La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) representa un hito transcendental para la inclusión a nivel mundial. Su propósito fundamental es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".
Definición y Alcance de la Discapacidad
Según el Artículo 1 de la Convención, "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás." Este enfoque reconoce que la discapacidad no reside únicamente en la persona, sino en la interacción con barreras sociales y ambientales.
Historia y Adopción de la Convención
Las Naciones Unidas han abordado la problemática de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos durante décadas. Un instrumento clave previo fue las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993.
La propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Estos quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Este fue un momento histórico, ya que constituyó el primer tratado internacional que obtuvo la firma de 81 países el mismo día de su apertura, un récord sin precedentes.
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Alcance y Compromiso Internacional
La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. Actualmente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con 153 Estados signatarios y 106 ratificaciones, y continúa abierta para más firmas y ratificación de los Estados miembros. Al firmar y ratificar la Convención, los Estados aceptan las obligaciones jurídicas que les corresponden en virtud del tratado. Esto implica que, una vez que el tratado entra en vigor, tienen que adecuar su legislación y establecer políticas públicas para hacerlas cumplir, comprometiéndose a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación.
Principios Fundamentales y Derechos Cubiertos
La Convención abarca una amplia gama de derechos y obligaciones, estructurada en cincuenta artículos que detallan las responsabilidades de los Estados Parte para garantizar la plena inclusión. Algunos de los derechos clave que busca asegurar son:
- Plena Inclusión y Participación en la Comunidad: Se deberá garantizar a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación en la comunidad, especialmente para que puedan elegir su lugar de residencia en igualdad de condiciones y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Es fundamental que puedan contar con acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida asistencia personal para facilitar su existencia y para evitar su aislamiento.
- Salud y Rehabilitación: Se les asegura el acceso a servicios de salud y rehabilitación. Se proporcionarán programas de atención de salud gratuitos o asequibles (en precio y ubicación) de la misma variedad y calidad que para la población general, incluso en el ámbito de salud sexual y reproductiva. Se prohíbe la discriminación en seguros de salud o de vida y se capacitará a personal médico.
- Matrimonio, Familia, Paternidad y Relaciones Personales: También es vital poner fin a la discriminación en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales.
- Derecho al Trabajo: Los Estados salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes y la promulgación de legislación.
Impacto y Desafíos
La Convención ha impulsado un cambio de paradigma significativo, promoviendo que las personas con discapacidad sean vistas como sujetos, ciudadanos titulares de derechos, participativos y responsables, que asumen la dirección total y completa de su vida personal y social. Este cambio ha sido determinado, en buena medida, por el papel jugado por el movimiento asociativo de personas con discapacidad.
Un ejemplo de la implementación de estos compromisos se observa en países como Chile, donde la Convención entró en vigencia, estableciéndose compromisos para velar por la plena inclusión social de las personas con discapacidad. En primer término, se creó la Ley N°20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, ajustando la legislación a una perspectiva de Derechos Humanos.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. El 10 por ciento de la población mundial son personas con discapacidad, que no se resignan a su situación de relegación e incluso de marginación y que reclaman sus derechos, su plena ciudadanía. "Necesitamos un contrato social renovado para asegurar la justicia para las personas con discapacidad", afirma Víctor Pineda, economista, cineasta y experto en derechos humanos, quien participó en el Comité de Naciones Unidas que dio luz a la Convención y cuya propia experiencia vital -tuvo que mudarse a Estados Unidos para poder asistir a la escuela tras ser diagnosticado con distrofia muscular en Venezuela- subraya la necesidad de estos cambios.
Las organizaciones no gubernamentales son asociados estratégicos en este proceso de cambio, pues tienen un impacto directo en la realidad al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos. Los instrumentos internacionales de derechos humanos proporcionan la orientación para llevar a cabo las reformas, pero la voluntad política y la acción continuada son esenciales para garantizar la igualdad y la vida en dignidad de todas las personas.
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