El convenio de colaboración firmado entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en febrero pasado generó preocupación y rechazo entre los integrantes de la Comisión Especial encargada de analizar proyectos relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
Cuestionamientos y Vulneración de Derechos
Desde la Comisión Especial de Infancia se advirtió la necesidad de investigar los alcances de dicho acuerdo de cooperación, todo pensando en proteger el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en los centros que dependen del Servicio. A juicio de la presidenta de dicha instancia, la senadora Ximena Rincón, el documento vulneraría diversos derechos constitucionales de NNA, por ejemplo, el derecho a la vida privada.
Prioridad del Interés Superior del Niño
"El objetivo del Sename es proteger a los niños vulnerados y lograr la reinserción de los jóvenes infractores de ley. Siempre debe primar el interés superior del niño, por eso no podemos anteponer los intereses de seguridad pública al cuidado del menor", planteó la senadora Rincón.
Entrevista protección de los niños, programa Demasiado Tarde (Copano)
De acuerdo a lo expresado por la legisladora, se puso en contacto con la directora del Sename, Susana Tonda, para conocer detalles de este convenio suscrito en febrero pasado, pero que se masificó en los medios hace pocos días. "Hay que estudiar este tema con cuidado para ver si ese documento se reformula o derechamente se deja nulo porque se pide información de cada uno de los niños que acoge el Servicio, y eso derechamente vulnera los derechos de éstos", complementó.
"Nos gustaría conocer el objetivo que está detrás de este convenio, porque si se quiere apoyar a los menores, puede hacerse de otra forma. O si se busca investigar un caso puntual que afecta a un niño de uno de los centros, basta con desclasificar aquello, pero acá se habla de intercambio de información en forma genérica y eso dice mucho y nada a la vez", mencionó el senador Manuel José Ossandón. El congresista planteó que "la seguridad es importante, pero lo es más el cuidado de los niños. Creemos que toda esta polémica amerita revisar el texto y las leyes que se mencionen".
Defensa y Críticas al Convenio ANI-Sename
Como "gravísimo" calificó la Defensoría de la Niñez el convenio que suscribieron el 21 de febrero pasado la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán. Un documento que fue revelado por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Subcontratados (Sintrasub) del Sename que, a través de un comunicado oficial, dio a conocer el trato rechazándolo tajantemente por "desproteger y criminalizar a la niñez y juventud".
La titular de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, deslizó que el organismo tomará acciones legales en caso de que no se deje sin efecto el convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores para la entrega de datos personales. Horas antes, desde el Sename habían emitido una declaración en defensa del convenio, en la que declaran que “la ley faculta a la ANI a requerir información de todos los servicios públicos, sin distinciones, tal como lo establece el artículo N°8 letra e) de la Ley N°19.974. Como se señala en la ley, dichos servicios están obligados a suministrar los antecedentes e informes que le sean requeridos”.
No obstante, esto fue rápidamente contra argumentado por diversos expertos en la materia, como el abogado Francisco Bustos, quien señaló que “En la declaración de Sename hay un error importante”. En la misma línea, el abogado de la ONG Derechos Digitales y académico de la Universidad Diego Portales, Pablo Viollier, enfatizó en que la situación es especialmente preocupante, ya que se trata de información delicada respecto tanto de los datos personales de NNA y, por otra parte, vinculados a una situación de particular vulnerabilidad. En ese sentido, el abogado experto en manejo de datos personales, sostuvo que una parte muy importante del convenio debiese ser una estricta identificación de qué tipo de datos se comparten, cómo se comparten y para qué finalidad se comparten, cosa que no sucede en este caso. “El convenio es jurídicamente inconsistente, porque si habla de cualquier tipo de información en el fondo está tratando de meter en la misma bolsa a cualquier tipo de dato y el dato más relevante que tienen en el Sename es la información de los NNA que tiene a su cuidado.
