo en su edad.
• Artículo 15 (Derecho al Trabajo): El Estado fomentará que los empleadores adopten estrategias de gestión de personal con enfoque de ciclo de vida, evitando el estancamiento profesional por razones de edad.
• Artículo 152 quinquies K (Compatibilidad de Funciones): Es obligatorio que las funciones pactadas sean compatibles con la condición física y capacidades del trabajador, bajo los estándares de seguridad y salud en el trabajo.

La Ley Integral de las Personas Mayores transforma la «buena voluntad» en obligación legal. Las empresas ya no pueden ver la atención preferencial o la inclusión laboral como acciones de Responsabilidad Social Empresarial, sino como estándares mínimos de cumplimiento.

Acciones recomendadas para implementación empresarial

1. Auditoría de procesos: Revisar los manuales de atención al cliente para eliminar el uso de lenguaje técnico o complejo que vulnere el derecho a la información.
2. Capacitación interna: Capacitar a equipos de ventas y recursos humanos sobre la prohibición de solicitar pruebas de lucidez y sobre la voluntariedad de los regímenes contractuales.
3. Capacidades institucionales: Establecer direcciones regionales y fortalecer SENAMA para una gestión más cercana y efectiva en territorios.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes el Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “esta Ley representa un avance que cambia la forma en que el Estado se relaciona con las personas mayores”. Entre sus principales avances, la nueva Ley fortalece el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) mediante la creación de direcciones regionales, lo que permitirá una gestión más cercana y con mayor capacidad de respuesta en los territorios. La normativa también crea un procedimiento judicial específico para abordar situaciones de abandono social de personas mayores dependientes, incorporando medidas de protección, representación judicial y programas especializados a cargo de SENAMA.

Este marco legal busca garantizar un trato digno y equitativo, promoviendo la inclusión de los adultos mayores en todos los ámbitos de la vida y estableciendo mecanismos claros para evitar la discriminación por edad.

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