Especialistas de diversas disciplinas han abordado la problemática de la vulnerabilidad en Cuba, partiendo del reconocimiento de las desventajas y riesgos propios para luego profundizar en sus prácticas profesionales con grupos vulnerables. La psicóloga Carla Padrón Suárez sostiene que "Lo mejor que se puede hacer por el bienestar integral de infantes y adolescentes es adquirir una cultura social que los reconozca como sujetos dignos de derechos, que deben ser potenciados y estimulados". Añade que la apropiación de una identidad que los disminuye implica desprotección, con consecuencias graves como la reticencia a buscar ayuda adulta ante abusos por miedo a ser juzgados o culpabilizados.
Por su parte, la psicóloga Dilcia Martínez Abreu aboga por nuevas estrategias enfocadas en la transformación de las actitudes personales y grupales para afrontar los problemas, en lugar de centrarse únicamente en los hechos y sus efectos.
Una crisis socioeconómica exacerbada por múltiples desastres
Cuba atraviesa desde hace varios años una crisis económica que se ha ido agravando. La presión inflacionaria, la escasez de medicamentos y suministros, y la creciente migración del personal sanitario han puesto a prueba el sistema de salud cubano, repercutiendo colectivamente en el bienestar y la salud de la población.
En este difícil contexto, la isla vive una crisis sin precedentes debido a la convergencia de desastres, una emergencia energética y graves retos de salud pública. En un corto período, Cuba ha sido golpeada por dos huracanes (Oscar y Rafael) y dos terremotos. Estos desastres, sumados a las repetidas desconexiones del sistema eléctrico nacional, plantean importantes desafíos para la respuesta de emergencia y los esfuerzos de recuperación en las regiones afectadas.
En medio de continuas epidemias de dengue y oropouche, el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles sigue siendo alto debido a las prolongadas inundaciones, la falta de acceso al agua potable y la escasa higiene en los refugios temporales para la población evacuada. Desde finales de 2023, se han notificado brotes de la enfermedad causada por el virus de Oropouche (OROV) en varios países de América del Sur y el Caribe, incluidas zonas sin antecedentes de esta enfermedad. Según actualizaciones del Ministerio de Salud Pública de Cuba al 30 de enero de 2025, se han registrado 23,639 casos sospechosos y 626 confirmados, incluyendo pacientes con Síndrome de Guillain-Barré, encefalitis y meningoencefalitis.
Configuración urbana y vulnerabilidad
Tamarys Lien Bahamonde señala que las áreas vulnerables se han vuelto más frágiles, y su rescate se hace cada vez más costoso en términos económicos, sociales y ambientales. Las ciudades, al concentrar actividades económicas, políticas y comerciales, atraen la atención de expertos.
La configuración de las ciudades es un reflejo de la evolución social y económica. La ciudad contemporánea, heredera del capitalismo industrial, ha evolucionado para reflejar las complejidades del cambio tecnológico del siglo XXI, con el surgimiento de espacios de trabajo remoto, cafés con wifi y centros financieros, a menudo aislados de las áreas residenciales.
Las ciudades cubanas muestran los trazos de procesos de transformación, deterioro y conservación como prueba de las etapas socioeconómicas del país. El arquitecto Mario Coyula se refirió a procesos complejos de reconfiguración física que resultaron en la "ruralización de la ciudad y la urbanización del campo". También predijo la gentrificación a través de procesos de compra-venta, el desarrollo turístico y el crecimiento de negocios privados, que beneficiarían a algunas áreas privilegiadas mientras otras quedarían al margen.
Fenómenos como la construcción de ciudades-dormitorio en las periferias han transformado trascendentalmente las ciudades cubanas hasta el día de hoy. Las crisis económicas recurrentes desde 1990, así como las políticas implementadas para corregirlas, han impactado la estructura urbana de maneras sutiles y drásticas.
Según datos de 2021, el 77% de los cubanos vive en áreas urbanas, que presentan mayor densidad poblacional y complejidades socioeconómicas diferentes a las zonas rurales. Esta concentración demográfica en zonas urbanas es un fenómeno que afecta y debe considerarse en el diseño de políticas económicas y sociales.
Impacto del cambio climático y la vulnerabilidad ambiental
La reconfiguración de la vida urbana en Cuba está marcada por el impacto de las sucesivas crisis. El análisis de las crisis económicas no puede aislarse de la condición de isla caribeña y del impacto del cambio climático. Esta realidad ya ocasiona daños materiales y humanos a las zonas urbanas, dejando poco tiempo de recuperación entre desastres y obligando a destinar recursos para la recuperación que no podrán emplearse en el desarrollo económico y social.