Desde el Sename, en una declaración pública, señalaron que “Este convenio nos permite garantizar la confidencialidad y buen uso de los datos que se entreguen, pues dejó claramente establecidas las obligaciones de protección de datos que se entregan”.
La Intervención del Ministerio del Interior
Hubo molestia reconocida en el gobierno, particularmente en el Ministerio del Interior, con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela. ¿La razón? La manera en que enfrentaron la polémica que se generó a raíz del convenio firmado entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename), el que permitía facilitar a la ANI el acceso a información que posea el Sename para producir inteligencia.
El acuerdo -suscrito el 21 de febrero- fue revelado el martes de la semana pasada y generó cuestionamientos de distintos sectores, principalmente de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien incluso interpuso, al día siguiente, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del convenio. A raíz de las críticas es que se encendieron las alarmas en Interior, particularmente las del ministro Gonzalo Blumel y del subsecretario Juan Francisco Galli, quienes decidieron intervenir en el tema.
En el Ejecutivo sostienen que decidieron involucrarse porque Justicia comenzó a impulsar la idea de dejar sin efecto el convenio, poniendo en cuestionamiento, a su juicio, dos aspectos: a la directora del Sename, Susana Tonda, quien firmó el acuerdo, y, en segundo lugar, se estaba poniendo en jaque el rol que le corresponde jugar a la ANI en un escenario en que uno de los objetivos del gobierno es potenciar a este organismo. En ese sentido, Blumel y Galli, según fuentes del Ejecutivo, se contactaron con sus pares y les transmitieron su postura en la materia y el malestar que había al respecto. Así, de acuerdo a las mismas fuentes, Blumel y Galli hicieron ver a Justicia que no era conveniente solamente disolver el convenio. En ese sentido, comenzaron a analizar los escenarios.
En esos diagnósticos, según las mismas fuentes, se debatieron los aspectos jurídicos y políticos del acuerdo. Respecto de lo primero, la conclusión de Interior era que este era absolutamente legal y público. De hecho, el propio ministro Blumel defendió, el miércoles pasado, el convenio en un punto de prensa. Ahí, indicó que ese instrumento “era público y conocido, porque estaba en la página de Transparencia del Sename, como corresponde, por lo tanto, no tiene mayor elemento nuevo y se rige por normas muy estrictas de protección de la información”.
En el Ministerio del Interior, según afirman en el gobierno, resienten que Larraín “no jugara en equipo”, en momentos en que, además, la propia Corte de Apelaciones había declarado inadmisible el recurso de protección que presentó la Defensoría de la Niñez. Dentro de los análisis políticos, en tanto, hubo consenso en que, efectivamente, se “interpretó mal” el acuerdo.
En Interior defendían el convenio argumentando que era positivo por varias razones, entre ellas, porque se establecían claramente los fines de la información, se expresaban obligaciones de ambos servicios en relación a la mantención de la confidencialidad de los datos y se determinaban los funcionarios responsables por parte de cada servicio. Una argumentación compartida en sectores de Chile Vamos. El presidente de RN, Mario Desbordes, por ejemplo, señaló que el convenio solo ordenaba la forma en que la ANI accedía a la información, la que por ley estaba facultada a solicitar.
Pero dado el escenario de críticas que se generó, Interior optó por recomendar a Justicia que se elaborara un protocolo para que la ANI pudiera seguir accediendo a información, lo que finalmente se anunció el lunes por Valenzuela. “Esto es muy relevante, porque estamos marcando un antes y un después respecto de lo que es la representación jurídica a nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país. De esta forma, según el subsecretario, se da cumplimiento al compromiso al programa de la Presidenta Michelle Bachelet, que puso a la Infancia en el centro de las políticas públicas de su Gobierno.