Se advierte sobre el impacto directo sobre la ciudad de un huracán fuerza 5 con vientos de más de 250 km/h, lluvias torrenciales y penetración del mar en zonas costeras, todo a la vez. Esto afecta la planificación y el redesarrollo de la ciudad, obligando a evitar soluciones facilistas y vulnerables que reconstruyen edificaciones dañadas con materiales y tecnologías que ya han demostrado no resistir.
La vida urbana en Cuba muestra una pobre calidad ambiental, visible en los servicios deficientes de recogida de basura y limpieza de espacios públicos, la contaminación de ríos y costas, y el alto grado de contaminación acústica y del aire. La contaminación derivada de servicios públicos afectados, como la recogida de basura y las reparaciones de salideros de aguas negras, ya tiene un impacto negativo en la salud de la ciudad y de su gente. Las ciudades cubanas están más expuestas que en décadas anteriores a peligros frecuentes de erosión e inundaciones, con costos materiales y humanos difíciles de cubrir en el contexto actual.
Economía, vivienda, empleo y desigualdades
Los centros urbanos concentran la actividad económica y social, distinguiéndose de las áreas periféricas, donde la vida cultural y económica es más escasa y la infraestructura social más precaria. Las ciudades son organismos vivos que evolucionan y se adaptan a las necesidades de sus habitantes para la supervivencia.
Se advierte que el dinero no es suficiente para salvar la ciudad y su patrimonio. Ciudades con arquitectura tradicional y antigua como La Habana, Trinidad o Bayamo requieren regulaciones urbanas y capitales destinados a la salvaguarda y protección antes del colapso de su valor patrimonial.
Al concentrar la actividad económica y social del país, las ciudades ofrecen mejores y mayores oportunidades de empleo. Atraída por estas condiciones y en espera de mejorar sus niveles de vida, Cuba ha experimentado un visible incremento histórico de la migración del campo a las ciudades. Con procesos recurrentes de reformas económicas limitadas, las ciudades han concentrado la actividad turística y la mayor parte de las inversiones estatales y del sector no estatal doméstico, especialmente La Habana. Esto ha derivado en concentración de la generación de riqueza en polos turísticos urbanos y la gentrificación cada vez más visibles.
Con la expansión del trabajo por cuenta propia desde 1993, se han remodelado casas para brindar servicios de restaurantes, bares o ventas minoristas, y se han convertido portales en centros de ventas minoristas o cafeterías. Las casas deshabitadas acumulan humedades y deterioro que, a largo plazo, pueden afectar la salud de las edificaciones donde están ubicadas.
La infraestructura deteriorada incluye un deficiente sistema de iluminación pública que incrementa la vulnerabilidad de la ciudad y la inseguridad urbana. Los apagones cada vez más frecuentes y extendidos, y la iluminación pública insuficiente, afectan mayormente a áreas urbanas menos atendidas o con vida nocturna más limitada, convirtiéndose en blanco más común de actividades delictivas.
En condiciones de crisis, las ciudades dormitorio se aíslan aún más de los centros urbanos. Las distancias a recorrer en las áreas urbanas cubanas, con servicios de transporte deplorables, prolongan las jornadas laborales en más de una hora al sumar el tiempo de viaje desde áreas residenciales hasta centros de trabajo.
A las desigualdades entre provincias hay que sumar las desigualdades entre áreas urbanas y rurales, y dentro de las propias áreas urbanas. Los precios varían de un municipio a otro y de un barrio a otro. El paisaje urbano es una manifestación de las inequidades sociales. La planificación urbana funciona como un mecanismo para corregir o profundizar diferencias sociales, dependiendo de cómo se diseñen, proyecten e implementen las políticas públicas urbanas.
Décadas de crisis económica han impactado el desarrollo urbano y la evolución de las ciudades cubanas. Las áreas vulnerables se han vuelto más frágiles, y su rescate se hace cada vez más costoso. Salvar las ciudades es tan importante como salvar al país y desarrollar la economía.
Programas de asistencia social y desafíos
En medio de un complejo contexto socioeconómico, el gobierno cubano ha establecido la atención a las desigualdades y a las personas en situaciones de vulnerabilidad como uno de sus principales objetivos. La vulnerabilidad abarca diversas esferas sociales, culturales y educativas, no solo la económica.