Contexto del Convenio y Otros Acuerdos de Colaboración
El convenio entre la ANI y el Sename fue firmado el 21 de febrero, en medio de la discusión legislativa en torno al proyecto de ley que buscaba darle nuevas facultades a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica y otras atribuciones en el marco de un eventual Estado de Excepción. Días en que se hacía recurrente por parte del Gobierno el expresar su preocupación ante un “enemigo poderoso” que hasta el momento, no han logrado identificar. En principio rondaba por La Moneda la idea -propiciada por Cristián Larroulet- de una intervención extranjera, que fue rápidamente descartada incluso por el Ministerio Público.
¿El resultado? Violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, cientos de heridos por golpizas, disparos de escopetas y sus perdigones, rostros impactados por bombas lacrimógenas y un sinfín de jóvenes y adultos detenidos por las fuerzas policiales. Estos tres puntos, para el abogado y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, demuestran lo que subyace en un convenio que, de manera implícita, advierte que se necesita inteligencia -como en toda guerra- para combatir un enemigo poderoso que -para el Gobierno- estaría al interior de los centros del Sename. “¿Qué es lo que uno puede leer? Que aquí, desde el 18 de octubre, esta respuesta represiva ante el estallido social, ante las movilizaciones ciudadanas, y este Presidente que nos anunciaba ‘estamos en guerra contra un enemigo poderoso’: aquí tenemos quién es”, concluyó el abogado Claudio Nash.
Cabe destacar que existen otros convenios de colaboración con el Sename que buscan distintos objetivos:
- Convenio con el Ministerio del Deporte, Ministerio de Justicia e Instituto Nacional de Deportes: Objetivo: Aunar los esfuerzos entre estas instituciones para facilitar la incorporación de los niños ingresados a la Red del Servicio Nacional de Menores a los Programas y Proyectos ejecutados con el Instituto Nacional de Deporte en los diferentes territorios del país.
- Convenio de Promoción y Desarrollo de Actividades: Objetivo: Realizar acciones conjuntas destinadas a promover el desarrollo de actividades de mutua colaboración e intercambio en el ámbito de sus intereses, atribuciones y recursos propios.
- Convenio de Intercambio y Cooperación en Políticas de Niñez: Objetivo: Asegurar el intercambio y cooperación en lo relativo al desarrollo de políticas y acciones destinadas a la niñez, la adolescencia y la familia en Chile.
- Convenio con JUNAEB: Objetivo: Compartir información de niños, niñas y adolescentes atendidos por SENAME, para que en aquellos casos que se encuentren dentro del sistema educacional, puedan recibir de manera oportuna y eficiente el apoyo de los distintos programas y becas con los que cuenta la JUNAEB en beneficios de ellos. En un comienzo, se estima una cobertura de 1.050 niños y niñas del sistema de protección de administración directa y organismos colaboradores distribuidos en estas 4 regiones, mediante una inyección de recursos de unos 1.200 millones de pesos.
- Convenio Intersectorial, Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF): Objetivo: Establecer mecanismos de coordinación y colaboración conjunto dirigidos a contribuir a la erradicación de la explotación sexual comercial infantil; proteger adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y de aquellos que viven en la calle; y contribuir al perfeccionamiento de los procedimientos policiales relacionados con los mismos, a fin de otorgar una protección integral de sus derechos, todo ello dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
- Convenio para el Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil: Objetivo: Garantizar el desarrollo del proyecto “Sistema de Registro único de las Peores Formas de Trabajo Infantil”, es un método destinado a obtener, mediante la participación de diversos organismo y servicios públicos estratégicos, entre los que se cuenta Carabineros de Chile, información cuantitativa y cualitativa de niños, niñas y adolescentes identificados en peores formas de trabajo infantil, a nivel local, regional y nacional, con la finalidad de diseñar políticas y programas orientados a su erradicación progresiva.
“En las regiones del norte del país el tema de la vulneración de derechos es muy compleja, y por lo mismo la firma de este convenio es una tremenda oportunidad y un cambio de paradigma. Nuestros equipos deben salir a terreno a trabajar en la mejor intervención posible para los niños vulnerados.