Actualmente, más de 189 mil familias y 350 mil personas son beneficiarias de los programas de asistencia social implementados por el gobierno. Entre los programas destacados se encuentra el "Asistente Social a Domicilio", que cuenta con 11,638 asistentes y beneficia a 13,504 personas. Se ha implementado un programa de protección para madres de hijos con discapacidad severa, beneficiando a 3,769 mujeres, así como programas de apoyo económico, como el pago de servicios de transporte para recibir atención médica especializada fuera del territorio de residencia.
En el ámbito comunitario, se han implementado diversos servicios sociales, como Casas de Abuelos, Hogares de Ancianos, Servicio de Alimentación a la Familia, Hogares Maternos, Casas para niños sin amparo familiar y Centros de Protección Social para personas con conducta deambulante.
A pesar de la existencia de estos programas, persisten desafíos significativos para abordar la pobreza y la desigualdad, acentuados por la crisis económica que atraviesa el país.
Medidas gubernamentales y cifras oficiales
Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía de Cuba, declaró en julio de 2024 que durante el último año, el Gobierno cubano ha implementado varias medidas para asistir a la población más vulnerable, incluyendo la entrega de artículos de primera necesidad a 17,000 núcleos familiares, apoyos económicos para la canasta familiar normada a 309,037 asistenciados y 28,095 pensionados, y la distribución de módulos de alimentos a 158,396 familias.
Alonso Vázquez también mencionó que 18,448 personas sin apoyo familiar recibieron asistencia social a domicilio, atendidas por 11,302 asistentes sociales. Se atendió a 3,650 madres de hijos con discapacidad severa, y a 5,382 adultos mayores con subsidios al hogar de ancianos y casas de abuelos. Se mantuvo el subsidio de atención a la familia (SAF) y para el pago del consumo eléctrico.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz declaró que el Estado destina un presupuesto que supera los 5,900 millones de pesos para respaldar la asistencia social de 186,707 familias (324,140 personas). Entre las ayudas se incluye el pago total o parcial del servicio de transporte para 50 pacientes que requieren atención médica especializada fuera de su territorio, y el pago del consumo eléctrico para 214 núcleos familiares de pacientes con enfermedades crónicas. Marrero Cruz mencionó también el acceso de 1,887 personas a servicios de Atención a la Familia (SAF), la exención de pago a 2,586 adultos mayores en Hogares de ancianos y 2,796 en Casas de abuelos, así como prestaciones monetarias temporales para 45,813 personas con discapacidad y 114,806 adultos mayores.
La cruda realidad de la pobreza según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos
El último informe sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), publicado en julio de 2024, señala que al menos el 89% de los cubanos viven en pobreza extrema, enfrentando serias dificultades para adquirir bienes esenciales. El 86% de los hogares encuestados tiene ingresos apenas suficientes para sobrevivir, sin posibilidad de acceder a productos adicionales, y el 61% reporta problemas para comprar lo más esencial.
En su estudio, el OCDH entrevistó a 1,148 personas, determinando que esta era una muestra representativa de la población del país. El Observatorio también apunta que las personas mayores tienden a autopercibirse como las más vulnerables, especialmente las mayores de 70 años, de las cuales el 89% se siente así.
La recepción de remesas, que podría aliviar en parte la situación, solo llega al 24% de la población encuestada. Para las familias, las remesas tienen un impacto positivo considerable, pero la escasez y el encarecimiento de productos y servicios han limitado su alcance.
La desaprobación de la gestión económica y social del Gobierno es alta, con un 91% de los encuestados evaluándola "muy negativa", un indicador que muestra un incremento en relación a los dos últimos años.
Umbral de pobreza extrema y disparidad salarial
Según el Banco Mundial, la pobreza extrema se define por la cantidad mínima necesaria para cubrir las necesidades básicas de supervivencia. Dicho umbral es de $1.90 dólares diarios a precios internacionales de 2011. El informe del OCDH explica que "un hogar de tres personas necesitará ingresar el equivalente a 171 USD mensuales para no estar en la pobreza extrema".
Tomando de referencia la tasa de cambio de 1 dólar por 274 pesos cubanos, asumida por el OCDH, un hogar de tres personas necesita un ingreso mensual de 46,854 pesos para no ser considerado en el rango de la pobreza extrema. Sin embargo, según los datos presentados por Alonso Vázquez, el salario medio en Cuba en 2023 fue de apenas 5,750 pesos.
Si se toma el total de hogares reportado en 2021 (alrededor de 3.8 millones) y los 17,000 núcleos familiares en situación de vulnerabilidad que según el ministro de Economía recibieron ayuda, el Gobierno cubano habría asistido al 0.45% de los hogares en el país. El régimen es incapaz de aliviar la situación actual de las familias cubanas vulnerables si se consideran los indicadores de pobreza extrema publicados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La pandemia como factor agravante de la vulnerabilidad
El Informe 2025 sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), desmiente el relato oficial de un país con "derechos sociales garantizados" y expone una crisis social y económica de gran magnitud. El informe, basado en 1,344 entrevistas personales, describe una realidad marcada por la precariedad y la insatisfacción generalizada.
Según el OCDH, "los apagones, la crisis alimentaria, el costo de la vida (inflación), los bajos salarios y la ineficaz salud pública golpean a millones de cubanos, que ven su vida pasar entre la negación de los problemas, añejos llamados a la resistencia y el eterno culpar a otros por parte de las autoridades".
Por primera vez, los apagones superan a la crisis alimentaria como principal preocupación de la población: el 72% de los encuestados los señala como su mayor problema, frente al 71% que menciona la falta de alimentos. El costo de la vida o inflación (61%), los bajos salarios (45%) y la deficiente sanidad y acceso a medicinas (42%) completan la lista de inquietudes prioritarias. El estudio subraya que no hay diferencias significativas por edades en la percepción de los principales problemas, lo que indica una afectación transversal en toda la sociedad.
Los adultos mayores son considerados el grupo más vulnerable: el 82% de los entrevistados los identifica como los más afectados, seguidos por quienes no reciben remesas del exterior (62%) y los desempleados (34%). La sensibilidad hacia la situación de los presos también crece, alcanzando el 31%.
Situación laboral y acceso a recursos
En el ámbito laboral, solo el 26% de los cubanos trabaja a tiempo completo y un 18% lo hace a tiempo parcial. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, el trabajo a tiempo parcial alcanza el 28%, pero solo el 22% estudia y casi el 20% ni estudia ni trabaja. El desempleo se mantiene en el 12%, y un 14% de los mayores de 70 años sigue trabajando tras jubilarse debido a la insuficiencia de las pensiones.
El Estado continúa como principal empleador, con el 48% de los trabajadores, aunque un 9% de estos también tiene empleos en MiPymes o como cuentapropistas. La precariedad laboral se refleja en la economía doméstica: el 55% de los hogares declara tener problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir; y el 27% apenas logra cubrir lo básico, sin margen para gastos extra.
La situación alimentaria es crítica. Solo una cuarta parte de la población no ha tenido dificultades para acceder a alimentos, mientras que el 70% ha debido saltarse alguna comida por falta de dinero o escasez. Entre los mayores de 61 años, la proporción sube a 80%. El acceso a medicamentos es igualmente limitado: solo el 3% consigue medicinas en las farmacias estatales, el 13% no puede adquirirlas por la escasez y el 12% por su alto costo. El 15% recurre a envíos familiares desde el exterior y el 8% a organizaciones caritativas.
En cuanto a la vivienda, datos de 2023 muestran que el 15% de las casas está en peligro de derrumbe, el 56% necesita reparación y solo el 15% se considera en buen estado. El acceso al agua potable es irregular: solo el 15% recibe agua de forma permanente, el 40% entre cuatro y seis días a la semana, y el 27% menos de cuatro días por semana.
Valoración de la gestión gubernamental y remesas
La desaprobación de la gestión económica y social del régimen alcanza el 92%, mientras que solo el 5% la valora positivamente. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la aprobación desciende al 3,39%. El informe del OCDH destaca que el alto nivel de desaprobación ha alcanzado esta cifra desde que se mide este parámetro.
El número de hogares que recibe remesas del exterior ha aumentado al 37%, frente al 24% de años anteriores. Estas remesas se distribuyen en transferencias monetarias (57%), recargas a móviles (58%) y paquetes de alimentos o medicinas (55%). La frecuencia de recepción varía: el 29% las recibe mensualmente, el 52% cada dos o tres meses y el 19% una o dos veces al año. El monto promedio de cada remesa suele ser inferior a 100 dólares estadounidenses (USD), con el 44% recibiendo menos de 50 USD y solo el 2% más de 250 USD.
El 74% de los hogares tiene ingresos inferiores a 23,000 pesos cubanos (CUP) mensuales, con la mayoría (29%) en la franja de 4,501 a 10,000 CUP. Más del 58% de los mayores de 70 años vive con ingresos iguales o inferiores a 4,500 CUP.
El informe calcula el umbral de pobreza extrema en 171 USD mensuales para un hogar de tres personas, usando una tasa de cambio de 1 USD a 355 CUP. Según estos parámetros, el 89% de los cubanos permanece en pobreza extrema. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana estima que un cubano necesita al menos 30,000 CUP al mes para "malcomer", mientras que otros economistas sitúan la canasta básica para dos personas entre 24,351 y 53,049 CUP.
La eliminación acelerada de subsidios, la crisis de los servicios públicos y la depreciación del peso cubano han agravado la situación. Los productos y servicios subsidiados, debido a su breve duración, cantidad, intermitencia o escasez, tienen cada vez menos impacto en muchos hogares.
Sectores de la población más afectados y perspectivas de futuro
Las perspectivas de futuro son sombrías: el 78% de los cubanos quiere emigrar o conoce a alguien que desea hacerlo. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, el 76% expresa su intención de exiliarse, cifra que baja al 61% en el grupo de 31 a 45 años. El destino preferido es Estados Unidos (30%), aunque el 34% afirma que emigraría "a cualquier sitio adonde pueda salir", reflejando la urgencia de la situación.
El concepto de vulnerabilidad social, entendido como la detección de riesgos a los cuales están sometidos grupos humanos y/o sus instituciones, y para cuyo enfrentamiento carecen de recursos necesarios, suficientes u oportunos, es fundamental para comprender la realidad cubana. La sociología del riesgo, del trabajo, de la familia o de la población, junto con la antropología, pueden aportar desde sus respectivas disciplinas para un análisis más completo.
La situación de los adultos mayores es particularmente preocupante, ya que el 82% de los entrevistados los identifica como los más afectados. Le siguen quienes no reciben remesas del exterior (62%) y los desempleados (34%). La sensibilidad hacia la situación de los presos también crece, alcanzando el 31%.
En el ámbito laboral, solo el 26% de los cubanos trabaja a tiempo completo y un 18% a tiempo parcial. Entre los jóvenes, el trabajo a tiempo parcial alcanza el 28%, pero solo el 22% estudia. El desempleo se mantiene en el 12%, y un 14% de los mayores de 70 años sigue trabajando tras jubilarse debido a la insuficiencia de las pensiones.
La precariedad laboral se refleja en la economía doméstica: el 55% de los hogares declara tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir; y el 27% apenas logra cubrir lo básico.
Impacto de la pandemia en grupos específicos
La pandemia de COVID-19 ha reforzado el patrón de vulnerabilidad en Cuba. El virus afecta de manera desproporcionada a personas mayores y con padecimientos crónicos. En Cuba, con un 20% de la población mayor de 60 años, este rasgo es particularmente preocupante.
Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, la paralización parcial de la economía, la suspensión de clases, etc., agregan otros grupos que aumentan su vulnerabilidad. Dentro de las personas mayores, aquellas que viven solas (17.4% de este grupo) son más vulnerables. Las personas en situación de discapacidad (5% de la población) experimentan mayor vulnerabilidad para acceder a medicamentos, ayudas técnicas o servicios de rehabilitación.
Las mujeres, junto con niñas y adolescentes, aumentan sus niveles de vulnerabilidad en contextos de crisis sanitaria y social. La sobrecarga de cuidados recae mayoritariamente en ellas, afectando su autonomía económica y su bienestar. Las trabajadoras de la salud, un sector altamente feminizado, aumentan su vulnerabilidad debido al mayor riesgo de contagio, el estrés laboral y las afectaciones a la salud mental.
Las medidas de confinamiento domiciliario han impactado profundamente en la violencia de género, aumentando los incidentes en los espacios domésticos. Se han registrado feminicidios, y aunque existen servicios de atención telefónica, la situación sigue siendo alarmante.
Los migrantes internos en La Habana, especialmente aquellos en situación irregular, son otro grupo vulnerable. Las mujeres dentro de este grupo corren mayor riesgo, ya que la migración interna en Cuba está feminizada.
La vulnerabilidad también depende de la capacidad de respuesta y adaptación de las personas, hogares o comunidades. A pesar de su incipiente accionar, desde la sociedad civil en la isla han emergido numerosas iniciativas de intervención y ayuda hacia la población más vulnerable afectada por la pandemia.